DESPIDO INJUSTIFICADO. CUANDO LA ACCIÓN DERIVADA DE AQUÉL SEA LA DE REINSTALACIÓN, Y LA INTENTE UN TRABAJADOR DE CONFIANZA, OPERA LA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
AMPARO EN REVISIÓN 1491/2006. ERNESTO HERNÁNDEZ GARCÍA.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero, fracción II, y cuarto del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, porque si bien se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, los planteamientos de inconstitucionalidad que se hacen valer no revisten las características de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, en tanto existen precedentes que hacen innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. La sentencia impugnada se notificó a la parte quejosa mediante lista de acuerdos el día jueves veintitrés de febrero de dos mil seis (foja 290), surtiendo efectos dicha notificación el día siguiente, por lo que el término de diez días que para la interposición del recurso establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del lunes veintisiete de febrero al diez de marzo de dos mil seis, descontándose los días veinticinco y veintiséis de febrero, cuatro y cinco de marzo del citado año, por haber sido sábados y domingos, respectivamente; por tanto, si el recurso fue presentado el día ocho de marzo en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, se deduce se presentó oportunamente.
TERCERO. Los agravios que hace valer la parte quejosa, son los siguientes:
"La sentencia del 24 de noviembre de 2005, que se recurre emitida por el C. Juez a quo en el juicio de amparo 1386/2005-II-Y, me causa agravios y lesiona mis derechos, porque en ésta no obstante concederme el amparo para efectos de que la responsable Junta Especial 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje deje insubsistente el laudo incidental del 23 de mayo de 2005, y con libertad de jurisdicción dicte otro en el que purgue los vicios que en cuanto al fondo del asunto se refiere la sentencia, en forma ilegal me niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada en contra de dicho laudo por lo que se refiere a los conceptos de violación que se hicieron valer relativos a la anti o inconstitucionalidad del artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto en el juicio de amparo del que deriva la sentencia recurrida, se hizo valer entre otros conceptos de violación, los que a continuación se transcriben: ‘... II. violación al artículo 123, fracciones XXI y XXII, del apartado A, de nuestra Carta Magna por su inexacta aplicación e interpretación y por consiguiente los artículos 14 y 16 constitucionales. Asimismo el referido laudo que se impugna también es violatorio del artículo 123, fracciones XXI y XXII, del apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en el mismo la responsable interpreta y aplica inexactamente en mi perjuicio dicho precepto constitucional, el que además desacata, ya que no obstante que en el incidente de insumisión al arbitraje planteado por el patrón se le hizo valer la improcedencia del mismo, recalcándosele a la responsable la prohibición que contiene dicha norma en su fracción XXI, en el sentido de que lo que se establece en la misma con relación a la posibilidad de que el patrón pueda negarse a someter sus diferencias al arbitraje no es aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción XXII de dicho artículo y no obstante que en la citada fracción XXII expresamente se establece que una de esas acciones es la del cumplimiento del contrato o reinstalación, que es precisamente lo que demandé en mi escrito inicial que dio origen al juicio laboral del que emana el acto reclamado, dicha responsable pasando por alto la citada prohibición que contiene ese precepto y sobre todo violándolo con la errónea interpretación e inexacta aplicación que hace del mismo, resuelve que es procedente la insumisión al arbitraje planteada por el patrón, porque según ésta, el Constituyente ha dispuesto que sí puede operar la negativa a cumplir el contrato por parte del patrón en tales casos, mediante indemnización, dejando al legislador la elaboración del catálogo de los casos genéricos en que sí procede, entre los cuales se encuentran incluidos los trabajadores de confianza y que en consecuencia da por terminada la relación laboral que me unía con el mismo por lo que hace a mi puesto «confianza nivel 53 jefe de departamento de la Subdelegación 4», lo que realiza dicha responsable, argumentando precisamente en el considerando tercero del laudo combatido lo siguiente: (se transcribe). Ahora bien la anterior consideración que hace la responsable para declarar procedente la insumisión planteada por el patrón, es totalmente errónea y de ésta deriva que dicha responsable al resolver el incidente de insumisión al arbitraje planteado por el patrón no hace una exacta interpretación y aplicación del artículo 123, fracciones XXI y XXII, apartado A, de nuestra Constitución, ya que si bien es cierto que en la fracción XXII del apartado A del artículo 123 constitucional se desprende que el Constituyente estableció que la ley determinaría los casos en que el patrón podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización, esto no quiere decir que el Constituyente haya abierto la posibilidad de que la ley secundaria violara la prohibición contenida en la fracción XXI de dicha norma fundamental, en el sentido de que en casos de las acciones de la fracción XXII se pudiera pasar por alto la taxativa o prohibición contenida en la fracción XXI donde expresamente determina: «Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente» (sic), ya que sería ilógico que el Constituyente por una parte, en la fracción XXI prohíba dicha situación y, por otra que en la XXII pudiera dar la posibilidad de que una norma secundaria pase por encima de la norma principal, de donde deriva que si bien el Constituyente en la fracción XXII del artículo 123 constitucional dejó la posibilidad de que en la norma secundaria se puedan considerar los casos de procedencia al respecto, esto es, para aquellos en los que no se lesione la referida limitación o prohibición contenida en la fracción XXI, lo que precisamente debe llevar a una exégesis correcta y sana del artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que si bien en éste se contiene la posibilidad para el patrón de no someter sus diferencias al arbitraje en el caso de trabajadores de confianza, esto es, sólo cuando estos trabajadores no estén ejercitando las acciones a que se refiere la fracción XXII de dicha norma fundamental, como sería el caso en el que se estuviera reclamando alguna otra prestación distinta derivada de la relación laboral y no el cumplimiento del contrato, ya que de pensarse o interpretar lo contrario, como lo hace la responsable, esto llevaría a considerar que el citado artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo es anticonstitucional, al estar pasando por encima de lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 123, apartado A, de nuestra Constitución, lo que no puede considerarse así y tan no es la intención del legislador de la norma secundaria el haber querido pasar por alto lo que la Constitución prohíbe, que respetando ésta y lo relativo a la estabilidad en el trabajo, el artículo 947, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, en su parte última, claramente establece que las disposiciones contenidas en ese artículo no son aplicables en los casos de las acciones consignadas en el artículo 123, apartado A, fracción XXII, de la Constitución, situación de donde deriva que lo argumentado por la responsable en el sentido de que por ser el hoy quejoso trabajador de confianza, la insumisión planteada por el patrón, no obstante estarse reclamando el cumplimiento de contrato, es procedente, con ello demuestra que no hace una interpretación y aplicación exacta de la norma fundamental referida, situación con la que viola en mi perjuicio dicha norma y, por consiguiente, la garantía de legalidad consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales, razón por la que pido se me conceda el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo combatido y emita otro en el que interpretando y aplicando exactamente dicha norma constitucional, en el sentido referido o inverso al que señala, declare improcedente la insumisión planteada por el patrón y entre al conocimiento del juicio principal, en el que ordene continuar con el procedimiento en la etapa de ofrecimiento, adecuación y desahogo de pruebas, que es donde suspendió dicha audiencia ... IV. La anticonstitucionalidad del artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, violatoria del artículo 123 fracciones XXI y XXII del apartado A, de nuestra Carta Magna y, por consiguiente, los artículos 14 y 16 constitucionales. Para el supuesto caso que ese H. Tribunal considere inoperantes los anteriores conceptos de violación o sostenga que de acuerdo al artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, reglamentario del artículo 123, fracciones XXI y XXII, del apartado A, de nuestra Constitución, el patrón pueda negarse a someter sus diferencias al arbitraje en el caso de trabajadores de confianza que reclamen cumplimiento de contrato, en este supuesto o cualquier otro que confirme el criterio sostenido en la resolución de la responsable de procedencia del incidente de insumisión planteado por el patrón en el juicio laboral del que emana el acto reclamado y al dar, por consiguiente, con base en éste, por terminada la relación laboral que me une con el mismo en relación al puesto «confianza nivel 53 jefe de departamento de la Subdelegación 4», y con lo que también da por concluido el juicio, anticonstitucionalidad que se plantea por ser esta norma secundaria transgresora del artículo 123, fracción XXI, del apartado A, de nuestra Constitución, ya que no obstante dicho precepto constitucional, en la citada fracción XXI, tajantemente establece que «si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario además de la responsabilidad que le resulte del conflicto y que esa disposición no será aplicable en los casos de la fracción siguiente», es decir, casos de acciones de cumplimiento de contrato, al pasar por alto el citado artículo 49, lo anterior, infringiendo dicha prohibición o limitante, al permitir que el patrón pueda negarse a someter sus diferencias al arbitraje en el caso de trabajadores de confianza que reclamen dicho cumplimiento de contrato, dicho precepto debe declararse anticonstitucional y siendo que el laudo de la responsable que se impugna se funda en ese precepto anticonstitucional, al causarme agravios con ello y al aplicar dicho precepto anticonstitucional en mi contra, es por lo que solicito se me conceda el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se declare la anticonstitucionalidad del artículo 49 de la ley laboral y, como consecuencia, al ser ilegal el laudo combatido, por estar fundado en ese precepto anticonstitucional, pido se deje insubsistente dicho laudo para que la responsable emita otro en el que declare improcedente la insumisión planteada por el patrón y entre al conocimiento del juicio principal, en el que ordene continuar con el procedimiento en la etapa de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas.’... (sic). Ahora bien, los conceptos de violación referidos, el marcado con el número II, ni siquiera fue atendido por el C. Juez del conocimiento del amparo y por lo que se refiere al marcado con el número IV, relativo a la in o anticonstitucionalidad del artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, al negarme el a quo el amparo solicitado, se basa primordialmente en el razonamiento incorrecto que realiza en el sentido de que si bien el Constituyente en la fracción XXI del apartado A del artículo 123 constitucional estableció la regla general de que la insumisión al arbitraje no será aplicable en los casos que establece la fracción XXII de dicho ordenamiento, es decir, en casos de acciones de cumplimiento de contrato o de indemnización cuando el obrero sea despedido sin causa justificada, dice que en la fracción XXII de dicha norma constitucional el propio Constituyente facultó al legislador ordinario para determinar los casos en que el patrón podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización y que ese supuesto de excepción a la regla general se consignó por el legislador ordinario en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, sosteniendo que por lo mismo dicho precepto no se encuentra en contraposición con el artículo 123 en sus fracciones XXI y XXII del apartado A de nuestra Constitución, de donde también señala que el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo no es violatorio de dicha norma constitucional y concluye que siendo infundados los conceptos de violación que hice valer al respecto, lo procedente en el caso es negarme el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. El anterior razonamiento del a quo a través del cual me niega el amparo solicitado, es incorrecto e ilegal y me causa agravios, porque a contrario de lo que dicho Juez del conocimiento sostiene, el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, sí está en contraposición con lo dispuesto por el artículo 123, fracción XXI, del apartado A, de nuestra Carta Magna, ya que si en ésta se establece clara prohibición del Constituyente en el sentido de que la facultad del patrón de negarse a someter sus diferencias al arbitraje no será aplicable en los casos de la fracción siguiente, es decir, en los casos de acciones de cumplimiento de contrato, al pasar por alto el citado artículo 49 lo anterior, claro es que está infringiendo dicha prohibición, al permitir que el patrón pueda negarse a someter sus diferencias al arbitraje en el caso de trabajadores de confianza que reclamen dicho cumplimiento de contrato, razón de donde a contrario de lo que sostiene el a quo, dicho artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo es inconstitucional y no es justificante lo que sostiene en el sentido que no lo es, porque según él mismo, en la fracción XXII se facultó al legislador secundario para establecer en la ley secundaria los casos de excepción en que el patrón podrá ser eximido de la obligación de reinstalar al trabajador o cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización, ya que de atenderse dicha supuesta facultad, sería tanto como pensar que el Constituyente se equivocó o contradice, al principio fundamental que se establece en dicha Carta Magna y después establecer una supuesta facultad de pasar por alto dicha prohibición que está basada en dicho principio, máxime si por otra parte nuestra norma fundamental claramente establece que el trabajador en caso de despido puede optar por la reinstalación o por la indemnización, sin dejar que sea el patrón quien opte por alguna de esas dos posibilidades. Ahora bien y suponiendo que existiera error o contradicción en la disposición del Constituyente, lo que debió de tomar en cuenta el a quo, es que dicho artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, es inconstitucional o anticonstitucional, desde el momento que el legislador secundario pasa por alto no sólo dicha prohibición, sino los principios fundamentales que establece nuestra Carta Magna, como lo es el del derecho al trabajo y el que sea el trabajador despedido del empleo, quien opte por la reinstalación o por la indemnización y no el patrón. Por todo lo anterior, al ser ilegal e incorrecta la sentencia recurrida y al causarme agravios, ya que a través de ésta, mediante razonamientos erróneos el a quo declara constitucional un precepto laboral que está en franca contraposición con la norma fundamental, tal como se expresó, es por esto que recurro la misma, para el efecto de que sea revocada y el C. Juez a quo dicte otra en la que tomando en cuenta lo expuesto en los conceptos de violación que hice valer ante el mismo, me conceda el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para los efectos indicados en mi demanda de garantías."
CUARTO. Los agravios transcritos son infundados.
En la materia de constitucionalidad reservada a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Juez de Distrito del conocimiento sostuvo que el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, no es contrario a lo previsto en las fracciones XXI y XXII, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El citado precepto legal es del tenor literal siguiente:
"Artículo 49. El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes:
"I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año;
"II. Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y la Junta estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo;
"III. En los casos de trabajadores de confianza;
"IV. En el servicio doméstico; y
"V. Cuando se trate de trabajadores eventuales."
En cuanto a este precepto legal, el Juez de Distrito sostuvo que en términos de las fracciones XXI y XXII del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad del patrón de someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo de la Junta para dar por terminado el contrato de trabajo mediante el pago de la indemnización correspondiente, tiene como excepciones los casos previstos en la fracción XXII, en la que además el Constituyente Permanente autorizó incondicionalmente al legislador ordinario para establecer en la ley secundaria los casos en que el patrón podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato de trabajo mediante el pago de una indemnización, lo que hizo a través del artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo que se tilda de inconstitucional.
Destacó que el hecho de que los casos de excepción contenidos en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo no hayan sido establecidos por el Constituyente Permanente desde un principio, en la fracción XXII, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Federal, no implica la inconstitucionalidad de la norma, ya que la facultad de decidir los casos de excepción fue delegada al legislador ordinario, lo que no puede considerarse contradictorio a la Ley Suprema, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 135/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "LEYES. NO SON INCONSTITUCIONALES POR EL SOLO HECHO DE QUE LAS INSTITUCIONES QUE REGULAN NO ESTÉN PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN."
En sus agravios la parte quejosa reitera los conceptos de violación e insiste en que el precepto legal impugnado sí es contrario a las fracciones XXI y XXII del apartado A del artículo 123 constitucional, porque la facultad del patrón de negarse a cumplir el contrato de trabajo no es aplicable en los casos de la fracción XXII, en la que se mencionan las acciones de despido injustificado, por lo que aun cuando el Constituyente estableció en esta última fracción que la ley determinará los casos en que el patrón puede ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, ello no quiere decir que la propia ley secundaria viole la prohibición contenida en la fracción XXI.
Los anteriores planteamientos que hace valer la parte quejosa en sus conceptos de violación y agravios, son infundados porque parten de una incorrecta interpretación de las fracciones XXI y XXII del artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, que son del tenor literal siguiente:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:
"...
"XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo.
"XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él."
Tales normas constitucionales han sido interpretadas por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar el siguiente criterio jurídico:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVI, octubre de 2002
"Tesis: 2a. XXII/2000
"Página: 468
"DESPIDO INJUSTIFICADO. CUANDO LA ACCIÓN ES DE REINSTALACIÓN, LA REGLA GENERAL ES QUE NO PROCEDE LA INSUMISIÓN AL ARBITRAJE NI LA NEGATIVA DEL PATRÓN A ACATAR EL LAUDO, SALVO LOS CASOS DE EXCEPCIÓN REGLAMENTADOS EN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El artículo 123, apartado A, fracción XXI, de la Constitución Federal establece que si el patrón se niega a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto, y que esta disposición no será aplicable a las acciones consignadas en la fracción siguiente de dicho precepto, a saber, las que deriven de despido injustificado o aquellos en que se demande el pago de indemnización cuando el trabajador se retire del servicio por falta de probidad del patrón o por recibir malos tratamientos, lo que permite concluir que la regla general es que en la acción de reinstalación derivada de un despido injustificado es improcedente tanto la insumisión al arbitraje como la negativa a acatar el laudo por la parte patronal. Sin embargo, la fracción XXII del propio dispositivo de la Carta Magna establece que la ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización, lo que significa que deja a la ley ordinaria la reglamentación de los casos de excepción a esta regla general, que de acuerdo con el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, son los trabajadores que tengan antigüedad menor a un año, los que tengan contacto directo e inmediato con el patrón que imposibilite el desarrollo normal de la relación laboral, los de confianza, los domésticos y los eventuales. De esta forma el Constituyente garantizó la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, sin desconocer los casos que en la realidad pueden llevar a hacer fácticamente imposible la continuidad de la relación laboral.
"Amparo en revisión 1923/99. Petróleos Mexicanos. 3 de marzo del año 2000. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.
"Amparo en revisión 1982/99. Petróleos Mexicanos. 10 de marzo del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot."
En relación con el problema de inconstitucionalidad planteado, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia al resolver el trece de febrero de dos mil cuatro, el amparo en revisión 771/2003, bajo la ponencia del señor Ministro Juan Díaz Romero, se pronunció en los términos siguientes:
"En relación con la problemática de inconstitucionalidad planteada, esta Segunda Sala, en las ejecutorias pronunciadas en los amparos en revisión 1923/99 y 1982/99, promovidos por Petróleos Mexicanos, respectivamente, en sesiones de tres y diez de marzo de dos mil, emitió el siguiente criterio:
"‘... El texto original plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (5 de febrero de 1917) de las fracciones XXI y XII del apartado A del artículo 123, es el siguiente:
"‘Fracción XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que resulte del conflicto. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo;
"‘Fracción XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada, o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero se retire del servicio por falta de probidad de parte del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él ...’
"El artículo 601 relativo al título noveno ‘Del procedimiento ante las Juntas’ capítulo VIII ‘De la ejecución de los laudos’, de la Ley Federal del Trabajo de 1931, establecía.
"‘Artículo 601. Si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, ésta:
"‘I. Dará por terminado el contrato de trabajo;
"‘II. Condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses el salario;
"‘III. Procederá a fijar la responsabilidad que al patrón resulte del conflicto.’
"Estando en vigor los textos transcritos, la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia emitió la tesis de jurisprudencia número 430, Quinta Época, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo V, página 286, cuyo contenido dice:
"‘REINSTALACIÓN DE TRABAJADORES. Si un trabajador ha sido despedido injustificadamente, la ley le concede dos acciones: la de reinstalación y la de pago de tres meses de salarios, y a veces se opta por ésta en razón de que el despido puede originar que el trabajador no se sienta ya contento o no esté de acuerdo, precisamente por lo injustificado del despido, en continuar trabajando en la empresa; pero no es posible admitir que un patrono esté autorizado para no aceptar el laudo que le ordena reinstalar al obrero, ya que con esto se contrariaría el espíritu del derecho del trabajo, pues no puede entenderse que el legislador haya querido garantizar los derechos del obrero y al mismo tiempo haya dejado la posibilidad de que los patronos dejaran de cumplir sus obligaciones correspondientes. Así pues, la Cuarta Sala de esta Suprema Corte ha concluido que la fracción XXI del artículo 123 de la Constitución se refiere a un caso diverso de aquel en que los trabajadores demanden la reinstalación, pues de lo contrario, se haría nugatorio el derecho concedido en la fracción XXII, y por igual razón, no pueden invocarse para los casos de reinstalación las disposiciones de los artículos 601 y 602 de la Ley Federal del Trabajo, que reglamentan en parte los mandatos contenidos en la fracción XXI del artículo 123 constitucional, pero no los previstos en la fracción XXII, cuando el obrero ha optado por la reinstalación.
"‘Nota:
"‘Esta tesis tiene importancia histórica, pues el criterio que sostiene fue recogido por el decreto publicado el 21 de noviembre de 1962 en el Diario Oficial de la Federación, que reforma la fracción XXI del apartado A del artículo 123 constitucional.’
"La otrora Cuarta Sala modificó su postura con la diversa tesis de jurisprudencia 1030, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo V, página 722, que es del tenor siguiente:
"‘REINSTALACIÓN DE TRABAJADORES, LOS PATRONOS PUEDEN NEGARSE A ELLA, PAGANDO DAÑOS Y PERJUICIOS. Por obligación de hacer debe enten
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20527-90e084e9/despido-injustificado-cuando-la-accion-derivada-de-aquel · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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