Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA IMPUGNAR NORMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISCO C), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE PODER (ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (DISTINTOS ARTÍCULOS DE LAS LEYES DE INGRESOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTITRÉS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 94/2023. · Registro digital (IUS): 200955
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 94/2023. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 15 DE MAYO DE 2024. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: MARÍA CRISTINA VILLEDA OLVERA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El Poder Ejecutivo Federal promueve acción de inconstitucionalidad en la que solicita se declare la invalidez de diversas disposiciones normativas contenidas en leyes de ingresos municipales del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que prevén cuotas por la comisión de faltas administrativas y el pago de derechos por el servicio de alumbrado público.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual resuelve la acción de inconstitucionalidad 94/2023, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra de diversas disposiciones de leyes de ingresos municipales del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. Por oficio presentado el tres de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal y en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 199, en la porción normativa por realizar reuniones o aglomeraciones sociales, religiosas, festejos o reuniones de cualquier tipo que pongan en riesgo la salud de la población , de la Ley de Ingresos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Distrito de Miahuatlán; 39, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Teojomulco, Distrito de Sola de Vega; 61, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de Tuxtepec; y, 89, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, todos del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicadas en el Periódico Oficial de la entidad los días cuatro y once de marzo de dos mil veintitrés.

2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El accionante considera que se violan los artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Conceptos de invalidez. El Poder Ejecutivo Federal impugna las disposiciones referidas, esencialmente, bajo los siguientes conceptos de invalidez:

Primero. Multas por infracciones administrativas

• Las porciones normativas previstas en las leyes de ingresos de diversos municipios de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2023, relativas a la imposición de multas, vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales.

• Refiere al respecto, que el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta prescriptiva sea tal, que lo que es objeto de la prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma.

• Afirma que dicho mandato no se satisface en las porciones normativas impugnadas que establecen multas por faltas administrativas, ya que constituyen infracciones abiertas que permiten un margen amplio para la arbitrariedad de las autoridades administrativas, quienes, de manera discrecional y subjetiva, podrán determinar qué conductas pueden ser sancionadas.

• En específico, que la multa por realizar reuniones o aglomeraciones sociales, religiosas, festejos o reuniones de cualquier tipo que pongan en riesgo la salud de la población, no contiene los elementos que integran la infracción de forma clara y precisa, ya que no especifica cómo es que se puede poner en riesgo la salud de la población ni se establecen las medidas sanitarias que deben tomarse en cuenta para evitar algún riesgo.

• La porción normativa celebrar eventos sociales sin permiso de la autoridad durante y después de la contingencia (COVID-19), tampoco contiene los elementos que integran la infracción de forma clara y precisa, ya que no establece a qué se refiere con eventos sociales, si deben ser celebrados en domicilio particular, espacios abiertos, salones de eventos, etc.

Segundo. Cobro de derechos por el suministro de alumbrado público

• Las porciones normativas contenidas en las leyes de ingresos de diversos municipios del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en lo correspondiente al cobro de derechos por el suministro de alumbrado público, vulneran los principios de seguridad jurídica, así como de proporcionalidad en las contribuciones, tutelados por los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

• En el caso, la tarifa para el cobro del derecho se fija a partir de la clasificación de usuarios de la empresa suministradora de energía, en contravención a los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria, toda vez que el contribuyente pagará de acuerdo con las tarifas fijas que impone el propio Municipio.

4. Admisión y trámite. Por acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el oficio de la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y su anexo; ordenó formar el expediente físico y electrónico de la acción de inconstitucionalidad bajo el número 94/2023; y, lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que fungiera como instructor del procedimiento.

5. Posteriormente, mediante proveído dictado el nueve de mayo de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca a efecto de que rindieran su respectivo informe, así como a la Fiscalía General de la República para que estuviera en posición de formular pedimento.

6. Informe del Poder Ejecutivo estatal. Mediante escrito depositado el nueve de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, en representación del titular del Poder Ejecutivo de esa entidad, rindió el informe correspondiente.(1)

7. Informe del Poder Legislativo estatal. Mediante escrito depositado el ocho de junio de dos mil veintitrés en la oficina de correos de la localidad y recibido el quince de junio siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, en representación del Poder Legislativo de la entidad, rindió el informe correspondiente.(2)

8. Pedimento. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento.

9. Alegatos. Por escritos recibidos los días seis y nueve de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la delegada del Poder Ejecutivo Federal y el titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Estado de Oaxaca formularon alegatos, respectivamente.

10. Cierre de instrucción. Por auto de once de octubre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor tuvo por recibidos y formulados los referidos alegatos y, al haber transcurrido el plazo legal concedido para tal efecto, dictó el cierre de instrucción para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

11. Avocamiento. Previo dictamen del Ministro instructor en el sentido de que en este asunto no se requería la intervención del Pleno, el Ministro Presidente de la Segunda Sala acordó el dos de mayo de dos mil veinticuatro, que ésta se avocara al conocimiento del asunto y se remitieran los autos a la ponencia del Ministro instructor.

I. COMPETENCIA

12. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal,(3) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) 10, fracción I(5) y 11, fracción VIII,(6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario 1/2023,(7) toda vez que el promovente plantea la posible contradicción entre disposiciones de carácter general emitidas por el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca y la Constitución Federal, pero resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

13. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

14. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39(8) y 41, fracción I,(9) en relación con el diverso 73(10) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo Ley Reglamentaria ), es necesario fijar de manera precisa las normas generales impugnadas y, en su caso, corregir los errores que se advierta en la cita de algunos de los preceptos controvertidos.

15. En ese sentido, del análisis del escrito inicial y de las constancias de autos se advierte que el Poder Ejecutivo Federal impugna lo siguiente:

Ver cuadro

16. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

III. OPORTUNIDAD

17. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria,(11) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

18. En el caso, las normas impugnadas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca los días cuatro y once de marzo de dos mil veintitrés, por lo que el plazo de treinta días naturales para presentar la acción transcurrió del cinco y doce de marzo al tres y diez de abril de dos mil veintitrés, respectivamente.

19. Por tanto, si el Poder Ejecutivo Federal presentó su escrito el tres de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que su presentación fue oportuna.

20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

IV. LEGITIMACIÓN

21. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada.

22. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la persona titular de la Consejería Jurídica del Gobierno, está legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas federales o de las entidades federativas, como es el caso de las leyes de ingresos municipales del Estado de Oaxaca impugnadas.

23. Además, el escrito inicial fue suscrito por María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal,(12) a quien en términos de lo dispuesto en el precepto constitucional referido, así como en los artículos 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal(13) y 10, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,(14) corresponde representar al Presidente de la República en las acciones de inconstitucionalidad.

24. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

25. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte, de oficio, la actualización de una causal de improcedencia respecto de las normas impugnadas, por ser disposiciones de vigencia anual cuyos efectos han cesado.

26. De conformidad con el artículo 19, fracción V,(15) en relación con los artículos 59 y 65, todos de la Ley Reglamentaria,(16) las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes cuando cesen los efectos de la norma general o el acto impugnado, lo cual implica que éstos dejen de surtir sus efectos jurídicos.

27. En ese sentido, es posible afirmar que la causa de improcedencia prevista en el referido artículo 19, fracción V, se actualiza cuando dejan de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda, al constituir ésta el único objeto de análisis en este medio de control constitucional.

28. Sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la tesis jurisprudencial número P./J. 54/2001, de rubro CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.(17)

29. La causal de improcedencia aludida se actualiza en la presente acción de inconstitucionalidad por las siguientes razones:

30. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido de manera reiterada(18) que a diferencia del resto de las normas (cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación), las normas contenidas en las leyes de ingresos y presupuestos de egresos están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan.

31. Este principio se desprende del artículo 74 de la Constitución Federal, de acuerdo con el cual es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el quince del mes de noviembre. Por otro lado, también establece que el titular del Poder Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el ocho de septiembre de cada año.

32. De esta manera, es obligación del Congreso de la Unión aprobar el Paquete Económico que regirá anualmente, previo al inicio del ejercicio fiscal, el cual es coincidente con el año calendario.

33. Este principio es igualmente aplicable a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos de las entidades federativas, incluidas las leyes de ingresos municipales, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal.(19)

34. En el caso, las normas impugnadas de las diversas leyes de ingresos de los municipios del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, prevén cuotas por la comisión de faltas administrativas y el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, vigentes en dicha anualidad, es decir, del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

35. De esta forma, resulta evidente para esta Segunda Sala que los efectos de las normas impugnadas, al ser aplicables para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, cesaron cuando concluyó la vigencia de las leyes en las que están contenidas, esto es, el treinta y uno de diciembre de la anualidad referida. Máxime que a la fecha ya se aprobaron las leyes de ingresos municipales respectivas, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.(20)

36. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 9/2004, de rubro: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS.( 21)

37. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, debe sobreseerse en la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(22) sin que en el caso, pudieran darse efectos retroactivos a la determinación que en el fondo pudiera adoptarse, al no tratarse de normas de naturaleza penal, en términos del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de la materia.(23)

38. Similares consideraciones sostuvo esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 35/2022(24) y 96/2023.(25)

39. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

VI. DECISIÓN

Por lo antes expuesto y fundado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, para los efectos legales a que haya lugar.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales (ponente), Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y el Ministro Ponente, con la Secretaria de Acuerdos quien autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN

PONENTE

MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

SECRETARIA DE ACUERDOS

CLAUDIA MENDOZA POLANCO

________________

1. Mediante acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo a Geovany Vásquez Sagrero, en su carácter de Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, rindiendo el informe solicitado al Poder Ejecutivo estatal.

2. En el mismo proveído se tuvo a Luis Alfonso Silva Romo, en su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, rindiendo el informe solicitado al Poder Legislativo estatal.

3. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

[...]

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

[...]

c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;

[...].

4. Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

5. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

[...].

6. Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones:

[...]

VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda;

[...].

7. [...]

SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:

[...]

II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención; [...].

8. Artículo 39. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregirá los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

9. 41. Las sentencias deberán contener:

I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; [...].

10. Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley.

11. Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. [...].

12. Calidad que quedó acreditada con la copia certificada de su nombramiento, expedido por el Presidente de la República el dos de septiembre de dos mil veintiuno.

13. Artículo 43.- A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes: [...]

X.- Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios y procedimientos en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. En el caso de los juicios y procedimientos, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal podrá determinar la dependencia en la que recaerá la representación para la defensa de la Federación. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas; [...].

14. Artículo 10.- La persona titular de la Consejería tiene las facultades indelegables siguientes: [...]

XIII. Representar a la persona titular de la Presidencia de la República en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...].

15. Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

[...]

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; [...].

16. Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II.

Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.

La (sic) causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad.

17. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 882, registro digital 190021.

18. Controversia constitucional 24/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallada por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente), 3 de febrero de 2021, párrafos 16-22.

Acción de inconstitucionalidad 13/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallada por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente), 3 de febrero de 2021, párrafos 11-17.

Controversia constitucional 16/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallada por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente), 10 de febrero de 2021, párrafos 31-37.

Controversia constitucional 19/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallada por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente), 17 de febrero de 2021, párrafos 18-24.

Acción de inconstitucionalidad 9/2020, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallada por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente), 17 de febrero de 2021, párrafos 14-20.

Acción de inconstitucionalidad 161/2021, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallada por unanimidad de cuatro votos de la Señora y Señores Ministros: Norma Lucía Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo (Presidente en Funciones y Ponente), y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, 20 de abril de 2022, párrafos 11-17.

19. Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: [...]

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. [...]

20. Decreto 1830. Ley de Ingresos del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Distrito de Miahuatlán Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2024. https://www.congresooaxaca.gob.mx/decretos/tercero.html

Decreto 2005. Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2024. https://www.congresooaxaca.gob.mx/decretos/tercero.html

Decreto 2191 Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domino Teojomulco, Distrito de Sola de Vega, para el ejercicio fiscal 2024. https://www.congresooaxaca.gob.mx/decretos/tercero.html

Decreto 2254 Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, Distrito de Tuxtepec, para el ejercicio fiscal 2024. https://www.congresooaxaca.gob.mx/decretos/tercero.html

21. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 957, registro digital 182049, de texto: De lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, se advierte que en relación con la Ley de Ingresos y con el Presupuesto de Egresos de la Federación rige el principio de anualidad, consistente en establecer los ingresos que puede recaudar la Federación durante un ejercicio fiscal, así como la forma en que aquéllos han de aplicarse, con el fin de llevar un adecuado control, evaluación y vigilancia del ejercicio del gasto público, lo cual se patentiza con el hecho de que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de egresos de la Federación, en la cual se deberán contemplar las contribuciones a cobrar en el año siguiente, para cubrir el presupuesto de egresos, aunado a que en la propia Ley de Ingresos se establece que su vigencia será de un año, así como la de todas las disposiciones referentes a su distribución y gasto. En consecuencia, si la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos tienen vigencia anual y ésta concluyó, resulta indudable que no es posible realizar pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad, pues al ser de vigencia anual la materia de impugnación, y concluir aquélla, no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la constitucionalidad de la norma general impugnada, la sentencia no podría surtir plenos efectos, ya que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de invalidez de las sentencias dictadas en ese medio de control constitucional no tiene efectos retroactivos. Por tanto, procede sobreseer en la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción V, 59 y 65, todos de la mencionada ley reglamentaria.

22. Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

[...]

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

[...]

23. Artículo 45. Las sentencias prod

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200955-7718ffd5/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-del-poder-ejecutivo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.