JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS ESTAN FACULTADOS PARA MODIFICAR LA ESTABLECIDA CON ANTERIORIDAD AL 15 DE ENERO DE 1988, CUANDO VERSE SOBRE CUESTIONES QUE SEAN DE SU COMPETENCIA EXCLUSIVA.
CONTRADICCION DE TESIS 15/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 11, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una contradicción entre tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados en materia común diversa a la penal, administrativa, civil y laboral, lo que se corrobora por el hecho de que las tesis materia de la denuncia emanan de Tribunales Colegiados en materias diversas, a saber, una de un Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral y la otra de un Tribunal Colegiado en materia civil.
Es aplicable al respecto la tesis jurisprudencial 9/1992 de este Tribunal Pleno que dice:
"COMPETENCIA EN CONTRADICCION DE TESIS EN MATERIA COMUN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS.-Los artículos 24, fracción XII, 25, fracción XI, 26, fracción XI, y 27, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal deben interpretarse en el sentido de que la competencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte para conocer de la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, se determina atendiendo a la materia a que se refieren los criterios que entran en contradicción y no la del amparo en que se dicta la resolución. Por razones de la especialidad, compete a las Salas conocer de las contradicciones cuando los temas que tratan los criterios en contradicción sean de la especialidad de la Sala, pero no cuando aborden cuestiones comunes a todas ellas, aunque se pronuncien en amparos cuyas materias les compete. Si los criterios en contradicción no se refieren a cuestiones de la competencia especializada de la Sala, sino que corresponden a materias comunes, no se justifica que aquéllas conozcan de este tipo de contradicciones; además, de admitir que las Salas asumieran competencia en esos casos, se abriría la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que, al respecto, llegaran a sustentar, con lo que no se lograría la seguridad jurídica que se persigue con la denuncia de contradicción. Por ello, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11, fracción XV, de la ley orgánica citada, debe interpretarse que corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver ese tipo de contradicciones."
SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el toca 276/88, relativo a la revisión interpuesta en contra de la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo 284/87 promovido por Silverio Mireles, en su carácter de representante legal del Gobierno del Estado de Jalisco, contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia de dicho Estado y del Juez Décimo Quinto de lo Civil de Zapopan, Jalisco, textualmente sostuvo:
"II. Entre los anteriores argumentos de inconformidad aparece uno en el cual se aduce, que el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco infringió el procedimiento establecido en la Ley de Amparo, porque se negó a diferir la audiencia constitucional del juicio de garantías número 284/87 y que, con ello, causó el no desahogo de una prueba documental, en agravio de la parte quejosa. El estudio de tal argumento sería de orden preferente en otro supuesto, empero, en la especie no procede atender a ello hasta en tanto no sean examinados los motivos que apoyan el sobreseimiento decretado por el a quo porque cuando esa situación jurídica opera resulta innecesario estudiar y valorar las pruebas tendientes a examinar los hechos a que se refieren los conceptos de violación. Esto, de acuerdo con la jurisprudencia del rubro: 'SOBRESEIMIENTO. PRUEBAS RELACIONADAS CON EL FONDO DEL NEGOCIO. NO PROCEDE ENTRAR A SU ESTUDIO.', que bajo el número 279 se encuentra inserta en la página 479, Octava Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y que a la letra dice: 'De estimarse que procede el sobreseimiento del juicio de amparo, no existe motivo legal para examinar y valorar las pruebas tendientes a demostrar los hechos a que se refieren los conceptos de violación expresados en la demanda, lo que únicamente hubiera sido necesario en el caso de entrarse al estudio del fondo del negocio.'. Además, porque la prueba en cuestión es inepta para dilucidar si el acto reclamado por el hoy recurrente es motivo de amparo bi-instancial o uni-instancial, que es el punto de controversia suscitado por el sobreseimiento, cuestión que solamente puede resolverse a través de la interpretación jurídica de la ley y no mediante el examen de una prueba como la ofrecida por el inconforme. Son infundados los diversos argumentos de desacuerdo, cuyo estudio se hace en forma global, dada su estrecha vinculación. Así resultan, porque, si bien es verdad que la facultad de establecer la analogía a la cual se refiere la fracción XI del artículo 159 de la Ley de Amparo, corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a los Tribunales Colegiados de Circuito, en su respectivo ámbito de competencia y no a los Jueces Federales, también lo es, que el a quo no usó esa facultad reservada a aquellos órganos jurisdiccionales, pues sólo adecuó su razonamiento al criterio sustentado por la Tercera Sala del Máximo Tribunal del país, vertido en las tesis que, bajo el número 11, aparece en las páginas 41 y 42, Segunda Parte, del Informe Anual de Labores rendido a ese Alto Tribunal, por su presidente, al finalizar el año de mil novecientos ochenta y cinco, así como al externado por este Tribunal Colegiado, al resolver la improcedencia número 67/86. Basta con imponerse de la sentencia recurrida para advertir que la consideración vertida por el Juez de Distrito corresponde, en forma exacta, al criterio que, por cierto, reitera el sustentado por este tribunal en la ejecutoria pronunciada en el cuaderno de improcedencia número 153/86, el cual interrumpió la jurisprudencia que invoca el recurrente, según se verá luego. Por otra parte, no es verdad que la precitada fracción XI disponga que la analogía de referencia deba ser decretada directamente y en cada caso por la Suprema Corte o por el Tribunal Colegiado, según corresponda. Basta la simple lectura de tal fracción para advertir que a ésta no señala tales requisitos. Asimismo, en lo relativo a la aplicación de los criterios invocados por el Juez Federal, se advierte que, al menos el segundo de ellos, o sea el sustentado por este cuerpo colegiado, como antes se dijo, reitera el diverso criterio emitido en la improcedencia 153/86, publicada en las páginas 577 y 578, Segunda Parte, del Informe Anual de Labores rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su presidente, al finalizar el año de mil novecientos ochenta y ocho, que, se insiste, interrumpió la jurisprudencia cuya aplicación pretende el quejoso recurrente. En efecto, se arriba a tal conclusión, pues, de conformidad con el artículo 194 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por catorce Ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno; por cuatro, si es de una Sala; y por unanimidad de votos cuando se trata de la sustentada por un Tribunal Colegiado. En la especie, la jurisprudencia del rubro: 'PERSONALIDAD, AMPARO CONTRA LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE.', fue emitida por la Tercera Sala del más Alto Tribunal del país; por ende, de conformidad con dicho artículo 194, para su interrupción requería de ejecutoria en contrario autorizada por cuatro Ministros, lo cual no sucedió en el primer criterio invocado por el a quo, puesto que fue aprobado por mayoría de tres votos. Sin embargo, en virtud de las reformas al artículo 107 constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, los Tribunales Colegiados de Circuito quedaron en aptitud de interrumpir jurisprudencias como la invocada por el recurrente, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de entonces, en materia civil sólo por excepción se ocupa de examinar cuestiones de legalidad relativas a actos de autoridad que violen las garantías individuales. En efecto, al modificar las fracciones V, VI y VIII del artículo 107 de la Constitución Federal, el legislador otorgó un mayor ámbito de competencia a los Tribunales Colegiados para aligerar el excesivo trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello trajo por consecuencia, que los criterios hasta entonces emitidos por ésta, ya no puedan ser interrumpidos por dicho órgano de justicia, salvo en el estudio de casos de los que excepcionalmente se ocupe. Ahora bien, no existe motivo para esperar a que la Suprema Corte, al estudiar esos casos de excepción, interrumpa su propia jurisprudencia, porque la jurisprudencia no es exclusiva de los órganos jurisdiccionales, sino que es fuente del derecho, cuya naturaleza, dada su constante evolución, no permite fijar criterios inmutables, sino variables, lo cual los hace perfectibles, y de igual manera a la jurisprudencia, independientemente del órgano que la haya creado, con la sola condición de que el Tribunal Colegiado que la interrumpa tenga competencia sobre la materia de que se trate. Luego, la facultad de variar la jurisprudencia no depende del órgano que la haya sustentado, sino de aquel que tenga competencia para tratar los temas relativos. Ello, sin que pase inadvertida la tesis que, con el número 12, aparece publicada en el precitado informe de mil novecientos ochenta y ocho, en la Tercera Parte, página 393, cuyo texto es el siguiente: 'JURISPRUDENCIA, FACULTAD PARA INTERRUMPIRLA.-De conformidad con el artículo 194 de la Ley de Amparo, 'La jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter de obligatorio, siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por catorce Ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno, por cuatro si es de una Sala, y por unanimidad de votos tratándose de la de un Tribunal Colegiado de Circuito'; por lo tanto tratándose de jurisprudencia por el Pleno o por las Salas del Máximo Tribunal de la República, la facultad para interrumpirla no corresponde a los Tribunales Colegiados pues tal facultad únicamente se da cuando se trata de jurisprudencia propia.-Amparo en revisión 121/88. Héctor Domínguez Cortés. 29 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretario: Rigoberto Calleja López.'. Ahora bien, el quejoso recurrente no supera el criterio sostenido por este tribunal pues, aduce, que el acto reclamado es de imposible reparación porque el Juez natural ya resolvió el supuesto procesal de la personalidad cuestionada, de tal forma que no podría revocar su propia determinación en la sentencia de primer grado; que la aceptación de la personalidad no es susceptible de recurrirse en vía de agravios ni revocarse por la Sala, porque ya fue materia de otra resolución y el agravio sería repelido por el ad quem, toda vez que la resolución causó estado; que tampoco podría reclamarse en amparo directo, porque resultaría ser un acto consentido, por no haber sido interpuesto el recurso de revisión, en tiempo y forma. Empero tales argumentos obtienen respuesta en la ejecutoria mencionada, que se reitera y transcribe a continuación: 'ACTOS. EN EL JUICIO, DE IMPOSIBLE REPARACION, CONCEPTO DE, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.- Por actos, en el juicio, de imposible reparación, no pueden entenderse aquellos cuyo contenido y efectos no sea factible examinar, con vista a su probable modificación o revocación, al emitirse la sentencia definitiva; de admitirse tal connotación, se aceptaría que todos los actos procesales del juicio son susceptibles de combatirse en el juicio de amparo indirecto, puesto que las leyes adjetivas se rigen por los principios de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, conforme a los cuales, una vez que éstas causan estado, quedan firmes y las autoridades de primera o segunda instancia no pueden volver a analizarlas, desconocer sus consecuencias en el proceso o modificarlas y, en esa virtud, quedarían abarcados, inclusive, los actos procedimentales respecto de los que no se ha suscitado discusión alguna de que sólo son reclamables en el amparo directo. Entonces, la irreparabilidad a que aluden los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, no se refieren a una mera posibilidad de revocación, ni aun de restitución, sino de una verdadera ejecución material que debe perdurar independientemente y a pesar del sentido del fallo final. Mientras no se actualice la afectación a los derechos fundamentales, se podrá considerar que se infringe la ley, pero no las garantías individuales y, en tanto con los actos procesales no se afecten los derechos fundamentales del hombre, no son reclamables en el amparo, hasta que se produzca esa afectación. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus defectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado.'. Consecuentemente, el recurrente, al no demostrar que el reconocimiento de personalidad hecho en el juicio de origen a su contraparte sea un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, por lo cual no deba ser considerada como una violación meramente procesal, tampoco probó que el Juez de Distrito resolviera con infracción a los artículos 73, fracción XVIII, 74, fracción III, 158, 159, fracción XI y 161 de la Ley de Amparo. Igualmente, al no evidenciar que sea aplicable la jurisprudencia número 264, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte tampoco demostró que el a quo transgrediera el artículo 192 de dicho ordenamiento. En tales circunstancias por surtirse en el caso la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito, resulta intrascendente analizar si el no diferimiento de la audiencia constitucional resulta ilegal y dejó sin oportunidad al quejoso para rendir una prueba, puesto que de cualquier manera la evidencia no desahogada resultaría intrascendente para que se llegase a modificar el sentido del fallo, de acuerdo con las razones expuestas al principio de este considerando. Por consiguiente, al resultar infundados los agravios, y sin que se advierta deficiencia alguna que suplir, precisamente, porque aparezca cometida alguna violación manifiesta de la ley que dejara en estado de indefensión al inconforme, al tenor de lo preceptuado por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo lo debido es, confirmar la sentencia sujeta a revisión."
La tesis, que con motivo del fallo cuyas consideraciones han quedado transcritas, sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito es del tenor literal siguiente:
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. FACULTAD DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA INTERRUMPIRLA. EN VIRTUD DE LAS REFORMAS AL ARTICULADO 107 CONSTITUCIONAL, QUE ENTRARON EN VIGOR EL QUINCE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO QUEDARON EN APTITUD DE INTERRUMPIR LA JURISPRUDENCIA SUSTENTADA HASTA ENTONCES POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, DEBIDO A QUE, A PARTIR DE LA CITADA FECHA, EL MAS ALTO TRIBUNAL DEL PAIS SOLO POR EXCEPCION SE OCUPA DE EXAMINAR CUESTIONES DE LEGALIDAD; EN EFECTO, AL MODIFICAR LAS FRACCIONES V, VI, y VIII DEL MENCIONADO NUMERAL 107, EL LEGISLADOR OTORGO UN MAYOR AMBITO DE COMPETENCIA A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS, CON EL PROPOSITO DE ALIGERAR EL EXCESIVO TRABAJO DE LA SUPREMA CORTE. ELLO TRAJO COMO CONSECUENCIA QUE LOS CRITERIOS EMITIDOS HASTA ENTONCES POR ESTA, YA NO PUEDAN SER INTERRUMPIDOS POR ELLA MISMA, SALVO EN EL ESTUDIO DE CASOS DE LOS QUE EXCEPCIONALMENTE SE OCUPE. AHORA BIEN, NO EXISTE MOTIVO PARA ESPERAR A QUE LA SUPREMA CORTE, AL ESTUDIAR ESOS CASOS DE EXCEPCION, INTERRUMPA SU PROPIA JURISPRUDENCIA, PORQUE ESTA NO ES EXCLUSIVA DEL ORGANO QUE LA CREO, SINO QUE, COMO FUENTE DE DERECHO QUE ES, PUEDE PERFECCIONARSE POR EL ORGANO DE JUSTICIA EN FAVOR DEL CUAL SE DETERMINO LA COMPETENCIA PARA TRATAR LOS TEMAS RELATIVOS."
TERCERO.-Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver con fecha veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho el recurso de revisión 141/88 interpuesto por Héctor Domínguez Cortés contra la sentencia dictada por la Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal el treinta de octubre de mil novecientos ochenta y siete en el juicio de amparo 371/87 promovido por el recurrente, sostuvo:
"PRIMERO.-La Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo, fundó su sentencia en las siguientes consideraciones: "CUARTO.-Los conceptos de violación antes transcritos, resultan infundados. ..." ... Por otra parte, toda vez que, en el caso a estudio, de las constancias de autos se aprecia que el licenciado Jorge Acosta González compareció al juicio laboral, como apoderado y representante del organismo público demandado, acreditando su personalidad con la copia certificada del testimonio notarial número 872 (folios 76 a 90), de la cual se desprende que el director general de Petróleos Mexicanos, Contador Público Francisco Rojas Gutiérrez delegó facultades de representación de las que disfruta, en términos de los artículos 10 y 13 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y 13 del Reglamento de dicha ley, entre otros, a diversas personas, entre las cuales se encuentra el mencionado Jorge Acosta González (folio 78); se debe determinar, que esta persona tiene la representación legítima de la institución demandada, pues quien se la otorgó, es el director general de la misma, y por tanto su representante legal originario. Al respecto es exactamente aplicable la tesis jurisprudencial número 343, consultable a fojas 311 y 312 de la Quinta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, misma que en seguida se transcribe: 'PERSONAS MORALES, REPRESENTACION EN JUICIO DE LAS.-La interpretación de los preceptos contenidos en el Capítulo Segundo del Título Catorce de la Ley Federal del Trabajo, reformados por el Decreto de 31 de diciembre de 1979, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1980, y que entraron en vigor el 1o. de mayo de 1980, deben ser realizadas a la luz del principio fundamental de garantía de audiencia, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las disposiciones de la ley laboral del mencionado capítulo, rigen la garantía de audiencia ante las autoridades jurisdiccionales del trabajo en los juicios laborales, respecto de quienes son partes en el proceso de trabajo, que lo son las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones, según lo dispone el artículo 689 del ordenamiento laboral. La comparecencia a juicio puede hacerse en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Tratándose de la comparecencia de personas que tengan la calidad de patrón en los juicios laborales, el artículo 692 señala en su fracción II que cuando el apoderado actúe como representante legal de persona moral, deberá exhibir el testimonio notarial respectivo que así lo acredite. Por su parte, la fracción III del propio precepto establece que cuando la persona que comparezca actúe como apoderado de una persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial, o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que, quien le otorga el poder, está legalmente autorizada para ello. En la especie, el director general de Petróleos Mexicanos, mediante escritura pública número 353, confirió a los abogados que comparecieron ante la Junta Especial respectiva de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y desahogo de pruebas, un poder para representar a la institución en dichos juicios laborales. Ahora bien, para otorgar dicha escritura pública, el director general de Petróleos Mexicanos hizo uso de la facultad que le confieren los artículos 10 y 13 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, que han quedado transcritos anteriormente, y el artículo 13, fracciones I, XIV y XVI del reglamento respectivo, que contiene disposiciones análogas. En este orden de ideas, los funcionarios a que se refiere dicha escritura, que comparecieron a los juicios laborales como apoderados de Petróleos Mexicanos, sí tienen la legítima representación de la persona moral y en consecuencia las Juntas actuaron conforme a derecho al tener por comprobados los requisitos legales para ostentar la representación de la persona moral demandada en dichos juicios. En consecuencia, debe concluirse que si una persona moral, a través de la persona física u órgano que legalmente sea representante de dicha persona moral, en uso de facultades legales o estatutarias, confiere poder de representación a otros funcionarios, empleados o abogados al servicio de esa persona moral, o a terceros, dicho acto jurídico satisface los requisitos a que se refiere el artículo 692, fracciones II y III, de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia, los actos de dichos representantes obligan a la persona moral representada.'. De lo anterior se infiere, que la Junta responsable al emitir el acuerdo reclamado, reconociendo la personalidad de Jorge Acosta González, como representante legal y apoderado de Petróleos Mexicanos, actuó con estricto apego a derecho y no violó en consecuencia, las garantías individuales de la amparista; por lo cual, procede negar a Héctor Domínguez Cortés, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. SEGUNDO.-Contra la sentencia recurrida el recurrente expresó los siguientes agravios: ... TERCERO.-El estudio de los agravios conduce a determinar lo siguiente: Lo que en resumen se argumenta, es que existen razones suficientes para que se interrumpa la jurisprudencia en que se apoyó la sentencia recurrida. Ahora bien, cabe precisar que dicha jurisprudencia se constituyó mediante la resolución que decidió la denuncia de contradicción de tesis de Tribunales Colegiados, y se encuentra publicada en las páginas 311 y 312, Quinta Parte, de la última compilación del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: 'PERSONAS MORALES, REPRESENTACION EN JUICIO DE LAS.'. Es inconducente lo que se pretende mediante los agravios, pues aun cuando es cierto que de conformidad con el artículo 194, de la Ley de Amparo, es dable que la jurisprudencia se interrumpa, también lo es que el propio precepto señala que tratándose de la sustentada por una Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es el caso, se requiere para tal interrupción que se pronuncie ejecutoria en contrario por cuatro Ministros, lo que significa que es facultad de la Sala respectiva y no del Tribunal Colegiado, interrumpir la jurisprudencia. Atento lo anterior, resulta innecesario ocuparse de las razones que el recurrente expresa, dirigidas a apoyar la interrupción de la citada jurisprudencia, siendo por tanto procedente confirmar la negativa del amparo solicitado.".
La tesis que sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito con motivo del recurso de revisión cuyas consideraciones han sido transcritas es la siguiente:
"JURISPRUDENCIA. FACULTAD PARA INTERRUMPIRLA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 194 DE LA LEY DE AMPARO, 'LA JURISPRUDENCIA SE INTERRUMPE DEJANDO DE TENER CARACTER OBLIGATORIO, SIEMPRE QUE SE PRONUNCIE EJECUTORIA EN CONTRARIO POR CATORCE MINISTROS, SI SE TRATA DE LA SUSTENTADA POR EL PLENO; POR CUATRO, SI ES DE UNA SALA, Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS TRATANDOSE DE LA DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO'; POR TANTO, TRATANDOSE DE JURISPRUDENCIA SUSTENTADA POR EL PLENO O POR LAS SALAS DEL MAXIMO TRIBUNAL DE LA REPUBLICA, LA FACULTAD PARA INTERRUMPIRLA NO CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS, PUES TAL FACULTAD UNICAMENTE SE DA CUANDO SE TRATA DE JURISPRUDENCIA PROPIA.".
CUARTO.-El análisis de los criterios anteriores pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que se produce porque mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sostiene que en virtud de las reformas al artículo 107 constitucional, que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, los Tribunales Colegiados de Circuito pueden interrumpir la jurisprudencia sustentada hasta entonces por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito considera que la facultad para interrumpir la jurisprudencia de este Supremo Tribunal no corresponde a los Tribunales Colegiados.
Debe advertirse, que la contradicción se presenta porque se trata de ejecutorias dictadas con posterioridad al quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho y ambos Tribunales Colegiados parten de los mismos supuestos, a saber, de jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con anterioridad a las reformas al artículo 107 constitucional que entraron en vigor el quince de enero de novecientos ochenta y ocho, en materias que con motivo de tales reformas son de la competencia de los Tribunales Colegiados. En efecto, aun cuando en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito no se hace alusión alguna a estos dos supuestos pues, en forma general, señala que la jurisprudencia sólo puede ser modificada por el órgano que la integró cuando se den los requisitos señalados en la ley; y la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito si bien alude al primer supuesto especificado, es decir a jurisprudencias sustentadas por la Suprema Corte de Justicia con anterioridad a la reforma constitucional que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, no hace especificación alguna en torno a la materia de dichas jurisprudencias, el análisis de las ejecutorias en que tales tesis fueron sustentadas permite concluir que las mismas parten de estos dos supuestos.
En el recurso de revisión 276/88, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito dictó sentencia definitiva con fecha dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y nueve y, según deriva de la transcripción de las consideraciones en que se sustentó dicha ejecutoria hecha en el considerando segundo de esta resolución, el criterio materia de la contradicción que se analiza giró en torno a la jurisprudencia de la Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Cuarta Parte, página 805, intitulada: "PERSONALIDAD, AMPARO CONTRA LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE.", que en el último Apéndice 1917-1988, aparece publicada en la Segunda Parte, Volumen V, página 2099, y en la que se sostiene que el amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria de segunda instancia que desecha la excepción de falta de personalidad en el actor, y que se integró con cinco ejecutorias publicadas en diversos tomos de la Quinta Epoca.
Por su parte, en el recurso de revisión 141/88, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito dictó sentencia definitiva con fecha veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho, es decir, también con posterioridad a la fecha en que entraron en vigor las reformas al artículo 107 constitucional, y el criterio que en la misma se sustentó fue en relación a la jurisprudencia sentada por la Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia que fue publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Quinta Parte, páginas 311 y 312, que también en el Apéndice 1917-1988 aparece publicada en su Segunda Parte, Volumen V, página 2127, bajo el rubro: "PERSONAS MORALES, REPRESENTACION EN JUICIO DE LAS." y en la que se sostiene que el acto jurídico en virtud del cual una persona moral, a través del representante de la misma, en uso de facultades legales o estatutarias, confiere poder de representación a otros, satisface los requisitos a que se refiere el artículo 692, fracciones II y III de la Ley Federal del Trabajo y, en consecuencia, los actos de tales representantes obligan a la persona moral representada, jurisprudencia que se sentó al resolverse la contradicción de tesis 28/83 en sesión de veintinueve de mayo de mil novecientos ochenta y cinco.
De lo anterior deriva la existencia de la contradicción de tesis, pues ambos Tribunales Colegiados sustentan tesis opuestas en ejecutorias pronunciadas con posterioridad a la entrada en vigor a la reforma al artículo 107 constitucional, es decir, al quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho y partiendo de los mismos supuestos, a saber, de jurisprudencias de la Suprema Cor
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2016-6f468a0d/jurisprudencia-de-la-suprema-corte-los-tribunales-colegiados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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