I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL CONSEJERO JURÍDICO, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. SISTEMA DE PENSIONES EN EL ESTADO DE MORELOS. MECÁNICA DE SU DESARROLLO. VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. IX. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. X. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XI. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE: "... CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADOS EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES ..."). XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LAS PERSONAS PENSIONADAS O SUS BENEFICIARIOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE: "... CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADOS EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES ..."). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE SESENTA D
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 18/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 15 DE ENERO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: NETZAÍ SANDOVAL BALLESTEROS.
SÍNTESIS
El Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo del Estado de Morelos y otras autoridades en la que impugna el Decreto número 1432 (mil cuatrocientos treinta y dos), por el que se concedió una pensión por jubilación a una persona trabajadora con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, publicado el seis de diciembre de dos mil veintitrés.
La parte actora hizo valer la violación al principio de autonomía en la gestión presupuestal establecido en el artículo 116 constitucional, toda vez que el poder legislativo local, sin haber asignado recursos económicos adicionales a los previstos en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del dos mil veintitrés, impuso la obligación al Poder Judicial del estado de Morelos de pagar nuevas pensiones por jubilación.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 18/2024, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en la que impugna el Decreto Mil Cuatrocientos Treinta y Dos (1432), por el que se concedió una pensión por jubilación a una persona trabajadora con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, publicado el seis de diciembre de dos mil veintitrés.
El problema jurídico por resolver consiste en determinar si debe sobreseerse la presente controversia constitucional.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. El veintiséis de enero mil veinticuatro, mediante escrito y anexos presentados por Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos, se promovió controversia constitucional en contra del Poder Legislativo del estado de Morelos y otras autoridades en la que impugna el Decreto número 1432 (mil cuatrocientos treinta y dos), por el que se concedió una pensión por jubilación a una persona trabajadora con cargo al presupuesto del Poder Judicial del estado de Morelos, publicado el seis de diciembre de dos mil veintitrés.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la parte actora hizo valer la violación al principio de autonomía en la gestión presupuestal establecido en el artículo 116 constitucional, toda vez que el poder legislativo local, sin haber asignado recursos económicos adicionales a los previstos en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del dos mil veintitrés, impuso la obligación al Poder Judicial del estado de Morelos de pagar nuevas pensiones por jubilación.
3. Preceptos constitucionales violados. La parte actora señaló los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
4. Turno. Por acuerdo de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, la Presidencia de este Alto Tribunal ordenó registrar la presente controversia constitucional bajo el número de expediente 18/2024 y designó a la Ministra Lenia Batres Guadarrama como instructora del procedimiento.
5. Contestación. Santiago Núñez Flores, en su carácter de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del estado de Morelos y representante legal, dio contestación a la demanda mediante escrito de fecha diez de mayo de dos mil veinticuatro; en tanto, Francisco Erik Sánchez Zavala, en su carácter de Presidente de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, hizo lo propio mediante diverso de trece de mayo de dos mil veinticuatro.
6. El once de septiembre de dos mil veinticuatro tuvo verificativo la audiencia de ley y por acuerdo de dieciocho de septiembre del mismo año se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
7. Con motivo del cambio de la persona titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, Edgar Antonio Maldonado Ceballos presentó escrito de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro en el que solicitó su designación en el asunto y la revocación de la designación hecha en favor de Santiago Núñez Flores.
8. Avocamiento. Mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro dictado por el Ministro Presidente de esta Segunda Sala, dicho órgano colegiado se avocó al conocimiento del asunto y determinó enviar los autos para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
I. COMPETENCIA
9. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h) de la CPEUM;(1) 1o. de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM;(2) 10, fracción I y 11, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con el artículo 37, párrafo primero, del Reglamento Interior de esta SCJN(4) y los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente en el Diario Oficial de la Federación, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
10. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia.
11. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el actor combate el Decreto impugnado al considerar que éste invade su independencia y autonomía de gestión presupuestal, toda vez que el Poder Legislativo demandado, actuó de manera unilateral, sin brindar oportunidad alguna de intervención y sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir con la obligación.
12. La existencia del referido Decreto se acredita, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, con la copia certificada de la publicación oficial respectiva, la que se acompañó por el Poder Ejecutivo demandado al presentar su contestación a la demanda.
13. Ahora bien, el contenido del referido Decreto es el siguiente:
DECRETO NÚMERO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A **********
ARTÍCULO 1o.- Se concede pensión por Jubilación a **********, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Capturista a la Primera Sala del Primer Circuito Judicial, con sede en esta ciudad.
ARTÍCULO 2o.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100 % del último salario de la solicitante a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisados en el Anexo 2 del artículo Décimo Octavo del Decreto Número Quinientos Setenta y Nueve, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes; cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción II, inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
ARTÍCULO 3o.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Remítase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad."
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a la quejosa la presente determinación y notifíquese por Oficio al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada dentro del expediente número: 881/2023; ambas notificaciones por conducto de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado de Morelos.
TERCERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión del Gobierno del Estado.
14. Como se observa, la determinación que específicamente combate el actor se encuentra contenida únicamente en el artículo 2o. del Decreto impugnado; por tanto, únicamente ese precepto será objeto de esta controversia constitucional.
III. OPORTUNIDAD
15. De conformidad con el artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5) el plazo para promover la controversia constitucional en contra de actos es de treinta días contados a partir del día siguiente al que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o aquel en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
16. En el caso, el Decreto impugnado se publicó el seis de diciembre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6258 (seis mil doscientos cincuenta y ocho) del Estado de Morelos, sin que el actor haya manifestado haber tenido conocimiento en fecha diversa, por lo que el plazo de treinta días para promover este medio de control constitucional transcurrió del siete de diciembre del dos mil veintitrés al uno de febrero de dos mil veinticuatro.
17. De dicho plazo deben descontarse los días nueve, diez, y del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, así como los días uno, seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero de dos mil veinticuatro fueron días inhábiles, conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria de la materia;(6) en relación con lo establecido en el Punto Primero, incisos a) y b) del Acuerdo General 18/2013,(7) de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los de descanso para su personal.
18. Por tanto, si el escrito se presentó el treinta de enero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN; es evidente que su presentación resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
19. Conforme al artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos y, en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
20. En el caso, la demanda inicial fue presentada por un ente legitimado en términos del artículos 105, fracción I, inciso h), de la CPEUM, toda vez que comparece Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos, lo que acredita mediante copia certificada del acta de sesión extraordinaria de Pleno Público Solemne número uno del referido órgano jurisdiccional, celebrada el cuatro de mayo de dos mil veintidós, en la que se le designó con ese nombramiento; y en términos del artículo 35, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Morelos, ejerce la representación legal dicho Poder; por tanto, el funcionario cuenta con legitimación activa en este asunto.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
21. De acuerdo con los artículos 10, fracción II, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia, serán demandados en las controversias constitucionales las entidades, poderes u órganos que emitan y promulguen la norma general, pronuncien el acto o incurran en la omisión que sea objeto de controversia y, como ya se mencionó, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
22. En este asunto son autoridades demandadas en esta controversia constitucional los poderes ejecutivo y legislativo locales.
23. En representación del poder ejecutivo demandado, acudió inicialmente Santiago Núñez Flores, en su carácter de Consejero Jurídico, quien acreditó su personalidad mediante copia certificada de su nombramiento expedido el veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro. Posteriormente, con motivo del cambio de la persona titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, acudió Edgar Antonio Maldonado Ceballos, quien acreditó su personalidad mediante copia certificada de su nombramiento como nuevo Consejero Jurídico del estado de Morelos expedido el uno de octubre de dos mil veinticuatro y quien ejerce la representación legal, en términos del artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.
24. Por parte del poder legislativo demandado, comparece Francisco Erik Sánchez Zavala, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, quien acreditó tal carácter mediante copia certificada del acta de la Sesión Ordinaria de uno de septiembre de dos mil veintitrés; y en términos del artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, ejerce la representación legal.
25. Por tanto, las referidas autoridades, representadas por los citados funcionarios, tienen legitimación pasiva en este asunto, pues se les atribuye la emisión y la publicación, respectivamente, del Decreto impugnado.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
26. En atención a las consideraciones siguientes, se desestiman las causas de improcedencia alegadas por los poderes demandados.
27. Por su lado, el Poder Legislativo del estado de Morelos advierte que no existe interés legítimo en atención a que el acto impugnado no vulnera la esfera competencial del Poder Judicial del estado de Morelos, de modo que la controversia constitucional es improcedente.
28. Dicha causal de improcedencia resulta infundada, ya que, en atención al criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis P./J. 92/99,(8) la competencia del poder judicial local es una cuestión que corresponde al estudio de fondo.
29. Por su parte, el poder ejecutivo local alega la notoria improcedencia de la controversia constitucional, dado que ésta no tiende a combatir vicios propios en los actos de promulgación y publicación, a razón de que tales facultades se encuentran previstas en la constitución estatal y la ley orgánica de la administración pública local.
30. El motivo de sobreseimiento debe desestimarse, dado que, conforme a la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de la materia, todo poder u órgano que se hubiera pronunciado en el acto impugnado tiene el carácter de demandado en la controversia constitucional; resultando aplicables la jurisprudencia y tesis aislada P./J. 38/2010(9) y P.XV/2007.(10)
31. En atención a las consideraciones anteriores, esta Segunda Sala no advierte, en forma oficiosa, la actualización de alguna causal de improcedencia o motivo de sobreseimiento distintos a los estudiados, por lo que se procede a realizar el estudio de fondo.
VII. ESTUDIO DE FONDO
32. Criterio jurídico: El decreto impugnado por el que el Congreso del estado de Morelos concedió una pensión por invalidez a una trabajadora del poder judicial local, con cargo a su presupuesto y sin que previamente le hubiera transferido los fondos necesarios para cumplir dicha obligación, es inconstitucional por vulnerar los principios de independencia judicial (en el grado más grave de subordinación) y autonomía de gestión presupuestal.
33. El poder actor señala, en esencia, que el decreto impugnado viola la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal previstos en los artículos 49 y 116 de la CPEUM, pues al no asignar los recursos necesarios para cubrir con las obligaciones determinadas, se invade la esfera competencial del Poder Judicial del estado de Morelos.
34. Para dar respuesta, en primicia, es preciso explicar cómo funciona el sistema de pensiones en el estado de Morelos, para lo cual esta Segunda Sala retoma las consideraciones que ha expuesto en diversos precedentes, entre ellos, las controversias constitucionales 126/2016,(11) 201/2020(12) y 5/2023,(13) en las que se advirtió, en esencia, lo siguiente:
a. Los trabajadores del estado (o sus beneficiarios) tienen el derecho a disfrutar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, que será otorgada por los poderes patrones a través de las instituciones que para el caso determinen o con quien hayan celebrado convenio. A efecto de cumplir con ese derecho, los poderes patrones tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones que fijen las leyes aplicables.
b. Con independencia de lo anterior, los trabajadores del estado de Morelos tienen también derecho a gozar de otra pensión que se otorga mediante decreto que expide el Congreso local, una vez satisfechos los requisitos que establece la propia Ley del Servicio Civil para tal efecto.
c. No obstante, en relación con este segundo tipo de pensiones a cargo del Estado, la ley no prevé cómo deberán financiarse ni cómo se distribuirán las cargas financieras en los casos en que el trabajador del estado de Morelos que solicita la pensión haya prestado sus servicios para distintos Poderes.
35. Es así como el Congreso del Estado de Morelos mediante múltiples decretos ha otorgado pensiones en favor de los trabajadores del poder judicial local, con cargo a su presupuesto, como aconteció en el presente caso.
36. Sin embargo, el Pleno de esta SCJN ya ha determinado que el principio de división de poderes necesita de un equilibrio entre los poderes del Estado y de las entidades federativas, mediante un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto, capaz de producir una distorsión que rompa con el sistema de competencias previsto en la CPEUM o que se cause una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales o a sus garantías. Interpretación sustenta la tesis P./J. 52/2005.(14)
37. En dicho sentido, esta SCJN ha establecido que, para lograr tal equilibrio, los poderes públicos de las entidades federativas están obligados a respetar tres mandatos prohibitivos: no intromisión, no dependencia y no subordinación.(15)
38. Siendo la intromisión el grado más leve de violación al principio de división de poderes, actualizándose cuando uno de los poderes interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones.
39. Por su parte, la dependencia figura como el siguiente nivel de violación al citado principio y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un poder le impida a otro, de forma antijurídica, la toma de decisiones.
40. Finalmente, la subordinación representa el nivel más grave de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo merma la autonomía de un poder, sino que somete su voluntad.
41. Por ende, en la medida en que la autonomía tiene el carácter de principio fundamental de independencia de los poderes judiciales locales, es evidente que no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, pues ello generaría la violación al principio de división previsto en el artículo 116 de la CPEUM.
42. Por tales razones, esta Segunda Sala estima que, en efecto, el decreto impugnado lesiona la independencia del Poder Judicial actor en el grado más grave (subordinación) y transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal, pues a través de dicho decreto el Congreso del estado de Morelos dispuso de los recursos presupuestales de otro poder sin haber permitido su intervención y sin haber previsto las condiciones legales y materiales necesarias y suficientes para el cumplimiento de dicha carga.
43. Por lo expuesto, es fundado el concepto de invalidez hecho valer por la parte actora y; en consecuencia, se declara la invalidez del artículo 2 del Decreto número 1432 (mil cuatrocientos treinta y dos), por el que se concede pensión por jubilación a una persona trabajadora del Poder Judicial del estado de Morelos, exclusivamente en la porción del artículo 2o. que indica:
... con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisados en el Anexo 2 del artículo Décimo Octavo del Decreto Número Quinientos Setenta y Nueve, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes ...
44. En consecuencia, y como ha sostenido en reiteradas ocasiones el Pleno de esta SCJN,(16) al haberse alcanzado la pretensión de la parte actora, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos hechos valer.
VIII. EFECTOS
45. El artículo 73, en relación con los diversos 41, 43, 44 y 45 de la Ley Reglamentaria de la materia señala que las sentencias deben contener los alcances y los efectos de éstas, así como fijar con precisión los órganos obligados a cumplirlas, las normas generales respecto de las que operen y los elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Además, debe fijarse la fecha a partir de la cual la sentencia producirá sus efectos.
46. Declaratoria de invalidez: En atención a las consideraciones desarrolladas en el apartado anterior, se declara la invalidez del Decreto número 1432 (mil cuatrocientos treinta y dos) por el que se concede pensión por jubilación a **********, publicado el seis de diciembre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6258 (seis mil doscientos cincuenta y ocho) del estado de Morelos, exclusivamente en la porción del artículo 2 que indica:
... con cargo a la partida presupuestal correspondiente al Pago de Pensiones y Jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisados en el Anexo 2 del artículo Décimo Octavo del Decreto Número Quinientos Setenta y Nueve, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes ...
47. Otros lineamientos: El efecto de la invalidez parcial decretada no puede causar afectación alguna a los derechos que ya se habían otorgado a la persona trabajadora pensionada y que no son materia de la invalidez determinada en la presente controversia, por lo que el Congreso del estado de Morelos, en ejercicio de sus facultades, deberá:
• Modificar el decreto impugnado únicamente en la parte materia de la invalidez, y
• A fin de no lesionar la independencia del poder judicial actor y en respeto del principio de autonomía en la gestión presupuestal de los poderes, debe establecerse de manera puntual:
a. Si el propio Congreso se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del estado, o
b. En caso de considerar que debe ser algún otro Poder o entidad quien deba realizar los pagos correspondientes a la pensión, deberá otorgar efectivamente los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación en cuestión, y especificar que fueron transferidos para cubrir la pensión por jubilación concedida en el Decreto Número 1432 (mil cuatrocientos treinta y dos) por el que se concede pensión por jubilación a **********.
48. Lo anterior, dentro del plazo máximo de sesenta días naturales siguientes a que le sea notificada la presente resolución.
49. Por otra parte, esta Segunda Sala de la SCJN advierte que en los últimos años ha resuelto cientos de precedentes en los mismos términos que esta controversia constitucional.
50. En todos, acudió como parte actora un poder u órgano autónomo del estado de Morelos impugnando del congreso local la emisión de un decreto que le otorgaba la pensión a una persona trabajadora de la parte actora. Las resoluciones han favorecido a la parte actora, estimando que los decretos del Congreso del estado de Morelos por los que se otorgan pensiones a personas trabajadoras con cargo al presupuesto de otros poderes u órganos constitucionales autónomos sin que previamente les haya transferido los fondos necesarios para cumplir con la obligación, son inconstitucionales por vulnerar su independencia (en el grado más grave de subordinación) y autonomía de gestión presupuestal.
51. Con todo y que esta Segunda Sala ha sido consistente en invalidar los decretos emitidos por el Congreso del estado de Morelos, éste insiste en subordinar a los poderes y órganos constitucionales autónomos emitiendo nuevos decretos de pensiones sin previamente transferir los fondos necesarios para cubrir con la obligación; por lo que, a partir de este momento, se le ordena al Congreso del estado de Morelos que en futuras ocasiones en las que haciendo uso de su facultad prevista en el artículo 56 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, otorgue pensiones a trabajadores de dicho Estado, deberá establecer expresamente en el decreto de pensión lo siguiente:
a. Qué poder del estado se hará cargo del pago de la pensión respectiva y,
b. En caso de ser otro poder o entidad o incluso el propio poder Judicial quien deba realizar los pagos correspondientes a la pensión, el Congreso del estado de Morelos, de acuerdo con la competencia que le es inherente, de manera inmediata y de forma efectiva e ineludible, deberá girar la orden a la autoridad competente para que transfiera al poder o entidad encargada del pago los recursos económicos necesarios y suficientes para cumplir con la obligación en cuestión, así como especificar que se transfieren para cubrir la pensión concedida a esa determinada persona, mediante el Decreto impugnado, cuya vigencia ha quedado firme.
52. Lo anterior, en el entendido de que la parte actora en el presente asunto, al remitir su propuesta de presupuesto de egresos, deberá contemplar una partida especial para cubrir los pagos correspondientes a sus personas trabajadoras pensionadas, en tanto tiene conocimiento de las necesidades presupuestales en ese rubro y, por su parte, el Congreso del estado de Morelos, en el próximo presupuesto de egresos del estado, deberá programar un incremento en la partida correspondiente al pago de pensiones en la misma proporción de los recursos que el poder o entidad necesite para seguir cubriendo el pago de las obligaciones contraídas con motivo de los decretos emitidos en ejercicio de su facultad prevista en el artículo 56 de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos.
53. Notificaciones: Esta sentencia deberá notificarse, por oficio, al Poder Judicial (parte actora), así como a los poderes Ejecutivo y Legislativo (partes demandadas), todos del Estado de Morelos.
IX. DECISIÓN
Por lo antes expuesto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
PRIMERO.—Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional.
SEGUNDO.—Se declara la invalidez parcial del Decreto impugnado.
Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes, y en su oportunidad devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama (ponente) y Presidente Javier Laynez Potisek.
Firman el señor Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33675-bce05b2f/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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