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Modo: Corpus Pro

CAUCES, LECHOS Y RIBERAS DE LOS RÍOS. ES COMPETENCIA FEDERAL ADMINISTRAR EL PREDIO EN DONDE ESTÉN UBICADOS AUNQUE NO SE ENCUENTREN EXACTAMENTE A SU MARGEN. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA SEAN CONTRADICTORIOS CON LA ACCIÓN PLANTEADA, DEBEN DESESTIMARSE POR LA SUPREMA CORTE, LA QUE DETERMINARÁ LA MATERIA DE ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLAS AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLAS INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 79/2004. · Registro digital (IUS): 20255
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE GUADALUPE, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, , Pág. 1889.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 79/2004. MUNICIPIO DE GUADALUPE, ESTADO DE NUEVO LEÓN.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: ÓSCAR PALOMO CARRASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de abril de dos mil siete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el tres de agosto de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Francisco Rivera Bedoya y Gabriel Tláloc Cantú Cantú, en su carácter de presidente municipal y síndico segundo, respectivamente, en representación del Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León, promovieron controversia constitucional en la que solicitaron la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por las autoridades que a continuación se señalan:

"Nombre y domicilio de la demandada: La Comisión Nacional del Agua a través de su gerente regional río Bravo, Sr. Ing. Pedro Garza Treviño, con domicilio en su respectivo recinto oficial conocido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Acto cuya invalidez se demanda: La ilegal concesión suscrita en fecha 6-seis de mayo de 2004-dos mil cuatro, contenida en el título de concesión número 06NVL114092/24EAGR04, otorgada a favor del señor Ing. Armando Roberto Manautou de la Garza, con el número de expediente NVL-R-758-24-09-03, misma que fue concedida y firmada por el ingeniero Pedro Garza Treviño, en su carácter de gerente regional río Bravo de la Comisión Nacional del Agua; para explotar, usar o aprovechar cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales a cargo de la comisión por una superficie de 49,456.00 metros cuadrados y el cual tiene las siguientes colindancias: 590.00 metros al norte con canal de estiaje río Santa Catarina, 630.00 metros al sur con Ave. Morones Prieto, 32.00 metros al este con puente Guadalupe y 94.00 metros al oeste con terreno federal concesionado al parque Fundidora; ubicándose en la zona federal que se encuentra en la margen derecha del río Santa Catarina, frente a la calle segunda con privada de Jiménez, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, para uso servicios (multipista). Por otra parte, cabe mencionar que la ilegal concesión de la superficie territorial, otorgada por la autoridad demandada se encuentra dentro de los límites o tramos de la jurisdicción de ciudad Guadalupe, Nuevo León, tramos que se indican a continuación: 17,800.00 metros lineales del cauce comprendido del kilómetro 20+500 al 38+300 dentro de los límites municipales de Guadalupe, Nuevo León, de acuerdo al estudio de demarcación de zona federal del río Santa Catarina de fecha febrero de 1996-mil novecientos noventa y seis. La explotación, uso o aprovechamiento de cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales del predio concesionado se encuentra dentro de las zonas federales y los cauces entregados al Municipio hoy parte actora, por la Comisión Nacional de Agua, para su administración, custodia, conservación y mantenimiento, según se desprende de lo acordado en la cláusula tercera del convenio de coordinación, celebrado entre ambas entidades públicas en fecha 20 de febrero de 2003. Convenio que acompañamos en copia certificada a este escrito."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

"1. Los suscritos somos legítimos representantes del R. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, de la presente administración 2003-2006, tal como lo justificamos con copias debidamente certificadas de las constancias otorgadas por la Comisión Municipal Electoral y las que ya se mencionaron antes. La fundamentación jurídica para nuestra representación legal se comprende en lo dispuesto por los artículos 27, 30 y 31, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. 2. En fecha 20-veinte de febrero de 2003-dos mil tres se firmó un convenio de coordinación celebrado por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, representada por su titular el C. Cristóbal Jaime Jáquez, con la intervención de los CC. Mario Alfonso Cantú Suárez y Felipe I. Arrequín Cortés, subdirector general de administración del agua y subdirector general técnico, respectivamente y, por la otra parte, el Municipio de Guadalupe del Estado de Nuevo León, administración 2000-2003, representado por los CC. Ing. Pedro Garza Treviño, Alberto Rodríguez García y Lic. Alejandro Garza Zambrano, en su carácter de presidente municipal, secretario y síndico del Ayuntamiento, respectivamente; con el objeto de transferir a zona federal adyacente a las corrientes, lagos, lagunas de propiedad nacional para su administración, custodia, conservación y mantenimiento de los tramos que a continuación se indican: 17,800 metros lineales del cauce comprendido del kilómetro 20+500 al 38+300 dentro de los límites municipales de Guadalupe, Nuevo León, de acuerdo al estudio de demarcación de zona federal del río Santa Catarina de fecha febrero de 1996. Es necesario precisar señores Ministros que el convenio de coordinación celebrado entre nuestra representada y la Comisión Nacional del Agua en este momento tiene plena vigencia y eficacia legal, ya que a la fecha ninguna de las dos causales que se señalaron para que operara la terminación del convenio y que son: A) La voluntad expresa de cualquiera de las partes debiendo notificar por escrito a la otra por lo menos con 60 días naturales de anticipación; y B) El caso fortuito y la fuerza mayor que ponga término al objeto del presente convenio de coordinación, se ha actualizado. Señores Ministros, nuestra representada jamás recibió oficio de notificación alguno por la dependencia aludida, hoy autoridad demandada donde se nos informara de la terminación del convenio de coordinación, en consecuencia, el convenio de coordinación celebrado por nuestra representada y la Comisión Nacional del Agua, se encuentra vigente, por lo que al otorgarse una concesión para explotar, usar o aprovechar cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales de un terreno que forma parte de una superficie mayor objeto del convenio de coordinación, causa agravio al Municipio de difícil reparación al vulnerarse los derechos adquiridos por este ente jurídico, mismos que hacemos valer mediante la presente controversia constitucional. 3. Ahora bien, en fecha 16-dieciséis de julio del año en curso, mediante una nota publicada por el periódico ‘El Norte’, de esta localidad, propiamente en la sección local, redactada por parte de Mirna Ramos, en la cual reza lo siguiente: ‘La Comisión Nacional del Agua, a cargo de Pedro Garza Treviño, concesionó en el pasado mayo 4.9 hectáreas del lecho del río Santa Catarina, a favor de un particular que ya antes había sido beneficiado por el funcionario’, en el cual aparece el título de concesión otorgado a nombre de Armando Roberto Manautou de la Garza para uso, servicios (multipista), con una superficie de 49,456.00 metros cuadrados, por un plazo de 10-diez años, misma publicación que bajo protesta de decir verdad, manifestamos que fue del conocimiento del R. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, el cual los suscritos somos legítimos representantes y una vez enterados de lo anteriormente expuesto en la fecha ya señalada y al ver la irregularidad, así como con la ilegal forma en la que se llevó a cabo dicha concesión, a través del titular de la gerencia regional río Bravo de la Comisión Nacional del Agua, nos percatamos que dicha concesión otorgada en fecha 6 de mayo de 2004, se encuentra dentro de la jurisdicción de Guadalupe, Nuevo León, y que ésta se llevó a cabo de una forma por demás dolosa y carente de toda validez jurídica ya que a la fecha existe convenio de coordinación vigente, celebrado por parte de la Comisión Nacional del Agua y el R. Ayuntamiento de ciudad Guadalupe, Nuevo León, mismo que fuera celebrado en fecha 20 de febrero de 2003 y el que se anexa en copia certificada. Acto jurídico, la concesión que demandamos, su invalidez en esta controversia constitucional."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son, los siguientes:

"Primer concepto de invalidez. Se vulnera en perjuicio del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, lo establecido en los artículos 14, 16 y 115, fracción V, incisos g) e i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en lo conducente a la letra dicen: ‘Artículo 14. Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ...’. ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...’. ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: ... g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento de esta materia; ... e i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. ...’. En ese orden, encontramos precisamente la violación total a los preceptos consagrados como garantías y derechos dentro de nuestra Carta Magna, porque se aprecia un proceder discordante por parte de la autoridad demandada, al no respetar el orden constitucional. De entrada, encontramos la existencia previa de un convenio de coordinación entre el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua con el Municipio de Guadalupe, Nuevo León, acto jurídico que fuera celebrado en fecha 20-veinte de febrero de 2003-dos mil tres, el mismo tuvo como objeto, como ya se ha mencionado antes en este escrito, se transfieren a ‘El Municipio’ la zona federal adyacente a las corrientes, lagos y lagunas de propiedad nacional, que en el convenio se indican, para su administración, custodia, conservación y mantenimiento de la zona federal del río Santa Catarina. El convenio de coordinación, lo celebró la Comisión Nacional del Agua conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, donde se establece que la transferencia de responsabilidades, atribuciones y recursos de la Federación a las entidades federativas y Municipios constituye una redistribución del poder, en la medida que fortalece a las autoridades tanto locales como municipales y acerca los procesos de toma de decisiones a la población, depositándolos en aquellas instancias de gobierno más inmediatas. Así las cosas, se determina que fueron transferidos por la Comisión Nacional del Agua para fines específicos, las áreas del terreno que comprenden el lecho del río Santa Catarina, en el tramo comprendido a la altura del Municipio de ciudad Guadalupe, Nuevo León, por lo que siendo así, el Municipio que representamos, es quien a partir del convenio de coordinación es el titular de la administración, custodia, conservación y mantenimiento de la zona federal adyacente a las corrientes, lagos y lagunas de propiedad nacional que se indicaron, quedando relevadas para tales efectos la Comisión Nacional del Agua. Tal es el caso, que en ejercicio de las facultades que el convenio federal antes citado le concede a los funcionarios correspondientes del Municipio que hoy se afecta, existe como antecedente, un convenio (autorización administrativa del uso de suelo del dominio público) de fecha 25-veinticinco de junio de 2003-dos mil tres, suscrito por el entonces presidente municipal Ing. Pedro Garza Treviño, y por quien fuera su secretario del Ayuntamiento, el señor Alberto Rodríguez García, en dicho instrumento, se contiene una autorización administrativa de uso de suelo del dominio público de una superficie de 36,535.89 metros cuadrados, a favor del Ing. Armando Roberto Manautou de la Garza, la autorización de referencia, se constriñe al uso de suelo del área ubicada sobre el lecho del río Santa Catarina, expresando las medidas y colindancias, para su utilización, mismas que son precisadas en el documento de cuenta que se anexa al presente ocurso. Se ha tenido conocimiento, a través de medios de comunicación impresa, de la existencia de un diverso título de concesión, el que refleja la explotación, uso o aprovechamiento de cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales por una superficie de 49, 456.00 metros cuadrados, mismas áreas del lecho del río Santa Catarina, comprendidas dentro del Municipio de ciudad Guadalupe, Nuevo León, concedidas con antelación al Ing. Armando Roberto Manautou de la Garza. Dicho título, fue expedido en fecha 6-seis de mayo del año 2004-dos mil cuatro, por la Comisión Nacional del Agua, a través de su gerente regional río Bravo, el Ing. Pedro Garza Treviño. Es de observarse, que fue el mismo profesionista que casi un año antes suscribiera como presidente municipal, un convenio sobre las mismas áreas que ahora vuelve a concesionar, sólo que ahora en su carácter de gerente regional río Bravo de la Comisión Nacional del Agua. Existe el presupuesto legal de inicio, en donde se contiene la transmisión de la zona federal adyacente a las corrientes, lagos y lagunas de propiedad nacional para su administración, custodia, conservación y mantenimiento del río Santa Catarina, en los tramos de 17,800 metros lineales del cauce comprendido del kilómetro 20+500 al 38+300 de los límites municipales del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, a favor del Municipio. En dicho instrumento jurídico, no se refiere en ninguno de sus apartados, un tiempo específico de duración del convenio, por lo que debe de entenderse por tiempo indefinido, sólo refiere dos causales por las que se puede dar por terminado en forma anticipada el convenio, situaciones ambas que a esta fecha no se han concretizado. Además, la Comisión Nacional del Agua en ningún momento ha efectuado comunicación alguna, a través de la cual notifique la terminación o conclusión del convenio ya tantas veces referido, por lo que no habiendo existido ninguno de los dos supuestos, ni resolución judicial o administrativa que de fin a la vida del acto en cuestión, éste se encuentra vigente y, por consiguiente, surtiendo los efectos legales consecuentes. Sin embargo, como se ha venido manifestando en este escrito, la dependencia federal de regulación de aguas, ha emitido un título de concesión, apreciando claramente, que éste lo efectúa, olvidando determinantemente que existe una limitante contenida en un convenio de coordinación entre la Federación y el Municipio, el que como ya se ha hecho alusión, se encuentra en plena vigencia a la fecha, por lo que con dicho proceder, se conculcan las garantías de legalidad y de seguridad jurídica que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos advierte. El actuar de la Comisión Nacional del Agua hoy autoridad demandada contrarían el espíritu del convenio de coordinación y con ello conlleva la violación de los artículos constitucionales que se citan en este capítulo. De igual manera, como ya se ha hecho referencia, la Comisión Nacional del Agua, tuvo la ilegal actuación, de otorgar la concesión al Ing. Manautou de la Garza, de gran parte de los terrenos del lecho del río Santa Catarina, en su tramo del Municipio de ciudad Guadalupe, Nuevo León, siendo que con ello, la garantía de legalidad es transgredida en contra de la hoy actora por la autoridad demandada; en razón de que se olvida que para dar vida a un acto jurídico, la autoridad que lo suscribe debe ser competente para ello, entendiendo por competencia, la facultad que se tiene para conocer de un asunto determinado, y en este caso, la dependencia aludida resulta incompetente para poder emitir el título de concesión de fecha 6-seis de mayo de 2004-dos mil cuatro, puesto que existe en la vida jurídica un convenio de coordinación, donde se transfieren los terrenos tantas veces enunciados, hacia el Municipio de Guadalupe, Nuevo León, ello a fin de que los administren, custodien, mantengan y conserven; por tanto, quien se encuentra facultado para que actuaren los mismos términos sobre las áreas de las zonas federales que comprende el río Santa Catarina, es precisamente el Municipio hoy parte actora, ello a través de las autoridades que legalmente lo representan. En la concesión, acto jurídico de la cual se reclama su invalidez, la autoridad demandada funda y motiva el mismo en disposiciones legales de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y de Recursos Naturales, de la Ley de Aguas Nacionales, del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General de Aguas Nacionales y de la Ley General de Bienes Nacionales, siendo esto contrario a derecho, porque a través de un convenio de coordinación se transfirió al Municipio de Guadalupe, Nuevo León, los derechos de administración, custodia, conservación y mantenimiento de terrenos de zona federal adyacentes al río Santa Catarina, luego entonces a partir de este acto jurídico la Comisión Nacional del Agua quedó relevada de los derechos y obligaciones que transfirió. El acto jurídico concreto por consecuencia carece de la debida fundamentación y motivación. Por último, constitucionalmente, el Municipio en general, tiene la facultad de llevar a cabo la celebración de diversos actos jurídicos, con los que puede comprometerse y obligarse a través de ellos, por lo que dicha posibilidad les permite que lo que celebren se encuentre en un plano de licitud, siempre y cuando reúnan los principios de legalidad, como es el caso que nos ocupa, pues el convenio de coordinación federal de inicio, es celebrado por autoridades con injerencia a ello, y sustentado en sus fines por el propio artículo 115 de la Carta Magna. Por lo que entonces, en el caso que se analiza, la Comisión Nacional del Agua, para poder efectuar la expedición de un título de concesión, primeramente debió haber buscado el llevar a cabo un procedimiento administrativo, a través del cual, se diera por terminado el convenio que en su momento fuera celebrado con las dependencias federales y la resolución emanada del posible procedimiento, ser notificada al Municipio de ciudad Guadalupe, Nuevo León, a efecto de estar enterada ésta de la no existencia ya del instrumento en comento, y con ello dejar de tener injerencia directa sobre las áreas en discusión, situación la anterior que nunca sucedió. Aunado a lo anterior, y ante la vigencia real del convenio con la Federación, la autoridad demandada, desestima la licitud con la que debe de actuar, y vulnera el mismo, al emitir un título de concesión, desatendiendo totalmente su falta de competencia para hacerlo. Aún más con sus actos, la Comisión Nacional del Agua impide el libre cumplimiento en sus términos del multirreferido convenio de coordinación. Además, es dable considerar que los actos que se reclaman atentan directamente contra el equilibrio ecológico del área donde ha sido desarrollada la concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua, impidiendo además que se pueda cumplir con las obligaciones inherentes al caso por parte de la municipalidad que representamos, pues le corresponde crear y administrar las reservas ecológicas, así como elaborar y aplicar programas con respecto a ello. Siendo el caso, además de imposibilitarse al Municipio de cumplir con sus obligaciones, se estropea la armonía ecológica del lugar, transgrediéndose de igual manera con el medio ambiente, vulnerándose además lo establecido por el artículo 7o. de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección, mismo que a la letra dice: ‘Artículo 7o. Corresponde a los Municipios con el concurso, según el caso, del gobierno del Estado, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales. I. conservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en las materias que señala este artículo; ... IV. Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera que provenga del tránsito de vehículos, a excepción del transporte público estatal o federal, así como la que se origine en actividades de bajo riesgo ecológico, según lo establezcan los ordenamiento conducentes; ...’. Siendo así, se violan las disposiciones invocadas, si se toman en cuenta que las instalaciones que se han construido y las que se pretenden construir a futuro, van a provocar un desequilibrio ecológico por la alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, viniendo a afectar negativamente la existencia, transformación y desarrollo de toda persona, provocando con ello una situación de alarma o emergencia ecológica al transformarse un área natural en una zona que puede producir serios riesgos a la salud y tranquilidad de las personas. Es conveniente destacar además, que el lugar que nos ocupa, se trata del lecho de un río, el cual está sujeto a contingencias naturales, las cuales no son posibles de regulación específica, por lo que su alteración con la actividad humana, trastoca su propio orden, convirtiéndolo en una zona de riesgo para todo ser humano. Los planes municipales, con respecto al área del lecho del río en cuestión, contemplan el desarrollo de un parque para prácticas deportivas al aire libre, sin contaminantes y sin desarrollar energías que al actuar sobre las áreas naturales como la tierra o la atmósfera, puedan producir alteraciones en el suelo y, por consiguiente, vengan a modificar su composición y condición natural, por lo que la construcción y edificación ya efectuada y la que se pudiera construir a futuro, alteran el medio ambiente natural existente. De tal manera, que la construcción de vías artificiales en el suelo del lecho del río Santa Catarina y el uso de las instalaciones de las mismas por personas, traerá como consecuencia la producción de desperdicios sólidos que generan contaminación y otros productos derivados de alimentos que su descomposición altera la salud de las personas y además propicia contingencias ambientales que deben ser previamente reguladas y estén de acuerdo con el medio ambiente, que en el caso específico, se trata de un cauce en el que se produce cierta flora silvestre, la cual ayuda a los elementos atmosféricos y evita que se propaguen algunas enfermedades por su interacción con los elementos naturales, situación que de presentarse provocaría una emergencia ecológica al poner en riesgo el aprovechamiento de un área natural, como lo es el cauce del río aludido, eliminando los beneficios que propicia un área natural. Las actividades humanas que se han llevado a cabo y se pretenden realizar a futuro, serían contrarias a la preservación del medio ambiente en un área natural, la cual puede afectar seriamente la composición de sus elementos y poner en riesgo grave la existencia de los sistemas ecológicos que deben ser preservados. Actos de autoridad los ya señalados que dejan al Municipio de Guadalupe, Nuevo León, al margen del Estado de derecho, pues como se ha venido haciendo referencia, se quebrantan las normas que contienen las garantías constitucionales, que promueven la seguridad y la legalidad, en el actuar de la autoridad demandada al momento de emitir sus actos. Prueba fehaciente de la ilicitud del acto de autoridad es el reconocimiento manifestado por el señor Ingeniero Pedro Garza Treviño en su carácter de gerente regional río Bravo de la Comisión Nacional del Agua, en publicación impresa aparecida el día 17 de julio de 2004, en el periódico ‘El Norte’, que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en donde acepta expresamente que la concesión multirreferida otorgada al señor Armando Roberto Manautou de la Garza, es ‘un acto en perjuicio del Municipio’."

CUARTO. Los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados en perjuicio del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, son 14, 16 y 115.

QUINTO. Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil cuatro, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente y turnar al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia como instructor, quien mediante proveído de once del mes y año citados, admitió a trámite la demanda y con ese carácter instruyó el juicio.

SEXTO. La parte actora amplió su demanda mediante escrito de diecinueve de octubre de dos mil cuatro, la cual fue admitida a trámite. Por virtud de los oficios de contestación de demanda, se advirtió un nuevo hecho consistente en las especificaciones para la explotación, uso y aprovechamiento del predio objeto del título de concesión número 06NVL114092/24EAGR04, en lo relativo a que sería para uso-servicio (multipista), en el cual no se deberían construir obras permanentes.

SÉPTIMO. En los conceptos de invalidez de la ampliación de demanda, la parte actora sustancialmente, señaló:

1. Que las demandadas no tienen facultades para autorizar el uso del bien inmueble concesionado, por lo que al hacerlo invadieron el ámbito de atribuciones del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, previsto en el artículo 115, fracción V, incisos d) y f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Que el director jurídico del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, no tiene competencia para emitir el oficio de trece de octubre de dos mil tres, por el cual comunica al particular a favor de quien se emitió el título de concesión controvertido, que después de haber revisado los límites territoriales del Municipio llegó a la conclusión de que la primera etapa de la multipista se encuentra en el territorio de Monterrey, por lo que dejaba sin efectos la autorización administrativa de uso de suelo del dominio público otorgada el veinticinco de junio de dos mil tres, respecto de la porción que se encontraba fuera de los límites del Municipio de Guadalupe.

Que afirma lo anterior, en virtud de que al que le competen las funciones desplegadas en dicho oficio es al propio Municipio por conducto de su presidente, en conjunción con el secretario del Ayuntamiento.

OCTAVO. El Poder Ejecutivo Federal y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al contestar conjuntamente la demanda, en síntesis manifestaron:

a) En relación con la procedencia de la controversia.

1. Que procede decretar el sobreseimiento en el asunto de conformidad con los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la parte actora carece de legitimación en la causa, puesto que el predio concesionado es distinto al que se refiere el convenio de coordinación.

Que tal situación se corrobora con los planos exhibidos y con el oficio de trece de octubre de dos mil tres, por el cual el director jurídico del Municipio de Guadalupe comunicó al particular a quien se le otorgó la concesión cuya invalidez se reclama, que después de haber revisado los límites territoriales del Municipio llegó a la conclusión de que la primera etapa de la multipista se encuentra en el territorio de Monterrey, por lo que dejaba sin efectos la autorización administrativa de uso de suelo del dominio público otorgada el veinticinco de junio de dos mil tres, respecto de la porción que se encontraba fuera de los límites del Municipio de Guadalupe, lo que afirma, constituye un reconocimiento por parte de la citada autoridad en el sentido de que la superficie materia de la concesión no se encuentra dentro de la transferida por la Comisión Nacional del Agua al citado Municipio.

2. Que procede se decrete el sobreseimiento con apoyo en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, en razón de que el título de concesión cuya invalidez se reclama puede ser controvertido mediante el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que el Municipio actor no agotó previamente a la interposición de la controversia constitucional, la vía legalmente prevista para la solución del conflicto.

Que la causa de improcedencia planteada se confirma si se toma en consideración que de la lectura integral de la demanda, se advierte que el actor no plantea violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino de mera legalidad.

b) En relación con el fondo de la cuestión planteada.

1. Que la Comisión Nacional del Agua transfirió para su administración, guarda y custodia al Municipio actor, únicamente 17,800 metros lineales del cauce del río Santa Catarina comprendiendo del kilómetro 20+500 al 38+300, mientras que el título de concesión 06NVL114092/24EAGR04, se refiere a una superficie de 49,456 metros cuadrados, por lo que la concesión otorgada no invade el cauce y zona federal transferido mediante el convenio de coordinación de veinte de febrero de dos mil tres, por lo que está emitida conforme a las disposiciones legales aplicables.

c) En relación con la ampliación de la demanda.

1. Que reitera los argumentos que planteó en la contestación de la demanda acerca de la improcedencia de la controversia constitucional.

2. Que son inoperantes los argumentos vertidos en la ampliación de la demanda, en razón de que al estar encaminados a controvertir el contenido del título de concesión cuya invalidez se reclama, debió haberlos planteado desde su escrito inicial.

3. Que la emisión del título de concesión es conforme a lo previsto por

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20255-4b28f66e/cauces-lechos-y-riberas-de-los-rios-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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