RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA DEDUCIR LOS GASTOS EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS MARÍTIMOS, AÉREOS Y TERRESTRES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO INDIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI LA REVISIÓN PRINCIPAL RESULTA INFUNDADA. RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ LOS REQUISITOS PARA DEDUCIR LOS GASTOS EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS MARÍTIMOS, AÉREOS Y TERRESTRES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 1718/2006. MARÍA DE LA LUZ BECERRA OLVERA Y OTRAS.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: AGUSTÍN TELLO ESPÍNDOLA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente legalmente para conocer del presente amparo en revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los puntos tercero, fracción II, y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado el veintinueve siguiente en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que se interpuso en contra de la sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se impugnó la adición al artículo 31, fracción III, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro, en vigor a partir del primero de diciembre de dos mil cinco, y si bien subsiste en esta instancia el problema de constitucionalidad, resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, por existir precedentes temáticos que resuelven la problemática planteada.
SEGUNDO. El presente recurso de revisión fue interpuesto en tiempo, de conformidad con el artículo 86, en relación con el 23, 30, fracción I y 34, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la sentencia recurrida fue notificada personalmente a la quejosa el martes ocho de agosto de dos mil seis (foja trescientos veintidós del expediente de amparo), notificación que surtió sus efectos el día hábil siguiente, esto es, el miércoles nueve de agosto, por lo que el plazo de diez días para interponer el recurso de revisión transcurrió del jueves diez al miércoles veintitrés de agosto de dos mil seis, descontándose los días doce, trece, diecinueve y veinte del citado mes, por ser sábados y domingos y, por ello, inhábiles, mientras que el recurso se presentó el veintiuno de agosto de dos mil seis.
Asimismo, resulta oportuno el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el presidente de la República, porque el acuerdo por el que se admitió el recurso de revisión principal interpuesto por la parte quejosa se notificó a dicha autoridad el martes veinticuatro de octubre de dos mil seis y la revisión adhesiva se presentó el treinta y uno de octubre siguiente, descontándose el sábado veintiocho y domingo veintinueve, por ser sábados y domingos y, por ende, inhábiles, por lo que el recurso se interpuso dentro del plazo de cinco días que señala el artículo 83, último párrafo, de la Ley de Amparo.
TERCERO. En el escrito de revisión, las ahora recurrentes hacen valer, por una parte, los siguientes agravios:
1. Que el Juez de Distrito vulnera los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, porque si bien el legislador ordinario puede prever los requisitos o condiciones para deducir los gastos indispensables en aras de lograr un mayor control tributario, no se estableció en la sentencia recurrida que al modificarse el artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se haya tenido en cuenta ese mismo motivo, ya que no se transcribió la intención del legislador en alguna etapa del proceso legislativo respectivo.
2. Que la sentencia recurrida carece de sustento legal alguno; tanto es así, que se alude que las deducciones en el impuesto sobre la renta se rigen por los principios de veracidad y demostrabilidad razonables sin citarse al respecto precepto o norma que apoye esa postura; además, en una parte se prevé como obligación, siendo que se trata de un derecho de los contribuyentes.
3. Que el Juez de Distrito "indebidamente considera que por la sola existencia de la facultad impositiva del legislador, todo lo que haga es correcto, situación que resulta indebida ... ya que no se debate la facultad impositiva del legislador, sino el exceso que sobre dicha facultad se ejercita al trascender a las exigencias de determinadas formas de pago."
4. Que la frase "mecanismos de control" "es indebida y además de denotar un evidente desconocimiento de los elementos puestos a consideración del a quo para su decisión final conforme a derecho, se evidencia igualmente que el uso de tal término no se actualiza en la presente contienda, por lo que el argumento de la sentencia recurrida se debilita aún más frente a las exposiciones de diversos juzgadores de la materia ... amén de que el cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y monedero electrónico, no constituyen mecanismos sino formas de pago o instrumentos de pago."
5. Que el fallo recurrido viola el principio de congruencia que campea en el juicio de amparo, porque se ocupó de aspectos que no fueron planteados en la demanda de garantías, por ejemplo, el incremento artificial de la capacidad contributiva del contribuyente por establecerse en la norma reclamada requisitos o condiciones para la deducción del consumo de combustibles.
6. Que en la demanda de garantías expuso que los requisitos previstos en la norma reclamada producen arbitrariamente alguna comisión que tendrá que absolver el contribuyente, "pero no es necesario acreditarla como indebidamente lo expone la sentencia hoy recurrida, ya que tal y como se advierte del capítulo IV denominado actos reclamados del escrito inicial de demanda de mis mandantes, no se advierte ninguno relacionado" con el tema.
7. Que por todo lo anterior, el análisis de constitucionalidad de la norma reclamada debe hacerse a la luz de los conceptos de violación planteados en la demanda de garantías, en relación con los fines que tuvo en cuenta el legislador al prever los requisitos para deducir el consumo de combustibles, los cuales conculcan el principio de proporcionalidad tributaria al ser injustificados.
Los argumentos a estudio resultan ineficaces para revocar la sentencia recurrida, en virtud de que aun en la hipótesis no demostrada de que el Juez de Distrito haya cometido las imprecisiones que afirma la parte recurrente, el artículo 31, fracción III, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no viola el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, de acuerdo con las siguientes consideraciones.
En primer lugar, como parámetro de discernimiento jurídico, resulta de especial importancia puntualizar que el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil cinco, prevé la mecánica para obtener el resultado fiscal o base gravable de ese tributo de la siguiente forma:
"Artículo 10. ...
"El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue:
"I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este título. ...
"II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. ..."
De lo expuesto se advierte que las deducciones forman parte de la mecánica para determinar la base gravable del impuesto de mérito, por lo que es menester precisar su significado teniendo en cuenta lo que la doctrina dispone al respecto.
"Deducciones ... II. Por deducción o deducibles entendemos para efectos de la LISR aquellas partidas que permite la ley restar de los ingresos acumulables del contribuyente para así conformar la base gravable sobre la cual el impuesto se paga. III. Al hablar de deducciones nos estamos refiriendo a los conceptos que el legislador considera que intervienen en detrimento de la riqueza objeto del ingreso obtenido por el contribuyente. Existen deducciones que aun cuando cumplan con los requisitos que marca la ley están expresamente prohibidas por ésta, deducciones que el legislador consideró que van en contra de la esencia misma de la ley o que en la mayoría de los casos el contribuyente hacía un uso indebido y exagerado para ver disminuido su pago del impuesto, entre otras de las deducciones no permitidas tenemos: limitantes a honorarios de miembros del consejo, máximos de previsión social." (Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, octava edición, Editorial Porrúa, 1995, tomo D-H, página 849).
"Deducción tributaria. Reducción de la cuantía de las cuotas impositivas normalmente debidas por los obligados. La finalidad es aproximarse en mayor medida a la capacidad económica del contribuyente, atendiendo a determinadas circunstancias necesarias. Como ejemplo, en la liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas se deducirán cuantías de la cuota líquida por los gastos de enfermedad sufridos durante el periodo de liquidación del impuesto." (José Ignacio Fonseca, Herrero Raimundo y María Jesús Iglesias Sánchez, Diccionario Jurídico, editorial Colex, 1999, página 184).
"Deducciones en general. Hemos señalado que los causantes mayores pueden efectuar determinadas deducciones respecto de sus ingresos acumulables, ya que la base del impuesto (artículo 18), será el ingreso global de las empresas, o sea la diferencia entre los ingresos acumulables durante un ejercicio y las deducciones autorizadas por la ley. En tal sentido vemos que el legislador recoge el concepto de renta legal al gravar la utilidad percibida por el contribuyente, reconociendo que para obtener un cierto ingreso se hace necesario efectuar determinados gastos sin los cuales no sería posible su obtención." (Juan Escorza, Tratado Práctico de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Editorial Cárdenas, México 1971, página 241).
De las anteriores explicaciones se evidencia que la deducción en el impuesto sobre la renta se traduce en una partida excepcional que el legislador considera que influye en detrimento del patrimonio del contribuyente al obtener los ingresos gravables, por ser gastos erogados normalmente al realizar el hecho imponible; de ahí que la propia mecánica de la contribución permita que la utilidad fiscal se edifique sobre los ingresos netos, no brutos, del sujeto pasivo.
Entonces, las señaladas características de las deducciones permiten arribar a la convicción de que constituyen un derecho para los contribuyentes del impuesto sobre la renta, descrito en el mismo artículo 10 de la ley relativa, porque fue el propio legislador el que estimó que con ellas se patentiza con mayor precisión la capacidad contributiva de los sujetos que llevan a cabo el hecho imponible. En relación con ese derecho, en la doctrina se dispone lo siguiente:
"Deducción tributaria. Derecho de crédito a favor del sujeto pasivo por el que producidos determinados supuestos, fijados por la ley, de cada tributo se reduce el importe de la base imponible, dando lugar a la base liquidable o bien, se minora la cuantía de la cuota íntegra, cuyo resultado es la cuota líquida." (Diccionario Básico Jurídico, Editorial Comares, España 1996, página 160).
"Deducción. (Derecho financiero y tributario) ... Pero no pienso que sea esto lo que en realidad suceda, sino que, antes al contrario, convendría ir pensando en la posibilidad de admitir una categoría jurídica en el derecho público y, en particular, en el derecho tributario, que fuera precisamente la del derecho a la deducción, reconociéndole una autonomía y una consistencia propia, sin necesidad de recurrir a un instituto fundamentalmente impregnado de connotaciones iusprivatistas como es el derecho de crédito. Las deducciones son, pues, instrumentos jurídicos utilizados por el legislador bien para ajustar o reducir la carga tributaria correspondiente a un determinado impuesto (por razones fiscales, esto es, relacionadas con la propia naturaleza y razón de ser del impuesto en cuestión, o, por motivos, en sentido amplio, extrafiscales) o bien para restablecer o reequilibrar la situación patrimonial del sujeto pasivo que resultó provisionalmente alterada en virtud de detracciones o ingresos anticipadamente exigidos como consecuencia de la aplicación o exacción de determinados impuestos. Como categoría general propia del derecho tributario, y sin perjuicio de las peculiaridades que pueda presentar en los tributos que se valgan de ella, la deducción es un derecho a minorar o reducir la cuota tributaria, de carácter renunciable y cuyo ejercicio se supedita o condiciona al cumplimiento de determinados requisitos (subjetivos, objetivos, formales, temporales, etc.). El derecho a la deducción requiere, pues, la existencia de una cantidad (minuendo) de la que detraer la suma que constituye el objeto del derecho (sustraendo), que sólo de esta forma puede ejercitarse. Y únicamente cuando la deducción se ha practicado es cuando, en algunos casos (en los que se estaría ante deducciones devolutivas, en expresión de R. Navas), puede surgir el derecho a la devolución del saldo resultante a favor del sujeto pasivo." (Enciclopedia Jurídica Básica, volumen II, Editorial Civitas, España 1994).
En ese sentido, debe tenerse presente que si bien constituye un derecho la deducción de los gastos ordinarios erogados al llevar a cabo el hecho imponible, el legislador ha establecido requisitos para hacer efectiva esa prerrogativa, con el propósito de erradicar prácticas de elusión o evasión fiscal mediante simulaciones en los gastos, o bien, erogaciones inverosímiles que disminuyan la carga económica del contribuyente, porque si cuenta con plena libertad para el establecimiento de contribuciones, con mayor razón puede fijar los requisitos para que los contribuyentes puedan deducir sus gastos autorizados en el impuesto sobre la renta.
Sirve de apoyo a lo anterior, por el sentido que informa, la jurisprudencia número 17/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior conformación, publicada en la página setenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, que dice:
"CONTRIBUCIONES, OBJETO DE LAS. EL LEGISLADOR TIENE LIBERTAD PARA FIJARLO, SIEMPRE QUE RESPETE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN. Es inexacto que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, al otorgar al Estado el poder tributario, establezca que el objeto de las contribuciones quede limitado a los ingresos, utilidades o rendimientos de los contribuyentes, pues tan restringida interpretación no tiene sustento en esa norma constitucional, que otorga plena libertad al legislador para elegir el objeto tributario, con tal de que respete los principios de proporcionalidad, equidad y destino."
De lo expuesto se evidencia que las deducciones fiscales en el impuesto sobre la renta se rigen por los principios de veracidad y demostrabilidad razonables, como lo destacó el Juez de Distrito, que permiten al legislador establecer diversos requisitos para que puedan ser deducibles los gastos del contribuyente estrictamente indispensables para su funcionamiento, con el propósito de evitar simulaciones de aquél con el fin de disminuir ilícitamente su carga impositiva, siempre que esos requisitos, se reitera, sean justificados y atiendan razonablemente al tipo de gasto, al grado de no impedir o hacer nugatoria la deducción, respetando, de igual manera, los principios constitucionales de justicia fiscal.
También es importante destacar que no obstante la fijación de los requisitos para hacer deducible una erogación, el legislador ordinario en algunas ocasiones ha decidido restringir la deducción o limitar su monto al estimar que los beneficiarios están haciendo uso indebido de ella; o por ser los gastos realizados contrarios con los fines de la deducción o a la naturaleza del tributo, pero en otras ocasiones las restricciones se llevan a cabo para conseguir un fin parafiscal o extrafiscal.
Lo anterior parte de la idea de que las contribuciones pueden, además de su especial fin recaudatorio, servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas actividades o usos sociales, que sean útiles o no para el desarrollo del país; situación que fue reconocida por el Poder Constituyente Permanente al reformar el artículo 131 de la Constitución Federal, mediante decreto publicado el veintiocho de marzo de mil novecientos cincuenta y uno, en cuya exposición de motivos, se estableció:
"Fundan la presente iniciativa las consideraciones que a continuación se expresan:
"Ha sido práctica parlamentaria ya ancestral en el Estado mexicano que ese H. Congreso de la Unión otorgue al Ejecutivo Federal la facultad de elaborar todas las disposiciones complementarias de las leyes fiscales y no simplemente la de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia. Esa costumbre, no privativa de México, es conocida por la doctrina extranjera con el nombre de Leyes Marcos, porque el órgano legislativo se limita a sentar en ellas mismas los principios generales del ordenamiento sin descender a los detalles, los cuales son encomendados al Poder Ejecutivo tanto por lo que respecta a su precisión cuanto por lo que atañe a adaptarlos a las exigencias cotidianas, dentro del marco que ha sido trazado por los principios rectores consignados en las propias leyes. Dicha costumbre, sin duda, ha señoreado, en materia fiscal, la actitud que ese H. Congreso de la Unión ha asumido con frecuencia cuando ha otorgado al Poder Ejecutivo Federal facultades para aumentar o disminuir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, agregar o suprimir fracciones a dichas tarifas y restringir y aun prohibir la importación, exportación y tránsito de productos, artículos y mercancías que afecten desfavorablemente la economía del país, como ha venido haciendo en las Leyes de Ingresos de la Federación o en otras leyes también de carácter fiscal. La práctica aludida, sin embargo, por obedecer a una necesidad impuesta por la realidad, tanto patria como la de todos los países, especialmente en los estudios de los derechos administrativo y fiscal o financiero, lejos de que deba desaparecer, es indispensable que se conserve. Mas, para ello, todo auténtico Estado de derecho, como lo es el Estado mexicano, debe constitucionalizarla a efecto de que tenga como fundamento no una simple costumbre, como hasta ahora, sino una clara institución jurídica. El breve periodo parlamentario ordinario de sesiones de ese H. Congreso de la Unión, de cuatro meses, de conformidad con los textos 65 y 66 de la Constitución General de la República, por una parte, y la naturaleza de las altas funciones encomendadas a ese propio órgano estatal, que le impiden descender a desarrollar en detalle los preceptos legales de manera que puedan aplicarse por sí mismos y aquilatar, momento a momento, los elementos condicionantes de las reglas de derecho, por la otra, son las razones más atendibles para justificar la ineludible necesidad que existe para el Poder Ejecutivo que por la naturaleza de sus funciones está en contacto continuo con la realidad del medio social en el que la ley va a aplicarse, colabore, aunque en muy modesta proporción, con ese Poder Legislativo en la excelsa tarea de integrar el derecho objetivo. El complejo de atribuciones que los ordenamientos jurídicos en vigor otorgan al Estado mexicano, constituye la causa fundamental que determina el incremento incesante de los gastos públicos, los cuales dentro de una buena administración financiera, deben cubrirse a través de los tributos y entre éstos ocupan sitial preferente los impuestos cuya misión actual no consiste, exclusivamente, en producir ingresos para el Estado, sino concomitantemente en realizar fines de carácter extrafiscal: de políticas económica, social, demográfica, exterior, etc. etc., y es así, con tarifas arancelarias elevadas en un momento, reducidas en otro o prohibitivas en determinado instante, el Estado puede favorecer el desarrollo de las industrias nacionales mexicanas, lograr el florecimiento de industrias incipientes, influir en el equilibrio de la producción, estimular la producción agrícola en vez de la industrial o viceversa, incrementar o impedir el comercio internacional, tutelar la clase laborante, etc. etc. Asimismo, que en un momento determinado, mediante impuestos elevados o reducidos o la creación o supresión de fracciones en las tarifas de importación o de exportación, por medio de restricciones a unas y otras, así como al tránsito de los productos y aun mediante su prohibición, es factible estabilizar la moneda e impedir la elevación de los precios en bien de la población mexicana y del propio país, o bien, cubrir un déficit presupuestario. Ahora bien: no pasa inadvertido a ese H. Congreso y a esas HH. Legislaturas de los Estados que la apreciación de las diferentes circunstancias que en cada momento exigen la adopción de determinadas medidas en lugar de otras, para la consecución de los fines que el Estado se propone alcanzar, por las razones anteriormente expuestas, escapan a ese H. Congreso de la Unión y son, en cambio, clara y fácilmente perceptibles para el Ejecutivo Federal."
Como puede apreciarse, el Poder Reformador ha establecido que los tributos pueden tener fines distintos a la recaudación para cubrir los gastos públicos, los cuales se encuentran contenidos en los postulados o previsiones de la propia Constitución Federal, ya que el sistema tributario forma parte de los instrumentos que tiene el Estado para la consecución de los fines económicos y sociales constitucionalmente previstos, como se reconoció en la exposición de motivos del decreto de reformas de los artículos 16, 25, 26, 27, 28 y 73 de la Ley Fundamental, publicado el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, que dice:
"En las reformas se ordenan las atribuciones del Estado en materia de planeación, conducción, coordinación y orientación de la economía nacional, así como aquellas de regulación y fomento. De aprobarse esta iniciativa, por primera vez se contará con un conjunto explícito de atribuciones, consistente, definido en sus alcances, con instrumentos económicos perfeccionados y los fundamentos para llevar al derecho los nuevos conceptos económicos. El Ejecutivo a mi cargo estima necesario adecuar, actualizar e incorporar los principios del desarrollo económico a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales quedarían contenidos en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución. Estas reformas y adiciones, junto con las principales atribuciones del Estado en materia económica, que se encuentran también consignadas en los artículos 3o., 5o., 31, 73, 74, 89, 115, 117, 118, 123, 131 y demás relativos de nuestra Ley Suprema, dotan al Estado mexicano de las bases constitucionales -en los casos que proceda- para la modernización de la legislación de fomento industrial, agrícola, minero, de aprovechamiento de los energéticos, ciencia y tecnología, pecuario, pesquero, forestal y de turismo; de los estatutos reguladores del comercio exterior y la política cambiaria, antimonopolios, de la inversión extranjera, la empresa transnacional, la adquisición de tecnología, así como la legislación sobre regulación del abasto y los precios, y la organización y defensa de los consumidores; también para el derecho penal económico y la legislación reglamentaria de la participación y gestión del Estado en la economía nacional."
De lo expuesto bien puede advertirse que la Constitución Federal permite, de forma patente, que las contribuciones o tributos persigan fines extrafiscales, con el propósito de desarrollar los postulados económicos y sociales que ella misma prevé, por lo que no cualquier objetivo económico social podrá ser considerado como un fin extrafiscal, sino sólo aquellos que deriven o tengan su base en los lineamientos constitucionales, para que, en su caso, sea justificada la elevación o disminución de la relativa carga tributaria, sin contravenir, como resulta lógico, los principios de justicia fiscal establecidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, según se desprende de la tesis aislada que lleva por rubro, texto y datos de identificación, los que a continuación se precisan:
"CONTRIBUCIONES. LOS FINES EXTRAFISCALES NO PUEDEN JUSTIFICAR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La existencia de un fin extrafiscal, entendido éste como un objetivo distinto al recaudatorio que se pretende alcanzar con el establecimiento de una determinada contribución no puede convertirse en un elemento aislado que justifique la violación a los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados por el artículo 31, fracción IV de la Ley Fundamental. Los fines extrafiscales son exclusivamente otros elementos que debe analizar el órgano de control para determinar la constitucionalidad o no de un determinado precepto." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, tesis P. CIV/99, página 15).
De esa forma, la constitucionalidad en las limitaciones de las deducciones en el impuesto sobre la renta deben ser analizadas de manera distinta de sus requisitos, porque el primero exige para que sean justificadas que deriven de algún principio o precepto de la Constitución Federal, mientras que el segundo supuesto precisa que sean razonables y guarden relación con el tipo de gasto, con el fin de que, a pesar de que no se restringe la deducción, no sean arbitrarios tales requisitos, o bien, lleguen al extremo de hacer casi imposible el ejercicio de ese derecho.
Al tenor del desarrollado marco jurídico que permite advertir la naturaleza de las deducciones en el impuesto sobre la renta, debe tenerse presente que el impugnado artículo 31, fracción III, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de diciembre de dos mil cinco, dispone:
"Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:
"...
"III. Estar amparadas con documentación que reúna los requisitos de las disposiciones fiscales y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria, excepto cuando dichos pagos se hagan por la prestación de un servicio personal subordinado.
"Tratándose del consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, a través de los monederos electrónicos a que se refiere el párrafo anterior, aun cuando dichos consumos no excedan el monto de $2,000.00.
"Los pagos que en los términos de esta fracción deban efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, también podrán realizarse mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa.
"Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones con cheques nominativos, tarjetas de crédito, de débito, de servicios, monederos electrónicos o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa a que se refiere esta fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios bancarios.
"Cuando los pagos se efectúen mediante cheque nominativo, éste deberá ser de la cuenta del contribuyente y contener su clave del Registro Federal de Contribuyentes así como, en el anverso del mismo la expresión ‘para abono en cuenta del beneficiario’.
"Los contribuyentes podrán optar por considerar como comprobante fiscal para los efectos de las deducciones autorizadas en este título, los originales de los estados de cuenta de cheques emitidos por las instituciones de crédito, siempre que se cumplan los requisitos que establece el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación."
Sobre el particular, en el dictamen del once de noviembre de dos mil cuatro de la Cámara de Senadores, se destacó:
"La colegisladora consideró rechazar la propuesta del Ejecutivo Federal respecto al requisito de deducibilidad de combustibles, siempre y cuando éstos se efectuaran con cheque nominativo, tarjetas de crédito, de débito y monederos electrónicos. Sin embargo, las comisiones dictaminadoras consideran necesario establecer esta medida en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en atención a que constituye una medida de simplificación administrativa y se mejora el sistema de administración tributaria. En efecto, durante los último años, con el objeto de simplificar la carga administrativa de los contribuyentes, de otorgar mayor seguridad jurídica a los mismos, y de eficientar las labores de administración tributaria, se ha buscado establecer en las disposiciones fiscales la utilización de los sistemas que ofrece el sistema financiero para el pago de diversos bienes y servicios. Estas medidas, permiten un mejor control de las erogaciones que realizan los contribuyentes y otorgan una mayor seguridad jurídica a éstos para efectuar sus deducciones y acreditamientos para efectos fiscales, ya que existe una prueba plena de la existencia de las erogaciones efectuadas. Ello, en virtud de que al utilizarse el sistema financiero para efectuar los pagos, éstos quedan debidamente registrados y con el simple estado de cuenta que emiten a sus clientes se puede comprobar fehacientemente el monto de las erogaciones, la identidad de las personas a las que se les efectuó el pago y, por lo tanto la existencia misma del gasto que se deduce o acredita. En este sentido, la carga administrativa de los contribuyentes se reduce y a la vez se facilita la administración por parte de las autoridades
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20432-d426c2f7/renta-el-articulo-31-fraccion-iii-segundo-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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