I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO ABROGADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO 106, POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY LABORAL BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE NAYARIT, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 68/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 3 DE AGOSTO DE 2022. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUIVAR.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de agosto de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 68/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de los artículos 80, fracciones II y III, 98, fracciones IV, en la porción normativa "durante los cinco años anteriores a su muerte", y V, en la porción normativa "siempre y cuando hayan vivido en su compañía durante los cinco años que precedieron a su fallecimiento", y 190, fracción I, en la porción normativa "por nacimiento", todos de la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, expedida mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el primero de julio de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Luis Raúl González Pérez, quien se ostentó como Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que señaló como normas generales impugnadas y órganos emisores los siguientes:
Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:
a) Poder Legislativo del Estado de Nayarit.
b) Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.
Normas generales cuya invalidez se reclama:
Artículos 80, fracciones II y III, 98, fracciones IV, en la porción normativa "durante los cinco años anteriores a su muerte", y V, en la porción normativa "siempre y cuando hayan vivido en su compañía durante los cinco años que precedieron a su fallecimiento", y 190, fracción I, en la porción normativa "por nacimiento", de la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, expedida mediante Decreto publicado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.
2. Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló como preceptos violados los artículos 1o., 14, 16, 32, 35, fracción VI, 123, apartado B, fracciones IX, párrafo segundo, y XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1, 15, 25, inciso c) y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como 2.2, 6, 7, inciso a), fracción II), y 11, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e hizo valer los conceptos de invalidez que estimó pertinentes.
3. Admisión y trámite. Mediante proveído de dos de julio de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 68/2019 y, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento.(2)
4. Posteriormente, por acuerdo de tres de julio de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nayarit para que rindieran su informe, requiriéndolos para que, el primero de ellos, enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada y, el segundo, exhibiera un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento que le corresponde, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, en su caso, manifestara lo que a su representación correspondiera.(3)
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. Por escrito recibido el trece de agosto de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(4) el Poder Ejecutivo estatal, por conducto de Benito Luciano Solís Ortega, en su carácter de Consejero Jurídico del Titular del Poder Ejecutivo,(5) rindió el informe que le fue requerido, en el que defendió la constitucionalidad de las normas impugnadas, salvo por lo que hace al artículo 98, fracción IV, de la Ley Burocrática del Estado de Nayarit, cuya invalidez estimó procedente.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Por escrito recibido el tres de septiembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(6) el Poder Legislativo Estatal, por conducto de Leopoldo Domínguez González, en su carácter de Presidente de la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Nayarit,(7) presentó el informe requerido, en el que sostuvo la constitucionalidad de las normas impugnadas, salvo por lo que hace al artículo 98, fracción IV, cuya invalidez estimó procedente. Asimismo, ofreció argumentos dirigidos a sustentar la validez del procedimiento legislativo de su creación.
7. Pedimento del Fiscal General de la República. El Fiscal de la República no formuló pedimento alguno.
8. Opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El Consejero Jurídico del Gobierno Federal no realizó manifestación alguna.
9. Alegatos. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rubén Francisco Pérez Sánchez, en su carácter de Delegado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hizo valer los alegatos que estimó pertinentes.
10. Por escrito recibido el primero de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Legislativo del Estado de Nayarit, por conducto del Presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, presentó sus alegatos.(8)
11. Cierre de instrucción. Realizado el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.(9)
12. Manifestaciones. Por escrito recibido el primero de junio de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rocío Darinka Mondragón Figueroa, quien se ostentó como la Titular de la Unidad Jurídica y representante del Congreso del Estado de Nayarit, manifestó que en el caso se actualiza la causal de improcedencia relativa a la cesión de efectos, toda vez que el veintiocho de mayo de dos mil veintidós fue publicado el Decreto por medio del cual se abrogó la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, impugnada en la presente acción de inconstitucionalidad.
13. Radicación en la Segunda Sala. Previa solicitud del Ministro ponente, el Presidente de este Alto Tribunal mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, ordenó enviar el presente asunto a la Segunda Sala para su resolución. En consecuencia, por acuerdo de seis de julio de dos mil veintidós, su Presidenta determinó que ésta se avocaría a su conocimiento, por lo que ordenó la remisión de los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
14. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(10) 10, fracción I,(11) y 11, fracción V,(12) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (vigentes al comienzo del procedimiento), en relación con los Puntos Segundo, fracción II,(13) y Tercero,(14) del Acuerdo General del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5/2013, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea una contradicción entre una norma general y la Constitución Federal, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno dado el sentido de la presente resolución.
15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
16. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(15) deben fijarse las normas generales que serán objeto de estudio en la presente acción de inconstitucionalidad.
17. Por lo anterior y de la lectura integral a la demanda presentada por la Comisión accionante, la litis en el presente asunto se conforma por lo siguiente:
a) En lo general, el Decreto 106 por el cual se expide la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, por violaciones al procedimiento legislativo, y;
b) En lo particular, sus artículos 80, fracciones II y III, 98, fracciones IV, en la porción normativa "durante los cinco años anteriores a su muerte", y V, en la porción normativa "siempre y cuando hayan vivido en su compañía durante los cinco años que precedieron a su fallecimiento", y 190, fracción I, en la porción normativa "por nacimiento".
III. OPORTUNIDAD
18. De conformidad con el artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(16) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando que si el último día del referido plazo es inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
19. En este caso, la demanda se presentó de manera oportuna.
20. En efecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó diversos artículos de la Ley Burocrática del Estado de Nayarit, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, por lo que el plazo para promover la presente acción transcurrió del sábado primero de junio de dos mil diecinueve, al domingo treinta siguiente; sin embargo, toda vez que el último día fue inhábil en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(17) la demanda podía presentarse el primer día hábil siguiente, esto es, el primero de julio de dos mil diecinueve.
21. En ese sentido, toda vez que la demanda se recibió, precisamente, el lunes primero de julio de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que su presentación fue oportuna.
22. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.
IV. LEGITIMACIÓN
23. La acción fue promovida por parte legitimada.
24. En términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales que estime violatorias de derechos humanos.
25. Además, conforme a lo previsto por el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia, es necesario que los promoventes comparezcan a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.(18)
26. En el caso, la demanda fue presentada por Luis Raúl González Pérez en su carácter de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con la copia certificada del oficio de trece de noviembre de dos mil catorce, signado por el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, que lo reconoce como el Presidente de dicha Comisión.(19)
27. Sentado lo anterior y, toda vez que en términos del artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Presidente de dicho órgano tiene, entre otras facultades, la de promover las acciones de inconstitucionalidad,(20) debe concluirse que, al momento de la presentación de la demanda, el promovente contaba con la legitimación necesaria para ello.
28. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
29. Esta Segunda Sala considera que debe sobreseerse en la presente acción de inconstitucionalidad, toda vez que han cesado los efectos de la Ley impugnada.
30. En términos del artículo 20, fracción II, en relación con el artículo 19, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(21) las controversias constitucionales son improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma general o del acto impugnado.
31. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado que dicha causal de improcedencia se actualiza cuando dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto impugnado, en la medida en que la declaración de invalidez de la sentencia no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa del artículo 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, así como del artículo 45 de su Ley Reglamentaria.(22)
32. Dicho criterio se ve reflejado en la jurisprudencia P./J. 54/2001, de rubro y texto siguientes:
"CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria".(23)
33. Como se advierte, la referida causal de improcedencia se encuentra prevista en la Ley Reglamentaria de la materia en la regulación concerniente a las controversias constitucionales; sin embargo, en términos del artículo 65 de dicho ordenamiento, también resulta aplicable en la materia de acciones de inconstitucionalidad.(24)
34. Ahora bien, como quedó precisado en considerandos anteriores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó la Ley Burocrática del Estado de Nayarit, expedida mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.
35. Sin embargo, como lo refirió el Poder Legislativo del Estado de Nayarit en su escrito, el veintiocho de mayo de dos mil veintidós se publicó en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el Decreto por el cual se expidió la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y en cuyo artículo segundo transitorio se estableció lo siguiente:
"SEGUNDO. Se abroga la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, publicada el 31 de mayo de 2019 y demás disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente ley."
36. Consecuentemente, es dable afirmar que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria, porque a partir del veintinueve de mayo de dos mil veintidós, fecha en la cual entró en vigor el Decreto referido,(25) dejaron de producirse los efectos de la norma general impugnada.
37. Asimismo, porque, como se señaló, la declaración de invalidez de las sentencias dictadas en los medios de control constitucional previstos en las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, no tienen efectos retroactivos, salvo en materia penal, siendo que, en términos del artículo 1o. de la legislación impugnada, aquella tenía por objeto regular las relaciones de trabajo entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y los Municipios, de las instituciones descentralizadas de carácter estatal y municipal, organismos constitucionales autónomos, empresas, así como de los fideicomisos de carácter estatal y municipal y sus trabajadores.(26)
38. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.
VI. DECISIÓN
39. Por lo antes expuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.
Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes y, en su oportunidad, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite y Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.
Firman la Ministra Presidenta de la Segunda Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
________________
1. Reverso de la foja 63 del cuaderno en que se actúa.
2. Foja 146 del cuaderno en que se actúa.
3. Ibídem, fojas 147 a 150.
4. Ibídem, fojas 185 a 189.
5. Lo que se acredita con copia certificada del nombramiento expedido a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Visible a foja 191 del cuaderno en que se actúa.
6. Ibídem, fojas 251 a 298.
7. Lo que se acredita con copia certificada del Acuerdo "Que constituye la Comisión de Gobierno de la Trigésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit", de veinticuatro de agosto del dos mil diecisiete. Visible a fojas 303 y 304 del cuaderno en que se actúa. 8. Por acuerdo de dos de octubre de dos mil diecinueve, el Ministro Instructor tuvo por formulados dichos alegatos, considerando que el escrito correspondiente fue depositado en la oficina de correos de la localidad el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve; a diferencia de los alegatos presentados por el Poder Ejecutivo del Estado, pues por acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve, se consideró que fueron hechos valer de manera extemporánea tomando en cuenta que se depositó en la oficina de correos fuera del plazo legal.
9. Ibídem, foja 321.
10. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (...)
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: (...)
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas;
(...)."
11. "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
(...).".
12. "Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:
(...)
V. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de acuerdos generales. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda.
(...)."
13. "Segundo. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
(...)
II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención;
(...)."
14. "Tercero. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitiros a los Tribunales Colegiados de Circuito."
15. Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; (...).
16. "Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
17. "Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 14 y 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la Ley." (énfasis añadido).
18. Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
I.- Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia
II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia;
(...).
Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. (...)".
19. Foja 64 del cuaderno en que se actúa.
20. "Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
(...)
XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, y
(...)".
21. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
(...).
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
(...)
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
(...)
II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;
(...).".
22. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
(...)
La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.
(...).".
"Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."
23. Novena Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de 2001; Pág. 882; Registro 190021.
24. "Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.
La (sic) causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad."
25. " TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.".
26. "Artículo 1. Naturaleza y objeto. La presente Ley es de observancia general y rige, en sus términos, las relaciones de trabajo entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los Municipios; así como las instituciones descentralizadas de carácter estatal y municipal, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Empresas y fideicomisos de carácter estatal y municipal, hacía con sus trabajadores, independientemente de lo que dispongan sus normas de creación."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200819-1333a7e1/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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