EMPLAZAMIENTO AL CODEMANDADO. SU LEGALIDAD NO PUEDE SER CUESTIONADA EN EL JUICIO DE AMPARO POR OTRO CODEMANDADO.
AMPARO DIRECTO 98/2011. **********.
QUINTO. Son inatendibles, por una parte, infundados en otra, e inoperantes en lo demás, los conceptos de violación que se plantean.
Argumenta la solicitante del amparo, que la sentencia que combate es violatoria de sus garantías individuales, debido a que la autoridad responsable, por lo que respecta a la falta de llamamiento a juicio, no entra a su estudio por considerar que se trata de un acto consentido al haberse promovido el recurso de reclamación en contra del proveído de veinte de noviembre de dos mil nueve, en el que se acordó favorablemente la petición del actor referente al desistimiento que efectuó en relación con **********, lo que denota una falta de análisis de las constancias que conforman el expediente, toda vez que el veinte de noviembre de dos mil nueve, no había sido emplazada a juicio y, al momento de llamarla a éste, no se hizo de su conocimiento la existencia de ese desistimiento.
Por otro lado, en la parte final de sus conceptos de violación sobre este mismo tema, la quejosa alega que la responsable dejó de aplicar el artículo 353, inciso b), del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que prevé el deber para el juzgador de que al percatarse de que existe un ilegal emplazamiento a juicio de alguno de los interesados, ordenará la reposición del procedimiento, siendo que, en la especie, a pesar de que se ejerció la acción reivindicatoria en contra de **********, al mismo no se le llamó a juicio, no obstante que formó parte de la relación procesal en su carácter de demandado, no obstante ello en la sentencia se tiene por acreditada la acción reivindicatoria únicamente con la confesión de la amparista, cuando el actor reclamó la posesión del inmueble a dos demandados.
Los anteriores argumentos deben calificarse como inatendibles, en virtud de que independientemente de las consideraciones vertidas por la Sala sobre el particular, la legalidad del emplazamiento a un codemandado, no puede ser cuestionada en el juicio de amparo por otro codemandado, ya que lógicamente los vicios de que pudiera adolecer esa diligencia e incluso su inexistencia, no causan al amparista un agravio personal y directo; en su caso, ese agravio sólo podría cristalizarse en perjuicio de su codemandado, quien es el único legitimado para reclamar su reparación, pues para que la constitucionalidad de determinado acto pueda ser materia del juicio de garantías es menester que cause un agravio personal y directo al promovente del amparo.
Lo anterior encuentra apoyo en el criterio de este Tribunal Colegiado anterior a su especialización en materia civil, al resolver los juicios de amparo directo números 394/1991, 429/1991, 169/1993 y 265/2007, con registro 216,956 en el sistema electrónico de consulta IUS, visible a página 273, Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, que establece:
"EMPLAZAMIENTO AL CODEMANDADO, LEGALIDAD DEL. NO PUEDE SER CUESTIONADA EN EL JUICIO DE AMPARO POR OTRO CODEMANDADO. La legalidad del emplazamiento a un codemandado, no puede ser cuestionada en el juicio de amparo por otro codemandado (quejoso), ya que lógicamente los vicios de que pudiera adolecer esa diligencia e incluso su inexistencia, no le causan al amparista un agravio personal y directo; en su caso, ese agravio sólo podría cristalizarse en perjuicio de su codemandado (no quejoso), quien es el único legitimado para reclamar su reparación, pues para que la constitucionalidad de determinado acto pueda ser materia del juicio de garantías es menester que cause un agravio personal y directo al promovente del amparo."
En otro de sus argumentos, aduce la solicitante de la protección federal, que en una clara violación al artículo 353, inciso d), del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que deja en claro que uno de los presupuestos procesales lo constituye el litisconsorcio pasivo necesario, la responsable no analiza esa situación de manera oficiosa, pues únicamente sostiene que no entra al estudio de esa figura por lo que se refiere a **********, por constituir un acto consentido, cuando la ley le impone el deber de estudiarla de oficio; agregando que el precepto legal establece que si no se hubiera demandado a todos aquellos que participaron en el acto declarará improcedente la acción y en el escrito inicial de demanda del juicio reivindicatorio el actor imputó hechos, de manera directa, tanto a la quejosa como a **********, reclamándoles las mismas prestaciones.
Los anteriores argumentos resultan claramente infundados, pues de la simple lectura de las constancias procesales y, específicamente, de la sentencia que constituye el acto reclamado, se aprecia que, contrario a lo sostenido por la quejosa, la Sala sí entró al estudio del argumento relativo al litisconsorcio en relación con **********, estimando que la misma no se actualizaba pues, de acuerdo con la doctrina, esa figura se presenta cuando el derecho litigioso afecta a varias personas, de tal manera que la decisión que se dicte en el proceso afecte en forma ineludible a todas ellas y que, en la especie las personas demandadas no se encontraban en comunidad jurídica respecto del bien litigioso, por no haberse estipulado por el actor una misma causa, acto o hecho jurídico que haya dado pauta a los enjuiciados a detentar la posesión del inmueble afecto a la litis, o bien, que la posesión de uno derive de la del otro.
En efecto, sobre el particular la responsable sostuvo:
"Indiscutiblemente, pues aun cuando el doliente afirma que en el caso existió litisconsorcio pasivo necesario respecto de **********, quien fue señalado como enjuiciado en la demanda, a quien se omitió emplazar a juicio, por haberse desistido la enjuiciante de la acción (sic) ejercida adversamente a él, este órgano colegiado revisor estima que aquel litisconsorcio no se actualiza. Conforme a la doctrina, el litisconsorcio se actualiza cuando el derecho litigioso afecta a varias personas, ya sea en forma activa (parte actora) o pasiva (parte demandada), de tal manera que la decisión que se dicte en el proceso en forma ineludible afectará a todas aquéllas. Ahora bien, el litisconsorcio aludido puede ser voluntario o necesario. El voluntario se actualiza cuando la acción se ejerce o se dirige por o contra cada uno de los que están vinculados por una misma obligación y deciden litigar conjuntamente. El litisconsorcio necesario, en cambio, tiene ocasión cuando es indispensable dar intervención a todos los interesados en el juicio para que puedan quedar vinculadas con lo determinado en la sentencia que pronuncie la autoridad jurisdiccional, de lo que se obtiene que el procedimiento no puede iniciarse válidamente sino con la intervención de todas aquellas personas que tienen interés en el objeto de la controversia, pues no es factible pronunciar sentencia válida y eficaz sin oír a todos ellos. Así, tratándose del litisconsorcio activo necesario, no sería posible pronunciar sentencia sin que la acción hubiere sido deducida por todos aquellos a los que se dice asiste el derecho para ello, en tanto que respecto del litisconsorcio pasivo necesario, no sería posible condenar a uno de los demandados sin que ésta alcance al otro u otros. A mayor precisión, el litisconsorcio pasivo necesario, que es el que trasciende al caso, se configura cuando las cuestiones que se ventilan en juicio afectan a más de dos personas, de manera que no es posible emitir una sentencia sin antes oírlas a todas ellas con el carácter de litisconsortes, requiriéndose, además, que los demandados se encuentren en comunidad jurídica respecto al bien litigioso, y tengan un mismo derecho o se encuentren obligadas por igual causa o hecho jurídico, esto es, en un mismo plano de igualdad, siendo el objetivo principal del litisconsorcio pasivo que se emita una sola sentencia para todos los litisconsortes. En ese orden de ideas, en el caso a estudio no puede, en principio, alegar el impetrante que se surte el litisconsorcio pasivo necesario respecto de ********** y **********, pues aun cuando ambos fueron señalados como poseedores del bien inmueble cuya reivindicación se pretendió, a éstos se atribuyó dicha posesión por derecho propio, es decir, sin que se externara derecho alguno que vinculara a los enjuiciados de manera indefectible, luego, si acorde a las constancias que integran el expediente del juicio natural, la actora se desistió de la demanda deducida adversamente a **********, al tener conocimiento del fallecimiento de éste, conforme a lo estipulado por el diligenciario de la adscripción al pretender notificar a dicha persona sobre la existencia del juicio instaurado en su contra; ello, de manera alguna implica la inobservancia de la figura procesal del litisconsorcio pasivo necesario, por cuanto que las personas señaladas como demandadas, no se encuentran en comunidad jurídica respecto al bien litigioso, por no haberse estipulado por el actor una misma causa, acto o hecho jurídico que haya dado pauta a tales enjuiciados a detentar la posesión del inmueble afecto a la litis, o bien, que la posesión de uno de ellos sea derivada de la del otro. En ese orden de ideas, si en el caso no existe causa alguna que vincule de manera ineludible a los demandados con el bien objeto de la controversia, habiéndose, además, el actor desistido de la demanda que propuso adversamente a ********** (ante su fallecimiento), es claro que éste no pudo verse afectado con la sentencia que dirimió la controversia, debido a que la firme intención de la enjuiciante de no obtener alguna condena en contra de aquél, implicó la formulación del desistimiento citado, el que impidió la emisión, respecto de la persona en comento, de una resolución de fondo, por falta de integración de la relación jurídico-procesal, esto es, desde el propio desistimiento quedó determinado implícitamente que en el juicio de que se trata no podría estimarse la acción deducida respecto a **********, lo cual así se consideró por el a quo al emitir el fallo impugnado, quien no se pronunció respecto a la persona aludida, la que, por consiguiente, no quedó obligado legalmente por la sentencia apelada y, respecto de la que, en su caso, podrá ejercerse en juicio diverso, la acción o acciones que se tengan en su contra, sin ser necesario demandar simultáneamente a la aquí impetrante, cuando que, respecto de ella, no se surte el litisconsorcio pasivo necesario, sino el voluntario, acorde a las consideraciones antes expuestas. Ergo, si derivado del desistimiento de la demanda hecho en favor de **********, en el juicio natural no se llevó a cabo el emplazamiento de aquél, tal situación es ajustada a derecho, porque con motivo de ese desistimiento, **********, dejó de ser parte en la litis, de manera tal que su citación al juicio no tuvo razón de ser y la omisión que en ese sentido alega la impetrante, no puede considerarse como una violación procesal en cuanto que, se reitera, aquella persona dejó de ser parte en el procedimiento, por lo que la sentencia que en el juicio se emitió no le afecta ni puede obligársele a observar lo estatuido en ella."
Consideraciones todas éstas que, además, no son combatidas por la quejosa.
Asimismo, dice la solicitante de la protección federal, que la sentencia reclamada vulnera sus derechos públicos subjetivos, debido a que la autoridad responsable dejó de aplicar lo dispuesto en el artículo 204, fracción XI, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, pues de ese precepto se colige que la acción reconvencional tiene la característica de ser autónoma e independiente de la principal, motivo por el cual resulta infundado el motivo por el que la autoridad no entra al estudio del agravio relativo, dejando de aplicar también lo dispuesto por el diverso 353 del mismo cuerpo de normas del que se deduce que el estudio de la acción es de oficio, por lo que la misma no puede considerarse como un acto consentido; agregando que el dispositivo citado en primer término, no establece que para la procedencia de la acción reconvencional es necesario que las partes sean exactamente las mismas que en el juicio principal.
Los anteriores argumentos deben estimarse como inoperantes debido a que la quejosa no señala por qué motivo el hecho de que la obligación que establece el artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla para la Juez natural, de estudiar de oficio la acción, haga que sea incorrecta la razón por la que la Sala declaró inoperante el agravio relativo.
Esto es, no especifica por qué resulta ilegal que la autoridad responsable confirmara la sentencia al estimar que la recurrente omitió combatir a través del recurso de reclamación previsto en el código de la materia, la resolución mediante la cual se desechó la demanda reconvencional, y que por ese motivo en términos de artículo 382, fracción I, no era factible analizar la violación procesal alegada, pues de tal disposición se advertía que las actuaciones y resoluciones intraprocesales, sólo pueden ser objeto de estudio, siempre y cuando hubieran sido objeto de reclamación oportuna.
Este tribunal estima oportuno mencionar que en contra del auto de veintidós de febrero de dos mil diez, la parte demandada promovió recurso de apelación (fojas trescientos veintitrés a trescientos treinta y tres), el cual en proveído de doce de marzo de dos mil diez, no fue admitido en razón de que ese medio de defensa únicamente procede contra sentencia definitiva o resoluciones que, sin decidir el fondo del negocio, ponen fin a la instancia.
Independientemente de lo anterior, es necesario señalar que, de cualquier forma, los argumentos sintetizados no pueden ser objeto de estudio, en virtud de que conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el juicio de garantías directo, siempre que esas violaciones afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado final y, excepcionalmente, es procedente el amparo indirecto cuando los actos en el juicio lesionen de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de manera tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o resolución favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate.
Ahora bien, con base en lo anterior, el desechamiento de la demanda reconvencional constituye un acto dentro del juicio de ejecución irreparable, contra el cual procede el juicio de amparo uniinstancial, porque ese pronunciamiento afecta de manera directa e inmediata la acción ejercida por el demandado, atento a que a partir de esa determinación la controversia se seguirá, únicamente por lo que hace a la acción principal planteada por el actor, sin que tal afectación pueda ser reparada en la sentencia definitiva, ya que sólo se ocupará de la acción principal, motivo por el cual los argumentos que se analizan, no pueden ser objeto de pronunciamiento.
Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 146/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 190,661, en el sistema electrónico de consulta IUS, visible a página 20, Tomo XII, diciembre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como criterio general que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos dentro de juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Constitución Federal, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En congruencia con tal criterio, debe decirse que contra el auto que confirma la resolución que desecha la reconvención planteada procede el juicio de amparo indirecto conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque dicho acto procesal debe considerarse como de ejecución irreparable, toda vez que al impedir que mediante la reconvención se ejerza el derecho de acción, se comete una violación palmaria y sobresaliente que afecta de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 constitucional, pues la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del demandado inicial (actor en la reconvención), no lo restituye en el derecho que le otorga la propia Constitución, en virtud de que no resolverá sobre la procedencia de la acción ejercida a través de la reconvención, que no formó parte de la litis. Por otro lado, en virtud del carácter especial y sui generis de la resolución que confirma aquella que desechó la reconvención, este Máximo Tribunal advierte que también, por excepción, es susceptible de violar en forma relevante derechos adjetivos, esto es, de carácter procesal, como lo es el derecho que tiene el reconvencionista a que el procedimiento se siga ante el mismo Juez y no ante otro, así como el derecho que tiene de que un solo Juez sea competente para resolver ambas acciones y que a través de una sentencia se diriman de manera congruente y con criterio unificado, todas las pretensiones planteadas por las partes."
En las condiciones anotadas, ante lo inatendible, infundado e inoperante de los conceptos de violación, lo que procede en la especie es negar el amparo y protección de la Justicia Federal.
Negativa que deberá hacerse extensiva a los actos de ejecución imputados a la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, por no reclamarse por vicios propios.
Es aplicable al caso, la jurisprudencia 91, con número de registro 917,625 en el sistema electrónico de consulta IUS, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 72, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece:
"AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía."
Por lo expuesto y, con apoyo, además, en los artículos 107, fracciones III y IX, de la Constitución General de la República, 46 y 158 de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra actos que reclamó de la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, consistentes en la sentencia dictada el nueve de diciembre de dos mil diez, en el toca **********, que confirmó la pronunciada por la referida Juez en el expediente **********, relativo al juicio reivindicatorio, promovido por **********, en contra de la hoy quejosa y otro; negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la mencionada Juez.
Notifíquese; envíese testimonio de esta resolución a la autoridad responsable ordenadora, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Ma. Elisa Tejada Hernández, Gustavo Calvillo Rangel y Raúl Armando Pallares Valdez. Fue ponente la primera de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22953-6cc56c45/emplazamiento-al-codemandado-su-legalidad-no-puede-ser · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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