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Modo: Corpus Pro

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES INEXISTENTE TRATÁNDOSE DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 72/2007. · Registro digital (IUS): 20136
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CARLOS ALBERTO O CARLOS GARCÍA AGUILAR.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, , Pág. 1801.

AMPARO EN REVISIÓN 72/2007. CARLOS ALBERTO O CARLOS GARCÍA AGUILAR.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Son inoperantes en parte, infundados en otra y fundados en lo demás, los agravios antes transcritos.

En primer lugar, resultan inoperantes las afirmaciones del recurrente en el sentido de que la sentencia impugnada viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, pues de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, el único medio de defensa para reclamar actos de autoridad que violen garantías individuales lo es el juicio de amparo, de manera que en casos como el de la especie, no puede legalmente examinarse lo relativo a una supuesta violación de las citadas garantías por parte del Juez de amparo, pues el recurso de revisión no es un medio de control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, sino un instrumento técnico a través del cual se revisa la actuación del Juez Federal que conoce del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 12/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas quinientos siete y quinientos ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de garantías de que se trata y hace valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución materia del mismo, como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz únicamente vía de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisión, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resolución, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducirían al ad quem a modificar o revocar dicha resolución, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo."

En segundo lugar, debe decirse que el hecho de que el recurrente invoque preceptos legales y transcriba tesis jurisprudenciales, es insuficiente para demostrar la ilegalidad de la sentencia recurrida, pues para ello es necesario exponer argumentos jurídicos concretos que demuestren el porqué esos preceptos se infringen en la mencionada sentencia y el porqué las tesis que invoca son aplicables al presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número VI.2o.C. J/191 sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en materia civil, ahora resuelve, visible en la página mil treinta y cuatro, Tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. Cuando no se advierta una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al recurrente y que no amerite, por tanto, la suplencia de la queja a que se refiere el artículo 76 Bis, fracción VI de la Ley de Amparo, los agravios son inoperantes para los efectos de la revisión, si no se expone argumentación alguna para combatir los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta la sentencia del a quo, ya que el artículo 88 del mismo ordenamiento legal le impone la obligación de expresar los agravios que le cause dicha sentencia que, por tal motivo, se impone confirmar en todas sus partes."

Asimismo, son inoperantes las manifestaciones del recurrente, en el sentido de que las consideraciones del Juez de Distrito a quo son arbitrarias e ilegales "y carentes de la idea jurídica que pretende hacer valer, porque no se hace un estudio formal del negocio para fallarlo, ya que de los informes con justificación que rindieron las responsables, se desprende la certeza del acto reclamado y como las responsables, consideramos, que justificaron la constitucionalidad de sus actos; lógico es que no se hubiera concedido el amparo y protección de la Justicia Federal"; y que la sentencia recurrida no se dictó conforme a derecho ni se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento.

Se dice que son inoperantes las manifestaciones anteriores, toda vez que el recurrente no razona jurídicamente el porqué de las mismas, por lo que tales aseveraciones no pueden considerarse como la expresión de un verdadero agravio, que se traduce en la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que rige al caso.

En efecto, al expresar cada agravio, el recurrente, además de precisar cuál es la parte de la sentencia que lo causa y citar el precepto legal violado, debe explicar el concepto por el cual fue infringido, no siendo apto para ser tomado en cuenta el agravio que carezca de esos requisitos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número VI.2o. J/84 de este propio órgano colegiado, que aparece publicada en la página noventa y cuatro de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 35, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa, que dice: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Se entiende por agravio la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por consiguiente, al expresarse cada agravio, debe el recurrente precisar cuál es la parte de la sentencia que lo causa, citar el precepto legal violado y explicar el concepto por el cual fue infringido, no siendo apto para ser tomado en consideración, en consecuencia, el agravio que carezca de esos requisitos."

Cabe precisar que el hecho de que la autoridad responsable hubiera aceptado como cierto el acto reclamado, y que por tal razón el Juez de Distrito a quo así lo haya considerado, no implica de ninguna manera que eso sea prueba suficiente para tener por legal el emplazamiento reclamado y negar el amparo solicitado pues, para ello, era indispensable que dicho emplazamiento se hubiera efectuado con las formalidades que se establecen en los artículos 49 y 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, anterior al vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/13 sustentada por este Tribunal Colegiado, visible en la página doscientos cuarenta y siete, Tomo I, junio de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL. EFECTOS. El hecho de que un Juez de Distrito declare probado el acto reclamado, no quiere decir que haya reconocido ni aceptado, al hacer tal apreciación la existencia de las violaciones alegadas por la parte quejosa en el juicio, ya que tal declaración sólo se refiere a precisar que se tiene por cierta la existencia de hechos expuestos en la demanda."

También son inoperantes las manifestaciones que hace el recurrente en relación con los argumentos torales que sustentan el considerando tercero de la sentencia que se revisa, pues además de que se limita a mencionar aspectos generales relativos al principio de iniciativa o instancia de parte establecido en los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, omite exponer argumentos lógico jurídicos que demuestren la ilegalidad de esa parte del fallo y, en el caso, no se atacó la razón que el Juez de Distrito a quo tuvo en cuenta para desestimar las causales de improcedencia previstas en las fracciones V y XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, sobre la base de que el quejoso fue parte demandada dentro del juicio ejecutivo mercantil generador del acto reclamado y que, por ello, era inconcuso que tenía interés jurídico para reclamar los actos de autoridad que emanan de esa controversia mercantil que, además, era inaplicable al caso la segunda de dichas causales de improcedencia, porque el quejoso manifestó en su demanda de garantías, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el cuatro de diciembre de dos mil seis, y presentó el escrito respectivo el seis de ese mismo mes, por lo que era evidente que entre esas fechas no había transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, sin que de autos se advirtiera prueba alguna de la que se desprendiera lo contrario, ni que en el caso concreto se actualizara alguna de las hipótesis contempladas por los artículos 22 y 218 de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, son aplicables al caso las jurisprudencias números 599, 601 y VI.2o. J/36 de este Tribunal Colegiado, publicadas en las páginas trescientos noventa y ocho, y trescientos noventa y nueve del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, y quinientos noventa y tres del Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve que, respectivamente, dicen: "AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios.", "AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN. No puede considerarse como agravio la simple manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado." y "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. Resultan inoperantes los agravios hechos valer cuando se aprecia que no se hace un razonamiento lógico jurídico concreto para desvirtuar las estimaciones del Juez de Distrito, las que llevan a establecer que el acto reclamado no existe en la forma planteada; o sea, que en la revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la consecuencia de una violación de la ley, pues aunque en una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, este tribunal no podría remediarlo mientras no se advierta que tal sentencia ha sido dictada con infracción de un precepto legal."

Por otra parte, son inoperantes las manifestaciones del recurrente en el sentido de que el emplazamiento es de naturaleza distinta al requerimiento de pago y embargo, y su finalidad es diversa; que aquél no interfiere con éstos y viceversa; que la independencia de esos actos permite que se lleven a cabo en la misma diligencia; que los artículos 1393 del Código de Comercio y 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, anterior al vigente, no exigen al diligenciario responsable el asentar en el citatorio previo "en qué forma se cercioró de la identidad de la persona con quien entendió la diligencia de emplazamiento en ausencia del demandado"; que si bien en el primero de esos artículos se establece el requisito de citatorio previo al emplazamiento, también lo es que ese numeral contiene una laguna al no establecer qué lapso debe mediar entre el momento en que se deja el citatorio y el de la hora de espera que debe fijarse para el emplazamiento, por lo que es necesario remitirse a la ley de procedimientos civiles local, en cuyo artículo 49, fracción III, se señala que si el interesado no se encuentra en la primera búsqueda, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; que el diligenciario responsable cumplió con este numeral; que la reposición del procedimiento a partir de la diligencia de emplazamiento tiene una ejecución de imposible reparación para la parte actora, porque con el embargo practicado en el juicio generador ya tenía garantizadas las prestaciones que reclamó; y, que la insubsistencia de ese embargo con motivo de la concesión del amparo al quejoso afecta derechos sustantivos del actor.

Se dice que las anteriores manifestaciones son inoperantes, porque además de que el Juez de Distrito a quo no hizo pronunciamiento alguno sobre el particular, ni las tomó como base al analizar el emplazamiento reclamado, el recurrente no rebate y menos aún destruye las tres consideraciones torales que emitió dicho Juez Federal al analizar el emplazamiento reclamado, respecto del cual básicamente sostuvo que era ilegal: a) Porque no obstante el diligenciario responsable dejó por separado los citatorios previos a los demandados, las diligencias respectivas se realizaron a la misma hora y el mismo día; b) Porque aun cuando le está permitido a ese funcionario emplazar conjuntamente a los demandados que tengan un mismo domicilio, en el caso no aparece que se hubiesen entregado dos traslados, esto es, uno para cada uno de los demandados; y, c) Porque dicho fedatario omitió asentar la razón por la cual la persona con la que se entendió la diligencia no firmó el acta respectiva, esto es, si no quiso, no supo o no pudo hacerlo, puesto que en la referida acta dicho funcionario se limitó a señalar lo siguiente: "... Finalmente se da por terminada la presente diligencia, levantándose esta acta para constancia que se firma por el suscrito y el actor no así por la persona con quien se entiende la diligencia a quien se le entrega también copias de la misma. Doy fe.". Por lo anterior, son aplicables al caso las jurisprudencias números 599, 601 y VI.2o. J/36 de este órgano colegiado, publicadas en las páginas trescientos noventa y ocho y trescientos noventa y nueve del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 y, quinientos noventa y tres del Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, las cuales se transcribieron con antelación en la presente ejecutoria.

Por otro lado, debe decirse que el hecho de que con anterioridad el codemandado en el juicio natural, quien es hermano del quejoso haya reclamado en amparo el emplazamiento a ese juicio, de ninguna manera puede servir de base para tener por acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo. En efecto, además de que en autos no se advierte que el hoy quejoso hubiere manifestado que conoció el acto reclamado con motivo de la presentación de aquella demanda de garantías, ni que se hubiera apersonado a ese juicio, debe tenerse presente que el conocimiento del acto reclamado a que se refiere el artículo 21 del mencionado ordenamiento legal, debe ser de manera directa, exacta y completa, esto es el afectado ha de tener noticia del juzgado donde se tramita un procedimiento instaurado en su contra, la clase de juicio, el estado en que éste se encuentra, la persona que la demanda y las prestaciones que se le reclaman, nada de lo cual ocurrió en la especie, ya que el referido quejoso claramente manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el cuatro de diciembre de dos mil seis, por lo que resulta impropio jurídicamente partir de una fecha distinta como base para efectuar el cómputo para la presentación de la presente demanda de garantías, ello es así, dado que la defensa de los intereses jurídicos del gobernado a través del juicio de amparo debe entenderse siempre con la condición de que al interesado se le hagan saber de manera directa, exacta y completa todos los datos que lo posibiliten para combatir el acto de autoridad que le afecta. Sirven de apoyo a lo anterior, en lo conducente, las tesis XXI.2o.48 K y XVI.1o.1 K sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visibles en las páginas seiscientos uno y trescientos noventa y uno, Tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, y Tomo I, junio de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que, respectivamente, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA, CUANDO EL QUEJOSO ES AJENO AL JUICIO DONDE SE GENERÓ EL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, el término para la interposición de la demanda de garantías, es de quince días. El mismo dispositivo previene tres hipótesis, a partir de las cuales da inicio el referido plazo. La primera de ellas, relativa a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. A la luz del precepto en cuestión, si el promovente del amparo, en su demanda manifiesta no ser parte en el juicio de donde emanó el acto reclamado, es decir, se ostenta como tercero extraño al juicio, y afirma haber tenido conocimiento de la existencia del acto reclamado en determinada fecha cuando acudió al Registro Público de la Propiedad del Estado, a solicitar la inscripción del contrato de compraventa mediante el cual adquirió la propiedad del inmueble afectado con el acto de molestia, si en contra de la referida afirmación del agraviado en el amparo, no existe ningún dato en el expediente natural, esto es, no se advierte que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto reclamado, o que se hubiese ostentado sabedor del mismo, con fecha distinta a la por él indicada en su demanda de garantías, entonces, la misma debe tenerse por cierta, y debe servir de base para el cómputo del término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo." y "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO CIERTO Y PLENO DEL. TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. TERCEROS EXTRAÑOS AL JUICIO.-Cuando en una demanda de amparo presentada ante un Juez de Distrito, el promovente de la misma que se ostenta tercero extraño al juicio del que deriva el acto reclamado que combate en el amparo y que hace consistir en el desposeimiento de un bien que dice es de su propiedad, manifiesta que en una fecha determinada se llevó a cabo tal acto por una autoridad ejecutora que simplemente le hizo de su conocimiento que el referido acto obedecía a un embargo que se había decretado sobre el bien en un juicio del que sólo se le proporcionó el número; tal expresión por parte del quejoso si bien implica que supo de la ejecución del acto que reclama en su demanda de garantías, sin embargo no puede conceptuarse como un conocimiento cierto y pleno del acto reclamado para que el quejoso estuviere en condiciones a partir de esa fecha de acudir al juicio de amparo a reclamar la inconstitucionalidad del mismo, y que a la vez pueda tomarse como dato del inicio del término de la presentación de la demanda de amparo conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, porque al ser ajeno al juicio natural no conoce los antecedentes del acto que le afecta, por lo que resulta impropio jurídicamente estimar que la ejecución material de un acto de autoridad puede tenerse, en todos los casos, como punto de partida para efectuar el cómputo para la presentación de la demanda de garantías, pues la defensa de los intereses jurídicos del gobernado a través del juicio de amparo debe entenderse siempre con la condición de que al interesado se le hagan saber los datos necesarios que lo posibiliten para combatir el acto de autoridad, y por ello debe considerarse que no es sino hasta que, según la aseveración del quejoso bajo protesta de decir verdad, no desvirtuada con prueba alguna en el amparo, en una fecha posterior cuando conoció plenamente los antecedentes del acto reclamado que le permitieran estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo a combatir el acto que estima viola garantías individuales en su perjuicio, a partir de cuando debe computarse el término para la interposición de la demanda de garantías."

No obstante lo anterior, asiste la razón al recurrente al alegar que los efectos del amparo que se concedió al quejoso Carlos Alberto o Carlos García Aguilar, no debieron hacerse extensivos a su codemandado José Domingo Rubén García Aguilar pues, contrariamente a lo considerado por el Juez de Distrito a quo, entre esa persona y el quejoso no existe litisconsorcio pasivo necesario.

En efecto, el litisconsorcio presupone que el derecho litigioso afecta a varias personas, ya sea en forma activa (parte actora) o pasiva (parte demandada), de tal manera que la decisión que se dicte en forma ineludible afectará a todas aquéllas; de ahí que se actualiza cuando dos o más personas ejerzan la misma acción u opongan la misma excepción. Así las cosas, la institución jurídica del litisconsorcio pasivo tiene como objetivo principal el que exista una sola sentencia para todos los litisconsortes, dado el vínculo existente en la relación jurídica de que se trata. Pero debe distinguirse entre litisconsorcio pasivo voluntario y litisconsorcio pasivo necesario; el primero se da cuando la acción respectiva puede ejercerse indistintamente en contra de cada uno de los obligados, pero éstos deciden litigar en forma conjunta; mientras que en el segundo, es indispensable dar intervención a todas las partes interesadas en el juicio para que puedan quedar obligadas legalmente por la sentencia que llegue a dictarse, esto es, que el proceso no puede iniciarse válidamente sino con la pluralidad de partes que intervienen en el acto objeto del litigio, de tal manera que no es posible pronunciar sentencia válida y eficaz sin oír a todas ellas; así pues, no sería posible condenar a una parte sin que la condena alcance a la otra.

Ahora bien, en aquellos casos de obligados solidarios, no se actualiza el supuesto del litisconsorcio pasivo necesario, habida cuenta que el artículo 1987 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio, en términos de su artículo 2o., define la solidaridad pasiva como la obligación que tienen dos o más deudores de prestar, cada uno por sí, la totalidad de la obligación, de tal manera que si cada deudor debe responder por la totalidad de la deuda no es requisito indispensable exigirla a todos los obligados solidarios, sino que puede válidamente pedir la satisfacción de lo adeudado a uno de ellos y éste debe responder por la totalidad; de ahí que no se configure en este supuesto la figura jurídica en cuestión, puesto que no es necesario que a todos los deudores solidarios se les exija mediante la acción respectiva el cumplimiento de las obligaciones para que válidamente pueda desarrollarse el procedimiento y dictarse una sentencia definitiva.

En el presente asunto, en la demanda ordinaria y en el pagaré fundatorio de la acción se advierte que éste fue suscrito por Carlos García Aguilar, como deudor principal y José Domingo Rubén García Aguilar, como aval y con ese carácter se demandó al quejoso.

En tal virtud, no se actualiza la aludida figura jurídica entre el demandado principal y el deudor solidario, ya que cada uno de ellos puede dar cumplimiento por sí mismo a la obligación garantizada (como en el caso de las obligaciones solidarias), es decir, pueden cumplir indistintamente dicha obligación, en cuyo caso puede demandarse a cualquiera de las personas obligadas, sin que sea necesario demandar simultáneamente a éstas para que la sentencia que se pronuncie tenga validez y eficacia jurídica, por tanto, no era necesario que la actora incoara la demanda inicial en contra de ambos obligados, ya que está facultada para exigir la totalidad del adeudo solamente al deudor principal, o bien, enderezarla en contra del deudor solidario. Tiene aplicación al caso, la tesis número VI.2o.C.401 C, emitida por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página mil ochocientos, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expone: "-El litisconsorcio necesario presupone la afectación a una pluralidad de sujetos con motivo del derecho litigioso que se deduce en juicio, ya sea en forma activa o pasiva, de tal forma que la decisión que se dicte, de manera ineludible les afecte a todos, de ahí que cuando dos o más personas ejercen la misma acción u oponen la misma excepción se actualiza esta figura jurídica. Ahora bien, debe distinguirse entre el litisconsorcio voluntario y aquel de carácter necesario; el primero se da cuando la acción se insta o dirige indistintamente por o contra cada uno de los que están ligados por una misma obligación y deciden litigar en forma conjunta; el segundo acontece cuando es indispensable dar intervención a todos los interesados en el juicio para que puedan quedar vinculados con lo resuelto en la sentencia que llegue a dictarse, esto es, que el proceso no puede iniciarse válidamente sino con la pluralidad de partes que intervienen en el acto objeto del litigio, de tal manera que no es posible pronunciar sentencia válida y eficaz sin oír a todas ellas; así, en tratándose del de naturaleza pasiva no sería posible condenar a uno de los demandados sin que ésta alcance al otro u otros. Sin embargo, en el caso de obligados solidarios, no se actualiza el supuesto del litisconsorcio pasivo necesario, habida cuenta que el artículo 1987 del Código Civil Federal y sus correlativos de similar contenido en las entidades federativas, define a la solidaridad pasiva como la obligación de dos o más deudores de prestar, cada uno por sí, en su totalidad, la prestación debida, de manera que si cada deudor responde por la totalidad de la obligación, no es requisito indispensable para su procedencia en juicio, que indefectiblemente se exija a todos los obligados solidarios, pues válidamente se puede pedir a uno de ellos la satisfacción de la totalidad de lo adeudado."

De igual modo, puede observarse la tesis número I.3o.C.420 C, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en cuyo contenido este órgano colegiado está de acuerdo, publicada en la página mil veinte, Tomo XVII, junio de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO MERCANTIL, NO SE ACTUALIZA ENTRE EL DEUDOR PRINCIPAL Y LOS AVALISTAS, POR EXISTIR ENTRE ELLOS UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA.-La institución jurídica del litisconsorcio pasivo tiene como objetivo principal el que exista una sola sentencia para todos los litisconsortes, por no poder pronunciarse una decisión judicial válida sin oír a todos ellos, dado el vínculo existente en la relación jurídica de que se trata, de ahí que no es posible condenar a una parte sin que la condena alcance a la otra; de donde se sigue que es indispensable dar intervención a todas las partes interesadas en el juicio para que puedan quedar obligadas legalmente por la sentencia que llegue a dictarse; sin embargo, tal figura no tiene aplicación cuando la acción respectiva puede ejercitarse indistintamente respecto de cada uno de los obligados, pues en esta hipótesis se estará en presencia de un litisconsorcio voluntario. En efecto, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando la sentencia únicamente puede dictarse en relación con varias partes, debiendo en este caso ser demandadas en el mismo juicio, esto es, que el proceso no puede iniciarse válidamente sino con la pluralidad de partes que intervienen en el acto objeto del litigio, de tal manera que no es posible pronunciar sentencia válida y eficaz sin oír a todas ellas; empero, la mencionada figura no se actualiza cuando cada uno de los deudores puede dar cumplimiento por sí mismo a la obligación garantizada, es decir, pueden cumplir indistintamente dicha obligac

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20136-cf6f2ac9/litisconsorcio-pasivo-necesario-es-inexistente-tratandose-de-obligaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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