I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CAUSA DE PEDIR (LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN AGRAVIO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS DERIVADO DE LOS ACUERDOS DICTADOS POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL TRES DE SEPTIEMBRE Y EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V5/061/187/2020). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULOS 79-A, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 22, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR LAS RESOLUCIONES INDIVIDUALIZADAS DICTADAS POR LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN CONTEXTOS EQUIVALENTES A LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO EN UN CONTEXTO EQUIVALENTE A UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CUANDO LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS LA PROMUEVE CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ENTIDAD CON MOTIVO DE LA RECOMENDACIÓN QUE EMITIÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES, SI ÚNICAMENTE SE CONTROVIERTEN SUS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS (ACUERDOS DICTADOS POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL TRES DE SEPTIEMBRE Y EL VEINTICINCO DE OCTUBRE, AMBOS DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V5/061/187/2020, POR LOS CUALES SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DE FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ACTORA, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (ACUERDOS DICTADOS POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL TRES DE SEPTIEMBRE Y EL VEINTICINCO DE OCTUBRE, AMBOS DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V5/061/187/2020, POR LOS CUALES SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA CONFLICTOS VIRTUALES O PREVENTIVOS (ACUERDOS DICTADOS POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD EL TRES DE SEPTIEMBRE Y EL VEINTICINCO DE OCTUBRE, AMBOS DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE CDHM/SE/V5/061/187/2020, POR LOS CUALES SE RECHAZÓ LA SOLICITUD REALIZADA POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 197/2021. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 25 DE ENERO DE 2023. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA ADJUNTA: ANETTE CHARA TANUS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Actos impugnados: Los acuerdos de tres de septiembre y veinticinco de octubre de dos mil veintiuno dictados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en el expediente ***** formado con motivo de una queja, en los cuales se tuvo por rechazada en su totalidad la Recomendación de dieciséis de julio de dos mil veintiuno emitida a la Fiscalía General del Estado de Morelos.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de enero de dos mil veintitrés emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 197/2021, promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Por escrito enviado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Uriel Carmona Gándara, quien se ostentó como titular y representante legal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de la Comisión de Derechos Humanos de dicha entidad federativa, por la emisión de los actos impugnados siguientes:
• Acuerdo de tres de septiembre de dos mil veintiuno emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, dentro del expediente *****, mediante el cual se tiene por rechazada en su totalidad la recomendación de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, realizada al Fiscal General del Estado de Morelos.
• Acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, dentro del expediente *****, mediante el cual se reitera la calificación de "rechazo total" a la recomendación de dieciséis de julio de dos mil veintiuno.
• Los efectos y consecuencias que de dichos acuerdos se deriven en agravio de la Fiscalía General del Estado.
2. Antecedentes de la controversia constitucional. De la lectura de la demanda y sus anexos, se advierte que el presente medio de control constitucional tiene como antecedentes los siguientes:
A. Mediante oficio *****, le fue notificado a la Fiscalía General del Estado de Morelos, el acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte, por el que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos admitió la queja formulada por un ciudadano y la formó con el número de expediente *****. Asimismo, solicitó a la Fiscalía un informe con relación a los hechos narrados por quien presentó la queja, debiendo precisar el estado procesal de la carpeta de investigación *****.
B. El siete de octubre de dos mil veinte, la Fiscalía General, a través de la Dirección de Derechos Humanos, presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la entidad el oficio ***** de cinco de octubre de dos mil veinte, mediante el cual rindió el informe solicitado.
C. Una vez que el expediente ***** fue turnado a la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión, el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno le fue notificada a la Fiscalía General la Recomendación emitida el dieciséis de julio de dicho año, mediante la cual se le hicieron las siguientes recomendaciones:
" (...)
VIII. RECOMENDACIÓN
AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
PRIMERA. Instruya por escrito y supervise que la Agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación número *****, lleve a cabo de manera pronta y expedita, todas y cada una de las diligencias necesarias para integrarla y resolverla, implementando acciones concretas tendientes a equilibrar el escenario desigual en el acceso a la justicia de la C. *****, por las diversas condiciones de vulnerabilidad que representa.
SEGUNDA. Brinde puntual seguimiento al procedimiento de responsabilidad administrativa que se inicie ante el Órgano Interno de Control, en contra de la Lic. *****, así como de las personas servidoras públicas que en su momento hayan sido responsables de la integración de la carpeta de investigación *****, por las irregularidades señaladas en la presente resolución.
TERCERA. En un plazo no mayor a 30 días naturales y en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Morelos, conforme a los hechos y responsabilidades descritas y acreditadas en la presente Recomendación, proceda a la reparación del daño en términos de lo dispuesto por la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, a favor de la C. *****, debiendo remitir evidencia de lo anterior a este Organismo.
CUARTA. En concordancia con las garantías de no repetición expuestas en el apartado respectivo, realice un pronunciamiento libre en el que se comprometa a respetar las garantías de debido proceso, así como el respeto a la igualdad y principio de no discriminación en todos los asuntos que se encuentren bajo su jurisdicción, en un plazo no mayor a 30 días naturales, debiendo remitir las constancias respectivas a este Organismo.
(...)
No se omite mencionar que la aceptación o rechazo procede sobre el contenido íntegro de la presente resolución, por lo que no se admitirá la aceptación parcial de la misma.
(...)".
D. Mediante oficio ***** de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, la Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de Derechos Humanos, contestó la Recomendación, en los términos siguientes:
"(...) a) Con respecto a la primera recomendación, solicito se tenga por ACEPTADA Y ATENDIDA en los siguientes términos:
Esta Dirección de Derechos Humanos giró atento oficio al Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Zona Metropolitana, a efecto de hacer de su conocimiento la Recomendación que nos ocupa, y solicitar que realizara lo que en derecho corresponda.
Derivado de lo anterior, se recibió el oficio número *****, suscrito por el Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana, a través del cual manifiesta que resulta procedente aceptar el presente punto recomendatorio, toda vez que, los agentes del Ministerio Público tienen la obligación de actuar y cumplir sus funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, para procurar que toda persona tenga acceso a la justicia.
Motivo por el cual, dicho servidor público ha instruido por escrito a la licenciada *****, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales y Tenencia de la Tierra de la Fiscalía Regional Metropolitana, a efecto de que a la brevedad posible integre y resuelva la indagatoria ***** conforme a derecho proceda y en términos de la normativa aplicable, adjuntando copia simple del oficio en comento, para mejor proveer.
No se omite resaltar que, conforme a los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, es exclusivamente de la Institución del Ministerio público y tiene por objeto que dicha autoridad reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, es decir, será el agente a cargo de la investigación quien respetando los principios rectores del proceso penal acusatorio previstos en el citado Código Nacional y la Constitución Federal, resolverá la multicitada indagatoria conforme a derecho proceda en ejercicio de su autonomía.
b) Respecto a la segunda recomendación, la misma se debe tener por RECHAZADA en los términos formulados por esa Comisión, debido a los motivos jurídicos que a continuación se exponen:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23-C, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 20 Bis, párrafo tercero y 118 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, el Órgano Interno de Control es el órgano fiscalizador de esta institución de procuración de justicia y que, conforme al marco normativo aplicable, cuenta con autonomía técnica y de gestión para el desempeño de sus funciones.
Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en el artículo 130, establece las atribuciones y obligaciones de dicho organismo, reiterándose su autonomía.
En consecuencia, tomando en consideración que fue a ese Órgano Interno a quien esa Comisión le solicitó directamente que iniciara el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la servidora pública a cargo de la carpeta de investigación *****, se puede concluir de manera inequívoca que el seguimiento a dicho procedimiento escapa al ámbito competencial de la Fiscalía General, dado que como se ha mencionado, el aludido órgano está dotado de autonomía por disposición de la ley, y por consiguiente, la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas, le competen exclusivamente a esa unidad administrativa, sobre la cual no existe ni puede existir injerencia y menos aún de la persona titular de la Fiscalía General.
No obstante, se comunica a esa Comisión que existe plena disposición de colaborar con dicha autoridad fiscalizadora a efecto de allegar los elementos que resulten necesarios en su investigación o procedimiento; empero, de conformidad con lo dispuesto por lo señalado en el artículo 48 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se solicita a esa Comisión proceda a reformular el presente punto recomendatorio y lo dirija a la autoridad correspondiente, por ser procedente conforme a derecho.
c) Por cuanto a la tercera recomendación, la misma se debe tener por RECHAZADA en los términos formulados por esa Comisión, debido a los motivos jurídicos que a continuación se exponen:
De conformidad con el artículo 108 de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos (en adelante Ley de Víctimas), corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación de Víctimas del Estado de Morelos (en adelante Comisión Ejecutiva) garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos en especial los derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia; asimismo tiene la obligación de atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal. Para ello, de acuerdo al numeral 137 de la Ley en comento, existe un Fondo que tiene como objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas, mismo que es administrado y operado por medio de un fideicomiso público.
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Víctimas, el reconocimiento de la calidad de víctima se realiza por la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:
I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;
II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;
III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los
elementos para acreditar que el sujeto es víctima;
IV. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;
V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozcan competencia;
VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;
VII. La Comisión Ejecutiva Estatal, y
VIII. El Ministerio Público.
En ese sentido, tal como se desprende del numeral 36 de la presente Recomendación si esa Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos le ha otorgado la calidad de víctima a *****, por ende, dicho reconocimiento tiene como efecto que la víctima pueda acceder directamente y sin intermediario a los recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad con lo previsto en la Ley de Víctimas del Estado de Morelos y su Reglamento, por parte de la diversa Comisión Ejecutiva.
Ahora bien, por lo que respecta a la Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, resulta importante mencionar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Víctimas, el Registro Estatal de Víctimas es el mecanismo administrativo y técnico a cargo de la unidad administrativa correspondiente de la Comisión Ejecutiva, que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y violaciones de derechos humanos al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral; en consecuencia, atendiendo al principio de legalidad, es a dicha Comisión, a quien, le compete llevar a cabo la inscripción correspondiente y, consecuentemente, previa opinión del Comité Interdisciplinario Evaluador, determinar el apoyo o asistencia que corresponda otorgar a la ahora quejosa y no a esta Fiscalía General.
Finalmente, no se omite mencionar que, de los artículos 125, 126, 127, 128, 129 y 130 de la Ley de Víctimas, se desprende el procedimiento y los requisitos que deben observarse para la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas. Inclusive se indica en el citado artículo 126, párrafo tercero y cuarto que:
‘... La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso al Registro Estatal de Víctimas. Para acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación integral previstos en esta Ley, deberá realizarse el ingreso, y valoración por parte de la autoridad correspondiente en cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. El ingreso al Registro podrá solicitarse y tramitarse de manera personal y directa por la víctima, o a través de representante que, además de cumplir con las disposiciones aplicables, esté debidamente inscrito en el padrón de representantes que al efecto establezca la Comisión Ejecutiva Estatal, conforme a lo que se determine en las disposiciones reglamentarias correspondientes...’
Con independencia de lo anterior, en relación con la colaboración exigida a esta Fiscalía General para con la mencionada Comisión Ejecutiva, en la recomendación que se formula, se comunica a ese órgano garante que cuando así resulte indispensable de acuerdo al marco jurídico aplicable y a petición de esa autoridad, se desplegarán las acciones necesarias para con esa institución; no obstante, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos, se solicita reformule el presente punto recomendatorio y lo dirija únicamente a la autoridad competente para llevar a cabo la reparación a la ahora quejosa, por ser procedente conforme a derecho,
d) Por lo que respecta a la cuarta recomendación se tiene por ACEPTADA, por tal motivo se emitirá un pronunciamiento libre en el que se reiterará el compromiso de respetar las garantías de debido proceso, así como el respeto a la igualdad y al principio de no discriminación en todos los asuntos que se encuentren bajo la jurisdicción de esta institución de procuración de justicia; y en la que se precisará que esta deriva del cumplimiento otorgado a la Recomendación que se contesta."
E. El seis de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio *****, se notificó a la Fiscalía del Estado el acuerdo de tres de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual, entre otras cosas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado tuvo por "RECHAZADA" en su totalidad la Recomendación realizada al Fiscal General del Estado de Morelos, toda vez que la aceptación parcial de la recomendación "no garantiza la restitución del derecho humano violentado". Además, se le concedió un plazo de diez días naturales para que fundara, motivara e hiciera pública la negativa de aceptar la recomendación.
F. Mediante oficio ***** de quince de octubre de dos mil veintiuno, la Fiscalía General del Estado señaló que se encuentra debidamente fundado y motivado el rechazo de los puntos segundo y tercero de la Recomendación; además, manifestó que el rechazo no abarca a la totalidad la Recomendación efectuada, sino sólo los puntos señalados ya que, bajo su dicho, de cumplirse con lo recomendado en ellos, se estaría invadiendo el ámbito competencial de otras autoridades. Por ello, estimó "no procedente hacer del conocimiento a la ciudadanía la no aceptación de la recomendación en comento".
G. Por acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y notificado a la Fiscalía el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se reiteró la calificación de "rechazo total" a la Recomendación de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, por lo que de nueva cuenta solicitó a la Fiscalía local realizara la publicidad al rechazo de la Recomendación.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Fiscalía General del Estado de Morelos hizo valer un único concepto de invalidez, en el que después de exponer ciertas consideraciones en relación con los órganos constitucionales autónomos, así como con el principio de división de poderes, señala que los acuerdos impugnados vulneran en su perjuicio el orden competencial regulado en la Constitución Federal, por lo siguiente:
• Del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal se desprende, por un lado, la atribución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias y, por otra parte, la obligación de todo servidor público de responder a tales recomendaciones, así como el deber de fundar, motivar y hacer pública su negativa, en caso de que no se encuentre en posibilidad de atenderlas.
• Acorde con lo anterior, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se regula al organismo público autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial, que violen derechos humanos. Asimismo, prevé su facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias, así como la obligación de todo servidor público de fundar, motivar y hacer pública su negativa de atender tales recomendaciones.
• No obstante ello, ni de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos o de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se desprende la facultad de la Comisión demandada para sostener que la aprobación o rechazo de una recomendación sólo procede sobre su contenido íntegro, así como tampoco para inadmitir su aceptación parcial. De la misma manera, no existe atribución alguna conferida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pudiera resultar análoga a la ejercida y orientadora para la Comisión estatal.
• Por lo anterior y al no existir ninguna facultad que le permita pronunciarse en los términos realizados, resulta evidente que la autoridad demandada excede sus facultades y realiza una interpretación equívoca de los artículos en los que pretende fundar su actuar. • Incluso deja de realizar un estudio exhaustivo respecto de la competencia con la que cuentan las autoridades recomendadas para que se restituyan los derechos que estima violados, lo que de suyo se traduce en una violación al principio de división de poderes y al ámbito competencial de la Fiscalía; particularmente, al principio de no subordinación contenido en el artículo 116 constitucional.
• Si bien la Comisión demandada se encuentra facultada para emitir recomendaciones a las autoridades que a su consideración vulneraron derechos humanos, lo cierto es que tales recomendaciones, en caso de ser aceptadas, deben atenderse en forma que armonicen con las leyes a las que está sujeta su actuación y sin apartarse de los principios supremos establecidos en la Constitución Federal.
• En el acuerdo de tres de septiembre de dos mil veintiuno y de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, la Comisión demandada, pese a que no tiene atribución constitucional para ello, tuvo por rechazada en su totalidad la recomendación de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, lo cual vulnera la competencia de la Fiscalía General del Estado al pretender que se realice un pronunciamiento público en esos términos, pues quedaría de manifiesto que tal institución no se encuentra comprometida con la promoción y respeto a los derechos humanos, cuando en realidad ello no es así, máxime que las razones que fundan y motivan el rechazo parcial de los puntos recomendatorios atienden a cuestiones competenciales.
• Por su parte, en el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, la Comisión realiza un estudio inexacto y equívoco de sus facultades y atribuciones, haciendo interpretaciones directas a los textos normativos que fundamentan su actuar, sin contar con atribuciones para ello y lo cual evidencia una violación al principio de no subordinación, ya que no sólo implica que la Fiscalía no pueda tomar autónomamente decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante.
• Ello, pues acotar que la aceptación o rechazo sólo procede sobre el contenido íntegro de las recomendaciones, obliga a la Fiscalía a pronunciarse en uno u otro sentido sin que sea tomado en cuenta su ámbito de competencia, vulnerando con ello su autonomía para poder pronunciarse libre y particularmente respecto de cada punto recomendado.
• Aunado a lo anterior, el razonamiento expuesto por la Comisión demandada –en el sentido de que la aceptación parcial de una recomendación no procede debido a que de esta forma no se lograría una reparación integral y efectiva a las víctimas tampoco– no puede ser usado como pretexto para incumplir con el principio de que las autoridades sólo pueden realizar los actos para los que están legalmente facultados.
• Por tanto, causa afectación que no obstante que se expusieron las razones por los cuales se rechazaron diversos puntos de la recomendación, la Comisión demandada pasó totalmente por alto el pronunciarse de manera clara, precisa y detallada sobre las razones para desvirtuar que tales recomendaciones efectivamente sí eran competencia de la Fiscalía.
• Además, se considera equivocado el ejercicio interpretativo que realiza la Comisión con relación al artículo 53 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, pues la conclusión adoptada no es acorde con las diversas porciones del artículo 75 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en términos del cual debe entenderse por "recomendaciones" las acciones que puede adoptar la autoridad o servidor público, para reparar el daño, aplicar la justicia, entre otras cosas.
• Luego entonces, la recomendación se compone de diversas acciones que la autoridad tiene la posibilidad de llevar a cabo para reparar la violación cometida, por lo que si bien lo deseable sería que todas las acciones sugeridas pudieran ejecutarse, lo cierto es que puede darse el caso de que algunas de ellas no se encuentren dentro del ámbito de competencia de la autoridad, como en el caso sucedió.
• Por su parte, en el acuerdo emitido el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por medio del cual se reitera la calificación de "rechazo total" a la recomendación de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, la autoridad también parte de una premisa equivocada e inexacta pues ninguno de los artículos que cita le otorgan la facultad para apercibir o limitar a la Fiscalía General del Estado en el sentido de que si acepta parcialmente la recomendación ésta se tendría rechazada en su totalidad y, por otra parte, para transformar o variar la aceptación o rechazo que se realice.
• Además, lejos de realizar un análisis sobre las razones expuestas por la Fiscalía para rechazar ciertos puntos de la recomendación, la Comisión demandada se limitó a insistir en que no puede tener cabida una aceptación parcial de una recomendación que formuló, precisamente, a través de diversos puntos recomendatorios.
• Por otro lado, los acuerdos impugnados pueden ser válidamente considerados como actos de molestia o privativos, por lo que es necesario, para cumplir con la garantía de fundamentación, que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio así como los ordenamientos que le otorguen la atribución ejercida.
• Por último, si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la controversia constitucional no es la vía idónea para combatir resoluciones jurisdiccionales, lo cierto es que dicho medio sí procede contra dichas resoluciones siempre que se examinen cuestiones competenciales.
4. Trámite. Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 197/2021 y lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales.
5. Desechamiento. Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor desechó la controversia constitucional, al estimar actualizada una causa manifiesta e indudable de improcedencia, relativa a la falta de interés legítimo del promovente.
6. Recurso de reclamación. Inconforme con tal determinación, la Fiscalía General del Estado de Morelos interpuso recurso de reclamación, el cual fue registrado con el número 14/2022-CA y resuelto por la Primera Sala en sesión de veintisiete de abril de dos mil veintidós,(1) en el sentido de revocar el auto recurrido, por no advertirse la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
7. Admisión. En cumplimiento a lo anterior, por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo como autoridad demandada a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ordenó su emplazamiento y la requirió para que remitiera copias certificadas de todas las documentales relacionadas con los actos impugnados. Por otro lado, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
8. No contestación de demanda. Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós dictado por el Ministro instructor, se hizo constar que la autoridad demandada no dio contestación a la demanda en el plazo otorgado para ello.
9. Alegatos. Mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, a través del sistema electrónico, el Fiscal General del Estado de Morelos formuló alegatos.
10. Cierre de instrucción. Por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, una vez celebrada la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, el Ministro instructor dictó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
11. Radicación en la Segunda Sala. Previa solicitud del Ministro ponente, el Presidente de este Alto Tribunal mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, ordenó enviar el presente asunto a la Segunda Sala para su resolución. En consecuencia, por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintidós su Presidenta determinó que ésta se avocaría a su conocimiento, por lo que ordenó la remisión de los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
12. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con los Puntos Segundo, fracción I,(4) y Tercero,(5) del Acuerdo General del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5/2013, toda vez que se plantea un conflicto entre dos órganos constitucionales autónomos del Estado de Morelos, sin que se haya impugnado una norma general.
13. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
I. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
14. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) deben fijarse las normas generales y actos que serán objeto de estudio en la presente controversia constitucional.
15. De la lectura integral de la demanda presentada por la Fiscalía General del Estado de Morelos, se advierte que impugna los siguientes actos atribuidos a la Comisión de Derechos Humanos de dicho Estado:
a. Acuerdo de tres de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se tiene por rechazada en su totalidad la recomendación de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, realizada al Fiscal General del Estado de Morelos.
b. Acuerdo de veinticinco
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200867-8e893fe4/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-ausencia-de-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS NO TIENE EL CARÁCTER DE DEMANDADO, CUANDO SE COMBATE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE DICHO ESTADO. (P./J. 1/99 )
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS NO TIENE EL CARÁCTER DE DEMANDADO, CUANDO SE COMBATE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE DICHO ESTADO.- (5)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE EVIDENCIA QUE CONFORME A LA LEGISLACIÓN ORDINARIA APLICABLE, NINGUNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE COMPARECIERON A INTERPONERLA TIENE FACULTADES (108)
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