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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 224 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 214/2023 Y SU ACUMULADA 220/2023. · Registro digital (IUS): 200981
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIVERSOS SENADORES Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 214/2023 Y SU ACUMULADA 220/2023. DIVERSOS SENADORES Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 15 DE ENERO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. LA MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA VOTÓ CONTRA ALGUNAS CONSIDERACIONES. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: JAZMÍN BONILLA GARCÍA.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de enero del dos mil veinticinco emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelven los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 214/2023 y su acumulada 220/2023 promovidas por diversos senadores y diputados del Congreso de la Unión.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Por escrito recibido el ocho de noviembre del dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversas y diversos integrantes del Senado de la República del Congreso de la Unión promovieron acción de inconstitucionalidad contra el Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (en lo sucesivo LOPJF) publicado en el Diario Oficial de la Federación (en lo sucesivo DOF) el veintisiete de octubre del dos mil veintitrés.

2. En acuerdo de trece de noviembre siguiente, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación formó y registró el expediente con el número 214/2023 y designó al Ministro Javier Laynez Potisek como instructor.

3. Por escrito recibido el veinticuatro de noviembre del mismo año integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión también promovieron acción de inconstitucionalidad contra el Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la LOPJF publicado en el DOF el veintisiete de octubre del dos mil veintitrés

4. Mediante proveído de veintisiete del mismo mes y año, el Ministro instructor tuvo por recibida la demanda de acción de inconstitucionalidad a que se refiere el numeral anterior con el número 220/2023 y decretó la acumulación del expediente a la diversa acción promovida por integrantes del Senado de la República.

5. En acuerdo de cinco de diciembre del dos mil veintitrés se admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, se solicitó informe al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal y se dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara pedimento.

6. En acuerdo de treinta de enero del dos mil veinticuatro se tuvieron por rendidos, respectivamente, los informes de las autoridades legislativas y del Ejecutivo Federal en ambas acciones de inconstitucionalidad quienes propusieron diversos argumentos defendiendo la constitucionalidad de las normas impugnadas. En el mismo auto se dio el plazo para formular alegatos.

7. En proveído de siete de marzo del año en curso se tuvo a las autoridades del Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal formulando alegatos y se declaró cerrada la instrucción.

I. COMPETENCIA

8. Esta Segunda Sala es legalmente competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo ley reglamentaria) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario 1/2023, toda vez que se cuestiona la constitucionalidad de una norma federal que regula cuestiones orgánicas del Poder Judicial de la Federación y resulta innecesaria la intervención del Pleno.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

9. La norma impugnada en esta acción de inconstitucionalidad es el Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la LOPJF publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre del dos mil veintitrés, cuyo contenido es el siguiente:

DECRETO

EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 224 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 224. ...

En el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los órganos del Poder Judicial de la Federación que funjan como fideicomitentes deberán coordinarse con las instituciones que funjan como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fideicomisos que no se ajusten a lo que establece el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y dar por terminados los mandatos correspondientes, con la finalidad de que en el plazo máximo de ciento veinte días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, se suscriban los convenios de extinción o terminación respectivamente, en términos de las disposiciones aplicables.

Tercero. Las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que por razón del presente Decreto se extinguen o terminan, serán atendidas con los recursos que correspondan de los propios fideicomisos, de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardando los derechos que correspondan.

Cuarto. Los recursos remanentes, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, independientemente del ejercicio fiscal en que se hayan originado y que formen parte de los instrumentos jurídicos que por razón del presente Decreto se extinguen o terminan, deberán enterarse en términos del artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a las unidades administrativas con funciones de tesorería en los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación, las que a su vez, deberán enterar la totalidad de dichos recursos a la Tesorería de la Federación al término del plazo señalado en el artículo segundo transitorio del presente Decreto.

Quinto. Los recursos a que se refiere el transitorio anterior deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo.

El Poder Judicial de la Federación, a través de sus órganos competentes, deberá publicar un informe individual, desagregado y pormenorizado por cada instrumento extinto a través del presente Decreto, en el cual se indiquen los montos enterados a la Tesorería de la Federación en términos del transitorio inmediato anterior, en observancia a los principios de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública, máxima publicidad y conexos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El Poder Judicial de la Federación, a través de sus órganos competentes contará con un plazo máximo de siete días hábiles para publicar el informe al que se refiere el párrafo inmediato anterior contados a partir del día siguiente al que se realice el entero correspondiente a la Tesorería de la Federación.

III. OPORTUNIDAD

10. La acción de inconstitucionalidad de las diversas senadoras y diversos senadores fue promovida dentro el plazo previsto en el artículo 60 de la ley reglamentaria dado que el decreto impugnado se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre del dos mil veintitrés, por lo que el plazo de treinta días naturales para impugnarlo transcurrió del sábado veintiocho de octubre al domingo veintiséis de noviembre siguiente. Por tanto, si la demanda fue recibida el ocho de noviembre del dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta claro que su promoción fue oportuna.

11. También se promovió oportunamente la acción de inconstitucionalidad de diversas diputadas y diversos diputados ya que su demanda se recibió el viernes veinticuatro de noviembre del dos mil veintitrés, esto es, dentro del plazo que quedó precisado en el párrafo anterior.

IV. LEGITIMACIÓN

12. La demanda de la minoría del senado de la República fue promovida por parte legitimada en términos del artículo 105, fracción II, inciso b), constitucional, ya que acude el treinta y nueve por ciento (39%) de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Senado de la República, pues si suscriben la demanda cincuenta (50) de los ciento veintiocho (128) senadores que integran esa cámara del Congreso de la Unión en términos del artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene un porcentaje de treinta y nueve punto cero seis por ciento (39.06 %).

13. La demanda de las diputadas y los diputados también fue promovida por parte legitimada en términos del artículo 105, fracción II, inciso a), constitucional, ya que acude el treinta y nueve punto ocho por ciento (39.8%) de la Sexagésima Quinta Legislatura, pues si suscriben la demanda ciento noventa y nueve (199) de los quinientos (500) senadores que integran esa cámara del Congreso de la Unión en términos del artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene el referido porcentaje.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

14. Esta Segunda Sala advierte que debe sobreseerse en la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada en virtud de un cambio de situación jurídica como a continuación se demuestra.

15. Como se mencionó, la parte accionante impugnó el Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la LOPJF publicado en el DOF el veintisiete de octubre del dos mil veintitrés que quedó transcrito en el apartado II de esta sentencia.

16. El decreto impugnado se compone de la adición de un segundo párrafo al artículo 224 de la LOPJF y de diversos artículos transitorios. La norma adicionada establece:

Artículo 224. ...

(...)

En el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente.

17. Por su parte, los artículos transitorios establecen la entrada en vigor del decreto y una serie de disposiciones que establecen los actos y procesos que deben llevar a cabo los órganos del Poder Judicial de la Federación que funjan como fideicomitentes a efecto de extinguir los fidecomisos que no se ajusten a lo previsto en el referido párrafo adicionado.

18. Ahora bien, mediante decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre del dos mil veinticuatro, se reformaron diversos preceptos constitucionales en materia judicial, entre ellos, el artículo 100, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto dice:

Artículo 100. El Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.

(...)

En el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley.

19. Además, en el artículo décimo transitorio, segundo y último párrafos, del decreto de reformas constitucionales, se estableció:

Décimo. Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables. Las Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electas por la ciudadanía para un nuevo periodo conforme al segundo párrafo del artículo Segundo transitorio de este Decreto, serán acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de veinte días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho, mismas que serán cubiertas con los recursos federales a que se refiere el párrafo siguiente al momento de su retiro.

Los órganos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda.

Los recursos federales a que se refiere el párrafo anterior deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la implementación del presente Decreto y a los demás fines que esta determine.

20. Como se ve, con posterioridad a la entrada en vigor del decreto legislativo materia de impugnación en el expediente que se resuelve, se publicó una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, por un lado, establece como texto constitucional la misma disposición que el segundo párrafo del artículo 224 de la LOPJF aquí impugnado al establecer que [e]n el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley y, por otro, prevé en sus disposiciones transitorias la extinción de todos los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que no estén previstos en ley.

21. Es decir, con posterioridad a la entrada en vigor del decreto legislativo aquí impugnado, la prohibición para el Poder Judicial de la Federación de crear fideicomisos y la instrucción de extinguir aquellos que no estén previstos en ley, se encuentra ahora dispuesta desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por decisión su poder -y no del legislador federal ordinario.

22. Esto evidencia que ha operado un cambio de la situación jurídica que imperaba al momento de la promoción de la demanda y que conlleva al sobreseimiento en el juicio porque tanto la prohibición para crear fideicomisos como la orden de extinguirlos subsistirían a pesar de que se declarara la invalidez constitucional de la LOPJF aquí impugnada, simplemente porque así lo dispone ya la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

23. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis aislada 2a. LIX/2004, de la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1530, que dice:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL CARGO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL DECRETADA POR UNA LEGISLATURA ESTATAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, SI ANTES DE DICTAR SENTENCIA SE EMITE LA RESOLUCIÓN QUE LO DESTITUYE. El artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las controversias constitucionales son improcedentes en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esa ley. Ahora bien, entre dichos supuestos debe considerarse la derivada del cambio de situación jurídica que imperaba al momento de la presentación de la demanda, como acontece cuando a través de ese medio de control de la constitucionalidad se impugna la resolución de la Legislatura de una entidad federativa que en un procedimiento administrativo de responsabilidad determina suspender provisionalmente de su cargo al Presidente Municipal de un Ayuntamiento y posteriormente, dentro del mismo procedimiento, resuelve destituirlo, sin que esta última resolución se impugne, habida cuenta que la suspensión inicialmente decretada subsistiría a pesar de que se declarara su invalidez constitucional, porque no obstante que conforme a los artículos 39 y 40 de la ley reglamentaria de la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios, así como los errores en la cita de los preceptos invocados a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, ello no le autoriza a tener por impugnados actos que no fueron combatidos, ya que tal proceder implicaría dejar en estado de indefensión a las demás partes porque se les privaría del derecho que la propia ley les otorga para defender la constitucionalidad de sus actos, además de que, en todo caso, la falta de impugnación del nuevo acto es imputable al propio actor, pues tenía la oportunidad de ampliar la demanda y combatir los actos dictados con posterioridad a su presentación, como lo autoriza el artículo 27 de la citada Ley.

24. Así como la tesis de jurisprudencia P./J. 116/2000 del Tribunal Pleno, también aplicada por analogía, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre del 2000, página 970, que dice:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE SI POR HABER OPERADO UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CARECE DE OBJETO EL PRONUNCIAMIENTO DE FONDO. La acción de controversia constitucional resulta improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 105, fracción I a contrario sensu, de la propia Ley Suprema, si habiéndose ejercitado por un Municipio en contra de un decreto legislativo que anuló un acuerdo de Cabildo que ordenó la suspensión de uno de sus miembros, durante el curso del procedimiento concluye el periodo para el que había sido electo el munícipe suspendido, pues aun cuando subsista dicho acto, carece ya de objeto por haber operado un cambio de situación jurídica que hace inútil el estudio y pronunciamiento de fondo, ya que siendo la tutela jurídica de ese medio de control constitucional la preservación del orden establecido en la Constitución Federal, es obvio que al no poderse retrotraer, materialmente, el periodo legal de funcionamiento del mencionado integrante del Ayuntamiento, la acción de controversia constitucional es ineficaz.

25. Consecuentemente, debe decretarse el sobreseimiento en las acciones de inconstitucionalidad.

Por lo antes expuesto, se resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 214/2023 y su acumulada 220/2023.

Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, Ministro Alberto Pérez Dayán, Ministra Lenia Batres Guadarrama y Presidente Javier Laynez Potisek (ponente). La Ministra Yasmín Esquivel Mossa votó contra algunas consideraciones.

Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA Y PONENTE

MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK

SECRETARIA DE ACUERDOS

CLAUDIA MENDOZA POLANCO

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200981-6ef575cf/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-equivalente-al-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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