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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO 65-549, POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMÓ LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 101/2023. · Registro digital (IUS): 200970
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 101/2023. DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 6 DE NOVIEMBRE DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO EN CONTRA DEL CAMBIO DE CRITERIO NORMATIVO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUAN LUIS HERNÁNDEZ MACÍAS.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 6 de noviembre de 2024, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 101/2023, promovida por diversas Diputadas y Diputados integrantes del Congreso del Estado de Tamaulipas en contra del Decreto 65-549, por medio del cual se reformó la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, expedido el día 28 de febrero de 2023 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 22 de marzo de 2023.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda por parte de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Tamaulipas. Por escrito depositado en las oficinas de Correos de México el 11 de abril de 2023 y recibido el 21 de abril de 2023 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversas Diputadas y Diputados integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas promovieron acción de inconstitucionalidad, mediante la cual solicitaron la invalidez del Decreto 65-549, por virtud del cual se reformó la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas (en adelante, “Ley de Funcionamiento Interno”), expedido el día 28 de febrero de 2023 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 22 de marzo de 2023.

2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, los promoventes expusieron los siguientes conceptos de invalidez:

a. Primero. El Decreto impugnado es inconstitucional por derivar de un procedimiento legislativo en donde se actualizaron diversas violaciones con potencial invalidante.

b. Para demostrarlo, la parte actora hace un breve recuento de los hechos que constituyeron el procedimiento legislativo del Decreto 65-549. En primer lugar, destaca que en la sesión del Pleno del Congreso local de 28 de febrero de 2023 no se previó en el orden del día la iniciativa con proyecto de reforma a la Ley de Funcionamiento Interno.

c. Durante la sesión, el Secretario de la Mesa Directiva dio cuenta de tal iniciativa sin especificar los artículos reformados para que el Presidente lo turnara a la comisión respectiva. Posteriormente, se concedió un receso para la sesión de la Comisión y, durante éste, se realizó el estudio de la iniciativa y se aprobó para su envío a Pleno sin haber existido convocatoria previa y con una integración ilegal en la Comisión.

d. Acto seguido, se reunió la Junta de Coordinación Política e incorporó en el orden del día de la sesión de Pleno la discusión y votación de la iniciativa de mérito. Una vez reanudada la sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dio aviso de la modificación del orden y se sometió a votación del Pleno la dispensa íntegra de los dictámenes. Previo a la votación, los Diputados Alejandra Cárdenas Castillejos y Luis René Cantú Galván solicitaron hacer uso de la voz lo cual les fue negado y se procedió a la votación de la dispensa.

e. Aprobada la dispensa, el Presidente de la Mesa Directiva, entregó los documentos de la iniciativa, únicamente, a la Diputada Alejandra Cárdenas Castillejos para que conociera de ella en virtud de su queja previa. Después de ello, se sometió a votación el dictamen de la Comisión de Estudios Legislativos y se aprobó por 19 votos de los 36 Diputados. Ante tal situación, el Presidente de la Mesa Directiva manifestó que resultaban suficientes por no ser necesario cumplir con la votación calificada de dos terceras partes prevista en el artículo 3 de la ley por resultar dicho precepto inconstitucional y haber sido inaplicado por criterio suyo.

f. La parte actora alega que, de conformidad con artículos 66 y 109 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y de la Ley de Funcionamiento Interno, existen supuestos de votación calificada para la aprobación de cierto tipo de reformas o decretos. Por su parte, el artículo 3° de la Ley de Funcionamiento Interno establece que las iniciativas cuyo objetivo sean modificar dicha ley deberán ser aprobadas por las dos terceras partes (24 votos) de los integrantes del Congreso situación que no aconteció en el caso.

g. A partir de estos elementos, la minoría actora considera que el Decreto impugnado es inconstitucional por no haber sido aprobado por la mayoría calificada requerida. Todo lo cual, se robustece con las consideraciones de este Máximo Tribunal en las controversias constitucionales 38/2005 y 110/2006 y la acción de inconstitucionalidad 124/2020 donde quedó demostrado la necesidad de cumplir con las votaciones exigidas so pena de que sean declaradas invalidas las iniciativas.

h. Aunado a ello, el procedimiento legislativo está viciado y fue contrario a las garantías de legalidad, certeza y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal al haber sido inaplicado un artículo de la Ley de Funcionamiento Interno por parte del Presidente de la Mesa Directiva facultad de la cual carece y cuya actuación significó una invasión de competencias del Poder Judicial de la Federación el cual es el único facultado para inaplicar normas.

i. En tercer lugar, el procedimiento reseñado transgrede el principio de democracia deliberativa y los artículos 79 y 97 de la Ley de Funcionamiento Interno. Ello como consecuencia de que a diversos legisladores se les negó el uso de la voz y, por ende, a participar en la deliberación y discusión del Decreto. Más aún, dichas afectaciones se exacerban al observar que el proyecto de dictamen no fue entregado dentro del plazo de 24 horas previas a la votación de la iniciativa y, solo al momento de la votación, se entregó a unos cuantos el contenido de ella.

j. Asimismo, el procedimiento violó el derecho de la minoría a participar en las discusiones en comisiones al haber sido citados minutos antes de que ésta se reuniera para el estudio del proyecto de iniciativa. Tal situación es contraria al principio de transparencia que debe regir en el Congreso del Estado.

k. Segundo. El Decreto 65-549 violenta el derecho de los diputados actores a participar en cargos del servicio público en condiciones de igualdad al ser discriminados por sus convicciones políticas. La razón está en la modificación al artículo 29 de la Ley de Funcionamiento Interno la cual modifica los requisitos de acceso para aspirar al cargo de Presidente de la Junta de Coordinación Política.

l. Antes de la emisión del Decreto 65-504, publicado el 13 de enero de 2023, cuyo contenido es materia de la acción de inconstitucionalidad 66/2023, la elección del Presidente de la Junta de Coordinación Política era mediante voto secreto por cédula. Ahora bien, el decreto impugnado reitera la eliminación de ese sistema y dificulta que la persona que tenga que garantizar el entendimiento político al interior del Congreso cuente con la suficiente legitimación democrática al establecer que será Presidente el coordinador del grupo parlamentario que más votos haya obtenido en la elección.

m. Además, el presente mecanismo significa una transgresión al derecho al voto y la posibilidad que los diputados electos compitan en igualdad de condiciones con sus pares por dicho cargo. Ya que imposibilita que personas ajenas al partido Morena puedan fungir como aspirantes al cargo al haber sido dicho partido el que tuvo más votos en la elección pasada.

n. Así, por medio de este cambio se traslada el poder de nombramiento de la Presidente de la Junta de Coordinación Política a factores externos al Congreso de Tamaulipas y ajenos al derecho parlamentario. Siendo una restricción inválida al ejercicio de los derechos de los actores, al ser discriminados por no pertenecer al ese partido político y violar un derecho adquirido.

o. Tercero. La reforma al artículo 29 de la Ley de Funcionamiento Interno es contrario a los artículos 39, 40, 41, 49, 52, 105, fracción II, 116 y 133 de la Constitución Federal y 22, 26 y 59, fracción de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas al modificar la estructura del gobierno del Congreso y, como resultado, vulnerar la división de poderes y el principio de certeza electoral.

p. El contenido del Decreto impugnado traslada la elección del Presidente y la supedita a aquel partido que haya tenido más votos en la elección anterior. De esta forma, desincentiva el diálogo y la negociación al interior del Congreso y atenta contra el objetivo de dicho puesto que es buscar la existencia entre consensos entre los distintos grupos políticos.

q. Dicho argumento se robustece a partir de la jurisprudencia 73/2001 del Pleno de este Máximo Tribunal de rubro: CLÁUSULA DE GOBERNABILIDAD. EL SISTEMA ASÍ CONOCIDO, QUE ASEGURABA EN LOS CONGRESOS LEGISLATIVOS LA GOBERNABILIDAD UNILATERAL DEL PARTIDO POLÍTICO MAYORITARIO, FUE MODIFICADO DESDE 1993, AL CULMINAR UNA SERIE DE REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE TIENDEN A CONSOLIDAR EL SISTEMA DEMOCRÁTICO, ADOPTANDO EL SISTEMA DE GOBERNABILIDAD MULTILATERAL QUE, POR REGLA GENERAL, OBLIGA A BUSCAR EL CONSENSO DEL PARTIDO MAYORITARIO CON LOS MINORITARIOS (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DE LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 41, 52, 54 Y 116 CONSTITUCIONALES).

3. Trámite y turno. Por proveído de 8 de mayo de 2023, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación registró el expediente relativo a la demanda presentada bajo el número 101/2023. Asimismo, turnó y designó como Instructor al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

4. Admisión. Por acuerdo de 12 de mayo de 2023, el Ministro Instructor tuvo por presentados a los promoventes con la personalidad con la que se ostentaron y admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad interpuesta. Por medio de este, se ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas para el efecto de que rindieran los informes respectivos, así como a la Fiscalía General de la República para que formulase lo que a su representación corresponda.

5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. Por escrito presentado el 28 de junio de 2023, el Diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva, en representación del Congreso del Estado de Tamaulipas, rindió su informe en donde sostuvo lo siguiente:

a. El Poder Legislativo del Estado debe de ser la única parte demandada porque el Poder Ejecutivo no interviene en el proceso de creación y el contenido del Decreto impugnado no le afecta, todo lo cual es de conformidad con el artículo 40 de la Constitución de Tamaulipas.

b. En cuanto al primer concepto de invalidez, el Poder local señala que éste es infundado por no existir violaciones al procedimiento legislativo. Afirma que resulta innecesario dar a conocer el contenido de la reforma porque de su simple lectura se puede apreciar su alcance y contenido al haberse modificado y agregado la frase “el mayor número de” y “acorde a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado de Tamaulipas” en los artículos 29 y 31 respectivamente.

c. La votación para su aprobación fue realizada de conformidad a lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Constitución local, por lo tanto, fue conforme a derecho. Asimismo, el artículo 3° de la Ley de Funcionamiento Interno fue correctamente inaplicado al ser contrario a la Constitución Federal y al ser materia de la acción de inconstitucionalidad 101/2022 pendiente de resolver.

d. Por estos motivos, y ante el mandato previsto en el artículo 1° de la Constitución Federal de respetar y proteger los derechos humanos era procedente la inaplicación de un artículo que eleva los estándares de votación sin sentido alguno contraviniendo el marco constitucional federal y local.

e. En consecuencia, el procedimiento legislativo tampoco transgrede los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal al haberse apegado a las disposiciones constitucionales aplicables. Al mismo tiempo, tampoco es cierto que el Presidente de la Mesa Directiva se haya arrogado facultades exclusivas del Poder Judicial de la Federación, ya que, como bien lo establece el mandato del artículo 1o. es obligación de todas las autoridades proteger los derechos humanos.

f. El segundo concepto de invalidez es inoperante por formular argumentos a partir de la afectación a la esfera particular de los individuos promoventes y no esgrimir premisas abstractas que sirvan para contrastar el contenido de la reforma y la Constitución Federal.

g. Al no corresponder los planteamientos a la presente vía de control de constitucionalidad y, con apoyo en la jurisprudencia 90/2011 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de rubro: PODERES LEGISLATIVOS DE LOS ESTADOS. TRATÁNDOSE DE SUS LEYES ORGÁNICAS NO PUEDE ALEGARSE, A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PARTIENDO DE QUE QUIENES INTEGRAN EL CONGRESO LOCAL TIENEN DERECHOS ADQUIRIDOS, O BIEN, DE SITUACIONES JURÍDICAS CREADAS AL AMPARO DE LA LEY ANTERIOR, QUE IMPIDAN UNA REFORMA, éste debe de ser calificado como inoperante.

h. Es incorrecta la premisa sobre la supuesta discriminación que genera la reforma al artículo 29 de la Ley de Funcionamiento Interno porque ésta claramente resulta aplicable a todas las personas que pretendan aspirar a ser Diputadas y Diputados, por lo que, no existen una afectación específica a un grupo por alguna condición particular.

i. Aunado a ello, el Decreto impugnado no traslada las condiciones de nombramiento a un poder externo, sino que, maximiza la decisión electoral del pueblo al vincular el cargo de la Presidencia a los intereses y preferencias de la ciudadanía.

j. El tercer concepto de invalidez también es infundado al no tener razón sobre que las modificaciones en los requisitos para ejercer el cargo de Presidente de la Mesa Directiva atenten contra el modelo democrático.

k. Al contrario, la presente reforma reitera y amplifica el principio de soberanía popular previsto en la Constitución Federal al hacer depender el ejercicio del cargo a las preferencias del electorado. De hecho, un resultado directo de este nuevo mecanismo es el dotar de una mayor legitimidad a la persona que ostente dicho puesto al estar íntimamente vinculado con los intereses políticos así expresados en la elección anterior.

6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. Por otro lado, mediante escrito recibido el 6 de julio de 2023, Jorge Luis Beas Gámez, en su carácter de Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, acudió a rendir su informe a través del cual manifestó lo siguiente:

a. El Poder Ejecutivo del Estado se limitó a cumplir con sus obligaciones constitucionales, por lo que, en estricto apego a ellas publicó el Decreto impugnado. Sin embargo, dicha reforma no contraviene ni afecta los derechos de las Diputadas y Diputados promoventes.

b. Asimismo, destaca que la naturaleza de las acciones de inconstitucionalidad como medio de control de constitucionalidad es una de carácter abstracto y, por lo tanto, los argumentos esgrimidos por los promoventes a partir de las afectaciones concretas a sus esferas de derechos resultan inatendibles en la presente vía por lo que se declarar la improcedencia de la acción intentada.

7. Pedimento del Fiscal General de la República y manifestaciones del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. Ninguno de ambos órganos formuló manifestación alguna o pedimento.

8. Alegatos. Por escrito recibido de 4 de septiembre de 2023, Humberto Armando Prieto Herrera, en su carácter de Presidente de la Diputación Permanente del Segundo Período de receso correspondiente al Segundo Período Ordinario de la Legislatura 65 del Congreso de Tamaulipas, en representación de dicho ente, formuló alegatos.

9. Cierre de la instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos respectivos de las partes, y encontrándose debidamente instruido el procedimiento, mediante acuerdo de 18 de septiembre de 2023, el Ministro instructor determinó el cierre de instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

10. Escrito de sobreseimiento. Por escrito presentado el 17 de octubre de 2023 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, Linda Mireya González Zúñiga, solicitó el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad al haber cesados los efectos de las normas impugnadas con motivo de la expedición de los Decretos 65-615 y 65-619 de fechas 6 y 8 de julio de 2023, respectivamente.

11. Radicación a Primera Sala. Como consecuencia del dictamen emitido por el Ministro Instructor, mediante acuerdo de 20 de febrero de 2024, la Ministra Presidenta de este Máximo Tribunal ordenó la radicación del asunto a la Primera Sala.

12. Avocamiento a Primera Sala. Por auto de 29 de febrero de 2024, el Ministro Presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte acordó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y remitieran los autos a la ponencia del Ministro Instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

II. COMPETENCIA

13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d) de la Constitución Federal; 10, fracción I y 11, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto segundo, fracción II del Acuerdo General número 1/2023, al plantearse el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 65-549, en donde resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

14. Del estudio íntegro del escrito de demanda se advierte que los accionantes impugnaron la totalidad del contenido del Decreto 65-549, pues consideraron que se encuentra viciado en su totalidad al haberse violado las reglas del procedimiento legislativo que le dio origen. Por lo tanto, esta Primera Sala tiene como impugnado el decreto en cuestión en su totalidad.

IV. SOBRESEIMIENTO

15. Por escrito de 17 de octubre de 2023, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Tamaulipas informó a esta Suprema Corte que las normas impugnadas en la presente acción de inconstitucionalidad habían sido reformadas por medio de decretos posteriores al cierre de instrucción del presente medio de control constitucional. Por este motivo, solicitó a este Tribunal Constitucional el sobreseimiento del presente asunto.

16. En este sentido, si bien es cierto que en estricto sentido no se invocaron causales de improcedencia durante la etapa de instrucción de la presente acción de inconstitucionalidad, el estudio de dichas causales es de orden público y, por lo tanto, esta Suprema Corte debe estudiarlas de oficio. En esos términos, esta Primera Sala advierte que se actualiza la casual de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la materia,(1) misma que resulta aplicable en acciones de inconstitucionalidad en términos de los artículos 59 y 65 de ese ordenamiento.(2)

17. Como consecuencia, resulta innecesario analizar la oportunidad y legitimación de las partes, pues con independencia de que tales presupuestos procesales se colmen la causal de improcedencia aludida torna imposible la emisión del pronunciamiento de fondo de esta acción.

18. La cesación de efectos de las normas impugnadas se actualiza con motivo de dos nuevos actos legislativos consistentes en la emisión de los Decretos 65-615 y 65-619, emitidos por el Congreso de Tamaulipas con fecha de 6 y 8 de julio de 2023, respectivamente. Por virtud de ellos, quedan cesados los efectos del Decreto 65-549. Las razones que sostienen esta conclusión se exponen enseguida.

19. El Tribunal Pleno ha establecido que para que proceda el sobreseimiento por cesación de efectos como resultado de un nuevo acto legislativo se deben de configurar dos requisitos: un criterio formal y uno material o sustantivo. El requisito formal requiere que el acto haya sido emitido como resultado de un proceso legislativo. Por su parte, el requisito material se traduce en que la modificación haya implicado un cambio normativo que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de tal suerte que un nuevo acto legislativo implica necesariamente una modificación al sentido normativo de la disposición.(3)

20. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles(4) —de aplicación supletoria en términos del artículo 1° de la Ley Reglamentaria de la materia—(5) constituyen hechos notorios la publicación de los Decretos número 65-615 y 65-619 de 6 y 8 de julio de 2023 en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas mediante los cuales se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

21. A partir de estos hechos, es indudable que el criterio formal ha sido cumplido, pues la expedición de ambos Decretos es prueba suficiente que demuestra la existencia de los procedimientos legislativos que culminaron con las respectivas emisiones de los Decretos destacados.

22. Para el análisis del requisito material resulta necesario contrastar las normas modificadas a través del Decreto 65-549 y las reformas con motivo de los Decretos 65-615 y 65-519. Para tal ejercicio sirve de apoyo la siguiente tabla comparativa que evidencia los cambios normativos materia de las reformas.

Ver tabla comparativa

23. Como se expuso en la síntesis de los conceptos de invalidez en el apartado anterior, la minoría accionante alegó que el Decreto 65-549 era inconstitucional porque habían existido diversos vicios al procedimiento legislativo con potencial invalidante. Asimismo, sostuvieron que la modificación al artículo 29 de la ley destacada transgredía el derecho de los diputados accionantes a competir en condiciones de igualdad por cargos del servicio público. Aunado ello, la reforma a dicho artículo implicaba una discriminación por sus convicciones políticas. Por último, manifestaron que con dicha alteración se reestructuraba el gobierno del Congreso con lo cual se vulneraban los principios de división de poderes y certeza electoral.

24. Ahora bien, el análisis del numeral 2, del artículo 29, demuestra que la modificación que se realizó por medio del Decreto 65-615 introdujo un supuesto adicional para la elección al cargo de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, pues mientras en el Decreto impugnado se estableció que la Presidencia correspondería al Coordinador del Grupo Parlamentario cuyo partido político hubiera obtenido el mayor número de votos en la elección de la legislatura correspondiente, en la reforma más reciente se añadió un supuesto adicional a manera de disyunción, el cual consisten en haber ganado más distritos de mayoría en el Estado.

25. Es precisamente a partir de la adición de esta segunda hipótesis que el sistema de criterios de elección para el puesto de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política fue modificado sustancialmente, pues ahora existen dos criterios que, a manera de disyunción, conviven en el sistema de selección de la Presidencia. Por esta razón, es incuestionable que existió un cambio de sentido normativo en la manera de acceder a tal puesto.(6)

26. En consecuencia, a partir de esta nueva redacción queda claro que se configuró un nuevo acto legislativo respecto del artículo 29 y, en consecuencia, cesaron los efectos de la norma originalmente impugnada con motivo del Decreto 65-549. Por lo tanto, resulta improcedente su estudio de fondo y lo correcto es decretar el sobreseimiento con relación a este artículo al actualizarse la causal de improcedencia por cesación de efectos.

27. Respecto del artículo 31 reformado por medio del Decreto 65-549 y, posteriormente, en el Decreto 65-619, esta Primera Sala también considera que también ha existido un cambio de sentido normativo. Como resultado, se ha actualizado la causal de cesación de efectos ante la emisión de un nuevo acto legislativo, de ahí que lo correspondiente sea sobreseer en relación con éste.

28. El contraste entre ambos actos normativos demuestra que existió un cambio en la naturaleza y funcionalidad de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas. La norma originalmente impugnada disponía que la Junta de Coordinación Política era el órgano de dirección política del Poder Legislativo Local, sin embargo —con motivo de la publicación del decreto 65-619— su naturaleza jurídica se transformó y pasó de ser un “órgano de dirección política” a uno “coadyuvante” que apoya a la Junta de Gobierno del Congreso local.

29. El cambio sustancial en la naturaleza de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas implica, desde luego, un cambio de sentido normativo que reconfiguró tanto la existencia como la funcionalidad de este órgano parlamentario. Este cambio hace imposible que esta Suprema Corte analice la validez de esta nueva norma con base en la causa de pedir original de la minoría accionante.

30. Este cambio normativo actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos por lo que hace al artículo 31, fracción I, impugnado, por lo que procede decretar el sobreseimiento también respecto de este.

31. En virtud de que los dos artículos que constituyen la totalidad del contenido del Decreto 65-549 han cesado sus efectos como resultado de la existencia de dos nuevos actos legislativos, lo procedente es decretar el sobreseimiento total en la presente acción de inconstitucionalidad al no ser factible el estudio de fondo de los artículos impugnados.

32. Al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la propia ley —ambos aplicables en términos de los artículos 59 y 65 de ese mismo ordenamiento— se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.

V. DECISIÓN

33. Por lo antes expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.

Notifíquese; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros y las Ministras Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (Ponente), y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien está con el sentido, pero en contra del cambio de criterio normativo.

Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

PONENTE

MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

MAESTRO RAÚL MENDIOLA PIZAÑA

________________

1. “Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [...]

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; [...]”.

2. “Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este Título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título II.”.

“Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20.

La (sic) causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad.”.

3. Véase la tesis de jurisprudencia número P./J. 25/2016 (10a.) emitida por el Pleno con rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO.”, disponible para su consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, octubre de dos mil dieciséis, Tomo I, página 65 y registro electrónico 2012802.

4. Artículo 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.”.

5. “Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.”.

6. Consideraciones similares, que se comparten, fueron sostenidas por la Segunda Sala al resolver la acción de inconstitucionalidad 66/2023, en sesión de 29 de noviembre de 2023,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200970-f05aec10/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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