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Modo: Corpus Pro

ACTO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. LO CONSTITUYE LA RECEPCIÓN DEL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 116/2007. · Registro digital (IUS): 20408
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARCOS ALCOCER SALCIDO Y OTROS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 3000.

AMPARO EN REVISIÓN 116/2007. MARCOS ALCOCER SALCIDO Y OTROS.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Análisis de los agravios. Es sustancialmente fundado el primer agravio esgrimido, en virtud de las siguientes consideraciones:

De manera preliminar, debe señalarse que los quejosos atribuyeron como acto reclamado al tesorero del Gobierno del Distrito Federal "la recepción del impuesto sobre adquisición de inmuebles presentado el 18 de septiembre de 2006."

Sin embargo, el tesorero del Distrito Federal negó la existencia de dicho acto, y como consecuencia, el Juez de Distrito sobreseyó el juicio de garantías respecto del mismo, estimando que la autoliquidación de un tributo no constituye acto de aplicación imputable a autoridad alguna.

Así, resulta que la consideración del Juez de Distrito es desafortunada, pues la "recepción" del tributo cuestionado, atribuido a la autoridad responsable citada, debe ser entendida como tal, es decir, "recibir dinero como pago de una deuda"(1) sin importar que los quejosos hayan autoliquidado el impuesto, pues la recepción por parte de la autoridad de ese entero constituye un acto de autoridad que implica su actuación como receptora de la contribución, a consecuencia de la obligación legal que tiene el contribuyente de calcular y declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias, con base en la ley aplicable -en el caso, Código Financiero del Distrito Federal- en los términos y formatos que la propia autoridad impone, por lo que el acto de "recepción" es susceptible de ser atribuido a la autoridad, dado que la misma recibió y aceptó el pago, lo que se constata, como acertadamente lo aduce la parte quejosa, mediante el recibo de pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles de fecha dieciocho de septiembre de dos mil seis, con la certificación de pago electrónica número TDF50520905001020701, por un monto de $1,020,081.00 (un millón veinte mil ochenta y un pesos 00/100 M.N.), visible en la foja 25 del juicio de amparo.

En efecto, no considerar el pago que voluntariamente efectúa el contribuyente de un impuesto y su correlativa recepción por parte de la autoridad, como acto atribuible a las autoridades encargadas de recibir el mismo, implicaría excluir de la tutela constitucional la actuación realizada de buena fe por el particular, aunque por mandato de la ley, lo que contravendría el derecho que tiene como sujeto pasivo de la relación tributaria a la impartición de justicia y defensa plena.

Por lo que, debe asumirse que la recepción de pago constituye precisamente un acto de autoridad, al derivar de la vinculación jurídica que establece la obligación tributaria y la declaración del contribuyente del impuesto, quien acude a pagar el tributo en los términos establecidos en la legislación correspondiente, como causa generadora o presupuesto necesario que determina la actuación del particular, es decir, existe una relación de causa-efecto entre la obligación de pagar contribuciones, a que constitucionalmente está obligado todo mexicano y que, en el caso concreto, se materializa con la recepción de la contribución a que está afecto el particular.

Por tanto, la recepción del tributo constituye un acto de autoridad, si se atiende al concepto de éste -acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad-, en tanto la actuación de la autoridad hacendaria, como receptora del pago efectuado a consecuencia de la obligación legal que tiene el contribuyente de calcular y declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias, en los términos y formatos que la propia autoridad impone -autoliquidación-, es susceptible de ser atribuido a las autoridades que reciben el citado monto del tributo.

No obsta a la anterior determinación, el contenido de la tesis 2a. XCII/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS.", atento que tal criterio analizó el supuesto de la existencia de un acto de autoridad, que se hizo derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sin embargo, en el caso en estudio, es precisamente la conducta observada por la propia autoridad, es decir, recibir el pago del tributo, la circunstancia que configura y actualiza el acto administrativo atribuido a la autoridad ejecutora.

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis I.4o.A.566 A,(3) emitida por este órgano colegiado, cuyos rubro y texto son:

" Cuando la autoridad fiscal recibe dinero como pago de una deuda que deriva de la vinculación jurídica entre la obligación de pagar una contribución y la declaración del contribuyente quien acude a pagar voluntariamente el tributo, dicha actuación de la autoridad como receptora del pago implica un cobro en la medida en que ello se traduce en un acto de autoridad administrativa, entendido éste como aquel acto jurídico unilateral que declara o implica la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de una potestad administrativa que crea situaciones conducentes con el fin de satisfacer las necesidades de la colectividad."

Asimismo, es aplicable por analogía, la tesis I.4o.A.565 A,(4) sustentada por este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que indica:

"PREDIAL. LA AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL IMPLICA UN COBRO QUE CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD. La autoliquidación o pago del impuesto predial que realiza el contribuyente como consecuencia de la obligación legal que le impone el Código Financiero del Distrito Federal de calcular y declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias, en los términos y mediante los formatos que la propia autoridad proporciona, constituye un acto de autoridad en la medida que, se enlaza con un acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la potestad administrativa, consistente en recibir dinero como pago de una deuda que constituye el cobro correspondiente. En consecuencia, de considerar al pago que voluntariamente efectúa el contribuyente, desvinculado de la recepción del monto que obtiene la autoridad, implica excluir de la tutela constitucional la actuación realizada de buena fe por el particular, lo que contravendría el derecho que tiene como sujeto pasivo de la relación tributaria a la impartición de justicia y defensa plena por la afectación que le puede irrogar la actuación de la autoridad."

Por otra parte, es infundado el segundo agravio esgrimido, consistente en "que el Juez a quo hizo una indebida valoración en cuanto a la falta de conceptos de violación de los artículos 44, 134, 135, 137, fracción I, 138, 139, 140 y 151 del Código Financiero del Distrito Federal, ya que como se advierte de la demanda sí existen conceptos de violación en forma conjunta y no casuística, por lo que solicita se entre al estudio de las violaciones que se hacen valer en relación a ese articulado" en virtud de las siguientes consideraciones:

En primer término, resulta conveniente precisar que el Juez a quo únicamente decretó el sobreseimiento por ausencia de conceptos de violación, respecto a los artículos 134, 135, 136, 137, fracción I, 139 y 141 al 147 del Código Financiero del Distrito Federal, sin que lo haya hecho respecto de los numerales 44, 138, 140 y 151 del mismo ordenamiento, como indebidamente lo aducen los recurrentes; motivo por el cual, el agravio esgrimido es infundado y debe analizarse únicamente respecto a los preceptos con los que efectivamente les fue decretado el sobreseimiento del juicio y que fueron recurridos en la presente instancia, es decir, los numerales 134, 135, 137, fracción I, y 139; sin que sea materia de la presente revisión, el sobreseimiento relativo a los preceptos 136 y 141 al 147, al no haber sido impugnado por la parte a quien pudiera perjudicar, tal como se señaló en el considerando quinto de la sentencia.

Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de garantías, no se advierte que los quejosos hubieran señalado de forma destacada y por vicios propios la inconstitucionalidad de los artículos 134, 135, 137, fracción I y 139 del Código Financiero del Distrito Federal, es decir, que se hubieran dado las razones por las cuales los citados preceptos, en sí mismos, contravenían la Constitución Federal, pues sólo se hizo referencia a ellos en la primera parte de la demanda, cuando se realizó el recuento de los actos reclamados, expresándose lo siguiente: "1. De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reclamo: a) Los artículos 44, 134, 135, 137, fracción I, 138, 139, 140 y 151 del Código Financiero del Distrito Federal vigentes, por cuanto a que violan las garantías individuales de los suscritos quejosos; los artículos 135 al 147 del Código Financiero del Distrito Federal, en los cuales se estableció el impuesto por adquisición de inmuebles, el cual es inconstitucional por violar las garantías de audiencia, proporcionalidad, equidad y legalidad tributarias contenidas en el artículo 31, fracción IV; así como 1o., 2o., 13, 14 y 16, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"; y posteriormente, en el cuerpo de la demanda, en el capítulo de conceptos de violación, cuando se hizo referencia a los elementos del impuesto sobre adquisición de inmuebles, manifestándose que en el artículo 134 se hacía referencia a los sujetos obligados, en el artículo 135 a la base gravable y en el precepto 151 a la tarifa, pero únicamente describiendo el contenido de los mismos, sin que se señalara algún vicio propio de inconstitucionalidad.

En las relatadas circunstancias, no les asiste la razón a los quejosos recurrentes en cuanto a que "sí existen conceptos de violación en forma conjunta y no casuística" pues de la lectura y análisis que este tribunal realiza a la demanda de amparo se advierte lo contrario, dado que los artículos relativos únicamente fueron mencionados para explicar la mecánica del impuesto sobre adquisición de inmuebles, pero de ninguna forma se reclamaron vicios de inconstitucionalidad que les fueran propios; máxime que la aseveración de la quejosa es una simple afirmación sin fundamento, pues no demuestra ni señala la parte conducente de la demanda en la que considera adujo dichos conceptos de violación, siendo que era su deber señalarlo, dado que en los agravios debe exponerse de manera razonada el porqué se estiman ilegales las consideraciones vertidas por el juzgador y la demostración del porqué son erróneas, lo que no aconteció en la especie.

Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 1a./J. 81/2002(5) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."

Finalmente, es inoperante el tercer agravio consistente en que "les causa agravio el considerando séptimo de la sentencia combatida, toda vez que el juzgador entra al estudio de los artículos en forma casuística sin entrar al estudio de los conceptos de violación de fondo y actuó con exceso de autoridad al transcribir el manual de procedimientos y valuación mobiliario, cuando la quejosa no realizó ningún cálculo del impuesto sino el notario, por lo que es injustificada la citada transcripción, que no lleva más que a considerar la falta de estudio de los conceptos de violación, por lo que solicita que se entre al estudio de la inconstitucionalidad de los artículos reclamados."

Lo anterior es así, ya que no combate las consideraciones vertidas por la Juez a quo, pues en ningún momento desvirtúa con argumentos lógicos y jurídicos los razonamientos en los que se apoyó para resolver, dado que son simples manifestaciones sin fundamento.

Para corroborar lo anterior, resulta necesario precisar que, en el considerando séptimo de la sentencia recurrida, el Juez a quo efectuó un estudio de todos los conceptos de violación relativos a los numerales 44, 138, 140 y 151 del Código Financiero del Distrito Federal, señalando lo siguiente:

• Que la base gravable alternativa prevista en el artículo 138 del citado código, no contravenía los artículos 115, 122 y quinto transitorio de la reforma de mil novecientos noventa y nueve de la Constitución Federal, dado que los valores unitarios no constituían el único método para determinar el valor real y comercial de los inmuebles;

• Que ni el citado artículo 138 ni el impuesto sobre adquisición de inmuebles eran desproporcionales, dado que en la jurisprudencia 2a./J. 35/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se había estudiado dicho planteamiento y se había concluido que no lo eran; y,

• Que los artículos 44, 140 y 151 del mismo ordenamiento, no contravenían el principio de legalidad tributaria, al no señalar las reglas y procedimientos para efectuar el avalúo ni para definir los valores unitarios; dado que, de su interpretación sistemática junto con los numerales 135, 138 y 139 del mismo código, se advertía que sí se regulaban todos los elementos esenciales del tributo, lo que era necesario para respetar el principio de legalidad, sin que causara perjuicio alguno que los elementos procedimentales o formales se regularan en ordenamientos secundarios como el manual de procedimientos y lineamientos técnicos de valuación inmobiliaria, así como "autorización y registro de personas para practicar avalúos", sustentando su determinación en la jurisprudencia 2a./J. 85/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las anteriores consideraciones no fueron controvertidas por los recurrentes en sus agravios, por tanto, al haber sido ya materia de análisis y resolución, sin que en el presente juicio de garantías se combatan dichas consideraciones, la sentencia recurrida debe subsistir en los términos en que se dictó.

En efecto, resultan inoperantes las simples aseveraciones de los recurrentes, consistentes en que "les causa agravio el considerando séptimo de la sentencia combatida, toda vez que el juzgador entra al estudio de los artículos en forma casuística sin entrar al estudio de los conceptos de violación de fondo" y que "el Juez actuó con exceso de autoridad al transcribir el manual de procedimientos y valuación mobiliario, cuando la quejosa no realizó ningún cálculo del impuesto sino el notario, por lo que es injustificada la citada transcripción", ya que debió combatir todos y cada uno de los fundamentos y consideraciones esenciales en los que se basó el Juez a quo para dictar su fallo, pues las consideraciones intocadas se mantienen vivas para seguir rigiendo el sentido de la resolución reclamada.

Lo anterior es así, en virtud de que en el presente caso no se acreditan los supuestos previstos en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo para suplir la deficiencia de la queja, por lo que era necesario que los agravios fueran razonamientos jurídicos concretos contra los fundamentos de la resolución reclamada, para poner de manifiesto que los mismos son contrarios a la ley o a la interpretación jurídica, es decir, que se expresara el porqué se estiman ilegales los actos que recurren tal como lo señala el artículo 88 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, al no contravenir dichos razonamientos, el planteamiento debe declararse inoperante.

En ese tenor, dado que no se expresan los motivos por los cuales se considera injustificada la transcripción del citado manual de procedimientos y el perjuicio que les causó a los recurrentes, así como que se señalaran de forma concreta y específica cuáles son los conceptos de violación que se dejaron de estudiar los citados argumentos devienen inoperantes.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a. LXVIII/91,(6) emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteradamente ha sustentado el criterio de que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, esta propia Sala en su tesis jurisprudencial número 13/90, sustentó el criterio de que cuando el Juez de Distrito no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el Juez incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda compresión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el Juez de Distrito aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo."

Así como la tesis I.4o.A. J/33(7) de este Tribunal Colegiado, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR. Los conceptos de violación o agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase ‘pretensión deducida en el juicio’ o petitum al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente o bien el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación o agravios deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida, tal como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tal orden de ideas, si la quejosa no señala la parte de las consideraciones de la sentencia que reclama, motivo de controversia, o se limita a realizar meras afirmaciones bien sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que expresen la causa de pedir."

OCTAVO.-Consecuencias del fallo. Atento al resultado del análisis de la problemática y pretensiones deducidas por la parte recurrente, debe modificarse la sentencia en la parte en donde el a quo sobreseyó el juicio respecto del acto reclamado al tesorero del Distrito Federal y negar el amparo solicitado respecto de los artículos impugnados del Código Financiero del Distrito Federal, cuya negativa se hace extensiva a los actos atribuidos al tesorero del Distrito Federal.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, 85, 89, 90, 192 y 193 de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-En la materia de la revisión, se modifica la sentencia dictada por el Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el diecinueve de diciembre de dos mil seis, engrosada el diecinueve de febrero de dos mil siete, en el juicio de amparo 986/2006.

SEGUNDO.-No se sobresee en el juicio de amparo en relación con el acto atribuido al tesorero del Distrito Federal, consistente en la recepción del tributo reclamado, en los términos y por los motivos expresados en el considerando séptimo de esta ejecutoria.

TERCERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Marcos, Diego, Hugo y Paulina, todos de apellidos Alcocer Salcido, contra los actos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y otras autoridades, en los términos y por los motivos razonados en el penúltimo considerando de la sentencia recurrida.

CUARTO.-Inclúyase este asunto en el reporte estadístico que mensualmente se rinde al subsecretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del conocimiento de asuntos de la competencia originaria de tan Alto Tribunal.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Patricio González-Loyola Pérez (presidente), Jesús Antonio Nazar Sevilla y Jean Claude Tron Petit lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el tercero de los nombrados.

_________________

1. Diccionario de la Lengua Española, 22a. edición, pág. 358.

2. Tomo XVI, agosto de 2002, página 379, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

3. Consultable en la página 1581, Tomo XXV, marzo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

4. Visible en la página 1745, Tomo XXV, marzo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

5. Jurisprudencia publicada en la página 61, Tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

6. Tesis visible en la página 83, Tomo VIII, agosto de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación.

7. Jurisprudencia consultable en la página 1406, Tomo XX, agosto de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20408-08b6028c/acto-de-autoridad-administrativa-lo-constituye-la-recepcion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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