INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE YUCATÁN. EL ARTÍCULO 123 DE LA LEY RELATIVA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 739 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 22 DE ENERO DE 2007, QUE ESTABLECE QUE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE EL CONSEJO GENERAL, RECIBIRÁN EL EQUIVALENTE A UN 20% DE LAS PERCEPCIONES DE LOS CONSEJEROS ELECTORALES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE AL EFECTO ACUERDE EL MENCIONADO CONSEJO, QUE DE NINGUNA MANERA PROVENDRÁN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO QUE EL CITADO ÓRGANO PROVEERÁ LO NECESARIO PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REPRESENTADOS QUE NO DISPONGAN DE PRERROGATIVAS, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN I Y 116, FRACCIÓN IV, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE YUCATÁN. EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 739 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 22 DE ENERO DE 2007, QUE PREVÉ QUE PARA ESTA ÚNICA ELECCIÓN LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE HUBIERAN PARTICIPADO EN LAS ELECCIONES ORDINARIAS DE 2004 Y NO HUBIERAN OBTENIDO, POR LO MENOS, EL 1.5% DE LA VOTACIÓN EMITIDA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS SEGÚN EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, GOZARÁN A PARTIR DE ENERO DE 2007 DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, PARA LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO Y PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN I; 105, FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO Y 116, FRACCIÓN IV, INCISOS B) Y F), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 137/2007. PARTIDO POLÍTICO ESTATAL ALIANZA POR YUCATÁN.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de abril de dos mil siete.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Julio Mejía Cáceres, quien se ostentó como presidente del Partido Político Estatal Alianza por Yucatán, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas generales que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:
"2.2. Órganos legislativo y ejecutivo que hubieren emitido y promulgado las normas generales: 2.2.1. El Congreso del Estado de Yucatán, con domicilio para oír y recibir notificaciones en el predio número 497, ubicado en la calle 58 por 57 y 59 del centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, denominado Palacio Legislativo del Estado de Yucatán. En su carácter de emisor. 2.2.2. El gobernador del Estado de Yucatán, con domicilio para oír y recibir notificaciones en el predio sin número ubicado en la calle 61 por 60 del centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, denominado Palacio de Gobierno del Estado. En su carácter de promulgador."
"2.3. La norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado. 2.3.1. Las reformas al artículo 123 y el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, decretadas por el Congreso Libre y Soberano de Yucatán, en fecha quince de enero del año dos mil siete, publicada y promulgada por el gobernador del Estado de Yucatán, con el refrendo ministerial del secretario de Gobierno, el día dieciséis de enero del año dos mil siete, mediante el decreto 739 del Poder Ejecutivo, en el suplemento del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, de fecha veintidós de enero del año 2006 (sic)."
SEGUNDO. El Partido Político Estatal promovente no señaló antecedentes de la norma impugnada.
TERCERO. En los conceptos de invalidez que se plantean, en síntesis se adujo:
1. Que el artículo 123 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, viola los artículos 1o., 16, 41, 105, fracción II y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, sin fundamento, ni motivación, el Congreso del Estado de Yucatán dispone de recursos públicos para pagarle a los representantes de partidos, al no provenir ese dinero del financiamiento público de los partidos políticos, por las siguientes razones:
a) Porque los representantes de partidos no son empleados del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, por tanto, no hay justificación para que perciban un salario.
b) Porque al estar los representantes a expensas de una percepción de la autoridad electoral, se atenta contra la autonomía de los partidos, pues por esa circunstancia se les puede presionar.
c) Porque si no provienen tales recursos del financiamiento público de los partidos, entonces provienen del presupuesto de la autoridad electoral por lo que es una especie de financiamiento privado sin sustento.
d) Porque la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, no contempla erogaciones adicionales a los partidos políticos y el hecho de que se le paguen a sus representantes dichas cantidades es un pago adicional al partido.
e) Porque existe un riesgo para la autoridad laboral, ya que por disposición de la ley los representantes de partido pueden ser removidos libremente de su cargo, y al imponérseles una percepción que, realmente es un sueldo, generan una relación laboral que no tiene sustento pues la participación de los representantes no es obligatoria sino voluntaria.
f) En última instancia, porque atenta contra la autonomía del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, pues le impone una carga a su presupuesto no contemplada en su egreso.
Agregando que el artículo que se impugna es un exceso del Congreso del Estado de Yucatán, pues adiciona al financiamiento de los partidos, el pago de los representantes de los partidos, y que la fracción IV, inciso f), del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no contempla pagos adicionales a los partidos políticos más que los del financiamiento público.
2. Asimismo, señala que la reforma impugnada fue realizada en pleno proceso electoral, fuera del plazo de noventa días, y que tiene características fundamentales, pues obliga al Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, a modificar el presupuesto programado para el gasto electoral del año dos mil siete y ejercer un gasto no programado, atentándose así contra su autonomía, al no tener sustento en el artículo 116 de la Constitución Federal, violándose el control constitucional que se establece en el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Que el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, también viola los artículos 1o., 16, 41, 105, fracción II y 116 de la Constitución Federal, ya que sin fundamentación ni motivación, el Congreso del Estado de Yucatán dispone de recursos públicos para otorgárselos a los partidos políticos nacionales que no alcanzaron la votación estatal requerida, aumentándosele las cargas al Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana de dicho Estado de Yucatán, al disponer de recursos adicionales, atentándose contra la autonomía de ese órgano electoral.
También señala que se otorga un trato desigual, ya que los partidos políticos estatales, como el que representa, se esfuerzan por lograr la votación mínima para obtener financiamiento y mantener su registro, lo que no pasa con los partidos beneficiados con la reforma, que al ser nacionales gozan de financiamiento público nacional. Además de que la ley no contempla financiamientos adicionales, lo que genera un cambio de reglas en el financiamiento público que sólo puede ser otorgado a los partidos que obtuvieron la votación exigida en el año dos mil cuatro.
4. Por otra parte, reitera que, esta reforma fue realizada en pleno proceso electoral, que tiene características fundamentales, porque obliga al Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán a modificar el presupuesto programado para el gasto electoral del año dos mil siete, al ejercer un gasto no programado, atentándose así contra su autonomía, porque no tiene sustento en el artículo 116 de la Constitución Federal, violándose el control constitucional que se establece en el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que considera que es ilegal la modificación de la mencionada Ley Electoral.
5. Finalmente, para fundamentar los conceptos de invalidez expuestos, cita la jurisprudencia de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA QUE SE ESTUDIEN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE LA CONTRAVENCIÓN DE LA NORMA QUE SE IMPUGNA CON CUALQUIER PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son 1o., 16, 41, 105, fracción II y 116, fracción IV.
QUINTO. Mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil siete, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 137/2007 y por razón de turno, designó al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo para que fungiera como instructor en el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.
Por auto de veintidós de febrero de dos mil siete, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al ejecutivo que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes, al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde, así como a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que expresara su opinión en relación a la presente acción de inconstitucionalidad.
SEXTO. El Congreso del Estado de Yucatán al rendir su informe, señaló sustancialmente lo siguiente:
1. Que en relación con el artículo 123 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, hecho valer por el Partido Político Alianza por Yucatán como violatorio de los artículos 1o., 16, 41, 105, fracción II y 116 de la Constitución Federal, no le asiste razón al instituto político actor, toda vez que la función estatal de organizar los procesos electivos, de la que los partidos políticos son corresponsables, se requiere la participación de elementos técnicos que fortalezcan dicha tarea, lo que ocurre directamente a través, no sólo de la profesionalización del actuar de la propia autoridad electoral, sino también de la aportación calificada de los actores político-partidista, mediante especialistas del derecho electoral; y que dicha participación para alcanzar la calidad de óptima, requiere de recursos humanos con un grado de estudios y especialización profesional, que actualiza el supuesto previsto en el párrafo cuarto del artículo 5o. de la Constitución, por lo que la decisión del Congreso de que a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, perciban el equivalente a un 20% de las percepciones de los integrantes de dicho consejo, de acuerdo a los lineamientos que acuerde el Consejo General del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, no viola ningún precepto constitucional.
2. Que respecto del artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de la propia entidad, se actualiza una causa de improcedencia, relativa a que las prerrogativas estipuladas en el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales ya han sido entregadas hasta donde se tiene conocimiento, por el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, mediante el cual se otorgan las prerrogativas establecidas en el artículo 72 de la Ley de Instituciones y Procedimientos a los partidos políticos nacionales a quienes se suspendió su registro, de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la última elección, es decir, desde la entrada en vigor del decreto 739 del Gobierno del Estado de Yucatán "el diecisiete de enero de dos mil siete" (sic), hasta el día en que se entregaron las prerrogativas anteriormente citadas, por lo que deviene inconcuso que han cesado los efectos de la norma impugnada.
Por tanto, al haberse agotado en su totalidad los supuestos que prevé, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción V, en relación con los diversos 59 y 65, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior en la tesis de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE INTERPONE CONTRA UN PRECEPTO TRANSITORIO QUE YA CUMPLIÓ EL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ, DEBE SOBRESEERSE EN ELLA AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
3. Asimismo señala que no le asiste la razón al partido político actor, toda vez que, en uso de sus atribuciones de independencia y autonomía financiera, el Estado a través de su soberanía, consideró que los partidos políticos nacionales con presencia estatal continuarán gozando "por única vez", de condiciones mínimas para continuar en el accionar político electoral, mediante las bases de distribución del financiamiento público a los partidos, de acuerdo con las características particulares de cada uno de ellos, a fin de que compitan en igualdad de circunstancias, como lo prevé el artículo 72 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Yucatán, no haciendo inconstitucional el precepto transitorio en mención, ya que precisamente la equidad estriba en el derecho igualitario consignado en la ley para que todos los partidos políticos puedan llevar a cabo la realización de sus actividades ordinarias y las relativas a la obtención del sufragio universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada partido político, de tal manera que cada uno perciba lo que proporcionalmente le corresponde acorde con su grado de representatividad. Apoya lo anterior en las tesis de rubros: "EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL, QUE ESTABLECE LAS REGLAS GENERALES PARA DISTRIBUIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL ANUAL ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE OBTENGAN SU REGISTRO COMO TALES, NO CONTRAVIENE DICHO PRINCIPIO." y "FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A FIJARLO EN IGUALES TÉRMINOS QUE EN EL ORDEN FEDERAL."
SÉPTIMO. El gobernador del Estado de Yucatán en su informe sustancialmente manifestó:
1. Que es cierto que promulgó el veintidós de enero de dos mil siete, las reformas al artículo 123 y el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, y que dicho acto no resulta inconstitucional.
2. Que la acción de inconstitucionalidad es improcedente en cuanto a los actos que se le reclaman consistentes en la promulgación y publicación de las reformas al artículo 123 y el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, toda vez que los llevó a cabo conforme a lo establecido en los artículos 55, fracción II, de la Constitución Política y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambos del Estado de Yucatán.
OCTAVO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al formular su opinión señaló en síntesis lo siguiente:
1. Que por lo que hace a la constitucionalidad de los artículos impugnados (123 y séptimo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán), no emite opinión, en atención a que, sobre el tema, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos pronunciamientos, en los cuales se han establecido con claridad las bases sobre las cuales debe analizarse el contenido de una norma para determinar si fija reglas de carácter sustancial para, en su caso, establecer si debió cumplir con el plazo previsto constitucionalmente, así como a partir de qué fecha debe considerarse el inicio de un proceso electoral. Apoya lo anterior en las tesis de rubros: "CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO." y "PROCESO ELECTORAL. PARA DETERMINAR JURÍDICAMENTE SU INICIO DEBE ATENDERSE A LA FECHA QUE ESTABLEZCA LA LEGISLACIÓN ELECTORAL ANTERIOR A LA REFORMA Y NO A AQUELLA CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE CONTROVIERTE O A SITUACIONES FÁCTICAS."
2. En relación con el artículo 123 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, que establece que los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado recibirán el equivalente a un 20% de las percepciones de los consejeros electorales, conforme a los lineamientos que al efecto acuerde el propio consejo general, que de ninguna manera provendrán del financiamiento de los partidos políticos, es esencialmente fundado, porque dicho precepto podría transgredir la independencia y autonomía de los partidos políticos como entidades de interés público y, por ende, el derecho de asociación política consagrado en el artículo 35, fracción III, de la Carta Magna.
3. Finalmente, en cuanto al artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de dicha entidad, le asiste razón al actor, en cuanto señala que existe un cambio en las reglas de financiamiento público y un trato desigual a los partidos políticos estatales y nacionales, toda vez que, de la interpretación sistemática de los artículos 41, párrafo segundo, fracciones I y II y 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal, en relación con el artículo 16, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como de los artículos 71 a 74 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de la misma entidad, se precisa que el sistema de financiamiento público local destinado a los partidos políticos estatales y nacionales rige por igual para ambas clases de asociaciones y, además se encuentra supeditado a la satisfacción de requisitos específicos relacionados con la preservación del registro o inscripción, según se trate de un partido político estatal o nacional, que de soslayarse trastocaría el principio constitucional relativo a que el financiamiento público está destinado para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección.
Que al respecto, en los dos primeros párrafos de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Federal, se prevé que la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos, y al referirse al financiamiento público se hace la precisión de que estará destinado a los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección; asimismo, en la fracción I del mencionado artículo se dispone que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Concluyendo que el artículo impugnado podría contravenir las reglas de financiamiento establecidas en el artículo 116 constitucional y desarrolladas en la Constitución y legislación electoral del Estado de Yucatán.
NOVENO. El procurador general de la República, al formular su opinión respecto de la presente acción de inconstitucionalidad, señaló en síntesis lo siguiente:
1. Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad y quien la suscribe tiene legitimación para ello, así como que fue presentada en forma oportuna.
2. Que en cuanto a la causa de improcedencia que hace valer el Congreso de Yucatán, con relación al artículo séptimo transitorio de la Ley del Instituciones y Procedimientos Electorales de dicho Estado, es parcialmente fundada, en virtud de que los efectos y consecuencias del numeral citado se hicieron consistir, esencialmente en el otorgamiento de las prerrogativas previstas en el artículo 72 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Yucatán, únicamente durante dos mil siete, a los partidos políticos nacionales que no alcanzaron el porcentaje de votación mínima en la elección dos mil cuatro; asimismo señala que del requerimiento que se hizo por parte del Ministro instructor al presidente del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana de Yucatán y de la contestación al mismo, se desprende que el artículo transitorio impugnado ha cesado en sus efectos únicamente respecto al financiamiento público otorgado en los meses de enero, febrero y marzo de dos mil siete, toda vez que en el caso se agotó el presupuesto normativo que en él se contiene con relación a los meses señalados. Por lo que se impone el sobreseimiento únicamente por cuanto hace al financiamiento público de los meses indicados, esto con apoyo en el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria del artículo 105, en relación con los diversos 19, fracción V, 59 y 65, primer párrafo, del mismo ordenamiento. Apoya lo anterior en las tesis de rubros: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS." y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA."
3. Que el concepto de invalidez respecto a la inconstitucionalidad del artículo 123 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, que establece que los representantes de los partidos políticos registrados ante el Consejo General del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana de dicho Estado, percibirán una remuneración equivalente al 20% de la que le corresponda a los consejeros electorales; y en el que el actor señala que se vulnera la autonomía financiera del Instituto Electoral, es suficientemente fundado, toda vez que la norma impugnada al prever implícitamente que las percepciones que reciban los representantes de los partidos políticos provendrán del presupuesto del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, atenta contra la independencia financiera de dicho órgano electoral, ya que de acuerdo con el inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal, las Constituciones y las leyes de los Estados en materia electoral deberán garantizar, entre otras cuestiones, que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gocen de autonomía en su funcionamiento, lo que en la especie no acontece, ya que mediante la norma impugnada se le adiciona una carga económica al citado Instituto Electoral; por lo que, al no tener independencia en el destino de los recursos que le son asignados, para los fines para lo que fue creado hace que se vulnere el dispositivo constitucional de mérito.
4. Que el concepto de invalidez respecto a la inconstitucionalidad del artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, del que se advierte que de manera inequitativa, se les repone el derecho a obtener financiamiento público a los partidos políticos nacionales que compitieron en las elecciones locales llevadas a cabo en dos mil cuatro y que no obtuvieron el porcentaje de votación mínimo requerido para ello, contraviene el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal, toda vez que transgrede el principio rector de equidad en el financiamiento público; porque da un trato diferenciado a los partidos políticos, ya que le otorga financiamiento público a aquellos que no alcanzaron el porcentaje de votación requerido en el Código Electoral del Estado de Yucatán en dos mil cuatro, con lo que se crea una situación distinta y sin justificación frente aquellos que sí lograron obtener dicho porcentaje de votación. Por tanto, sólo en función de su representatividad debe recibir un trato distinto y proporcional a esa situación, y sólo con base en este principio deben tener recursos públicos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias o extraordinarias, esto es, en la medida de que, a mayor presencia que tenga un partido político, mayores recursos debe recibir; por lo que, conforme al principio de equidad en materia electoral, los partidos políticos se diferencian por el grado de representatividad, que tengan entre los ciudadanos votantes, sin que ello limite su derecho a obtener recursos si logran una representación mayor.
Concluyendo que dicho artículo impugnado al conceder a los partidos políticos nacionales que en la elección de dos mil cuatro no obtuvieron el porcentaje de votación mínimo requerido por la legislación electoral vigente en ese año, para la asignación de recursos para dos mil siete, vulnera el principio de equidad previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo señala que en relación con la violación al artículo 16 de la Constitución Federal, la garantía de legalidad estatuida en dicho precepto obliga a toda autoridad que emite un acto -incluidos los Congresos Locales-, a cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, esto es, que el Poder Legislativo sólo puede emitir normas cuyo ámbito espacial, material y personal de validez corresponda a la esfera de atribuciones del referido órgano colegiado de acuerdo con la Ley Fundamental; y que, en este contexto el Congreso del Estado de Yucatán, no está facultado para emitir la norma que se combate, toda vez que la misma rompe con el principio de equidad en materia electoral, por tal razón, el citado órgano legislativo actuó fuera de los límites de las atribuciones que le confiere la Constitución Federal. Apoya lo anterior en las tesis de rubros: "EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL, QUE ESTABLECE LAS REGLAS GENERALES PARA DISTRIBUIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL ANUAL ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE OBTENGAN SU REGISTRO COMO TALES, NO CONTRAVIENE DICHO PRINCIPIO." y "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA."
5. Que en relación a lo alegado por el actor, relativa al Decreto 739, mediante el que se reforman los artículos 123 y séptimo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, deviene inconstitucional puesto que se expidió dentro de los noventa días a que se refiere el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, resulta ocioso entrar al estudio de la trasgresión de dicho artículo, puesto que en nada cambiaría el sentido de la resolución. Apoya lo anterior en la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL."
DÉCIMO. Mediante acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil siete, dictado por el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y, tomando en consideración que el Ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo, disfruta de licencia concedida por el Tribunal Pleno, se envió el expediente al Ministro Juan N. Silva Meza para los efectos conducentes.
DÉCIMO PRIMERO. Recibidos los informes de las autoridades, la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral y el pedimento del procurador general de la República, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción de los artículos 123 y séptimo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Por razón de orden, en primer lugar se debe analizar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
Conforme a este artículo, el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales y el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó la norma que se impugna, considerando en materia electoral, todos los días como hábiles.
El Decreto 739 que contiene las reformas al artículo 123 y al artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, se publicó en el Diario Oficial de la Entidad el veintidós de enero de dos mil siete, según se advierte del ejemplar que de dicho medio informativo obra a fojas cuarenta y dos a cincuenta y siete del expediente.
Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción inició el martes veintitrés de enero y venció el miércoles veintiuno de febrero de dos mil siete; por tanto, si la acción se presentó el veinte de febrero de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, el vigésimo noveno día, es inconcuso que fue presentada en forma oportuna, conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia.
TERCERO. Acto continuo se procede a analizar la legitimación del promovente.
Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria disponen:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal El
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20249-d10faa42/instituciones-y-procedimientos-electorales-de-yucatan-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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