I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA CARGA ECONÓMICA IMPUESTA EN EL DECRETO IMPUGNADO, AL HABERSE TRANSFERIDO LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS AL PODER JUDICIAL LOCAL ACTOR (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 89/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 19 DE MARZO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: Artículo 2 del Decreto número mil quinientos cincuenta y dos (1552) por el que el Poder Legislativo del Estado de Morelos determinó conceder una pensión por jubilación, con cargo al presupuesto del Poder Judicial de dicha entidad federativa, publicado en el Periódico Oficial local el diez de enero de dos mil veinticuatro.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 89/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de la referida entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintidós de febrero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió la presente controversia en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de la Secretaría de Gobierno, todos de la citada entidad federativa, en la que demandó la invalidez del Decreto número mil quinientos cincuenta y dos (1552) por el que se concedió una pensión por jubilación a Luis Antonio Monje Collado, con cargo al presupuesto del Poder actor, publicado el diez de enero de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial local.
2. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Poder actor expuso, en síntesis, el siguiente concepto de invalidez:
a. El decreto impugnado vulnera los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, ya que invade la autonomía en la gestión presupuestal.
b. Se lesiona la independencia del Poder actor ya que los poderes demandados dispusieron directamente de sus recursos financieros para imponerle la obligación de pagar una pensión, sin que éste tuviera intervención alguna en su emisión.
c. Ahora, si bien los trabajadores burocráticos tienen derecho a una pensión por jubilación siempre que se encuentren asignadas por un decreto legislativo; sin embargo, el Congreso local no verificó ni proporcionó numerario alguno para cubrir dicho pago en la medida que resulte suficiente para ello.
d. No basta la presunción de que existe una partida para estimar que, por estar contemplada en el presupuesto de egresos anualizado la partida destinada a pensiones, ésta necesariamente tiene fondos suficientes para cumplir la nueva imposición, pues no debe perderse de vista que la pensión otorgada debe encontrarse garantizada por quien la expide.
e. En consecuencia, se violan los principios de división de poderes y de autonomía de gestión presupuestal señalado en el artículo 116 en correlación con el numeral 123, apartado b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el decreto impugnado implica la subordinación del Poder Judicial del Estado de Morelos frente al Congreso local.
3. Radicación y turno. Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 89/2024 y, por razón de turno, se designó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.
4. Admisión y trámite. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Morelos, mas no así al Secretario de Gobierno de la referida entidad federativa, ello al tratarse de un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo estatal. Asimismo, se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestaran lo que a su representación o a su esfera competencial conviniera.
5. Contestación de las autoridades demandadas y requerimiento. Edgar Antonio Maldonado Ceballos, en su carácter de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda mediante escrito recibido vía electrónica ante este Alto Tribunal el veintinueve de octubre de dos mil veinticuatro.
6. En tanto que Jazmín Juana Solano López, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, hizo lo propio mediante diverso escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde -entre otras cuestiones- manifestó que se realizaron ciertas asignaciones al Tribunal Superior de Justicia del Estado y se autorizó una ampliación presupuestal.
7. Contestaciones que fueron acordadas de conformidad mediante proveído del dos de diciembre de dos mil veinticuatro, en el cual además se le requirió al Poder promovente para que manifestara lo que a su derecho conviniera.
8. Desahogo de requerimiento. Mediante promoción presentada el trece de diciembre de dos mil veinticuatro en el sistema electrónico de este Alto Tribunal, el promovente desahogó el requerimiento antes mencionado y manifestó, entre otras cuestiones, que mediante oficio SH/0920-GH/2024 de dos de julio de dos mil veinticuatro, el Secretario de Hacienda de Morelos, autorizó una ampliación presupuestal por la cantidad de $23’089,806.95 (veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 M.N.) en específico para el pago de pensiones, cantidad en cuestión, que sí cubre el pago de la pensión por viudez, otorgada mediante el Decreto número mil quinientos cincuenta y dos (1552) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6270, el diez de enero de dos mil veinticuatro; adjuntó a su escrito los siguientes documentos:
• Oficio LJGO/JUNTA ADMON/2176/2024 de fecha diecinueve de abril de dos mil veinticuatro; y
• Oficio SH/0920-GH/2024 de fecha dos de julio de dos mil veinticuatro.
9. Manifestaciones de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Ninguna de las instituciones emitió opinión en este asunto.
10. Alegatos. No se formularon en la presente controversia constitucional.
11. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el veintinueve de enero de dos mil veinticinco se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y por admitidas las pruebas ofrecidas; luego, por acuerdo de treinta de enero de dos mil veinticinco, se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
12. Avocamiento. Previo dictamen respectivo, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento. Luego, por auto de veinticinco de febrero de dos mil veinticinco, el Presidente de la Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó devolver el expediente a la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
I. COMPETENCIA
13. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1(2) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal; 10, fracción I,(3) y 11, fracción VIII,(4) de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 42,(5) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(6) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
14. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(7) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(8)
II. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO
15. Con fundamento en el artículo 41, fracción I,(9) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia.
16. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el actor se duele, en esencia, de que el decreto impugnado invade la independencia y la autonomía de gestión presupuestal del Poder Judicial del Estado, toda vez que el Poder Legislativo demandado, de manera unilateral, determinó conceder una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto, sin brindarle intervención alguna y sin haberle transferido los recursos económicos necesarios para cumplir dicha obligación.
17. En ese sentido, tal determinación se encuentra contenida, únicamente, en el artículo 2(10) del Decreto número mil quinientos cincuenta y dos (1552) impugnado, por lo que en esta controversia constitucional se tiene como acto impugnado sólo el artículo 2 del Decreto número mil quinientos cincuenta y dos (1552) publicado el diez de enero de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6270 del Estado de Morelos, por el que el Poder Legislativo de dicha entidad federativa concedió una pensión por jubilación a una trabajadora del Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a su presupuesto.
III. OPORTUNIDAD
18. De conformidad con el artículo 21, fracción I,(11) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de actos, el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
19. En la especie, para el cómputo del plazo se tomará la fecha de la publicación oficial del Decreto impugnado como el día en que el Poder Judicial del Estado de Morelos tuvo conocimiento de éste, esto es, el diez de enero de dos mil veinticuatro, en virtud de que no manifestó haber tenido conocimiento de tal acto en fecha distinta, por lo que el referido plazo de treinta días para promover el presente medio de control constitucional transcurrió del jueves once de enero al jueves veintidós de febrero de dos mil veinticuatro.(12)
20. Entonces, si la demanda se depositó el veintidós de febrero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que la controversia constitucional se promovió de manera oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
21. Conforme al artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos y, en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
22. En el presente asunto, suscribe la demanda Luis Jorge Gamboa Olea, quien acreditó su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.(13) En consecuencia, está legitimado para promover la controversia constitucional en representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), constitucional; 10, fracción I, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(14) así como 34 y 35, fracción I,(15) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(16)
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
23. De acuerdo con lo establecido en los artículos 10, fracción II, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia, serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, los poderes o los órganos que emitan y promulguen la norma general o pronuncien el acto o incurran en la omisión que sea objeto de controversia y, como ya se mencionó, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
24. En el caso, se estima que los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos, tienen legitimación pasiva, por las consideraciones que se desarrollan a continuación.
25. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, comparece Edgar Antonio Maldonado Ceballos, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Estatal, quien, de conformidad con el artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, tiene la atribución de representar al titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa.
26. En representación del Poder Legislativo del Estado de Morelos, comparece la Diputada Jazmín Juana Solano López, Presidenta de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso de la citada entidad federativa, quien, en términos del artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, cuenta con atribuciones para representar a dicho Congreso.
27. En consecuencia, las referidas autoridades tienen legitimación pasiva, ya que se les atribuye la emisión y la publicación, respectivamente, del decreto impugnado en este asunto y quienes comparecen en su representación cuentan con facultades para ello.
28. No pasa inadvertido que en el escrito de demanda el Poder actor señaló como demandado al Secretario de Gobierno del Estado de Morelos; sin embargo, por acuerdo de uno de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Instructora determinó que, en virtud de que se trataba de un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo de la referida entidad federativa, no podía tenerse como tal; en consecuencia, no se le reconoce legitimación pasiva en la presente controversia constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 84/2000, del Pleno, de rubro: “LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS.”.(17)
VI. SOBRESEIMIENTO
29. En el caso, el Poder Judicial del Estado de Morelos promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la misma entidad federativa, solicitando la invalidez del Decreto mil quinientos cincuenta y dos (1552), publicado oficialmente el diez de enero de dos mil veinticuatro, por el que se concedió una pensión por jubilación a una persona trabajadora con cargo a su presupuesto.
30. El actor alega que se le impuso esa obligación sin darle intervención alguna y sin haberle transferido los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento, lo que, a su parecer, vulnera su independencia y autonomía de gestión presupuestal; en esa medida, la cuestión que subyace en el fondo consiste en determinar si el Decreto impugnado vulnera la autonomía del Poder Judicial actor.
31. Sin embargo, antes de abordar esa cuestión, es necesario evaluar si los documentos aportados resultan idóneos para acreditar el pago de la obligación prevista en el Decreto impugnado. Esto pues, de ser el caso, podría actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V,(18) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que daría lugar al sobreseimiento del presente asunto.
32. Dicho lo anterior, debe destacarse que el artículo 31(19) de la referida Ley Reglamentaria establece que las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. Asimismo, señala que corresponde al Ministro instructor desechar aquellas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva. Por otro lado, el artículo 32, párrafo primero,(20) de esa Ley, determina que las pruebas deberán ofrecerse y rendirse, por regla general, en la audiencia prevista en el artículo 29(21) del propio ordenamiento.
33. Sin embargo, el artículo 35(22) de la multicitada Ley Reglamentaria, prevé que el Ministro instructor podrá decretar pruebas para mejor proveer en todo tiempo. Esto implica que dichas pruebas pueden ser decretadas desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se someta a consideración el proyecto de resolución correspondiente.
34. Es aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 37/2002,(23) de rubro: “PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SI LO CONSIDERA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR, DE OFICIO, QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN AUNQUE YA LE HAYA SIDO PRESENTADO EL PROYECTO PARA SU RESOLUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).”.
35. Visto lo anterior, los documentos aportados por el Poder Judicial actor se considerarán en el presente asunto pruebas para mejor proveer, dado que guardan relación inmediata con los hechos controvertidos. En ese sentido, del análisis de tales constancias se desprende lo siguiente:
a) Oficio LJGO/JUNTA ADMON/2176/2024 de fecha diecinueve de abril de dos mil veinticuatro, suscrito por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, con asunto solicitud de ampliación presupuestal para pago de decretos pensionarios. Mediante el cual se solicita al Gobierno del Estado de Morelos, la cantidad de $50’000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) como cantidad estimada para cubrir las obligaciones de pensiones por lo que respecta al ejercicio dos mil veinticuatro.
b) Oficio SH/0920-GH/2024 de fecha dos de julio de dos mil veinticuatro, suscrito por el Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Mediante el cual, se concede una ampliación presupuestal en cantidad de $23’089,806.95 (Veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 M.N.), a favor del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, para dar cumplimiento al pago de la plantilla de los pensionados para el ejercicio dos mil veinticuatro, así como a los nuevos decretos pensionarios.
c) Oficio de desahogo de requerimiento con fecha de presentación del dos de octubre de dos mil veinticuatro, suscrito por la delegada de la parte promovente, mediante el cual, entre otras diversas cuestiones, manifiesta que derivado de la reciente ampliación presupuestal en cantidad de $23’089,806.95 (Veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 M. N.) ya cuenta con capacidad económica para cubrir el pago de la pensión por viudez otorgada mediante Decreto número mil quinientos cincuenta y dos (1552) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6270, el diez de enero de dos mil veinticuatro.
36. Al haberse demostrado que se han transferido los recursos financieros necesarios para que el Poder Judicial del Estado de Morelos cumpla con la carga económica impuesta en el Decreto impugnado en este asunto, es evidente que han quedado sin efectos las posibles afectaciones que dicho acto pudieran haber generado.
37. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria que rige a esta materia, debe sobreseerse la presente controversia constitucional, con fundamento en el artículo 20, fracción II, del mismo ordenamiento.(24)
38. En términos similares, esta Segunda Sala decretó el sobreseimiento de las diversas controversias constitucionales 143/2024(25) y 147/2024,(26) en sesión de nueve de octubre y veintisiete de noviembre ambas de dos mil veinticuatro.
VII. DECISIÓN
Por lo antes expuesto y fundado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese como totalmente concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama y Presidente Javier Laynez Potisek.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTE
MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK
PONENTE
MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA
SECRETARIA DE ACUERDOS
JAZMÍN BONILLA GARCÍA
________________
1. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
h) Dos Poderes de una misma entidad federativa; [...].
2. Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
3. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...].
4. Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones: [...]
VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; [...].
5. Artículo 42. Cada una de las Salas, además de las atribuciones establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica, estarán facultadas, en la esfera de su competencia, para:
I. Crear comisiones de apoyo de carácter temporal, con objeto de que realicen las labores que específicamente se les encomienden;
II. Aprobar, a propuesta del Presidente de la Sala, los nombramientos del Secretario de Acuerdos y del Subsecretario de Acuerdos de ésta;
III. Nombrar a los Secretarios de Tesis, Secretarios Auxiliares de Acuerdos, Actuarios y demás personal subalterno adscrito a la Secretaría de Acuerdos de la Sala;
IV. Emitir los Acuerdos Generales que estimen pertinentes para organizar la ejecución de las atribuciones que tengan encomendadas, y
V. Remitir al Pleno los asuntos que se estimen deban ser resueltos por dicha instancia.
6. PRIMERO. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la manera siguiente:
La Primera Sala conocerá de las materias civil y penal, y
La Segunda Sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo.
TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Plenos Regionales o a los Tribunales Colegiados de Circuito.
7. Tercero. Hasta en tanto las Ministras y Ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se regirá para todos los efectos por las atribuciones, competencias, obligaciones, reglas de votación, faltas, licencias y demás disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021; con excepción de la materia electoral tal como está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, hasta la fecha señalada en el enunciado anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá funcionando en Pleno o en Salas.
8. Octavo. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan para dar cumplimiento al mismo. Entre tanto, se aplicarán en lo conducente de manera directa las disposiciones constitucionales en la materia y, supletoriamente, las leyes en materia electoral en todo lo que no se contraponga al presente Decreto.
(...).
Décimo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
9. Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; [...].
10. Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 90% del último salario del solicitante a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se haya separado de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisados en el Anexo 2 del artículo Décimo Octavo del Decreto Número Quinientos Setenta y Nueve, por el que se prueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes, y/o del Fondo de Pensiones destinado para el pago de nuevas jubilaciones, amparos y controversias constitucionales, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción I, inciso c) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
11. Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; (...).
12. Debiéndose descontar del cómputo los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero; así como tres, cuatro, cinco, diez, once, diecisiete y dieciocho de febrero, todos de dos mil veinticuatro por ser inhábiles, conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria de la materia, 3, 75 y 143 de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en el Punto Primero, incisos a), b), k), l), m) y n) del Acuerdo General 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los de descanso para su personal.
13. Con la copia certificada del acta de sesión extraordinaria de Pleno Público Solemne de dicho órgano, celebrada el cuatro de mayo de dos mil veintidós.
14. Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia; [...].
Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien com
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201017-cd7f8d01/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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