I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (FRACCIÓN ARANCELARIA 8543.40.01 DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 97/2022. DIVERSOS SENADORES INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 19 MARZO 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOZUE TONATIUH ROMERO MENDOZA.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 97/2022, promovida por diversos Senadores y Senadoras integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, contra el Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) el siete de junio de dos mil veintidós, específicamente las fracciones arancelarias 8543.40.01, 8543.90.03 y 3824.99.83. (en adelante el Decreto).
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial de demanda. Por escrito recibido el siete de julio de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de este Alto Tribunal, diversas senadurías integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión presentaron demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de:
“Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2022, específicamente las fracciones arancelarias 8543.40.01, 8543.90.03 y 3824.99.83.”
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la parte accionante expuso los siguientes conceptos de invalidez:
Primero. Violación al derecho a la salud en relación con el libre desarrollo de la personalidad y el interés superior de la niñez.
• Las prohibiciones de importación y exportación de cualquier unidad de cigarrillo electrónico y dispositivos personales de vaporización eléctricos o electrónicos similares, incluyendo aquellos novedosos y emergentes que utilicen tabaco calentado, los SEAN, SSSN y SACN y similares; así como de sus partes reconocidas y las soluciones y mezclas utilizadas en dichos insumos, constituye una prohibición absoluta a ellos, que a su vez se rige como restricción injustificada y desproporcional de los derechos fundamentales.
• Los cigarros electrónicos y dispositivos de vaporización eléctricos son aparatos usados por adultos, para consumo personal en tratamientos o de manera recreativa, siendo elección propia, por lo que el Estado no debe intervenir en el despliegue de la libertad general del individuo y debe respetar, correlativamente, la facultad que tiene de desarrollar su personalidad libremente.
• La prohibición del Congreso transgrede el derecho al libre desarrollo de la personalidad e incentiva un mercado negro de consumo irregular cuyo efecto daña los bienes jurídicos que la norma pretende tutelar, como lo es el derecho a la salud.
• La norma no es idónea y existen formas menos restrictivas de lograr los objetivos de la ley, distintas a la prohibición absoluta, exploradas en mercados similares, como en comercialización de tabaco en cigarros convencionales, donde se opta por fiscalizar, certificar sanitariamente, informar y en términos generales, regular y atender un mercado que existe.
• La normativa impugnada no supera el test de proporcionalidad, ya que, si bien persigue una finalidad constitucional legítima como lo es la protección a la salud de las personas, prevista en el artículo 4 de la Constitución Federal, la medida no cumple con las restantes garantías.
• Medidas como agregar impuestos al consumo para desincentivar la compra, tal y como funciona con el tabaco convencional y el alcohol; aumentar el precio de los cigarros electrónicos; agregar límites de edad para la compra y consumo; implementar programas sociales para atender daños a la salud; etiquetados con advertencias sanitarias sobre los riesgos, son medidas que se pueden implementar y no sólo la prohibición absoluta, la cual fomenta el intercambio clandestino de productos que no se encuentran sujetos a controles de calidad, lo que aumenta el riesgo del consumidor y facilita el acceso para menores de edad, razón por la cual más de sesenta países han optado por la regulación de los dispositivos en cuestión.
• Nuestro país no tiene regulación adecuada para las alternativas de nicotina, lo que en lugar de impedir su comercialización ha propiciado una oferta sin verificación, control de calidad y restricción. La experiencia comparada arroja que la prohibición y falta de regulación no permiten consolidar políticas públicas en beneficio de la colectividad.
• En julio de dos mil veintiuno, la Organización Mundial de la Salud refirió que los sistemas electrónicos de administración de nicotina deben regularse para maximizar la protección de la salud pública y los esfuerzos deben seguir centrados en reducir el consumo de cigarros a nivel mundial. Más de sesenta países en el mundo, firmantes del Convenio Marco para el Control del Tabaco, han optado por la regulación, incluso viniendo de una prohibición absoluta, en lugar de mantener o buscar la prohibición de estos productos.
• La evidencia internacional muestra que las alternativas de consumo de nicotina no son "puerta de entrada" para que jóvenes inicien o incrementen el consumo de cigarros ya que la mayoría de los adolescentes "vapeadores", realizan la actividad con poca frecuencia y ocasionalmente, sólo quienes han fumado previamente son los que vapean con más frecuencia, siendo que la mayor cantidad de jóvenes son fumadores previos que acabaron vapeando o dejaron de fumar y no al revés, por lo que el vapeo funciona como "puerta de salida" del tabaquismo.
• La falta de regulación de esos productos origina que los comercializados en canales informales, utilicen colores, sabores y olores que llaman la atención de niños y jóvenes, atrayéndolos a su consumo, además de que se utiliza a influencers para su promoción, invitando a los jóvenes a ser parte de un estilo de vida, sin que exista campañas informativas que contrarresten el contenido que niñas y niños consumen diariamente.
• En dos mil veintiuno dicha organización mundial, en relación con la Epidemia Mundial de Tabaquismo, afirmó que los SEAMs deben reglamentarse y acusó que la falta de revisión por los Estados permite campañas dirigidas especialmente a los niños y adolescentes mediante su promoción y otros productos de nicotina y tabaco, a través de miles de sabores atractivos.
Segundo. Violación a la libertad de comercio.
• Las normas impugnadas restringen desproporcionadamente la libertad de comercio, contractual y de trabajo, de importadores y comercializadores de los insumos prohibidos, previstos en los artículos 5o., párrafo primero, de la Constitución General de la República, 6 del Protocolo de San Salvador y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; ya que la importación y la comercialización son actividades de la cadena de valor de los productos relevantes entre las que existe un vínculo indisoluble, de tal manera que prohibiéndose su importación, necesariamente, se erradica la comercialización al interior de la República, al desaparecer, por ilícitas, las fuentes de insumos indispensables para que se lleve a cabo la actividad de comercializar a los consumidores finales.
• La normativa impugnada es una restricción que no supera el test de proporcionalidad, en específico, la tercera y cuarta gradas de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, esencialmente, por las razones por las que este Alto Tribunal, en la contradicción de tesis 39/2021, declaró la inconstitucionalidad de la prohibición análoga de la fracción VI, del artículo 16, de la Ley General para el Control del Tabaco, para comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que los identifique con productos del tabaco.
Tercero. Violación al principio de igualdad.
• Conforme con la línea jurisprudencial sustentada por este Alto Tribunal en torno al principio de igualdad, así como lo resuelto por la Primera Sala en el amparo en revisión 435/2019 del que derivó la tesis 1a. XVI/2020 (10a.), del título y subtítulo: “CONTROL DEL TABACO. EL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD”, se advierte que la prohibición absoluta contenida en la normativa impugnada resulta contraria al principio de igualdad.
• En ese precedente se analizó el artículo 16, fracción VI, de la Ley General de Control de Tabaco que contenía la prohibición de comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea del tabaco, pero que por algún elemento lo emule y se consideró que era absoluta y sobreinclusiva, por lo que era contraria al principio de igualdad, al generar trato diferenciado sin justificación entre situaciones comparables, ya que:
- Prohibía por igual productos que no eran del tabaco, sin importar su grado de incidencia en la salud de las personas.
- Mientras la Ley General para el Control de Tabaco no establecía una prohibición absoluta a los productos de tabaco, sino que los regulaba a través de licencias o prohibiciones específicas, en cambio, sí prohibía absolutamente a los productos que emulaban al tabaco a pesar de que ambos esquemas regulatorios, compartían la misma finalidad de combatir el tabaquismo y proteger la salud.
- A pesar de que los productos del tabaco en estricto sentido son los que constituyen un riesgo directo a la salud, estos sí podían comercializarse, a diferencia de los productos que los emulaban.
• El mismo trato diferenciado indebido es el que se advierte de la normativa impugnada, ya que generan un mejor trato para los productos de tabaco (que son los directamente relacionados con la afección a la salud) contenidos en las fracciones arancelarias 2401.10.02, 2401.10.03, 2402.20, puesto que sólo se les impone una tasa impositiva para efecto de su comercio exterior; en tanto que a los productos que lo emulan, contenidos en las fracciones arancelarias 8543.40.01, 8543.90.03 y 3824.99.83 se les impone una prohibición absoluta de importación y exportación.
• Las normas impugnadas no superan un test ordinario de igualdad en términos de lo resuelto por la Primera Sala en el referido amparo en revisión 435/2019.
Cuarto. Violación a la competencia y libre concurrencia.
• La normativa impugnada viola en perjuicio de los agentes económicos que participan en los mercados de importación y comercialización de los productos relevantes y, de manera superlativa, de los consumidores de dichos productos, el derecho que tienen de beneficiarse del proceso de competencia y libre concurrencia, previsto por el artículo 28 de la Constitución Federal, al existir probada y creciente demanda de los productos prohibidos, que sirven como sustitutos cercanos al consumo de tabaco tradicional, que potencialmente, es más dañino para la salud.
• La prohibición absoluta prevista en la normativa impugnada anula la importación de todo tipo de cigarrillo electrónico, incluyendo los productos de tabaco calentado (PTC), así como los distintos sistemas de administración de nicotina y similares, por sus siglas, respectivamente, SEAN, SSSN y SACN, lo que es una barrera a la competencia y libre concurrencia en los mercados de importación y comercialización de los productos relevantes en el país infringiendo el derecho de los consumidores, de obtener los beneficios que se siguen de la presión competitiva que ejercen los oferentes de esos productos sobre sus contrapartes convencionales, además de impedirles el acceso a la más amplia gama de productos que presentan probados beneficios con respecto a su competencia, lo anterior con sustento en bases científicas cuestionables en el mejor de los casos e inexistentes en el peor.
• Los productos prohibidos por la normativa impugnada responden a un nuevo enfoque para combatir la crisis de salud pública por el consumo masivo de productos de tabaco convencional, son alternativa para los consumidores a efecto de dar por terminado su consumo de nicotina gradualmente y los daños a la salud que derivan de la combustión, donde los índices de toxinas pueden ser cuatrocientas cincuenta veces menores en esos medios alternativos.
• De la perspectiva comparada con otros países, se aprecia que el uso de los productos relevantes prohibidos por la normativa impugnada o de cualquier alternativa para el consumo de nicotina está asociado a la voluntad de gradualmente dejar de fumar, siendo en Inglaterra donde los vaporizadores de nicotina fueron la ayuda más popular para dejar de fumar en dos mil veinte.
3. Admisión y trámite. Por acuerdo de ocho de julio de dos mil veintidós el entonces Ministro Presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 97/2022 y turnarlo a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que fungiera como instructora del procedimiento.
4. Por acuerdo de trece de julio de dos mil veintidós la Ministra Instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, tuvo por designados a los delegados, requirió a las Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión, para que rindieran sus respectivos informes y remitieran copias certificadas del proceso legislativo del Decreto impugnado. Asimismo, al Poder Ejecutivo Federal a quien le requirió copia certificada del Diario Oficial de la Federación en el que se publicó el Decreto impugnado. Ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República en términos del artículo 10, fracción IV de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Informe del Senado. Por escrito recibido el once de agosto de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de este Alto Tribunal, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, rindió el informe solicitado.
6. Informe del Poder Ejecutivo Federal. Por escrito recibido el diecinueve de agosto de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de este Alto Tribunal, María Estela Ríos González, en su calidad de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, rindió el informe correspondiente.
7. Informe de la Cámara de Diputaciones. Por escrito recibido el veintidós de agosto de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de este Alto Tribunal, Sergio Gutiérrez Luna en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas, rindió el informe solicitado.
8. Alegatos. Por escritos recibidos el seis y siete de septiembre de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de este Alto Tribunal, el Senado y la Consejería Jurídica el Ejecutivo Federal (en adelante la Consejería o CJEF) presentaron sendos alegatos. En las mismas fechas, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, la parte accionante y la Cámara de Diputaciones hicieron lo propio.
9. Cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintidós la Ministra Instructora tuvo por presentados los alegatos y declaró el cierre de la instrucción en el presente medio de control constitucional.
10. Avocamiento a la Segunda Sala. Previo dictamen respectivo, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento. Mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veinticinco dictado por el Ministro Presidente de la Segunda Sala de este Tribunal Constitucional, se avocó al conocimiento del asunto.
I. COMPETENCIA
11. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso b) de la Constitución General de la República(1) y 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2) y los puntos Segundo, fracción II, a contrario sensu y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(3) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, ya que se planteó la posible contradicción entre una norma general y la Constitución General de la República y resulta innecesaria la intervención del Pleno.
12. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(4) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(5)
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
13. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte actora impugna el Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintidós, específicamente las fracciones arancelarias 8543.40.01, 8543.90.03 y 3824.99.83.
14. Sin embargo, debe tenerse por destacadamente impugnada la primera de las fracciones arancelarias precisadas, al no existir impugnación por vicios propios de las normas 8543.90.03 y 3824.99.83, sino por efecto de consecuencia, al existir una relación de dependencia por cuanto a su alcance respecto de la diversa 8543.40.01, derivado de la remisión expresa que contienen en relación con esa hipótesis normativa.
15. De tal manera que la validez de las fracciones arancelarias 8543.90.03 y 3824.99.83, se hace depender de la constitucionalidad de la diversa 8543.40.01, pues constituyen un sistema normativo.
III. OPORTUNIDAD
16. Conforme al artículo 60, párrafo primero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
17. El decreto impugnado se publicó el martes siete de junio de dos mil veintidós, el plazo a que se hace referencia corrió del miércoles ocho siguiente al jueves siete de julio del mismo año. La demanda se presentó el jueves siete de julio de dos mil veintidós, por lo tanto, se presentó oportunamente.
IV. LEGITIMACIÓN
18. La acción fue promovida por parte legitimada. Conforme al inciso b) de la fracción II, del artículo 105 de la Constitución General de la República, el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, están legitimados para impugnar leyes federales. Por su parte el artículo 11 de la Ley Reglamentaria(6) señala que la parte promovente debe comparecer a juicio por conducto de las funcionarias o los funcionarios, legalmente facultadas o facultados para ello.
19. En la presente acción se cumplen estos requisitos pues el escrito inicial fue firmado por cuarenta y cinco senadurías,(7) que representan el treinta y cinco punto quince por ciento, calidad que fue reconocida mediante acuerdo admisorio de trece de julio de dos mil veintidós.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
20. Esta Segunda Sala determina que debe sobreseerse en la presente acción de inconstitucionalidad al advertirse, de oficio, la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción II,(8) en relación con lo dispuesto en los artículos 19, fracción IX y 59,(9) todos de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(10) en virtud de un cambio de situación jurídica como a continuación se demuestra.
21. En principio, debe señalarse que la parte accionante impugnó el Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintidós, específicamente las fracciones arancelarias 8543.40.01, 8543.90.03 y 3824.99.83, que son del tenor siguiente:
Ver fracciones arancelarias
22. La parte promovente adujo en sus conceptos de invalidez que la prohibición de importación y de exportación de cualquier unidad de cigarrillo electrónico y dispositivos personales de vaporización eléctricos o electrónicos similares, contenida en las disposiciones impugnadas, transgrede diversos derechos, tales como el de salud en relación con el libre desarrollo de la personalidad, el interés superior de la niñez, libre comercio, igualdad, competencia económica y libre concurrencia.
23. Sin embargo, el diecisiete de enero de dos mil veinticinco fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adicionan un párrafo quinto al artículo 4o. y un párrafo segundo al artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección a la salud. Las normas adicionadas establecen a la letra lo siguiente:
“Artículo 4o.- (...)
Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.
(...)”
“Artículo 5o.- (...)
Queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra de las actividades que refiere el párrafo quinto del artículo 4o. anterior.
(...)”
24. Por su parte, el artículo transitorio primero del mencionado Decreto,(11) señala que éste entraría en vigor al día siguiente al de su publicación, es decir el dieciocho de enero del mismo año.
25. Ahora bien, de la transcripción de los párrafos adicionados a la Constitución Federal el diecisiete de enero de dos mil veinticinco, se puede advertir que se elevó a rango constitucional la prohibición de ejercer cualquier actividad, profesión, industria o comercio relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley.
26. Es decir, a partir de la reciente adición a los artículos 4o. y 5o. constitucionales, todas las actividades relacionadas con los dispositivos vaporizadores digitales han quedado prohibidas.
27. Lo anterior, implica una imposibilidad para analizar la pretensión de la parte actora relativa a invalidar las normas que prohíben la importación y exportación de cualquier unidad de cigarrillo electrónico y dispositivos personales de vaporización eléctricos o electrónicos similares, pues el estudio de las disposiciones impugnadas implicaría revisar el contenido propio de la Constitución Federal que, ahora, establece expresamente la prohibición del ejercicio de profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos a éstos.
28. En otras palabras, sería jurídicamente imposible concretar cualquier efecto, pues la prohibición contenida en las normas impugnadas subsistiría a pesar de que se declarara su invalidez general, simplemente porque existe una restricción constitucional en el texto vigente de los artículos 4o. y 5o. de la Constitución General de la República.
29. En ese sentido, ha cambiado la situación jurídica que imperaba al momento de promover el presente medio de control constitucional y, por tanto, debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad.
30. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis aislada 2a. LIX/2004, de la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1530, registro digital: 180674, que dice:
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL CARGO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL DECRETADA POR UNA LEGISLATURA ESTATAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, SI ANTES DE DICTAR SENTENCIA SE EMITE LA RESOLUCIÓN QUE LO DESTITUYE. El artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las controversias constitucionales son improcedentes en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esa ley. Ahora bien, entre dichos supuestos debe considerarse la derivada del cambio de situación jurídica que imperaba al momento de la presentación de la demanda, como acontece cuando a través de ese medio de control de la constitucionalidad se impugna la resolución de la Legislatura de una entidad federativa que en un procedimiento administrativo de responsabilidad determina suspender provisionalmente de su cargo al Presidente Municipal de un Ayuntamiento y posteriormente, dentro del mismo procedimiento, resuelve destituirlo, sin que esta última resolución se impugne, habida cuenta que la suspensión inicialmente decretada subsistiría a pesar de que se declarara su invalidez constitucional, porque no obstante que conforme a los artículos 39 y 40 de la ley reglamentaria de la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios, así como los errores en la cita de los preceptos invocados a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, ello no le autoriza a tener por impugnados actos que no fueron combatidos, ya que tal proceder implicaría dejar en estado de indefensión a las demás partes porque se les privaría del derecho que la propia ley les otorga para defender la constitucionalidad de sus actos, además de que, en todo caso, la falta de impugnación del nuevo acto es imputable al propio actor, pues tenía la oportunidad de ampliar la demanda y combatir los actos dictados con posterioridad a su presentación, como lo autoriza el artículo 27 de la citada Ley.
31. Así como la tesis de jurisprudencia P./J. 116/2000 de este Tribunal Pleno, también aplicada por analogía, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre del 2000, página 970, registro digital: 190961 que dice:
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE SI POR HABER OPERADO UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CARECE DE OBJETO EL PRONUNCIAMIENTO DE FONDO. La acción de controversia constitucional resulta improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 105, fracción I a contrario sensu, de la propia Ley Suprema, si habiéndose ejercitado por un Municipio en contra de un decreto legislativo que anuló un acuerdo de Cabildo que ordenó la suspensión de uno de sus miembros, durante el curso del procedimiento concluye el periodo para el que había sido electo el munícipe suspendido, pues aun cuando subsista dicho acto, carece ya de objeto por haber operado un cambio de situación jurídica que hace inútil el estudio y pronunciamiento de fondo, ya que siendo la tutela jurídica de ese medio de control constitucional la preservación del orden establecido en la Constitución Federal, es obvio que al no poderse retrotraer, materialmente, el periodo legal de funcionamiento del mencionado integrante del Ayuntamiento, la acción de controversia constitucional es ineficaz.
VI. DECISIÓN
Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad.
Notifíquese; mediante oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama y Presidente Javier Laynez Potisek.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTE
MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK
PONENTE
MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA
SECRETARIA DE ACUERDOS
JAZMÍN BONILLA GARCÍA
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. “Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
[...]
II.-De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
[...]
b).- El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
[...]”
2. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201005-34a778a2/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-equivalente-al-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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