I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO EL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA CARGA ECONÓMICA IMPUESTA EN EL DECRETO IMPUGNADO, AL HABERSE TRANSFERIDO LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS AL PODER JUDICIAL LOCAL ACTOR (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 156/2024. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 30 DE ABRIL DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: NETZAÍ SANDOVAL BALLESTEROS.
SÍNTESIS
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de aquel estado, en la que plantea que se lesiona la independencia del Poder Judicial con la emisión del Decreto número 1731 (mil setecientos treinta y uno) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6302 el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, mediante el cual el legislativo local otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada a una persona con cargo al presupuesto del Poder Judicial de referencia.
La parte actora hace valer la violación al principio de autonomía en la gestión presupuestal establecido en el artículo 116 constitucional, toda vez que el poder legislativo local concede la pensión por cesantía en edad avanzada a ********** con cargo al presupuesto del Poder Judicial del estado de Morelos, sin que el poder legislativo de esa entidad se cerciorara que efectivamente se cuenta con los recursos financieros necesarios para cumplir con dicho fin.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 156/2024, promovida por el Poder Judicial del estado de Morelos, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la dicha entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez del Decreto número 1731 (mil setecientos treinta y uno) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6302 (seis mil trescientos dos) el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, mediante el cual el poder legislativo de dicha entidad federativa otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada a una persona extrabajadora con cargo al presupuesto del poder actor.
2. Preceptos constitucionales violados. La parte actora indicó que se violaron en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el actor formula los siguientes argumentos:
El decreto impugnado invade en perjuicio del actor su autonomía presupuestal, condición necesaria para que ejerza sus funciones con plena independencia, ya que dicho acto se entromete en sus decisiones financieras.
El Poder Legislativo demandado lesiona la independencia del poder actor en el grado más grave de violación, que es justamente la subordinación y, en consecuencia, su autonomía en la gestión de sus recursos, debido a que dispone directamente de sus recursos financieros al conceder una pensión vitalicia a una persona que ha prestado sus servicios al poder actor, sin que éste tuviera alguna intervención.
En el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro no se contempló partida alguna para el pago de decretos controvertidos ante la SCJN. Así, el monto ahí contemplado apenas es suficiente para pagar las pensiones que ya había otorgado previamente el Congreso y no se tiene certeza de que pueda cubrir pensiones futuras adicionales a éstas.
Se infringe el artículo 92-A de la constitución local, ya que corresponde de forma exclusiva al Poder Judicial la planeación programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa.
El Poder Legislativo también transgrede el artículo 116 de la CPEUM, dado que pretende que el poder actor se someta a las decisiones del Congreso local.
El poder demandado pierde de vista que, a diferencia de los Ayuntamientos y diversos órganos del aparato gubernamental, el Poder Judicial no capta ingresos adicionales autorizados en el presupuesto anualizado que le permita hacer frente a cargas impuestas de modo extraordinario o bien, mitigar de algún modo el impacto en sus finanzas.
Con el decreto impugnado se transgrede la independencia y autonomía presupuestal del poder actor porque éste queda subordinado a cubrir al particular una pensión en razón del 65% del último salario del solicitante a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierto por el Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos; esto es, debe someterse a la voluntad del poder subordinante.
Es evidente la intromisión del poder legislativo demandado al determinar el pago de una pensión por cesantía en edad avanzada con cargo al erario y partida de pensiones a cargo del Poder Judicial sin que se haya tomado en cuenta al promovente y sin verificar la suficiencia de los recursos financieros.
Lo anterior viola los principios de división de poderes, autonomía e independencia establecidos en los artículos 17, 40, 41, 49, 116 y 133 de la CPEUM y 92-A y 131 de la constitución local.
Consecuentemente, el decreto impugnado implica la subordinación del Poder Judicial frente al congreso estatal, toda vez que viola el principio de autonomía en la gestión presupuestal consagrado en el artículo 116 constitucional.
4. Radicación y turno. En auto de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la SCJN ordenó formar el expediente con el número de controversia constitucional 156/2024 y turnarlo a la Ministra Lenia Batres Guadarrama para que instruyera el procedimiento correspondiente.
5. Admisión. Por acuerdo de trece de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda promovida y tuvo como demandados sólo a los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Morelos, sin reconocer ese carácter a la Secretaría de Gobierno ya que es un órgano subordinado al Poder Ejecutivo.
6. Contestación de demanda por las autoridades demandadas. Por oficio recibido mediante el sistema electrónico de esta SCJN, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado de Morelos dio contestación a la demanda, lo que fue acordado en auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro. Posteriormente, mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, la Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del estado contestó la demanda, lo que fue acordado en auto de trece de noviembre siguiente.
7. Manifestaciones. El Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del estado de Morelos presentó un oficio mediante el cual solicitó el sobreseimiento del presente asunto. Lo anterior, bajo el argumento de que ya fue realizada la transferencia de recursos al Poder Judicial del estado de Morelos para que realice el pago en cumplimiento al decreto de pensión impugnado en el medio de control constitucional que nos ocupa. Para respaldar esta afirmación, adjuntó a su escrito los siguientes documentos:
a) Copia certificada del oficio LVI/MD/AÑO.1/P.O.1/014/2024 de tres de septiembre de dos mil veinticuatro, en el cual la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado LVI Legislatura solicitó al Secretario de Gobierno en suplencia del Gobernador Constitucional del estado de Morelos realizara la transferencia de los recursos para el cumplimiento del Decreto 1731 (mil setecientos treinta y uno), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 6306 de ocho de mayo de dos mil veinticuatro, por el que se concede una pensión por cesantía en edad avanzada a **********.
b) Copia certificada del oficio CJ/DGACyA/0502/2024-9 de once de septiembre de dos mil veinticuatro, suscrito por el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica del estado de Morelos, mediante el cual solicita al Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda de dicha entidad federativa que, en cumplimiento a lo peticionado por el congreso del estado, transfiera al Poder Judicial local los montos relacionados con los decretos de pensión impugnados en diversas controversias constitucionales, incluida la presente controversia 156/2024.
c) Copia certificada del oficio SH/CPP/DGPGP/4092-AD/2024 de diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, mediante el cual el Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda comunicó al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos que, derivado de la ampliación presupuestaria autorizada a este último, los recursos solicitados para dar cumplimiento a lo ordenado en diversos medios de control constitucional y decretos de pensión, deberán ser considerados de dicha ampliación para que se efectúen los pagos requeridos, cuyo beneficiario es, entre otros, **********.
d) Copia certificada del oficio SH/CPP/DGP/GP/4160-AD/2024 de veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, a través del cual el Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace del conocimiento del Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica del estado de Morelos que mediante el diverso oficio SH/CPP/DGPGP/4092-AD/2024 de diecisiete de septiembre del año en cita, se dio respuesta a la solicitud de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos LVI Legislatura de realizar la transferencia de recursos para el pago de pensiones.
f) Copia certificada del comprobante electrónico de pago a favor del Poder Judicial del estado de Morelos, por el monto de $**********, efectuada por el Gobierno de dicha entidad el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro.
8. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. El veintidós de enero de dos mil veinticinco se llevó a cabo tal audiencia, sin la presencia de las partes.
9. Cierre de instrucción. El veinticuatro de febrero siguiente, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
10. Avocamiento. Por acuerdo de trece de marzo de dos mil veinticinco, esta Segunda Sala de la SCJN se avocó al conocimiento de esta controversia constitucional.
I. COMPETENCIA
11. Esta Segunda Sala de la SCJN es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h, de la CPEUM;(1) 1o de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) 10, fracción I,(3) y 11, fracción VIII,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) vigente hasta el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, en relación con el punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 1/2023,(5) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril de siguiente, sin que resulte necesario la intervención del tribunal pleno.
12. Cabe señalar que, conforme al tercero transitorio de la LOPJF,(6) esta SCJN seguirá funcionando en Pleno o en Salas hasta en tanto las Ministras y los Ministros electos tomen protesta de su encargo el uno de septiembre de dos mil veinticinco.
II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
13. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria(7) se precisa el acto objeto de la presente controversia.
14. De la lectura integral de la demanda se aprecia que, en esencia, el Poder Judicial del estado de Morelos se duele de que el Poder Legislativo de dicha entidad otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada, con cargo a su presupuesto, sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento, ni haberle concedido participación alguna.
15. Esa determinación únicamente se encuentra en el artículo 2° del Decreto número 1731 (mil setecientos treinta y uno) impugnado; por lo que, esta Segunda Sala de la SCJN lo fija como acto objeto de la presente controversia.(8)
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
16. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, se tiene por demostrada la existencia del acto impugnado, pues el Poder Ejecutivo demandado remitió a esta SCJN copia del Decreto número 1731 (mil setecientos treinta y uno) por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada a una persona.
17. En consecuencia, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC),(9) aplicado supletoriamente, se tiene por probada la existencia del acto impugnado.
IV. OPORTUNIDAD
18. Conforme al artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(10) el plazo para promover la controversia constitucional en contra de actos u omisiones es de treinta días contados a partir del día siguiente al que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o aquel en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
19. En este caso el acto impugnado es el Decreto número 1731 (mil setecientos treinta y uno), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6302, el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro.
20. Para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el citado medio de comunicación, en virtud de que el Poder Judicial actor no manifestó haber tenido conocimiento en diversa data.
21. Entonces, el plazo de treinta días para promover este medio de control constitucional transcurrió del veinticinco de abril al seis de junio de dos mil veinticuatro, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria.(11) Por lo tanto, en este caso la demanda fue presentada de forma oportuna el veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro.
22. De dicho plazo deben descontarse los días veintisiete y veintiocho de abril, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de mayo, así como, uno y dos de junio de dos mil veinticuatro por haber sido sábados y domingos, de igual forma, el uno de mayo de dicha anualidad, por haber sido inhábil conforme a los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria que rige en esta materia, con relación al diverso 143 de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y atento a lo dispuesto en el punto Primero, incisos a, b, c y f, del Acuerdo General 18/2013 de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
23. La demanda fue presentada por parte legítima.
24. Luis Jorge Gamboa Olea, en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos, está legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial de dicha entidad federativa, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h, de la CPEUM; 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(12) y 34 y 35, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(13)
25. Ello es así, ya que atento a los preceptos citados, el Poder Judicial del Estado es uno de los entes legitimados para promover controversias constitucionales y corresponde al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia su representación en todos los litigios en que dicho ente público sea parte.
26. Además, el promovente acreditó su personalidad con copia certificada del acta de Sesión Extraordinaria de Pleno Público Solemne Número Uno, celebrada el cuatro de mayo de dos mil veintidós, en la que fue declarado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, por el período comprendido del dieciocho de mayo de dos mil veintidós al diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
27. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria,(14) la parte demandada deberá comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las leyes aplicables, están facultadas para representarla.
28. Los órganos demandados tienen legitimación pasiva.
29. Se reconoció el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Morelos, por la expedición, promulgación y publicación, respectivamente, del decreto impugnado.
30. Estas autoridades cuentan con legitimación pasiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II,(15) y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria,(16) de los que se advierte que tendrán el carácter de demandados la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.
31. En representación del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, acude al juicio su Consejero Jurídico, quien acreditó dicha calidad con copia certificada de su nombramiento expedido el veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, por la Gobernadora Constitucional del estado Libre y Soberano de Morelos.
32. Luego, conforme al artículo 36, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos(17) y el “Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo Acuerdo del Gobernador del estado Libre y Soberano de Morelos” publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5697 el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, el promovente tiene facultades de representación.
33. Por parte del Poder Legislativo del estado de Morelos, comparece la diputada Jazmín Juana Solano Pérez, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura, quien conforme al artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para dicho Congreso,(18) tiene atribuciones para representar al Congreso del estado de Morelos en cualquier asunto en que sea parte.
34. Por lo anterior, los citados funcionarios cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les responsabiliza por los actos impugnados y cuentan con facultades para representar a dichos poderes.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
35. En el caso, el Poder Judicial del estado de Morelos promovió controversia constitucional en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa. En esta controversia, demandó la invalidez del Decreto número 1731 (mil setecientos treinta y uno), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6302, el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro. 36. El poder actor argumentó que la pensión por cesantía en edad avanzada establecida en el decreto impugnado fue otorgada a una persona con cargo a su presupuesto, sin cerciorarse de que el poder actor efectivamente contara con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica impuesta, lo que vulneró su autonomía de gestión presupuestal.
37. La cuestión que subyace en este asunto consiste en determinar si el decreto impugnado vulnera la autonomía del Poder Judicial local; sin embargo, antes de abordar esa cuestión, es necesario evaluar si los documentos aportados por el Poder Ejecutivo del estado de Morelos resultan idóneos para acreditar el pago de la obligación prevista en el decreto impugnado. Esto se debe a que, de ser el caso, podría actualizarse la causa improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(19) lo que daría lugar a sobreseer en el presente asunto.
38. Dicho lo anterior, es importante precisar que el artículo 31 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. Asimismo, de acuerdo con este mismo precepto, corresponde al ministro instructor desechar aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva.(20)
39. Por otro lado, el artículo 32, párrafo primero, de dicha legislación,(21) señala que las pruebas deberán ofrecerse y rendirse, por regla general, en la audiencia prevista en el artículo 29 del mismo ordenamiento.(22)
40. Sin embargo, el artículo 35 de la citada ley reglamentaria,(23) junto con la interpretación que esta SCJN ha realizado en el criterio de rubro “PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SI LO CONSIDERA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR, DE OFICIO, QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN AUNQUE YA LE HAYA SIDO PRESENTADO EL PROYECTO PARA SU RESOLUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)”,(24) prevé que el ministro instructor podrá decretar pruebas para mejor proveer en todo tiempo.
41. Esto implica que dichas pruebas pueden ser decretadas desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se someta a consideración el proyecto de resolución correspondiente.
42. En este sentido, los documentos aportados por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos se consideran en el presente asunto como pruebas para mejor proveer, dado que guardan relación inmediata con los hechos controvertidos.
43. Tomando en cuenta lo anterior, corresponde analizar los documentos aportados por el Poder Ejecutivo del estado de Morelos, de los cuales se desprende lo siguiente:
I. Por oficio JURIDICO/0619/2024 de tres de septiembre de dos mil veinticuatro, dirigido a la Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del estado de Morelos, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos, en respuesta a la solicitud formulada mediante oficio LV/MD/AÑO.3/P.O.2/461/2024, remitió la determinación de pensión realizada por la Dirección General de Administración del Poder Judicial del estado de Morelos, de la que se advierte que el monto que se requiere para cubrir la pensión establecida en el Decreto 1731 (mil setecientos treinta y uno), es de **********.
II. Oficio LVI/MD/AÑO.1/P.O.1/014/2024, de tres de septiembre de dos mil veinticuatro, por medio del cual la Presidenta de la Mesa Directiva de la LVI Legislatura del Congreso del estado de Morelos solicitó al titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad la transferencia de los recursos indicados por el Poder Judicial.
III. El veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo del estado de Morelos realizó una transferencia interbancaria al Poder Judicial local, por concepto de una ampliación presupuestal, por un monto de $**********.
IV. Por oficio con número de folio DCCA-002469-2024 de nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, la Secretaria Particular de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado, por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo, solicitó la transferencia de recursos al Poder Judicial para el pago del Decreto 1731 (mil setecientos treinta y uno).
V. Por oficio CJ/DGACyA/0502/2024-09 de once de septiembre de dos mil veinticuatro, dirigido al Procurador Fiscal del estado de Morelos y al Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda de esa entidad federativa, el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica solicitó que en cumplimiento a lo peticionado por el congreso del estado, transfiriera al Poder Judicial local los montos relacionados con los decretos de pensión impugnados en diversas controversias constitucionales, incluida la relacionada a la presente controversia 156/2024.
VI. Mediante oficio SH/CPP/DGPGP/4092-AD/2024, de diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos, el Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos informó que, derivado de la ampliación autorizada mediante oficio SH/0920-GH/2024 de dos de julio de dos mil veinticuatro, por un monto de $**********, los recursos solicitados para cumplir con diversos medios de control constitucional y decretos de pensión deberían ser considerados de dicha ampliación presupuestal a fin de realizar los pagos requeridos.
VII. Por oficio SH/CPP/DGPGP/4160-AD/2024, de veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, el Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos informó al Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica que, mediante oficio SH/CPP/DGPGP/4092-AD/2024, se dio respuesta a la solicitud de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos LVI Legislatura de realizar la transferencia de recursos para el pago de pensiones.
44. De acuerdo con lo anterior, se constata que se han transferido los recursos financieros necesarios para que el Poder Judicial del estado de Morelos cumpla con la carga económica establecida en el Decreto número 1731 (mil setecientos treinta y uno), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6302 el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro. Por tanto, es evidente que han quedado sin efecto las posibles afectaciones que dicho acto pudiera haber generado.(25)
45. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria,(26) se debe sobreseerse en la presente controversia constitucional, con fundamento en el artículo 20, fracción II, del citado ordenamiento legal.(27)
46. En similares términos esta Segunda Sala resolvió las controversias constitucionales 143/2024,(28) 147/2024(29) y 89/2024.(30)
VIII. DECISIÓN
Por lo antes expuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.
Notifíquese; haciéndolo por oficio a las partes, y en su oportunidad devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama (ponente) y Presidente Javier Laynez Potisek.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
PRESIDENTE
MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK
PONENTE
MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA
SECRETARIA DE ACUERDOS
JAZMÍN BONILLA GARCÍA
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: (...)
h) Dos Poderes de una misma entidad federativa; (...)
2. Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
3. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (...)
4. Artículo 11.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201033-e3317fad/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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