RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. LOS ARTÍCULOS 61 Y 64 DE LA LEY RELATIVA, AL NO PRECISAR LA NATURALEZA DEL INCUMPLIMIENTO A ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL PRIMERO DE ELLOS NI CUÁL DE LAS SANCIONES SEÑALADAS EN EL SEGUNDO DEBE RECAER AL INFRACTOR, VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO DIRECTO 213/2006. JUAN NICOLÁS HIGAREDA CHÁVEZ.
CONSIDERANDO:
VI. Es fundado, preponderante además, el concepto de violación en que se tildan de inconstitucionales los artículos 61 y 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, cuya aplicación se materializó en la sanción combatida en el juicio natural, por no establecer una graduación de sanciones para cada caso específico, lo que deja a la autoridad administrativa en aptitud de imponer sanciones caprichosas y arbitrarias, en oposición de lo establecido por los artículos 14 y 16 constitucionales.
Precisa señalar que, por resolución de once de diciembre de dos mil cuatro, el secretario de Seguridad Publica, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco, decidió el procedimiento administrativo de responsabilidad instaurado contra el segundo oficial Juan Nicolás Higareda Chávez, aquí quejoso, adscrito a la Dirección de la Policía Auxiliar y Servicios Privados de Seguridad, dependiente de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, en los términos siguientes:
"... VI. Por los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 61, fracciones I, IV, XVI y XXVIII; 64, fracción IV, 66, fracción III, 69 y 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 21, 27, fracciones I, VI y XXXVI y 28, fracciones VI, XII, XXI y XXVII, del Reglamento de la Policía Estatal; así como por los artículos 262, 264, 271, 272 y demás aplicables del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, con aplicación supletoria a la ley de la materia, por lo que tengo a bien emitir las siguientes: Primera. Quedaron debidamente acreditadas las imputaciones contra el servidor público Juan Nicolás Higareda Chávez, segundo oficial adscrito a la Dirección de la Policía Auxiliar y Servicios Privados de Seguridad, dependiente de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, conforme a lo estipulado por los artículos 61, fracciones I, IV, XVII y XXVIII, de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; 21, 27, fracciones I, VI y XXXVI, y 28, fracciones VI, XII, XXI y XXVII, del Reglamento de la Policía Estatal. Segunda. Es de decretarse y se decreta la destitución al C. Segundo oficial Juan Nicolás Higareda Chávez, adscrito a la Dirección de la Policía Auxiliar y Servicios Privados de Seguridad, dependiente de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado; lo anterior, por lo señalado en los considerandos cuarto, quinto y sexto de esta resolución, misma que surtirá efectos a partir de que sea notificado el incoado de mérito ..." (fojas 287 a 288 del procedimiento administrativo).
La anterior decisión fue combatida mediante el juicio natural, cuya resolución confirmó aquélla, ya que con relación a las pretensiones del demandante, resolvió:
"Primera. El actor del juicio Juan Nicolás Higareda Chávez no probó sus acciones y la demandada H. Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado sí acreditó sus excepciones, en consecuencia. Segunda. Se absuelve a la H. Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de reinstalar al actor Juan Nicolás Higareda Chávez, en el puesto que venía desempeñando, así como de pago alguno en concepto de salarios vencidos e incrementos salariales; asimismo, de hacerle pago alguno en concepto de horas extras del 17 de noviembre de 2002 al 12 de agosto de 2004; asimismo, de pago alguno en concepto de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, bono semestral y demás incentivos e incrementos que se otorguen en forma presente y futura durante todo el tiempo que dure el juicio; ello de conformidad a lo expuesto en los considerandos respectivos de esta resolución."
Ahora bien, los citados artículos 61 y 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, disponen:
"Artículo 61. Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendrá las siguientes obligaciones: I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión; II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos; III. Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso por su función, exclusivamente para los fines a que estén afectos; IV. Conservar y custodiar los bienes, valores, documentos e información que tenga bajo su cuidado, o a la que tuviere acceso impidiendo o evitando el uso, la sustracción, ocultamiento o utilización indebida de aquella; V. Observar buena conducta, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación, con motivo de sus funciones; VI. Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato, y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad; VII. Observar respeto y subordinación con sus superiores jerárquicos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten, en el ejercicio de sus atribuciones; VIII. Excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor o las personas antes referidas formen o hayan formado parte; IX. Informar por escrito a su superior jerárquico inmediato sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción anterior y que sean de su conocimiento, debiendo observar las instrucciones que por escrito le sean giradas por su superior sobre su atención, tramitación o resolución; X. Abstenerse de ejercer sus funciones, después de concluido el periodo para el cual se le designó, o de haber cesado, por cualquier otra causa, en sus funciones; XI. Abstenerse el superior jerárquico de disponer o autorizar a un servidor público a no asistir, sin causa justificada, a sus labores más de quince días continuos o treinta discontinuos, en un año, así como otorgar licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldos y otras percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan; XII. Abstenerse de desempeñar otro empleo, cargo o comisión oficial, o particular, que la ley le prohíba; XIII. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación, de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente, para ocupar empleo, cargo o comisión en el servicio público; XIV. Abstenerse de intervenir en el nombramiento, contratación o la promoción, por sí o por conducto de otro servidor público, a personas que tengan parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, para ocupar algún cargo público de los señalados en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Cuando al momento en que el servidor público asumió el cargo o comisión de que se trate ya se encontrare en ejercicio de una función o responsabilidad pública, el familiar comprendido dentro de esta restricción, no existirá responsabilidad; XV. Abstenerse de solicitar, aceptar, recibir u obtener por sí o por interpósita persona, dinero o cualquier otra dádiva o servicio, para sí o para un tercero u ofrecer una promesa para hacer, dejar de hacer o promover algo legal o ilegal relacionado con sus funciones. Esta prevención es aplicable hasta por un año después de que haya cumplido el ejercicio de sus funciones; XVI. Atender las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control con base en la presente ley y en las normas que los rijan; XVII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público; XVIII. Abstenerse de realizar violaciones a los planes, programas, y presupuesto de la administración pública estatal o municipal o a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos de dichas entidades; XIX. Respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas y denuncias a que se refiere esta ley y evitar que, con motivo de éstas, se causen molestias indebidas al quejoso; XX. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones del presente artículo y denunciar por escrito, ante el superior jerárquico o autoridad administrativa interna, los actos y omisiones que en ejercicio de sus funciones llegue a advertir respecto de cualquier servidor público, que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta ley. Cuando el planteamiento que por escrito formule el servidor público a su superior jerárquico deba ser comunicado al órgano de control competente, el superior procederá a hacerlo sin demora bajo su estricta responsabilidad y debe hacer del conocimiento del trámite al subalterno interesado; XXI. Entregar formalmente a quien le sustituya en el cargo, o a la persona que para tal efecto designe el superior jerárquico, los recursos patrimoniales que haya tenido a su disposición, así como los documentos y una relación de los asuntos relacionados con sus funciones. Esta entrega deberá realizarse a más tardar a los cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que renuncie o se le notifique su separación del cargo, debiendo elaborar una acta circunstanciada. Cuando se trate del cambio de la administración pública municipal, el Ayuntamiento saliente hará entrega al nuevo gobierno municipal de los conceptos relacionados en el párrafo anterior, al día siguiente de la instalación del nuevo Ayuntamiento; además, en el mismo plazo, cada uno de los responsables de las dependencias municipales deberá entregar al nuevo titular los efectos patrimoniales de referencia y sólo en el caso de que la conclusión de la entrega ameritare más tiempo, se tomará el estrictamente necesario; XXII. Recibir, al entrar en posesión del cargo, los recursos y documentos a que se refiere la fracción anterior, verificar que correspondan al contenido del acta circunstanciada, verificar los inventarios, informes y demás documentación anexa. Debe solicitar las aclaraciones pertinentes dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del acto de entrega y recepción; XXIII. Abstenerse en el ejercicio de su cargo o funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicio de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte sin la autorización previa y específica de quien de acuerdo a la ley deba hacerlo; XXIV. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recibir las promociones de carácter administrativo, que les sean presentadas a los servidores públicos de la administración pública estatal y municipal, en forma escrita por los administrados; XXV. Abstenerse de imponer condiciones, prestaciones u obligaciones que no estén previstas en las leyes o reglamentos; XXVI. Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial ante los organismos competentes, quienes estén obligados a ello en los términos que señala esta ley; XXVII. Los funcionarios encargados de la hacienda pública estatal y municipal, que no realicen la presentación y entrega de las cuentas públicas dentro de los plazos establecidos, se harán acreedores a las sanciones previstas por la ley; y XXVIII. Abstenerse de utilizar los vehículos propiedad de las autoridades a las que se refiere el artículo 3o. de esta ley o que tengan en posesión bajo cualquier título, fuera del horario de trabajo del servidor público o en actividades distintas a las que requiere la naturaleza del empleo, cargo o comisión respectivo; y XXIX. Las demás que le impongan las leyes y reglamentos."
"Artículo 64. Las sanciones por faltas administrativas consistirán en: I. Apercibimiento; II. Amonestación por escrito; III. Suspensión en el empleo, cargo o comisión, hasta por treinta días; IV. Destitución; V. Destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; y VI. Sanción pecuniaria. El apercibimiento y la amonestación podrán hacerse en forma pública o privada, según lo considere prudente el superior jerárquico. La suspensión del empleo, cargo o comisión no podrá ser menor de tres días, ni mayor de treinta. La inhabilitación temporal para ejercer empleo, cargo o comisión dentro del servicio público no podrá ser inferior de tres meses, ni mayor de seis años. Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daños y perjuicios, será de uno a tres años si el monto de aquéllos no excede de cien veces el salario mínimo vigente en la zona económica correspondiente, y de tres a seis años si excede de dicho límite. Para la aplicación de sanciones pecuniarias por los daños y perjuicios causados por incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 61 de este ordenamiento, se podrán aplicar hasta dos tantos del daño causado, atendiendo a la determinación líquida que se efectúe, sin que en ningún caso se deje de cubrir el menoscabo sufrido por el erario estatal o municipal. Estas sanciones constituyen créditos fiscales y se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Las sanciones pecuniarias deberán cubrirse una vez determinada la cantidad líquida en su equivalencia en salarios mínimos vigentes al día de su pago. Se otorgará un plazo máximo de tres años para que el servidor público pague la sanción pecuniaria que se le imponga, pero en ningún caso, los pagos que se convengan dejarán al servidor público con una percepción inferior al salario mínimo vigente en la zona económica donde labore. Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de esta ley por un plazo mayor de tres años, pueda volver a desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia, secretaría, departamento o entidad paraestatal o municipal mayoritaria a la que pretende ingresar, dé aviso en forma razonada y justificada de tal circunstancia para que se autorice su ingreso. La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta ley, quedando sin efecto el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado."
Cabe agregar que los artículos 62 y 72 de la propia ley de responsabilidades, establecen:
"Artículo 62. Incurren en responsabilidad administrativa, los servidores públicos por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior. Cualquier persona, mediante la presentación de elementos de prueba, podrá denunciar actos y omisiones que impliquen responsabilidad de los servidores públicos. No se dará trámite alguno a denuncias o quejas anónimas. En las dependencias y organismos de la administración pública estatal, así como en los Ayuntamientos, se establecerán unidades específicas a las que el público en general tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior, con las que se podrán iniciar, en su caso, los procedimientos disciplinarios correspondientes. En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades señaladas en el artículo 3o. de esta ley estarán facultadas para establecer las normas y procedimientos para los efectos de que las instancias públicas sean atendidas y resueltas de manera pronta y expedita; quedando obligadas a turnar a la autoridad correspondiente aquellas que no sean de su competencia, orientando al particular la instancia y el seguimiento que corresponda. No se dará trámite a denuncias anónimas."
"Artículo 72. En la imposición de las sanciones, se tomarán en cuenta: I. La gravedad de la falta; II. Las condiciones socioeconómicas del servidor público; III. El nivel jerárquico, los antecedentes y la antigüedad en el servicio, del infractor; IV. Los medios de ejecución del hecho; V. La reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones; y VI. El monto del beneficio, daño o perjuicio derivado de la falta cometida."
Como se aprecia de lo transcrito, dichas normas prevén las obligaciones cuyas faltas implican responsabilidad de los servidores públicos y las sanciones, las que se impondrán atendiendo a la gravedad de las faltas, la frecuencia y los antecedentes del infractor, empero, en ninguno de esos preceptos establece la ley cuáles faltas son graves y cuáles no, por tanto, si la autoridad administrativa demandada en el juicio natural, al pronunciar la resolución combatida en el mismo, determinó que la conducta imputada al quejoso es una falta grave, imponiéndole en consecuencia, con fundamento en el artículo 64, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, la sanción consistente en destitución, lo cual fue confirmado por el tribunal responsable en el acto reclamado, transgrede en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y seguridad jurídicas consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna.
Esto es así, porque las sanciones sólo deben imponerse si el acto, hecho u omisión que se imputa, encuadra en el supuesto previsto por la norma, esto es, debe encuadrar la conducta desplegada con la que la ley describe y, además, la sanción que se imponga al infractor sea la que establezca el propio ordenamiento legal respecto de tal conducta.
Por consiguiente, aun cuando los artículos 61 y 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, especifiquen cuáles son las faltas que implican responsabilidad de los servidores públicos y las sanciones respectivas, además de preverse en los numerales 69 a 77 el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente, sin embargo, por cuanto al caso específico, no dispone que las faltas previstas en el artículo 61, fracciones I, IV, XVII y XXVIII, sean graves, y cuál de las sanciones enumeradas en el diverso 64 debe imponerse específicamente al servidor público que realice la falta establecida en dicho precepto; por tanto, ante la imposibilidad de poder establecer con precisión, a la luz de las normas convergentes, si la conducta que se imputa al quejoso es una falta grave y qué sanción es la aplicable exactamente a ese tipo de conducta, este Tribunal Colegiado considera que la autoridad responsable, al confirmar la resolución administrativa de responsabilidad, transgrede en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica, enmarcadas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que, como se dijo, las autoridades sólo pueden sancionar en los términos que la ley señala.
Conforme al artículo 14 constitucional las autoridades deben actuar precisamente de conformidad con la ley, y en este asunto, como antes se apuntó, la sanción impuesta a Higareda Sánchez no se mandó imponer precisamente con esa conformidad, en virtud de que, se insiste, los preceptos aplicados no otorgan la precisa definición requerida acerca de la sanción que debe aplicarse a la conducta desplegada.
En cuanto a la garantía prevista en el artículo 16 constitucional, ésta se cumple no sólo con la invocación de las normas y la explicación del caso, esto es, no basta que se expresen los preceptos legales aplicables y el señalamiento de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, sino que es necesario, además, la debida adecuación entre los motivos argumentados y las normas aplicables para que se estime configurada la hipótesis indicada, lo cual en el caso no se logra, precisamente por la apuntada indefinición de que adolece la ley de que se trata.
Tiene aplicación el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 373, publicada en la página seiscientos treinta y seis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que expone:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
Asimismo, sobre lo tratado tiene aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 99/2006, publicada en la página mil quinientos sesenta y cinco del Tomo XXIV, agosto de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa:
"DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.-De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el derecho público estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal."
Por las razones que las informan y en lo conducente, también tienen aplicación las tesis del propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia P./J. 83/97, publicada en la página veinticuatro del Tomo VI, noviembre de 1997, y aislada P. XII/2004, visible en la página doscientos cincuenta y seis del Tomo XIX, abril de 2004, ambas de la misma época y medio de difusión antes señalados. Dichas tesis, en su orden, dicen:
"METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE CONTEMPLA LAS SANCIONES QUE PUEDEN IMPONERSE POR LAS INFRACCIONES QUE SE COMETAN, VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS).-El citado precepto viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues si bien establece diversas sanciones que pueden imponerse con motivo de las infracciones que se cometan, sin embargo, omite establecer los parámetros necesarios que permitan a la autoridad determinar el tipo de infracción que da lugar a la imposición de las sanciones especificadas, pues dicho precepto se refiere de manera genérica a los casos en que las autoridades pueden imponer las diversas sanciones que se especifican, al disponer ‘quienes incurran en el incumplimiento de la ley y demás disposiciones derivadas de ella’ permite que, a quien incurra en un incumplimiento menor, la autoridad le imponga una mayor sanción que a quien comete una infracción de mayor gravedad, lo que propicia la arbitrariedad al dejar a la autoridad administrativa ese amplio margen, como también ocurre respecto de cualquier tipo de incumplimiento, incluso cuando no amerita sanción. No obsta para la conclusión anterior, el contenido del artículo 115 del mismo ordenamiento, ya que sólo establece diversos grados de gravedad que deben tomar en cuenta las autoridades para imponer las sanciones que contempla la ley, pero no define o señala la conducta infractora que da lugar a cada una de las sanciones que se especifican; de lo que se sigue que no corrige la indeterminación contenida en la parte inicial del artículo 112, que deja a los particulares en estado de indefensión al permitir a la autoridad imponer sanciones de diferente rango a cualquier incumplimiento legal, con independencia de su gravedad, así como de que incluso pueda no ameritar sanción alguna."
"COMPETENCIA ECONÓMICA. EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL NO ESPECIFICAR LA CONDUCTA SOBRE LA CUAL RECAERÁ LA SANCIÓN QUE PREVÉ, VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-La garantía de legalidad en materia de derecho sancionador no sólo significa que el acto creador de la norma deba emanar del Poder Legislativo, sino que los elementos esenciales de la conducta, así como la forma, contenido y alcance de la infracción, estén consignados en la ley, de manera que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación, y el gobernado pueda conocer la conducta que constituye una infracción a la ley y a qué sanción se hará acreedor por actualizarse la hipótesis punitiva de la norma. Por su parte, la garantía de seguridad jurídica, en su expresión genérica, exige del legislador el establecimiento de normas que otorguen certeza y seguridad a los gobernados y que a la vez sirvan de orientación a la autoridad respectiva para imponer la sanción aplicable. En congruencia con lo antes expuesto, el artículo 10, fracción VII, de la Ley Federal de Competencia Económica viola las garantías constitucionales citadas, pues de su análisis relacionado con los diversos artículos 11, 12, 13 y 35 de ese ordenamiento, así como 23 y 24 del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia Económica, se colige que no señala con precisión el marco a través del cual la autoridad pueda ejercer su potestad sancionadora a quienes incurran en una práctica monopólica relativa, pues únicamente se concreta a señalar criterios genéricos referentes a que se dañe o impida el proceso de competencia y libre concurrencia. Esto es, no obstante que la ley faculta a la Comisión Federal de Competencia para sancionar con multa (hasta por el equivalente a 100,000 veces el salario mínimo) a quien incurra en la hipótesis prevista en la aludida norma, lo cierto es que no especifica la conducta sobre la cual recaerá dicha sanción, con lo que se deja al arbitrio de la autoridad determinar la infracción que se presenta en cada caso."
Bajo estos argumentos, debe convenirse que en este caso procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, en tanto que ha quedado evidenciada la inconstitucionalidad del acto reclamado.
En esas condiciones, lo que procede es que el tribunal responsable deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emita otra en la que, atendiendo lo considerado en esta sentencia, resuelva conforme a derecho corresponda, esto es, que atienda a la circunstancia de que los artículos 61 y 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, por ser inconstitucionales, no deben aplicarse y resuelva en consecuencia.
Por las razones y fundamentos antes expresados, es infundado lo alegado por la autoridad tercero perjudicada en su escrito de alegatos, en el sentido de que los numerales cuestionados son constitucionales y que los conceptos de violación resultan inoperantes.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Nicolás Higareda Chávez, en contra de la autoridad y por el acto precisados en el resultando primero de esta sentencia. El amparo se concede en los términos y para los efectos descritos en la parte final del considerando que antecede.
Notifíquese; por oficio y con testimonio de esta ejecutoria, a la autoridad tercera perjudic
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20319-2c3d61da/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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