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Modo: Corpus Pro

QUEJA CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA PRUEBAS EN AMPARO. QUEDA SIN MATERIA CUANDO SE DICTA LA SENTENCIA, SIN PERJUICIO DE QUE CONTRA ÉSTA SE INTERPONGA REVISIÓN Y EN LOS AGRAVIOS, POR EXCEPCIÓN, SE CUESTIONE DICHO AUTO, Y DE QUE EL TRIBUNAL QUE CONOZCA DE ELLA REPONGA EL PROCEDIMIENTO, INCLUSIVE DE OFICIO, SI ELLO RESULTA PROCEDENTE. QUEJA CONTRA EL AUTO QUE ADMITE UNA DEMANDA DE AMPARO. QUEDA SIN MATERIA SI SE DICTA SENTENCIA EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL. QUEJA ADMITIDA CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA PRUEBAS EN AMPARO, ANTES DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO PRINCIPAL, SIN QUE ELLO SEA POTESTATIVO. TESIS PUBLICADA. SIN APEGARSE A LO RESUELTO, SU INEXISTENCIA DEBE SER DIFUNDIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2001-PL. · Registro digital (IUS): 17193
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRC
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, , Pág. 292.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2001-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO, PRIMERO, SEGUNDO Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, ANTES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones en que se basaron los Tribunales Colegiados al resolver los recursos de queja, en lo que son materia de las contradicciones que se denunciaron, son las siguientes:

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al fallar el recurso de queja 2/2001, el dieciséis de febrero de dos mil uno, sostuvo:

"PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito es competente para conocer del presente recurso, de conformidad con los artículos 95, fracción VI, 97, fracción II y 99, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. El auto recurrido es del tenor literal siguiente: 'Agréguese a estos autos el escrito de Gerardo Javier Loeza Lara, autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, de la quejosa María Rebeca de Jesús Vázquez Enríquez, en el cual anuncia la prueba testimonial a cargo de Alberto Valle Lira, Ana Isabel Ek Chable y Jorge Armando Magaña Ávila, en atención a su contenido se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, no ha lugar a tener por ofrecida dicha probanza toda vez que fue ofrecida en forma extemporánea, pues tal prueba testimonial debe ser ofrecida cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia y, en el caso, únicamente median cuatro días entre la fecha señalada para la audiencia constitucional, fijada para el día ocho de enero de dos mil uno, y el día de su ofrecimiento, máxime que su ofrecimiento debía hacerse antes de la primera fecha señalada para la audiencia de ley. En cuanto a lo solicitado por el autorizado de la parte quejosa, en el sentido de que se requiera a la Dirección General del rotativo local «Por Esto», para que exhiba el reportaje original fechado el ocho de noviembre del presente año, informe el nombre del reportero que cubrió la nota periodística, a fin de que pueda ser citado ante esta autoridad, para los fines que se indican en el escrito de mérito, no ha lugar a acceder a lo solicitado, en razón de que las publicaciones en los periódicos de ninguna manera son aptas para demostrar los hechos que en tales publicaciones se contengan, amén de que el contenido de la nota solamente es imputable a su autor, pero no a quienes están involucrados en la noticia respectiva y resultaría ocioso e inconducente para los fines que pretende la parte oferente, acceder a lo que solicita respecto de esa probanza. Tiene aplicación al caso, por analogía, la tesis aislada número I.4o.T.5 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 541 del Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: «NOTAS PERIODÍSTICAS, INEFICACIA PROBATORIA DE LAS.».'. TERCERO. La parte recurrente hace valer los siguientes agravios: 'Primero. En efecto, manifiesto y reitero a V.H. que el suscrito, con el carácter que ostento, ofreció las pruebas testimoniales en el tiempo que para ello dejó el Juez Tercero de Distrito, pues éstas fueron ofrecidas en virtud de la negación del acto reclamado por parte de las autoridades responsables, cuyos informes justificados fueron rendidos en forma retrasada (tres días antes de la audiencia constitucional) por lo que el Juez Tercero se vio en la necesidad de señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional (siendo ésta listada en estrados el día 27 de diciembre del año próximo pasado), surtiendo sus efectos el día 29 del mismo mes y año, día en el cual ofrecí las citadas pruebas testimoniales no pudiéndolo hacer antes por desconocer, en primer término, el contenido de los informes y posteriormente en virtud de desconocer si se diferiría la audiencia. Y si esta presentación no fue hecha dentro del plazo que establece la ley, es en virtud de la cercanía de la nueva fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional, fundamentándome, para el efecto, en lo dispuesto por el artículo 151 de la Ley de Amparo en vigor, por lo que al no ser imputable a la parte quejosa no existe impedimento procesal o precedente legal alguno que impida que dichas personas sean examinadas en lo personal en relación con los hechos motivo de este juicio, siendo importante dicha comparecencia ya que, como así aparece en los informes justificados, las autoridades señaladas como responsables negaron la comisión de los actos reclamados, máxime si los mismos fueron tomados en cuenta a pesar de haber sido rendidos fuera del plazo que para ello se les fijó, con lo que se tuvo tiempo para conocerlo mas no para preparar y ofrecer las pruebas que desvirtúan dichos informes, violando así lo que establece la parte final del artículo 148 de la Ley de Amparo en vigor y dejando a la quejosa en estado de indefensión, por lo que las declaraciones resultan trascendentes para aclarar los puntos controvertidos entre lo negado por las autoridades y lo afirmado por la quejosa, y determinar así las circunstancias de modo, tiempo y ejecución de los actos que se imputan a las autoridades señaladas como responsables, por lo que al no admitir las pruebas testimoniales deja a la quejosa en estado de indefensión, amén de una mala aplicación de los artículos citados, toda vez que si el ofrecimiento de éstas está hecho fuera de tiempo, cosa que niego, no son por causas imputables a la quejosa sino por la extemporaneidad en el rendimiento de los informes justificados, primero, y por la cercanía entre la notificación del acuerdo de diferimiento de la audiencia y la fecha señalada para llevar a cabo ésta. Segundo. Por otra parte, y por lo que respecta a la negativa del C. Juez Tercero de Distrito de solicitar al rotativo local «Por Esto» envíe el original del reportaje de fecha ocho de noviembre del año próximo pasado, y solicitándole proporcione el nombre del reportero que cubrió dicha noticia, a fin de que éste proporcione el nombre de la persona que le proporcionó los datos de los hechos o informe si él fue quien los presenció, también es de vital importancia para comprobar la violación a las garantías constitucionales de la quejosa, pues como podrá verse en autos del juicio de garantías promovido y del cual proviene esta queja, existe una publicación de dicho rotativo en el cual se narran los hechos ocurridos, lo que comprueba o, por lo menos, presume que los mismos sí ocurrieron, a pesar de que las autoridades lo nieguen en sus respectivos informes, pues es obvio que ningún rotativo publica falsedades, pues con ello incurriría en delito, por lo que es de especial importancia requerirle judicialmente que informe lo que se ha solicitado a fin de llegar a la verdad de los hechos, misma solicitud que tiene su fundamento en lo establecido en el artículo 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. Tercero. El presente recurso se interpone por cuanto de no recibirse y desahogarse en la audiencia constitucional las declaraciones testimoniales ofrecidas y la información solicitada, respecto a los hechos imputados a las autoridades señaladas como responsables, se impediría a la quejosa probar los hechos alegados en su demanda de garantías y sufriría notorios y graves perjuicios a sus intereses, mismos que no podrían repararse en la definitiva.'. CUARTO. Resultan infundados los agravios expuestos por el recurrente, como enseguida se pondrá de manifiesto. En efecto, en el presente recurso de queja, la inconforme María Rebeca de Jesús Vázquez Enríquez, se duele de la determinación de fecha veintinueve de diciembre del año dos mil, dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el expediente 1316/2000, en el que consideró que no había lugar a admitir la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, por haberla anunciado en forma extemporánea; también decretó que no era el caso de acceder a lo solicitado, respecto a que se requiriera a la Dirección General del periódico 'Por Esto', para que exhibiera el reportaje original de fecha ocho de noviembre del año dos mil, informara el nombre del reportero que cubrió esa nota periodística, para que pudiera ser citado ante esa autoridad, y proporcionara el nombre de la persona a la que entrevistó, con motivo de la nota periodística denominada 'operativo anticlandestinos'. Ahora bien, en el primero de sus agravios, la inconforme alega que la prueba testimonial a cargo de Alberto Valle Lira, Ana Isabel Ek Chable y Jorge Armando Magaña Ávila, la ofreció en los términos en que lo hizo, debido a la negativa de los actos reclamados que hicieron las autoridades responsables, cuyos informes justificados no fueron rendidos con la anticipación debida, ya que se rindieron tres días antes de la audiencia constitucional, lo que condujo al Juez a diferir dicha audiencia y señalar nueva fecha para la celebración de la misma, acuerdo de diferimiento que se le notificó por medio de lista de estrados del juzgado el veintisiete de diciembre del año dos mil, el cual surtió sus efectos el veintinueve del mismo mes y año, día en el que ofreció la prueba testimonial, lo que no pudo hacer antes por desconocer el contenido de los informes y porque desconocía si se diferiría la audiencia. Por lo que si el ofrecimiento de la prueba no fue hecho dentro del plazo que establece la ley, fue debido a la cercanía de la nueva fecha señalada para la audiencia constitucional, lo que no le puede ser imputable, considerando que no existía impedimento legal alguno para que las personas fueran examinadas en relación con los hechos motivo del juicio, siendo importante dicha prueba, ya que las responsables, en sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados, máxime que tales informes fueron tomados en cuenta a pesar de ser rendidos fuera del plazo que para ello se les fijó, con lo que tuvo tiempo para conocerlos, mas no para preparar y ofrecer las pruebas que desvirtuaran dichos informes, violando así lo que establece la parte final del artículo 149 de la Ley de Amparo, con lo que se le dejó en estado de indefensión. Lo dicho es infundado, y para ponerlo de manifiesto es preciso hacer una relación de los antecedentes que aparecen demostrados en las constancias que remitió el Juez de Distrito como justificación de sus actos, lo que se hace de la siguiente manera: 1. El día veintinueve de noviembre del año dos mil, la aquí recurrente promovió demanda de amparo en contra de actos del presidente municipal de Progreso, Yucatán, y otras autoridades. 2. Con fecha treinta de noviembre del mismo año, se admitió a trámite la demanda, se pidió informe justificado a las responsables y se señaló como fecha para la audiencia constitucional, el día veintidós de diciembre siguiente. 3. Llegado el día de la audiencia, como los informes justificados de las autoridades responsables habían sido puestos a la vista de las partes apenas el día diecinueve de ese mismo mes y año, el Juez de Distrito difirió la audiencia, con base en la jurisprudencia de rubro: 'AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.', y señaló como nueva fecha para la celebración de la misma, el día ocho de enero de dos mil uno, acuerdo que fue notificado a la quejosa el día hábil siguiente de su dictado, que lo fue el día veintiséis de diciembre. 4. Mediante ocurso presentado el día veintinueve de diciembre del año dos mil, la inconforme ofreció pruebas de desahogo especial, mismas que le fueron desechadas en proveído de esa misma fecha, siendo éste el auto que se impugna en el presente recurso. Ahora bien, es evidente que no asiste razón a la quejosa, lo vertido en su agravio, debido a que si desde el día diecinueve de diciembre del año próximo pasado tuvo conocimiento del contenido de los informes rendidos por las responsables, no tenía que haber esperado a que el Juez decidiera si difería o no la audiencia constitucional para ofrecer pruebas, sino que debió anunciar la prueba testimonial desde el momento en que tuvo conocimiento del sentido en el que fueron rendidos dichos informes. Aún más, del día veintiséis de diciembre que se notificó el diferimiento de la audiencia al ocho de enero del año en curso, mediaron siete días hábiles, en los cuales bien pudo haber ofrecido la prueba testimonial que le fue desechada, pues al no hacerlo, la consecuencia es que deba confirmarse el auto impugnado por estimarse que fue correcta la determinación que hizo el a quo. No es obstáculo para considerar las cosas de esta manera, la circunstancia de que la inconforme alegue que la nueva fecha para la celebración de la audiencia fue fijada muy cercana a aquella en que originalmente se señaló, pues como ya se dijo en párrafos precedentes, la recurrente estuvo en aptitud de anunciar la prueba testimonial en los términos a que hace referencia el artículo 151 de la Ley de Amparo, razón por la que no existe transgresión a dicho precepto. Tampoco se conculca en su perjuicio el artículo 149 de la Ley de Amparo (no 148 señalado por la recurrente) (sic) debido a que el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al considerar que como los informes fueron rendidos con sólo tres días de anticipación a la audiencia, procedía diferir la misma con la finalidad de acatar la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro se mencionó con antelación, en la cual se determina la forma en la cual debe interpretarse el citado artículo. Todo lo anteriormente expuesto resulta igualmente aplicable respecto al desechamiento de la diversa probanza que ofreció la quejosa, hoy recurrente, consistente en que se requiriera a la Dirección General del periódico 'Por Esto', para que exhibiera el reportaje original de fecha ocho de noviembre del año dos mil, informara el nombre del reportero que cubrió esa nota periodística para que pudiera ser citado ante esa autoridad, y proporcionara el nombre de la persona a la que entrevistó, con motivo de la nota periodística denominada 'operativo anticlandestinos', pues como se requiere de cierta preparación para su desahogo, su anuncio u ofrecimiento debió hacerse en el mismo término, esto es, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el de su anuncio ni el de la celebración de la misma. Pero además, tampoco asiste razón a la recurrente, en cuanto señala que el Juez de Distrito actuó en forma incorrecta al no acceder a su solicitud de requerir al director general del periódico 'Por Esto', debido a que del análisis de lo señalado en el artículo 152 de la Ley de Amparo, se advierte que la facultad que ahí se otorga al Juez Federal para recabar pruebas, se limita a funcionarios y a autoridades responsables, dado que así lo consigna en forma expresa dicho precepto, situación que impide requerir a particulares que tengan el carácter de parte en el juicio constitucional o sean ajenos al mismo de la exhibición de documentos o informes, aun cuando los mismos pudieren resultar favorables a los intereses de los quejosos, en virtud de que no existe en la Ley de Amparo ninguna disposición que faculte al juzgador federal para realizar tal acto, siendo inaplicable de manera supletoria el artículo 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone la atribución de los tribunales para obligar a los terceros a exhibir los documentos que tengan en su poder, toda vez que la norma citada previamente pone de manifiesto que en el juicio de garantías la intención del legislador fue restringir la atribución de mérito a los términos antes indicados, ya que así lo puntualizó con toda precisión, por lo que al estar debidamente regulada la anotada facultad no es factible jurídicamente aplicar de manera supletoria el artículo 90 en cita. Cobra aplicación al caso, por analogía, lo que informa la tesis IX.2o.7 A, del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que este tribunal comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, julio de 1998, página 384, que dice: 'PRUEBAS DOCUMENTALES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. SOLAMENTE LOS FUNCIONARIOS, AUTORIDADES RESPONSABLES Y AGRARIAS PUEDEN SER REQUERIDOS POR SU EXHIBICIÓN. Del análisis armónico de los artículos 152, 225 y 226 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se advierte que la facultad que otorga la segunda de esas normas al Juez de Distrito para recabar, aun de oficio, las pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos que señala el artículo 212 de la propia ley, en tratándose de documentales, se limita a funcionarios, autoridades responsables y agrarias, dado que así lo consignan en forma expresa el primero y tercero de los artículos inicialmente invocados, situación que impide requerir a particulares que tengan el carácter de parte en el juicio constitucional o sean ajenos al mismo, por la exhibición de documentos que obren en su poder, aun cuando los mismos pudieran favorecer a los intereses de las referidas entidades o individuos, ya que no existe en la Ley de Amparo ninguna disposición que faculte al juzgador federal para realizar ese acto y no es el caso de aplicar supletoriamente el artículo 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles que establece la atribución de los tribunales para obligar a los terceros a exhibir los documentos que tengan en su poder, toda vez que las normas invocadas con antelación ponen de manifiesto que, en el juicio de garantías, la intención del legislador fue restringir la atribución de mérito a los términos antes indicados, ya que así lo puntualizó con toda precisión y ante ello, al estar debidamente regulada la anotada facultad, no es factible jurídicamente aplicar de manera supletoria el artículo 90 en cita.'. También debe decirse que este tribunal federal considera correcta la decisión del a quo, toda vez que es de explorado derecho que en materia procesal destaca el empleo de diversos principios generales del derecho, entre los que se halla el de economía procesal y, precisamente por efectos del mismo, es deber del juzgador el asegurarse de la celeridad de los procedimientos y de la pronta decisión de los pleitos que ante él se tramiten, principio que además se encuentra inmerso en el numeral 157 de la Ley de Amparo, resultando evidente que tales propósitos no se cumplirían si durante el juicio de amparo se admitieran pruebas ofrecidas por las partes que, como sucede respecto del requerimiento solicitado por la quejosa, no conduzcan a acreditar los extremos pretendidos, pues su rendición y desahogo retrasaría injustificadamente el dictado de la resolución final, motivo por el cual se estima ajustado a derecho el desechamiento que de estas pruebas se decrete por razones de economía procesal. Resulta aplicable al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que también se comparte, visible en la página 621 del Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: 'PRUEBAS INCONDUCENTES. DEBEN DESECHARSE POR SER CONTRARIAS AL PRINCIPIO DE ECONOMÍAPROCESAL. En materia procesal destaca el empleo por parte del juzgador de diversos principios generales del derecho, entre los cuales se hallan lo de preclusión, exhaustividad, buena fe, congruencia, eventualidad y el de economía procesal. Precisamente por efecto de este último, es deber del órgano jurisdiccional asegurarse de la celeridad de los procedimientos y de la pronta decisión de los pleitos ante él ventilados. Y resulta evidente que dichos propósitos no se cumplirían si durante el juicio de amparo se admitieran pruebas ofrecidas por las partes que no condujeran a acreditar los extremos de la acción y excepciones deducidas en el proceso, pues su rendición y desahogo retrasaría injustificadamente el dictado de la resolución final, por lo cual, resulta ajustado a derecho el desechamiento que de estas pruebas se decrete por razones de economía procesal.'. En estas condiciones, al haber resultado infundados los agravios expresados por la inconforme, procede confirmar el auto impugnado por sus propios fundamentos. No constituye obstáculo para resolver en el sentido que se hace, el hecho de que de las constancias remitidas por el a quo, se advierta que el ocho de enero del año en curso se haya emitido la correspondiente sentencia en el juicio de garantías, que se terminó de transcribir el diez del propio mes, porque en la hipótesis de que se hubiere considerado incorrecto el desechamiento que realizó el Juez de Distrito de las pruebas que ofreció la quejosa, la resolución que así se pronunciara tendría el alcance de dejar insubsistente la sentencia dictada en la audiencia constitucional, y se ordenaría la reposición del procedimiento a partir del proveído en el que se hubiesen desechado tales pruebas. En relación con lo anterior, resultaría aplicable al caso la tesis de la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, visible en la página 158 de los Volúmenes 151-156, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: 'REVISIÓN Y QUEJA SIMULTÁNEAS. Si contra la resolución de un Juez de Distrito se interpone revisión y también recurso de queja, y habiendo declarado este Alto Tribunal procedente y fundada esta última, la resolución culminará en la reposición del procedimiento a partir desde el momento en que fue violado, es indudable que la sentencia contra la que se interpuso revisión queda sin efecto legal alguno, en virtud de que habrá de dictarse nuevo fallo, por lo que debe concluirse que ya no hay materia para aquella revisión, debiendo declararse, con tal motivo, desierto ese recurso.'. Asimismo, resultaría de aplicación lo que informa la tesis 2a. IX/96, sustentada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 267 del Tomo III, febrero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: 'REVISIÓN, RECURSO DE. QUEDA SIN MATERIA CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DECLARA FUNDADA UNA QUEJA INTERPUESTA CONTRA EL DESECHAMIENTO DE UNA PRUEBA. La resolución que declara fundada la queja interpuesta en contra del acuerdo del Juez de Distrito que desechó una prueba pericial, tiene por efecto dejar insubsistente la sentencia dictada en la audiencia constitucional y reponer el procedimiento a partir del acuerdo que recaiga al ofrecimiento de la prueba; por consiguiente, debe declararse sin materia el recurso de revisión intentado en contra de la sentencia dictada dentro del juicio de garantías, toda vez que no es posible estudiar los agravios enderezados en contra de una sentencia que legalmente dejará de existir al acatarse la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito.'. Por los motivos antes expuestos, este tribunal no comparte los criterios que aparecen publicados, respectivamente, en las páginas 969 y 1039 de los Tomos IX, junio de 1999 y XI, enero de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, de rubros: 'QUEJA, RECURSO DE. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO EL JUICIO DE GARANTÍAS QUE LE DIO ORIGEN YA FUE RESUELTO.' y 'QUEJA FUNDADA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI SE DICTÓ SENTENCIA DE AMPARO.'. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 95, fracción VI y 99, fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Ha sido procedente pero infundado el recurso de queja promovido por María Rebeca de Jesús Vázquez Enríquez, por conducto del licenciado Gerardo Javier Loeza Lara. SEGUNDO. Se confirma el auto de fecha veintinueve de diciembre del año dos mil, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el juicio de amparo número 1316/2000."

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 21/99, el once de marzo de mil novecientos noventa y nueve, sostuvo:

"ÚNICO. Es innecesario analizar y transcribir tanto el acuerdo recurrido como los agravios hechos valer, en atención a que la presente queja ha quedado sin materia. Lo anterior se afirma porque de las constancias remitidas por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado, en vía de informe, se advierte que en sentencia autorizada el veintidós de enero de mil novecientos noventa y nueve, se sobreseyó en el juicio de garantías 918/98-VI (foja ilegible vuelta a 150 del cuaderno de amparo), promovido por Guillermina Santa Rita Avelar, ahora recurrente. En tales condiciones, como el acuerdo de once de enero del citado año, por el cual se inadmitieron las pruebas de inspección judicial y testimonial ofrecidas por la quejosa e impugnado a través del presente recurso, forma parte del trámite del juicio de garantías 918/98-VI, el cual quedó resuelto mediante sentencia definitiva, como ya se dijo, debe convenirse que el medio de impugnación que ahora se decide ha quedado sin materia ante la nueva situación jurídica creada. En apoyo de lo expuesto, conviene citar, por las razones que la informan, la jurisprudencia 970, visible en la página seiscientos sesenta y seis, Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'QUEJA, RECURSO DE. CUÁNDO DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL. Si de las constancias de autos se advierte que obra copia certificada de la que se desprende que la demanda de garantías que dio origen al recurso de queja interpuesto ya fue resuelta, es evidente que el quejoso queda sujeto a la ejecutoria dictada por la responsable y por ende el recurso de queja queda sin materia.'. Así como el diverso criterio jurisprudencial 442, consultable en la página doscientos noventa y cinco del mismo tomo y Apéndice, que dice: 'QUEJA SIN MATERIA. Debe declararse que la queja carece de materia, cuando no puedan retrotraerse los efectos de la sentencia que en ella se dicta, por razón del tiempo transcurrido.'. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 95 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de queja hecho valer por Guillermina Santa Rita (párrafo ilegible) noventa y nueve, pronunciado por el secretario del Juzgado de Distrito en Materia Civil, en funciones de Juez de Distrito, en el juicio de amparo 918/98-VI."

El criterio anterior dio lugar a la tesis III.3o.C.44 K, publicada en la página 969, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, que dice:

"QUEJA, RECURSO DE. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO EL JUICIO DE GARANTÍAS QUE LE DIO ORIGEN YA FUE RESUELTO. Cuando en un juicio de amparo indirecto se recurre el proveído mediante el cual, fuera de la audiencia, se inadmitieron las pruebas de inspección judicial y testimonial ofrecidas por la quejosa, a través del recurso de queja, y el aludido juicio constitucional que dio origen al citado recurso quedó resuelto mediante sentencia definitiva, pronunciada al no haberse suspendido el procedimiento, dado que el resolutor desconocía la interposición de aquel recurso, es obvio que ante la nueva situación jurídica creada, debe declararse que dicho medio de impugnación ha quedado sin materia. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Queja 21/99. Guillermina Santa Rita Avelar. 11 de marzo de 1999. Mayoría de votos. Disidente: Jorge Figueroa Cacho. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretaria: Patricia J. Chávez Alatorre."

El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver la queja 48/99, el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, sostuvo:

"PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito es competente para conocer y resolver el presente recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, fracción VI, relacionado con el diverso numeral 99, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, así como lo establecido por el artículo 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la resolución recurrida lo es un auto que no admite el recurso de revisión, conforme al artículo 83 de la ley de la materia; así como en el Acuerdo Número 3/1997 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la iniciación del funcionamiento de este Tribunal Colegiado. SEGUNDO. El recurso fue interpuesto oportunamente, toda vez que el auto impugnado se notificó por medio de lista a la parte recurrente el día veintitrés de julio de mil novecientos noventa y nueve, según constancia que puede consultarse a fojas veintinueve vuelta del expediente de origen y el escrito de expresión de agravios aparece que se depositó en la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados de este Vigésimo Segundo Circuito, el cinco de agosto siguiente a esa fecha, lo que conduce a concluir que fue interpuesto dentro del término legal de cinco días que establece el artículo 97, fracción II, de la Ley de Amparo, habida cuenta que el término de cinco días que prevé

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17193-73b7f2f5/queja-contra-el-acuerdo-que-desecha-pruebas-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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