I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO EL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA CARGA ECONÓMICA IMPUESTA EN EL DECRETO IMPUGNADO, AL HABERSE TRANSFERIDO LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS AL PODER JUDICIAL LOCAL ACTOR (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 180/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. 23 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: NETZAÍ SANDOVAL BALLESTEROS.
SÍNTESIS
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos interpone Controversia Constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de otras autoridades todas del Estado de Morelos, en donde plantea que se lesiona la independencia del Poder Judicial por el Decreto número 1849 (mil ochocientos cuarenta y nueve), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el ocho de mayo de dos mil veinticuatro.
La parte actora hace valer la violación al principio de autonomía en la gestión presupuestal establecido en el artículo 116 constitucional, toda vez que el poder legislativo local concede la pensión por jubilación a **********, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esa Entidad se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para que cumpla con la carga económica que implica el decreto jubilatorio para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al veintitrés de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 180/2024, promovida por el Poder Judicial, contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo, todos del Estado de Morelos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos promovió la presente controversia constitucional en la que demandó la invalidez del Decreto número 1849 (mil ochocientos cuarenta y nueve) publicado el ocho de mayo de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6306 del Estado de Morelos mediante el cual el Poder Legislativo de esa misma entidad federativa otorgó una pensión por jubilación a una persona extrabajadora con cargo al presupuesto del poder actor.
2. Preceptos constitucionales violados. El actor señaló como trasgredidos los artículos 14, 16, 17, 116 fracciones II y III, 123 apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM): 32 párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda la parte actora señaló los siguientes argumentos:
• Al emitir el decreto impugnado, el Poder Legislativo del Estado de Morelos dispuso de los recursos financieros del Poder Judicial de esa entidad federativa, sin que éste tuviera alguna intervención en su emisión, lo cual vulnera el principio de división de poderes.
• El Congreso del Estado de Morelos, con sendas violaciones al proceso legislativo y sin respetar la obligación impuesta por los artículos 32, párrafo segundo y 40 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el pasado quince de diciembre de dos mil veinte, aprobó el decreto número mil ciento cinco, en el cual autoriza el presupuesto de dos mil veintiuno, asignado al poder judicial; por tanto de manera tácita se autorizó el mismo presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, lo que causó una mayor afectación al patrimonio del poder judicial.
• Si bien los trabajadores burocráticos tienen derecho a una pensión por jubilación siempre que se encuentren asignadas por un decreto legislativo, lo cierto es que el Congreso Local no asignó los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a esa obligación y, por tanto, el Poder Judicial está impedido para realizar el pago.
• El congreso del Estado de Morelos no aprobó en diciembre del año 2021, el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022; por tanto de manera tacita, se autorizó el mismo presupuesto que para el ejercicio fiscal 2021, lo que causo mayor afectación al patrimonio de Poder Judicial de Estado de Morelos.
• Consecuentemente, el decreto impugnado implica la subordinación del Poder Judicial frente al Congreso estatal, toda vez que viola el principio de autonomía en la gestión presupuestal consagrado en el artículo 116 constitucional
4. Radicación y turno. Por acuerdo de diez de junio de dos mil veinticuatro la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número de expediente 180/2024. Posteriormente, lo turnó a la Ministra Lenia Batres Guadarrama para que instruyera el procedimiento correspondiente.
5. Por acuerdo de catorce de junio de dos mil veinticuatro la Ministra Instructora admitió a trámite la demanda por lo que hace al decreto número 1849 (mil ochocientos cuarenta y nueve) y tuvo como demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, sin reconocer ese carácter a la Secretaría de Gobierno, ya que es un órgano subordinado al Poder Ejecutivo Estatal.
6. Contestación de demanda por las autoridades demandadas. Por escrito de doce de septiembre de dos mil veinticuatro se recibió el escrito en el sistema electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por Santiago Núñez Flores Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, que dio contestación a la demanda.
7. Por otra parte, Jazmín Juana Solano López, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, hizo lo propio mediante diverso escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, donde entre otras cuestiones manifestó que se realizaron ciertas asignaciones al Tribunal Superior de Justicia del Estado y se autorizó una ampliación presupuestal
8. Contestaciones que fueron acordadas mediante proveído de trece de noviembre de dos mil veinticuatro.
9. Mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro en el sistema electrónico de esta SCJN, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos manifestó, entre otras cuestiones, que con motivo del cambio de la persona titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, Edgar Antonio Maldonado Ceballos en el que solicitó su designación como representante de dicho poder en el asunto y la revocación de la designación hecha en favor de Santiago Núñez Flores; y por otra parte que mediante oficio SH/0920-GH/2024 de dos de julio de dos mil veinticuatro, el Secretario de Hacienda de Morelos, autorizó una ampliación presupuestal en cantidad de $23,089,806.95 (veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 M. N.) en específico para el pago de pensiones, cantidad en cuestión, que sí cubre el pago de la pensión por viudez, otorgada mediante el Decreto número mil ochocientos cuarenta y nueve (1849) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6306, el ocho de mayo de dos mil veinticuatro; adjuntó a su escrito los siguientes documentos:
• Oficio LJGO/JUNTA ADMON/4398/2023 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés; y
• Oficio SH/0920-GH/2024 de fecha dos de julio de dos mil veinticuatro
10. Manifestaciones de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Ninguna de las instituciones emitió opinión en este asunto.
11. Alegatos. No se formularon en la presente controversia constitucional.
12. Cierre de instrucción. El veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco tuvo verificativo la audiencia de ley y se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
13. Avocamiento. Por acuerdo de trece de marzo de dos mil veinticinco esta Segunda Sala de la SCJN se avocó al conocimiento de esta controversia constitucional.
I. COMPETENCIA
14. La Segunda Sala de esta SCJN es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la CPEUM;(1) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley Reglamentaria);(2) 10, fracción I,(3) y 11, fracción VIII,(4) de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), en relación con el artículo 37, párrafo primero,(5) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y el punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 1/2023,(6) del Tribunal Pleno de la SCJN, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, sin que resulte necesario la intervención del Tribunal Pleno.
15. Conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la LOPJF vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(7) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(8)
II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
16. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia(9) se precisa el acto objeto de la presente controversia.
17. De la lectura integral de la demanda, se aprecia que en esencia el Poder Judicial del Estado de Morelos se duele de que el Poder Legislativo haya otorgado una pensión por jubilación con cargo a su presupuesto sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento ni haberle concedido participación alguna.
18. Esa determinación únicamente se encuentra en el artículo 2o. del Decreto número 1849 (mil ochocientos cuarenta y nueve) impugnado; por lo que, esta Segunda Sala de la SCJN, lo fija como acto objeto de la presente controversia.
19. La existencia del referido Decreto se acredita, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, con la copia certificada de la publicación oficial respectiva, la que se acompañó por el Poder Ejecutivo demandado al presentar su contestación a la demanda.
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
20. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, se tiene por demostrada la existencia del acto impugnado, pues el Poder Ejecutivo demandado remitió a esta SCJN copia del Decreto número 1849 (mil ochocientos cuarenta y nueve) por el que se concede pensión por jubilación a una persona extrabajadora.
21. Ahora bien, el contenido del referido Decreto es el siguiente:
[...]
DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A **********.
ARTÍCULO 1o. - Se concede pensión por Jubilación a **********, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Capturista a la Secretaria de Acuerdos de esta H. Cuerpo Colegiado.
ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario de la solicitante a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con cargo a la parte presupuestal correspondiente al pago de pensiones y jubilaciones por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisados en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número Mil Seiscientos Veintiuno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes: cumpliendo con lo que disponen de los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso a) de la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad.”
SEGUNDO. - Notifíquese personalmente a la quejosa la presente determinación y notifíquese por Oficio al Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada dentro del expediente número: 1538/2023; ambas notificaciones por conducto de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado de Morelos.
TERCERO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno del Estado.
[sic]
22. Como se observa, la determinación que específicamente combate el actor se encuentra contenida únicamente en el artículo 2o. del Decreto impugnado; por tanto, únicamente ese precepto será objeto de esta controversia constitucional.
IV. OPORTUNIDAD
23. Conforme al artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria,(10) el plazo para promover la controversia constitucional en contra actos u omisiones es de treinta días contados a partir del día siguiente al que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o aquel en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
24. En este caso el acto impugnado es el Decreto número 1849 (mil ochocientos cuarenta y nueve) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6306 (seis mil trescientos seis) el ocho de mayo de dos mil veinticuatro.
25. Para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en virtud de que el Poder Judicial actor no manifestó haber tenido conocimiento en fecha diversa.
26. Entonces, el plazo de treinta días para promover este medio de control constitucional transcurrió del nueve de mayo al diecinueve de junio de dos mil veinticuatro de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria.(11) Por lo tanto, en este caso la demanda fue presentada de forma oportuna el once de junio de dos mil veinticuatro.
27. De dicho plazo deben descontarse los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de mayo, así como los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de junio de dos mil veinticuatro por ser sábados y domingo, por ser inhábiles, conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria que rige a esta materia, en relación con el diverso 143 de la abrogada LOPJF, y atento a lo dispuesto en el punto Primero, incisos a), b), c) y f), del Acuerdo General 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la SCJN, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
28. La demanda fue presentada por parte legítima.
29. Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos,(12) está legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial de Morelos, de conformidad con los artículos 10, fracción I y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria;(13) 34 y 35, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos,(14)
30. Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales y corresponde al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todos los litigios en que dicho ente público sea parte.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
31. De conformidad con los artículos 10, fracción II y 11, primer párrafo de la Ley Reglamentaria,(15) la parte demandada deberá comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las leyes aplicables, están facultadas para representarla.
32. Los órganos demandados tienen legitimación pasiva.
33. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del decreto impugnado.
34. Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II,(16) y 11, párrafo primero de la ley reglamentaria,(17) de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.
35. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acude al juicio su Consejero Jurídico, Edgar Antonio Maldonado Ceballos quien acreditó el desempeño de su cargo mediante copia certificada de su nombramiento, fechado el primero de octubre de dos mil veinticuatro; y mediante el Acuerdo por el que se delega y autoriza a la Persona Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo de la Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal”, publicado en el periódico oficial del Estado el dos de octubre de dos mil veinticuatro, y conforme el artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.(18)
36. Por parte del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Morelos, comparece la Diputada Jazmín Juana Solano López, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos quien acreditó su cargo mediante la copia del acta de la sesión de la junta previa del Congreso de Morelos, celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro y conforme al artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, tiene atribuciones para representar al Congreso del Estado en cualquier asunto en que sea parte.
37. Por lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer a la presente controversia, toda vez que a ellos se les responsabiliza por los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes.
38. No pasa inadvertido que en el escrito de demanda el Poder actor señaló como demandado al Secretario de Gobierno del Estado de Morelos; sin embargo, por acuerdo de catorce de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora determinó que, en virtud de que se trataba de un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo de la referida entidad federativa, no podía tenerse como tal; en consecuencia, no se le reconoce legitimación pasiva en la presente controversia constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 84/2000, del Pleno, de rubro: “LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS.”(19) VII. SOBRESEIMIENTO
39. En el caso, el Poder Judicial del Estado de Morelos promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la misma entidad federativa, solicitando la invalidez del Decreto número 1849 (mil ochocientos cuarenta y nueve), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6306 de fecha ocho de mayo de dos mil veinticuatro, por el que se concedió una pensión por jubilación a una persona trabajadora con cargo a su presupuesto.
40. El actor alega que se le impuso esa obligación sin darle intervención alguna y sin haberle transferido los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento, lo que, a su parecer, vulnera su independencia y autonomía de gestión presupuestal; en esa medida, la cuestión que subyace en el fondo consiste en determinar si el Decreto impugnado vulnera la autonomía del Poder Judicial actor.
41. En esa tesitura, y antes de abordar esa cuestión, es necesario evaluar si los documentos aportados resultan idóneos para acreditar el pago de la obligación prevista en el Decreto impugnado. Esto pues, de ser el caso, podría actualizarse la causa improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V,(20) de la Ley Reglamentaria, lo que daría lugar al sobreseimiento del presente asunto.
42. Por lo anterior, debe destacarse que el artículo 31(21) de la referida Ley Reglamentaria establece que las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. Asimismo, señala que corresponde al Ministro instructor desechar aquellas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva. Por otro lado, el artículo 32, párrafo primero,(22) de esa Ley, determina que las pruebas deberán ofrecerse y rendirse, por regla general, en la audiencia prevista en el artículo 29(23) del propio ordenamiento.
43. Sin embargo, el artículo 35(24) de la multicitada Ley Reglamentaria, prevé que el Ministro instructor podrá decretar pruebas para mejor proveer en todo tiempo. Esto implica que dichas pruebas pueden ser decretadas desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se someta a consideración el proyecto de resolución correspondiente.
44. Sirve de sustento el siguiente criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 37/2002,(25) de rubro: “PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SI LO CONSIDERA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR, DE OFICIO, QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN AUNQUE YA LE HAYA SIDO PRESENTADO EL PROYECTO PARA SU RESOLUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).”
45. Esto implica que dichas pruebas pueden ser decretadas desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se someta a consideración el proyecto de resolución correspondiente.
46. Tomando en cuenta lo anterior, los documentos aportados por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos se considerarán en el presente asunto como pruebas para mejor proveer, dado que guardan relación inmediata con los hechos controvertidos.
47. Del análisis de dichos documentos se desprende lo siguiente;
• Por oficio con número de folio DCCA-002465-2024, de nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, la Secretaria Particular de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura, por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo, remitió el oficio número LV/MD/AÑO.3/P.O.1/013/2024, suscrito por la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado LVI Legislatura, por medio del cual solicita al Poder Ejecutivo del Estado realizar la trasferencia de recursos al poder Judicial del Estado de Morelos, por la cantidad de $149,088.81 (ciento cuarenta y nueve mil, ochenta y ocho pesos 81/100 M.N) para el pago del decreto relacionado con la presente controversia constitucional.
• Por oficio CJ/DGACyA/0502/2024-09, fechado el once de septiembre de dos mil veinticuatro, se solicitó entre otras cosas al Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, cumplir con lo solicitado por el Congreso del Estado de Morelos, esto es realizar la trasferencia de recursos ya indicados al Poder Judicial del Estado de Morelos.
• Por oficio SH/CPP/DGPGP/4092-AD/2024, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, el suscrito por el L.C Arturo Delgado Ávila, Coordinador de Programación y Presupuesto informo que derivado de la ampliación presupuestal autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante el oficio SH/0920-GH/2024, de dos de julio de dos mil veinticuatro, por un monto de $23,089,806.95 (veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 M.N.), los recursos solicitados para cumplir con lo solicitado en los oficios LJGO/JUNTA ADMON/2176/2024, destinada para la atención de diversos temas en materia de pensiones, controversias constitucionales y juicios amparos; los recursos antes relacionados, cuyos beneficiarios son los CC. **********.
• Con relación con lo anterior, el Poder Judicial del Estado de Morelos, cuenta con los recursos económicos suficientes para realizar el pago del decreto de pensión número MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE, que concede pensión por jubilación a **********.
48. Al haberse demostrado que se han transferido los recursos financieros necesarios para que el Poder Judicial del Estado de Morelos cumpla con la carga económica impuesta en el Decreto número 1849 (mil ochocientos cuarenta y nueve), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6306 (seis mil trescientos seis) el ocho de mayo de dos mil veinticuatro, es evidente que han quedado sin efectos las posibles afectaciones que dicho acto pudieran haber generado.
49. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V,(26) de la Ley Reglamentaria, se debe sobreseerse la presente controversia, con fundamento en el artículo 20, fracción II, del mismo ordenamiento.(27)
50. En términos similares, esta Segunda Sala decretó el sobreseimiento de las diversas controversias constitucionales 143/2024,(28) 147/2024(29) y 89/2024(30) en sesiones de nueve y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro y diecinueve de marzo de dos mil veinticinco.
VIII. DECISIÓN
Por lo antes expuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes, y en su oportunidad devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama (ponente) y Presidente Javier Laynez Potisek.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTE
MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK
PONENTE
MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA
SECRETARIA DE ACUERDOS
JAZMÍN BONILLA GARCÍA
Esta hoja corresponde a la controversia constitucional 180/2024, fallada en sesión de veintitrés de abril de dos mil veinticinco. CONSTE.
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
h) Dos Poderes de una misma entidad federativa; [...]
2. Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
3. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...]
4. Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes y tendrá las siguientes atribuciones: [...]
VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; [...]
5. Artículo 37. La Suprema Corte contará con dos Salas integradas por cinco Ministros cada una, que ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica, bastando con la presencia de cuatro de ellos para funcionar. La Primera Sala
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201034-4d83ebf2/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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