CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, POR IMPROCEDENTE, CUANDO LA DEMANDA SE PRESENTA EXTEMPORÁNEAMENTE. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE, POR IMPROCEDENTE, CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 109/2003. MUNICIPIO DE GUADALUPE, ESTADO DE ZACATECAS.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de julio de dos mil cuatro.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio depositado el once de noviembre de dos mil tres, en la Administración de Correos de Guadalupe, Estado de Zacatecas, Heberto Barragán Díaz, quien se ostentó como síndico del Municipio de Guadalupe de la citada entidad, promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"II. Entidades, poderes u órganos demandados. El director general de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública y el subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 1735, 1er. piso, ala sur, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal. Norma general o acto cuya invalidez se reclama. Se demanda la inconstitucionalidad e invalidez del acto consistente en la resolución dictada por el director general de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública y el subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública en fecha quince de agosto de dos mil tres, que nos fue notificada vía fax el día veintiséis de agosto del año en curso, dictada dentro del expediente número 347/2003, folio número 2042, formado con motivo de la inconformidad por actos del Municipio de Guadalupe, Estado de Zacatecas, derivados de la licitación pública nacional No. 61075001-005-03, partida 4, celebrada para la contratación del suministro de material y/o equipo de alumbrado público; asimismo, se demanda la inconstitucionalidad o invalidez de la resolución o acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2003, que nos fue notificado el día 1o. de octubre del año en curso, mediante oficio número SACN/300/162/2003, derivado del expediente número RA/62/03, mediante el cual se desecha el recurso de revisión interpuesto por los suscritos en contra de la resolución dictada dentro del expediente número 347/2003 citado con anterioridad."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"I. En fecha tres de junio del año en curso se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las bases para la licitación pública nacional 61075001-005-03 para la compra de equipo y/o material eléctrico para el Municipio de Guadalupe, Zacatecas. II. A las diez horas del día doce de junio del año en curso, se llevó a cabo la junta de aclaraciones, tal como lo acredito con el original del acta que se levantó para tal efecto, misma que adjunto bajo el anexo número dos. III. A las nueve horas del día dieciséis de junio del año que transcurre, se llevó a cabo la presentación de proposiciones y apertura técnica, tal como lo acredito con el original del acta que se levantó para tal efecto, misma que adjunto bajo el anexo número tres. IV. En fecha dieciocho de junio de dos mil tres se emitió el fallo relativo a las proposiciones y apertura técnica, tal como lo acredito con el original del acta de fallo técnico, mismo que se adjunta con el anexo número cuatro. V. Emitido el fallo técnico, enseguida a las nueve horas del dieciocho de junio de dos mil tres, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contenían las proposiciones económicas de los participantes, a quienes se les citó a las doce horas del día veintiséis de junio del mismo año para que se les hiciera de su conocimiento el fallo correspondiente a esta etapa, tal como lo acredito con el original del acta de apertura de proposiciones económicas, que exhibo bajo el anexo número cinco. VI. A las doce horas del día veintiséis de junio del año dos mil tres, se emitió el fallo relativo a la etapa económica de la licitación pública nacional 61075001-005-03 para la compra de equipo y/o material eléctrico para el Municipio de Guadalupe, Zacatecas, tal como lo acredito con el original del acta de fallo, misma que se adjunta bajo el anexo número seis; adjudicando la adquisición por un monto de $655,500.00 (seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.), correspondiente a la partida cuatro, a la empresa denominada Eurogru, S.A. de C.V., por considerar que esta oferta fue la solvente más baja que convino a los intereses del Municipio de Guadalupe, Zacatecas. VII. Mediante escrito recibido en la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública el nueve de julio del año en curso, el C. Moisés Martínez Muciño, en cuanto representante legal de la empresa Morfín y Casarín, S.A. de C.V., promovió inconformidad por actos del Municipio de Guadalupe, Estado de Zacatecas, derivados de la licitación pública nacional No. 61075001-005-03, partida cuatro, celebrada para la contratación del suministro de material y/o equipo de alumbrado público, tal como lo demuestro con la copia simple del referido escrito, mismo que adjunto bajo el anexo número siete. VIII. Mediante acuerdo número 115.5., de fecha diez de julio de dos mil tres, derivado del expediente 347/2003, formado con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por el C. Moisés Martínez Muciño, en cuanto representante legal de la empresa denominada Morfín y Casarín, S.A. de C.V., se tuvo por recibida la inconformidad del participante, por lo que el Lic. Humberto Maldonado García, subdirector de Área de la Dirección General de Inconformidades en la Secretaría de la Función Pública, requirió a la entidad pública que represento para que rindiera el informe circunstanciado de hechos y aportara la documentación vinculada con el procedimiento licitatorio de referencia, y para que dentro del plazo de veinticuatro horas la convocante informara a esa dirección general los siguientes puntos: a) Origen y naturaleza de los recursos económicos autorizados para la contratación precisando si los mismos son de carácter estatal o federal, y para el caso de que se trate de recursos federales, deberá indicar a qué ramo del presupuesto de egresos de la Federación corresponden y cuál es la situación que guardan estos recursos al ser transferidos al Municipio, debiendo acompañar la documentación que lo acredite fehacientemente, b) Monto económico de la licitación, c) Estado actual del procedimiento licitatorio y en su caso, datos generales de terceros interesados, d) Se pronuncie respecto a la conveniencia de decretar la suspensión de los actos concursales, determinando si con ello se causa perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, conforme al artículo 68, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, este antecedente se acredita con la copia simple del referido documento que me permito exhibir bajo el anexo número ocho. IX. En fecha once de julio de dos mil tres a través del oficio número DOP/169/03, el ingeniero Manuel Felipe Álvarez Calderón en su carácter de presidente del honorable Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, rindió el informe que le solicitó el Lic. Humberto Maldonado García, subdirector de Área de la Dirección General de Inconformidades en la Secretaría de la Función Pública, mismo que exhibo bajo el anexo número nueve y que solicito se tenga en este espacio por reproducido en atención al principio de economía procesal. X. Posteriormente, el día 14 de julio de dos mil tres, mediante oficio número DOP/391/03, el ingeniero Manuel Felipe Álvarez Calderón en su carácter de presidente del honorable Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, rindió el informe circunstanciado que le solicitó el Lic. Humberto Maldonado García, subdirector de Área de la Dirección General de Inconformidades en la Secretaría de la Función Pública, mismo que exhibo bajo el anexo número diez y que solicito se tenga en este espacio por reproducido en atención al principio de economía procesal. XI. El día veinticinco de agosto del año en curso, se notificó vía fax la resolución de fecha quince de agosto de dos mil tres dictada dentro del expediente número 347/2003 folio número 2042, formado con motivo de la inconformidad por actos del Municipio de Guadalupe, Estado de Zacatecas, derivados de la licitación pública nacional No. 61075001-005-03, partida 4, celebrada para la contratación del suministro de material y/o equipo de alumbrado público, mediante la cual en el segundo de sus puntos resolutivos de la autoridad de quien se demanda la inconstitucionalidad e invalidez de su acto, señala que: ‘con fundamento en el artículo 15, penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se determina la nulidad de la licitación pública número 61075001-005-03, partida cuatro, a partir de la evaluación de ofertas económicas y fallo respectivo, así como de los actos derivados y que se deriven del mismo, para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, fracción I, del ordenamiento legal invocado la convocante reponga los actos irregulares a la normatividad de la materia, esto es, lleve a cabo una nueva evaluación de propuestas económicas, exclusivamente en lo que respecta a la partida número cuatro y emita el fallo que en estricto derecho corresponda, debiendo remitir a esta unidad administrativa dentro del término de cinco días naturales, contados a partir del siguiente al de recepción de la presente resolución, las constancias respectivas. Para su debido acatamiento, deberán atenderse los razonamientos lógico jurídicos expuestos en considerandos, ya que éstos rigen a los resolutivos.’. Este antecedente lo acredito con la copia simple de la referida resolución que exhibo bajo el anexo número once. Al respecto, cabe aclarar que como la referida resolución ordenó la reposición de una de las etapas de la licitación y en el supuesto de que se tuviera que dar cumplimiento, se haría en los términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que dispone: ‘Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses.’. Advirtiéndose en consecuencia que me encuentro en tiempo y forma para promover la presente controversia constitucional, tal como lo establece la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional. XII. Inconformes con la resolución a que me refiero en el punto anterior, mediante escrito de fecha doce de septiembre de dos mil tres, el presidente municipal ingeniero Manuel Felipe Álvarez Calderón y el suscrito interpusimos el recurso de revisión en contra de la resolución de fecha quince de agosto de dos mil tres, que nos fue notificada vía fax el día veintiséis de agosto del año en curso, dictada dentro del expediente número 347/2003, folio número 2042, formado con motivo de la inconformidad por actos del Municipio de Guadalupe, Estado de Zacatecas, derivados de la licitación pública nacional No. 61075001-005-03, partida 4, celebrada para la contratación del suministro de material y/o equipo de alumbrado público, causando la referida resolución en perjuicio de nuestra representada los agravios que se expresaron al interponer el referido recurso y los que se mencionan en este escrito de demanda. Este hecho lo demuestro con el escrito mediante el cual se interpuso el recurso de revisión, mismo que exhibo bajo el anexo número doce. XIII. Mediante resolución o acuerdo dictado en fecha 19 de septiembre de 2003, que nos fue notificado el día 1o. de octubre del año en curso, a través del oficio número SACN/300/162/2003, derivado del expediente número RA/62/03, se desechó el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución dictada dentro del expediente número 347/2003 citado con anterioridad, mismo documento que adjunto bajo el anexo número trece, y como considero que las autoridades federales que han conocido de este asunto son incompetentes, es por lo que acudo ante esa honorable Suprema Corte de Justicia a demandar la inconstitucionalidad e invalidez de los actos de autoridad que han quedado precisados en esta narración de hechos."
TERCERO. El promovente aduce como conceptos de invalidez los siguientes:
"Primero. Es inconstitucional e inválida la resolución dictada por el director general de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública en fecha quince de agosto de dos mil tres, que nos fue notificada vía fax el día veintiséis de agosto del año en curso, dictada dentro del expediente número 347/2003, folio número 2042, formado con motivo de la inconformidad por actos del Municipio de Guadalupe, Estado de Zacatecas, derivados de la licitación pública nacional No. 61075001-005-03, partida 4, celebrada para la contratación del suministro de material y/o equipo de alumbrado público; asimismo, es inconstitucional e inválida la resolución o acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2003, que nos fue notificado el día 1o. de octubre del año en curso, mediante oficio número SACN/300/162/2003, derivado del expediente número RA/62/03, mediante el cual se desecha el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución dictada dentro del expediente número 347/2003 citado con anterioridad; lo anterior, por considerar que la referida autoridad federal es incompetente para conocer y resolver el conflicto que se le planteó por el participante de la licitación pública nacional o proveedor Morfín y Casarín, S.A. de C.V., ya que la referida resolución viola flagrantemente en perjuicio de mi representado, Municipio de Guadalupe, Zacatecas, el vigente artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que consagra la autonomía de los Municipios, lo anterior resulta así toda vez que el director general de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública en la referida resolución se atribuye facultades que no le otorga la propia Constitución Federal, al decir del artículo 124 que dispone: ‘Las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.’. En ese orden de ideas, el artículo 134 de nuestra Carta Magna establece que: ‘Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. ...’. Tal como se observa, este precepto no incluye a los Municipios. Razón por la cual resulta la flagrante violación en perjuicio de nuestro representado respecto del artículo 115 constitucional, ya que este precepto establece que: ‘Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... II Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.’. Segundo párrafo del inciso e): ‘... Las Legislaturas Estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; ... IV Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: ... b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.’. En ese contexto, se alega que es inconstitucional el acto de autoridad contenido en la resolución dictada dentro del expediente número 347/2003, específicamente por atribuirse el director general de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública en el considerando I de la resolución, facultades que no le otorga la Constitución Federal, en consecuencia también es inconstitucional e inválida la resolución o acuerdo de fecha 19 de septiembre de 2003, emitido por el subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual se desecha el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución dictada dentro del expediente número 347/2003. En efecto, las aludidas resoluciones por derivarse de autoridades incompetentes, contrarían las bases de los artículos 16, 115, 124 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el primero de los preceptos constitucionales protege la garantía de legalidad que salvaguarda a toda persona física o moral de cualquier acto de autoridad que entrañe la más mínima violación de todas y cada una de las garantías consagradas en nuestra Carta Magna, en ese sentido se busca proteger la autonomía del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, quien en todo caso es libre de administrar sus recursos económicos que integran su hacienda municipal de acuerdo a las leyes que para tal efecto expida la Legislatura Local, tal como lo dispone el segundo de los preceptos constitucionales invocados con anterioridad; en consecuencia, es evidente que dentro de las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los funcionarios federales no aparece atribución alguna para que un órgano dependiente del Ejecutivo Federal, denominado actualmente Secretaría de la Función Pública, a través del director general de Inconformidades y del subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad, pudiera tener competencia constitucional para conocer y resolver del recurso de inconformidad que hizo valer la empresa inconforme. Al respecto, son aplicables los criterios sustentados en la tesis de jurisprudencia que a continuación invoco: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INCLUYE TAMBIÉN DE MANERA RELEVANTE EL BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA SUJETA AL IMPERIO DE LOS ENTES U ÓRGANOS DE PODER. El análisis sistemático del contenido de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos revela que si bien las controversias constitucionales se instituyeron como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, entre sus fines incluye también de manera relevante el bienestar de la persona humana que se encuentra bajo el imperio de aquéllos. En efecto, el título primero consagra las garantías individuales que constituyen una protección a los gobernados contra actos arbitrarios de las autoridades, especialmente las previstas en los artículos 14 y 16, que garantizan el debido proceso y el ajuste del actuar estatal a la competencia establecida en las leyes. Por su parte, los artículos 39, 40, 41 y 49 reconocen los principios de soberanía popular, forma de estado federal, representativo y democrático, así como la división de poderes, fórmulas que persiguen evitar la concentración del poder en entes que no sirvan y dimanen directamente del pueblo, al instituirse precisamente para su beneficio. Por su parte, los numerales 115 y 116 consagran el funcionamiento y las prerrogativas del Municipio Libre como base de la división territorial y organización política y administrativa de los Estados, regulando el marco de sus relaciones jurídicas y políticas. Con base en este esquema, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe salvaguardar, siempre se encuentra latente e implícito el pueblo y sus integrantes, por constituir el sentido y razón de ser de las partes orgánica y dogmática de la Constitución, lo que justifica ampliamente que los mecanismos de control constitucional que previene, entre ellos las controversias constitucionales, deben servir para salvaguardar el respeto pleno del orden primario, sin que pueda admitirse ninguna limitación que pudiera dar lugar a arbitrariedades que, en esencia, irían en contra del pueblo soberano.’. ‘COMPETENCIA CONSTITUCIONAL Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL. El artículo 16 constitucional establece en lo conducente, como garantía individual, que nadie podrá ser molestado sin mandamiento de autoridad competente, con lo que se establece un concepto especial de competencia que viene a quedar directamente protegido como garantía y que, por lo mismo, puede ser hecho valer directamente en juicio de amparo. Para precisar esa noción de competencia debe distinguirse entre competencia jurisdiccional y competencia constitucional, siendo esta última la protegida en forma específica en el precepto a comento, y que debe derivar directamente de un precepto constitucional y no sólo de una ley secundaria, como por ejemplo, de los artículos 13, 49, 104, 123, 124 y relativos de la Constitución Federal. Ahora bien, la competencia constitucional viene a consistir, básicamente en que la autoridad que dicte el mandamiento que lesiona al particular, debe contar, dentro de la esfera de sus facultades señaladas en la Constitución misma, con la de dictar el mandamiento de que se trata, de manera que una autoridad no pueda hacer uso incorrecto de la fuerza vinculatoria legal o de la fuerza pública del Estado fuera de la esfera de sus atribuciones, para causar molestias a un particular. Así, en sentido amplio, uno de los tres poderes no puede afectar a los particulares con un mandamiento que corresponda a la esfera de otro. Ni una autoridad federal puede dictar un mandamiento lesivo que correspondería dictar a una autoridad local, o viceversa, por ser estas cuestiones en que las facultades de las autoridades están determinadas por la propia Constitución Federal. Pero también queda protegida en la garantía otro tipo de competencia constitucional, o de facultades para dictar mandamientos que causen molestias a los ciudadanos, y que pueden crear conflictos competenciales entre órganos del mismo orden federal o local y aun ubicados dentro del mismo poder. Así, cuando un tribunal federal dicta resoluciones que corresponde dictar a otro tribunal, también federal, pero de distinto fuero, se está en el caso de competencia constitucional protegida por el artículo 16, lo que sucedería, por ejemplo, si un tribunal de fuero militar dicta resolución en un caso que correspondería a un tribunal federal; o si el Tribunal Fiscal de la Federación o la Junta Federal o el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dictasen sentencias en casos cuyo conocimiento correspondiese al fuero militar, siendo de notarse que en este caso, se trataría de conflicto entre tribunales todos del orden federal y ajenos al Poder Judicial de la Federación; pero en todos los ejemplos, se trata de tribunales con esferas de competencia señaladas en preceptos constitucionales, ya que el artículo 13 habla del fuero militar; el 49, de la división de poderes; el 104 de los tribunales federales y administrativos; el 123 de los tribunales o Juntas laborales; el 124 de las esferas federal y local, etc. Por otra parte, la competencia jurisdiccional, derivada únicamente de una ley secundaria, y que no queda comprendida en forma directa e inmediata en la garantía constitucional, se refiere a la competencia que se plantea entre tribunales del mismo fuero, por razón territorial o de la cuantía, y que debe dirimirse procesalmente por el tribunal superior al que están subordinados ambos tribunales contendientes.’. ... Segundo. Es inconstitucional e inválido el resultando cuarto en correlación con los considerandos I, II, III, IV, V y VI, y resolutivos primero, segundo y tercero de la resolución que se impugna y que en las partes relativas expresan: ‘Mediante oficio recibido en esta unidad administrativa el 11 de julio del año en curso, la convocante manifestó que los recursos económicos autorizados para la contratación son de carácter federal, provenientes de diverso préstamo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC ...’. La verdad es que en el referido oficio se manifestó lo siguiente: ‘a) El origen y naturaleza de los recursos económicos son provenientes de un préstamo autorizado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC (Banobras), los cuales a su vez provienen de los recursos propios del banco, es decir, la fuente no es externa (ni estatal, ni federal); además el pago de dicho préstamo se realizará con recursos propios del Municipio avalados por el Gobierno del Estado ...’; y en el considerando I de la resolución que se combate se dice ‘que corresponde a la Secretaría de la Función Pública dependiente del Ejecutivo Federal, por conducto de la Dirección General de Inconformidades, recibir, tramitar y resolver en términos del título séptimo, capítulo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las inconformidades que formulen los particulares con motivo de los actos realizados por las dependencias y entidades, que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de dicha ley’; en los demás considerandos y puntos resolutivos de la resolución que se combate, mismos que solicito se tengan por reproducidos en este espacio atendiendo al principio de economía procesal, la autoridad recurrida considera y resuelve que es competente para conocer de la inconformidad que nos ocupa declarando en términos de lo dispuesto por el artículo 15, penúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece que los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen en contravención a lo dispuesto por dicha ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente, en consecuencia determina la nulidad de la licitación pública No. 61075001-005-03, partida 4, a partir de la evaluación de ofertas económicas y fallo respectivo, así como de los actos derivados y que se deriven del mismo, para que de conformidad con el artículo 69, fracción I, del ordenamiento legal invocado, la convocante reponga los actos irregulares a la normatividad de la materia. Se advierte en consecuencia que los recursos que aplicó el Municipio se derivan de un crédito o de un empréstito que se pagará con recursos propios del Municipio, por lo que en razón de ello y en tal caso el participante o proveedor Morfín y Casarín, S.A. de C.V. debió interponer su inconformidad ante la autoridad competente del Municipio de Guadalupe o del Gobierno del Estado de Zacatecas, en los términos que establece el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, resultando competente en este caso la Contraloría Interna del Gobierno del Estado en términos de lo dispuesto por el artículo 33, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, y en el supuesto de que el dinero con el que se fuera a cubrir la referida adquisición provenga del fondo IV de aportaciones federales, dichos recursos económicos se considerarían como ingresos propios del Municipio, tal como lo dispone el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que en consecuencia y en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del referido artículo ‘El control y supervisión del manejo de los recursos a que se refiere este capítulo quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican: ... II. Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las entidades federativas y los Municipios, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos de las entidades federativas y a las autoridades de los gobiernos municipales según corresponda. ... Las responsabilidades administrativas, civiles y penales que deriven de afectaciones a la hacienda pública federal en que, en su caso, incurran las autoridades locales o municipales exclusivamente por motivo de la desviación de los recursos recibidos de los fondos señalados, para fines distintos a los previstos en este capítulo, serán sancionadas en los términos de la legislación federal, por las autoridades federales, en tanto que en los demás casos dichas responsabilidades serán sancionadas y aplicadas por las autoridades locales con base en sus propias leyes.’. En ese orden de ideas, el C. Director general de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública no debió conocer y resolver el recurso de inconformidad que se impugna, ya que con tal acto también viola en perjuicio del Municipio que representamos los principios de legalidad, seguridad jurídica y división de poderes establecidos en los artículos 14, 16 y 49 de la Constitución Federal, por lo que se considera que las referidas resoluciones deben declararse inconstitucionales e inválidas por no apegarse a lo ordenado por los referidos preceptos y a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Federal. Al respecto, son aplicables los criterios sustentados en las siguientes tesis de jurisprudencia: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. Del análisis de la evolución legislativa que en nuestros textos constitucionales ha tenido el medio de control constitucional denominado controversia constitucional, se pueden apreciar las siguientes etapas: 1. En la primera, se concibió sólo para resolver las que se presentaren entre una entidad federada y otra; 2. En la segunda etapa, se contemplaron, además de las antes mencionadas, aquellas que pudiesen suscitarse entre los poderes de un mismo Estado y las que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18342-9ad057b8/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-ella-por-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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