Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA [DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, ESPECÍFICAMENTE, EL "ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (PESOS) ", EN LO RELATIVO AL GASTO NETO TOTAL DEL RAMO 22 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, ASÍ COMO EL "ANEXO 32. ADECUACIONES APROBADAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (PESOS)", EN LO CONCERNIENTE A LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSIGNADO PARA EL RAMO 22 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.]

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 14/2023. · Registro digital (IUS): 200938
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 14/2023. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 14 DE FEBRERO DE 2024. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ. SECRETARIA AUXILIAR: GRETHELL LÓPEZ GARCÍA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: El Instituto Nacional Electoral impugna el "Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, específicamente, el "ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (pesos)", en lo relativo al gasto neto total del Ramo 22 Instituto Nacional Electoral, así como el "ANEXO 32. ADECUACIONES APROBADAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (pesos)", en lo concerniente a la reducción del presupuesto consignado para el Ramo 22 Instituto Nacional Electoral.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la Controversia Constitucional 14/2023, promovida por el Instituto Nacional Electoral, contra el "Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, específicamente, el "ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (pesos)" en lo relativo al gasto neto total del Ramo 22 Instituto Nacional Electoral, así como el "ANEXO 32. ADECUACIONES APROBADAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (pesos)", en lo concerniente a la reducción del presupuesto consignado para el Ramo 22 Instituto Nacional Electoral; por considerar que invade su esfera de competencias constitucionales y vulnera su autonomía prevista en el artículo 41, base V, apartado A de la Constitución Federal.

ANTECEDENTES

1. Anteproyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el anteproyecto de presupuesto del año dos mil veintitrés por un monto total de $24,696,868,749.00 (veinticuatro mil seiscientos noventa y seis millones ochocientos sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.).(1)

2. Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos por parte del Poder Ejecutivo Federal. El ocho de septiembre de dos mil veintidós, el Poder Ejecutivo Federal remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023,(2) el cual, en el Anexo 1, relativo al gasto total neto correspondiente al ramo 22 del Instituto Nacional Electoral, preveía la cantidad señalada en el punto anterior.

3. Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. El siete de noviembre de dos mil veintidós, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados emitió el Dictamen con proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés,(3) en el que se planteó la reducción del presupuesto del Instituto Nacional Electoral por la cantidad de $4,475,501,178.00 (cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco millones quinientos un mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 M.N.). Cantidad que se ve reflejada en el Anexo 32, relativo a las adecuaciones aprobadas por dicha Cámara.

4. En el Anexo 1 del mismo presupuesto, relativo al gasto total neto correspondiente al ramo 22 del Instituto Nacional Electoral se dictaminó adecuada la cantidad de $20,221,367,571.00 (veinte mil doscientos veintiún millones trescientos sesenta y siete mil quinientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), tomando en consideración la reducción señalada.

5. Aprobación y publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación. El ocho de noviembre de dos mil veintidós, la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintitrés, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Por lo tanto, se le autorizó al Instituto Nacional Electoral un presupuesto total de $20,221,367,571.00 (veinte mil doscientos veintiún millones trescientos sesenta y siete mil quinientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) para ese ejercicio.

6. El veintiocho de noviembre de dos mil veintidós el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintitrés se publicó en el Diario Oficial de la Federación, cuya vigencia concluyó el pasado treinta y uno de diciembre.

7. Publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinticuatro. El presupuesto en mención se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de noviembre de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor el uno de enero de dos mil veinticuatro.

TRÁMITE DE LA DEMANDA

8. Presentación de la demanda por el Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de enero de dos mil veintitrés, Edmundo Jacobo Molina, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, promovió controversia constitucional en la que impugnó el "Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, específicamente, el "ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (pesos)" en lo relativo al gasto neto total del Ramo 22 Instituto Nacional Electoral, así como el "ANEXO 32. ADECUACIONES APROBADAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (pesos)", en lo concerniente a la reducción del presupuesto consignado para el Ramo 22 Instituto Nacional Electoral.

9. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Instituto Nacional Electoral adujo, como único concepto de invalidez, que los anexos reclamados invaden su esfera de atribuciones constitucionales y transgreden su autonomía constitucional. Lo anterior, porque, a su juicio, la reducción a su presupuesto contenida en los Anexos 1 y 32 del citado presupuesto invade sus competencias constitucionales, al vulnerar su autonomía y obstruir su función electoral.

10. Para sustentar lo anterior, expone los siguientes argumentos:

• Señala que la autonomía prevista en el artículo 41, base V, apartado A, de la Constitución Federal es un límite para la Cámara de Diputados en lo relativo a decidir de forma arbitraria e injustificada sobre aspectos presupuestarios del Instituto, pues tal garantía institucional se vincula directamente a la salvaguarda del conjunto de competencias constitucionales establecido a favor del Instituto actor, como lo es la función electoral relativa a la realización de los ejercicios democráticos de participación ciudadana.

• Sostiene que su autonomía fue vulnerada por la Cámara de Diputados al realizar una reducción injustificada, unilateral y arbitraria al gasto neto total del Instituto para el ejercicio de dos mil veintitrés y al hacer un uso excesivo de sus facultades legislativas al etiquetar de forma específica los conceptos, proyectos y/o rubros en los que este Instituto debe impactar dicha reducción, lo que violenta el correcto y libre goce de los derechos político-electorales de la ciudadanía, al ser el Instituto el vínculo que posibilita esos derechos.

• Indica que la reducción a su presupuesto se ve reflejada en el "ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (pesos)" y el "ANEXO 32. ADECUACIONES APROBADAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS (pesos)" del Presupuesto de Egresos de la Federación impugnado, en los que se consigna como presupuesto del Instituto accionante la cantidad de $20,221,367,571.00 (veinte mil doscientos veintiún millones trescientos sesenta y siete mil quinientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), así como una reducción al presupuesto propuesto por el propio Instituto por la cantidad de $4,475,501,178.00 (cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco millones quinientos un mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

• Alega que la Cámara de Diputados viola su autonomía por la reducción de su presupuesto en detrimento de sus atribuciones constitucionales y los derechos político-electorales de la ciudadanía, al no utilizar un estándar de motivación reforzada que diera cuenta de las razones objetivas y justificadas para realizar dicha reducción.

• Menciona que el Instituto Nacional Electoral es un órgano constitucional autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones, por lo que cuenta con autonomía e independencia funcional y presupuestaria. Además, alega que, conforme a esa autonomía, no debe depender de otros poderes para ejercer sus funciones y, dentro de ese marco, la autonomía presupuestaria es instrumental para que el Instituto alcance sus fines.

• Indica que, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la autonomía presupuestaria del propio Instituto puede entenderse respecto a la integración y el ejercicio de su presupuesto, dentro del marco de la Constitución y la ley, teniendo como límite la observancia de los criterios generales de política económica.

• Aduce que su autonomía parte, por un lado, de la garantía a la función del órgano constitucional autónomo como mecanismo de protección del ejercicio de los derechos por parte de la ciudadanía; y por el otro, también encuentra su sustento en la función especializada del Instituto, por virtud de la cual se le concibe como el órgano del Estado idóneo para decidir sus requerimientos presupuestarios para realizar su función especializada.

• Reconoce que la autonomía presupuestaria, bajo el concepto señalado, no es una habilitación para el uso discrecional y dispendioso de los recursos, ya que, conforme al artículo 134 constitucional y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otros ordenamientos, se establecen diversas obligaciones a los entes públicos en el gasto de los recursos del Estado, entre ellas, observar los Criterios Generales de Política Económica que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales constituyen parámetros, no controles rígidos, bajo los cuales los entes públicos deben formular su anteproyecto de presupuesto.

• Señala que la Cámara de Diputados, en detrimento de dicha autonomía presupuestaria, no sustentó debidamente, en momento alguno, la disminución al presupuesto hecho por el Instituto Nacional Electoral, pues si bien una de sus atribuciones exclusivas es la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, también lo es que ello no lo exime de observar el principio de legalidad contenido en el artículo 16 constitucional, así como el de división de poderes. Ello con el objetivo no sólo de atender a un equilibrio económico y congruente con los deberes constitucionales de cada poder y órgano autónomo, sino de respeto a la Constitución para evitar toda arbitrariedad en el uso de dicha facultad exclusiva, la cual no es discrecional, sino que se encuentra sujeta a las referidas disposiciones constitucionales y demás normas aplicables.

• Hace referencia a lo resuelto en la controversia constitucional 209/2021 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó declarar la invalidez de la reducción al presupuesto del Instituto actor contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación de dos mil veintidós, y condenó a la Cámara de Diputados a que analizara y determinara si era dable otorgar los recursos originalmente solicitados por el Instituto citado como órgano técnico y especializado en la organización y ejecución de los procesos democráticos en el país o bien, justificar mediante un ejercicio de motivación reforzada el recorte presupuestal realizado en caso de reiterar dicha reducción. También señala que, en ese precedente, se reconoció que el Instituto es un órgano técnico y especializado en la organización y ejecución de los procesos democráticos en el país, por lo que tiene la posibilidad de determinar de manera precisa y con rigor técnico los recursos económicos que requiere para llevar a cabo sus funciones constitucionales.

• Explica que, derivado de la reducción impugnada el actor se vio obligado a emitir el "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023, QUE REFLEJA LA REDUCCIÓN REALIZADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS" mediante el cual se determinó la reducción y cancelación de diversos proyectos.

• Con las adecuaciones presupuestales antes mencionadas, el Instituto redujo sus requerimientos presupuestales en un monto de $4,339,906,900.00 (cuatro mil trescientos treinta y nueve millones novecientos seis mil novecientos pesos 00/100 M.N.), no obstante, se generó una presión de gasto de $135,594,278.00 (ciento treinta y cinco millones quinientos noventa y cuatro mil doscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N) respecto a lo solicitado originalmente en el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023.

• Expone que, mediante la Convocatoria a elección extraordinaria de una fórmula de senadores por el principio de mayoría relativa en el Estado de Tamaulipas, publicada el dos de diciembre de dos mil veintidós, se mandató a celebrar la jornada comicial el domingo diecinueve de febrero de dos mil veintitrés, por lo que el Consejo General del Instituto instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que solicitara una ampliación presupuestaria, sin embargo, no hubo respuesta de la autoridad hacendaria.

• Aduce que las determinaciones tomadas por la Cámara de Diputados no sólo violentan su autonomía presupuestaria, sino que también constituyen una afectación grave y directa a los derechos humanos de corte político-electoral de la ciudadanía, pues desde el punto de vista constitucional, constituyen el grupo de atributos de la persona que hace efectiva su participación como ciudadana de un determinado Estado, en otros términos, es el conjunto de facultades que hacen posible la participación de la ciudadanía en la vida política del Estado al cual pertenecen.

• En ese sentido, el actor sostiene que la falta de recursos presupuestales imposibilita al Instituto para desarrollar cabalmente su función electoral con lo cual se afecta de forma directa y grave a la ciudadanía en sus derechos político-electorales, lo que demuestra que, aunque la presente controversia se trate en principio de un conflicto competencial, colateralmente se vulneran derechos humanos de la ciudadanía mexicana.

• Asimismo, arguye que la Cámara de Diputados viola su autonomía presupuestaria al extralimitarse en sus atribuciones legislativas y etiquetar de forma específica los conceptos, proyectos y/o rubros en los que a ese Instituto debe impactar la reducción impugnada.

• Sostiene que ese órgano legislativo sin utilizar una justificación real, objetiva y técnica decidió arbitrariamente qué actividades del Instituto debían ser fondeadas en su integridad y cuáles no; por lo que el actor considera se contraviene el principio de división de poderes y la autonomía que la Carta Magna le confirió a ese órgano constitucionalmente autónomo, además, lesiona y restringe los derechos humanos de corte político-electoral.

• Señala que es evidente la posibilidad que tiene la Cámara de Diputados de modificar el presupuesto de egresos, sin embargo, esa atribución se encuentra sujeta a los principios de colaboración, coordinación y comunicación, en deferencia a los demás poderes y órganos constitucionales autónomos.

• En ese sentido, el actor alega que la práctica extralimitada del órgano legislativo le impide alcanzar sus objetivos y proyectos presupuestados para el debido cumplimiento de sus competencias constitucionales como órgano especializado en materia electoral y garante del Estado democrático, colocándolo en un estado de indefensión institucional, al obligarle a cumplir con sus obligaciones constitucionales sin contar con los medios para ello, lo que necesariamente es un acto de obstrucción con el consecuente peligro de afectar las prerrogativas políticas y electorales.

• Explica que el anteproyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral establecía: (i) financiamiento de partidos políticos, el cual es asignado con base en la forma constitucional por lo que es inamovible y no forma parte del patrimonio del Instituto; (ii) presupuesto base, integrado por el presupuesto mínimo e irreductible para cubrir los servicios básicos, gastos de operación y actividades realizadas habitualmente; (iii) cartera institucional, corresponde a los proyectos específicos alineados al Plan Estratégico Institucional 2016-2026, entre los cuales se preveían los recursos para las elecciones de Coahuila y Estado de México, así como para los trabajos preparatorios para el proceso electoral federal 2023-2024. Además, en el anteproyecto el Instituto actor solicitó un presupuesto precautorio para la posible realización de una consulta popular.

• Señala que la Cámara de Diputados recortó drásticamente los recursos solicitados por el Instituto, aun cuando ese órgano legislativo tampoco tenía la certeza sobre la realización o no de una consulta popular, circunstancia que se puede comprobar si se toma en cuenta que, en términos de la Ley Federal de Consulta Popular, el treinta de noviembre de dos mil veintidós era la fecha límite para solicitar su realización, mientras que el Presupuesto de Egresos de la Federación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre.

• Por lo que, el actor estima que resulta evidente que la reducción unilateral y arbitraria de la Cámara de Diputados, constituye un ejercicio extralimitado de sus atribuciones legislativas, aunado a que no emplea ningún análisis o trabajo técnico que contenga las suficientes razones que justifiquen la reducción impugnada, lo que produce además de subordinación, violación al principio de división de poderes, al impedir al Instituto actor tomar autónomamente sus decisiones, provocando la transgresión de los derechos humanos de los que es garante.

• Considera que la reducción combatida en este medio fue realizada bajo un trato diferenciado en comparación con otros ejecutores de gasto, colocándolo como el ente autónomo con mayor reducción presupuestal en comparación con los demás órganos constitucionales autónomos.

• Argumenta que lo anterior hace prueba plena sobre la forma en que desde dos mil diecinueve, arbitraria, reiterada y sistemáticamente la Cámara de Diputados ha anulado el contenido de la Constitución Federal en perjuicio del Instituto Nacional Electoral, puesto que la reducción impugnada se suma a un conjunto de disminuciones presupuestales realizadas.

• En el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, la Cámara de Diputados realizó ajustes a los proyectos de presupuesto presentados por distintos órganos autónomos, de los cuales el ajuste más significativo fue realizado en su perjuicio por $4,475,501,178.00 (cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco millones quinientos un mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), lo que equivale al 60.17 % del recorte realizado a los órganos autónomos y lo que a su vez evidencia un trato diferenciado en contra de ese Instituto.

• Sostiene que el Instituto Nacional Electoral ejerce funciones especializadas en materia electoral que, ni de iure ni de facto, pueden confrontarse con las atribuciones de los otros órganos constitucionales autónomos, por lo que el criterio de comparación realizado por la Cámara de Diputados en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación, resulta subjetivo y carente de rigor técnico, al contrario, carece de toda lógica el intentar aplicar al presupuesto solicitado por el Instituto, un parámetro de valoración basado en las reducciones que otros entes autónomos han aplicado "de forma voluntaria" a sus presupuestos. • En esa lógica, la reducción presupuestaria se hizo como una acción directa al Instituto en detrimento de sus atribuciones constitucionales, ya que no existe un análisis de planeación económica nacional que permita identificar una reducción planificada y justificada, sino una confronta directa en su presupuesto para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

• Señala que la Cámara de Diputados, en el dictamen del Presupuesto de Egresos, estableció que los montos y conceptos presupuestados por el Instituto Nacional Electoral impiden dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, sin embargo, el actor considera que fue omiso en realizar una motivación reforzada, pues no se advierte un desglose técnico, objetivo y completo que establezca tanto cuantitativamente como cualitativamente la forma en que la planeación presupuestal del Instituto constituye un obstáculo a las políticas económicas del país.

• Sostiene que el argumento de referencia es notoriamente superficial e insuficiente, pues la Cámara de Diputados hace un uso parcial del contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 dado que, en ese documento, también se puso de manifiesto como un objetivo prioritario el fortalecimiento del régimen democrático, destacando la realización de los ejercicios de participación democrática.

11. Radicación y turno. El dos de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte tuvo por recibido el escrito de demanda y ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la Controversia Constitucional 14/2023. Asimismo, turnó el expediente a la ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para instruir el procedimiento correspondiente.

12. Admisión y trámite. El dieciocho de abril de dos mil veintitrés, la Ministra Instructora admitió a trámite la controversia constitucional, tuvo como autoridades demandadas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal y ordenó emplazarles para que, dentro del plazo de treinta días hábiles, presentaran su contestación a la demanda y se les requirió para que, en ese momento, remitieran copia certificada de todos los antecedentes legislativos del Decreto impugnado y copia certificada o en original del periódico oficial donde constara su publicación, respectivamente.

13. En el mismo acuerdo, se dio vista a la Fiscalía General de la República, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación conviniera.

14. Contestación de demanda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El seis de junio de dos mil veintitrés, el Diputado Presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión presentó la contestación de demanda solicitada mediante el Buzón Judicial de este Alto Tribunal, el cual fue recibido el día siete siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha contestación de demanda fue acordada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés. En el documento, dicha autoridad expuso lo siguiente:

• La Cámara de Diputados sostiene que son infundadas las manifestaciones realizadas por la parte promovente, en virtud de que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 impugnado, cumplió cabalmente con lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, sin vulnerar ninguno de los preceptos constitucionales, ni la garantía de autonomía institucional del Instituto Nacional Electoral.

• Refiere que, al resolver la Controversia Constitucional 32/2005, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que derivado de la evolución de la distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, los órganos constitucionales autónomos, lo cual no altera o destruye la tradicional doctrina de división de poderes, pues el que tengan autonomía e independencia de los poderes primarios no significa que formen parte del Estado Mexicano.

• En relación con la aplicación del principio de división de poderes, señala que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que dicho principio es evolutivo y a través de su desarrollo se han establecido nuevos mecanismos para controlar el poder, con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado, de ahí que los órganos constitucionales autónomos, únicamente cuentan con las facultades necesarias para alcanzar los fines para los que fueron creados y en atención a la especialización e importancia social de sus tareas.

• Indica que, en términos del artículo 74 de la Constitución Federal, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación anual del presupuesto de egresos, a efecto de que lo realice sin injerencia de poder u órgano constitucional autónomo, en estricto apego al principio de división de poderes.

• Sostiene que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023 no afecta de forma alguna el principio de división de poderes o a la autonomía presupuestal de los órganos constitucionales autónomos.

• Explica que la autonomía presupuestaria consiste en la facultad constitucional que tiene cada órgano para determinar y utilizar su presupuesto, con la única finalidad de garantizar que se cumplan sus funciones.

• Considera que el Presupuesto de Egresos impugnado tampoco vulnera la autonomía presupuestaria del Instituto, pues no se desprende una invasión a la capacidad para disponer de los recursos económicos que le sean asignados para el cumplimiento de sus fines.

15. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo Federal. El seis de junio de dos mil veintitrés, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentó su contestación de demanda en el buzón judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el día siete siguiente. Dicha contestación de demanda fue acordada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés. En el escrito mencionado, la autoridad expone, en síntesis, lo siguiente:

Causa de improcedencia y sobreseimiento.

• El Poder Ejecutivo Federal considera que la presente controversia constitucional debe sobreseerse por actualizarse la causal de improcedencia relativa a falta de interés legítimo, toda vez que la reducción del presupuesto reclamada por el Instituto no causa una afectación real y directa a su esfera competencial, ya que no está prevista la realización de alguna consulta popular durante el dos mil veintitrés.

Contestación a los conceptos de invalidez.

• Sostiene que la reducción presupuestal combatida no vulnera la autonomía del Instituto ni compromete su capacidad para llevar a cabo elecciones transparentes y garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos, pues el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal confiere a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal. En ese sentido, la reducción presupuestal se ajusta al sistema constitucional de división de poderes que establece el artículo 49 de la Constitución Federal.

• Alega que, si bien la autonomía del Instituto Nacional Electoral es reconocida y protegida por la Constitución, eso no le permite solicitar y ejercer los recursos de manera discrecional, sino que debe ajustarse a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honestidad en el ejercicio de los recursos públicos.

• Refiere que el artículo 134 de la Constitución establece los principios rectores del ejercicio de los recursos públicos, entre ellos, los de eficiencia y economía, los cuales obligan a todos los entes públicos a utilizar los recursos públicos de manera eficiente y responsable, para ajustar el gasto a las necesidades y prioridades del país. En ese contexto, la reducción presupuestal es una medida necesaria que cumple con la obligación de eficiencia y austeridad en el manejo de los recursos públicos, sin que ello implique una vulneración a la autonomía constitucional del actor.

• En relación con la descripción detallada de los conceptos, proyectos y rubros en los que al Instituto debe impactar la reducción presupuestal, estima que es una medida legítima para asegurar la transparencia y rendición de cuentas, porque la Cámara de Diputados tiene la obligación de asegurarse que los recursos asignados se destinen de manera eficiente y en el presente caso que cumpla con los objetivos electorales.

• Señala que la reducción combatida no implica una eliminación total de los recursos del Instituto, sino una asignación más prudente, enfocada en áreas prioritarias, por tanto, sigue siendo la autoridad competente en materia electoral, teniendo la capacidad de cumplir con su función de manera efectiva lo que le permite garantizar la participación ciudadana en los procesos democráticos.

• Sostiene que el Poder Legislativo no está obligado a realizar una motivación reforzada para reducir el presupuesto solicitado por el Instituto al no afectar directamente derechos fundamentales o bienes constitucionales, toda vez que conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmado en la jurisprudencia "MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS" (P./J. 120/2009), esta obligación solo es requerida cuando se emiten actos que ponen en peligro derechos fundamentales o bien categorías sospechosas. En el caso, la reducción presupuestal no se trata de una categoría sospechosa que requiera una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso.

• Explica que la asignación de recursos presupuestales es una cuestión de gestión y política pública en la que el poder legislativo tiene la facultad y responsabilidad constitucional de decidir sobre el presupuesto de acuerdo con las necesidades y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200938-86f5df1f/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.