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Modo: Corpus Pro

SALARIOS VENCIDOS. EL ARTÍCULO 48, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE PREVÉ COMO OBLIGACIÓN DEL PATRÓN CUBRIRLOS EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1063/2007. · Registro digital (IUS): 20436
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: HSBC AFORE, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 2061.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1063/2007. HSBC AFORE, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: ALFREDO ARAGÓN JIMÉNEZ CASTRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente legalmente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, 84, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en los puntos tercero, fracción II y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo directo en el que se hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 48, segundo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo.

SEGUNDO. El recurso de revisión es oportuno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, ya que la sentencia recurrida se notificó a la parte ahora recurrente, el dieciocho de mayo de dos mil siete, notificación que surtió sus efectos el veintiuno de ese mes, por lo que el plazo para la interposición del citado medio de defensa comenzó a correr a partir del veintidós de mayo de este año, feneciendo el cuatro de junio siguiente, excluyéndose del cómputo los días veintiséis y veintisiete de mayo y dos y tres de junio, por ser sábados y domingos.

Así, dado que el recurso de revisión se recibió el treinta de mayo de dos mil siete en el Tribunal Colegiado del conocimiento, debe concluirse que fue interpuesto en tiempo.

TERCERO. El recurrente tiene legitimación para interponer el presente recurso de revisión, habida cuenta que lo hace en su calidad de quejoso recurrente.

CUARTO. El inconforme aduce en su único agravio lo siguiente:

"Único agravio. La ejecutoria pronunciada por el H. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito en el amparo directo número ADL-250/2007 es contraria a derecho en la parte relativa al estudio que dicho tribunal hizo sobre la inconstitucionalidad de los salarios caídos previstos por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo; lo anterior producto de una incorrecta interpretación del segundo párrafo del artículo 123 constitucional, en relación con su fracción XXII, toda vez que, contrario a lo sostenido por el H. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito en la referida ejecutoria, el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, sí contraviene lo dispuesto por la fracción XXII del artículo 123 constitucional, al ir más allá de lo establecido por la propia Carta Magna en lo que al despido injustificado se refiere. En efecto, al declarar infundado el segundo concepto de violación expuesto en la demanda de garantías, el H. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito en esencia sostiene que conforme a lo previsto por el segundo párrafo del artículo 123 constitucional, el Congreso de la Unión está facultado para expedir leyes sobre el trabajo, sin contravenir las bases fijadas en dicho precepto, lo cual, a decir de dicho tribunal de amparo, permite al legislador establecer mejores derechos o mayores prestaciones que las contenidas en esa disposición, mismas que constituyen un catálogo mínimo de garantías y no un límite. Tal razonamiento (que por cierto está pretendidamente fundado sólo en una tesis aislada que no es de observancia obligatoria por no constituir jurisprudencia), es incorrecto por las siguientes razones:

"1. No toma en cuenta el importantísimo hecho de que la facultad constitucional de que goza el Congreso de la Unión para emitir leyes sobre trabajo no puede ni debe ir más allá de lo previsto expresamente por el texto constitucional. Me refiero concretamente a que la fracción XXII del artículo 123 de la Carta Magna, ya establece los derechos del trabajador que es despedido injustificadamente, los que se hacen consistir en el pago de una indemnización de tres meses de salario o el cumplimiento del contrato de trabajo como consecuencia de una reinstalación. Por tanto, si el Constituyente ya estableció expresamente en la Ley Fundamental que el trabajador despedido en forma injustificada puede optar por ejercer cualquiera de los dos derechos antes referidos Y NADA MÁS, constitucionalmente hablando no debe caber la posibilidad de que la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, contemple un beneficio adicional (los salarios caídos) para tal situación, por lo que el hecho de establecer éstos desde luego que SÍ implica una contravención al contenido de la fracción XXII del artículo 123 constitucional, si partimos de que el término ‘contravención’ o ‘contravenir’ significa ‘ir en contra de’ en cuanto que, insisto, dicha disposición constitucional ya prevé los dos derechos que tiene una persona frente a una situación de despido injustificado, por lo cual no hay razón para que la ley reglamentaria regule de manera distinta tal situación al prever los salarios caídos que no lo están en la Constitución. A mayor abundamiento, por ley reglamentaria ha de entenderse la ley secundaria que detalla, precisa y sanciona uno o varios preceptos de la Constitución con el fin de articular los conceptos y medios necesarios para la aplicación del precepto constitucional que regula (Diccionario Jurídico Mexicano, Ed. Porrúa, T. VI L-O, pág. 56). Bajo esta premisa, la Ley Federal del Trabajo tiene como función primordial detallar, precisar y sancionar el contenido del artículo 123 constitucional, es decir, determinar el alcance de las normas constitucionales en materia de trabajo, mas no exceder ni contrariar su texto, precisamente por el carácter reglamentario que le reviste; y si fuere así, existe el juicio de amparo como un medio de control constitucional. En la especie, es claro que al establecer en su artículo 48 los salarios caídos como un beneficio adicional al trabajador que es despedido injustificadamente (acaso a manera de sanción adicional al pago de la indemnización constitucional de tres meses de salario o de la reinstalación), la Ley Federal del Trabajo rebasó el texto constitucional y fue más allá del contenido de la fracción XXII del artículo 123 de nuestra Carta Magna, al contemplar un concepto -los salarios caídos- que no fue previsto por el Constituyente de Querétaro para el caso del trabajador despedido en forma injustificada, lo cual evidentemente se traduce en una inconstitucionalidad de la disposición legal en comento en cuanto que excede los límites del marco constitucional.

"2. Es inexacto el argumento consistente en que el legislador está facultado para establecer mejores derechos o mayores prestaciones que las contenidas en la Constitución, porque las mismas constituyen un catálogo mínimo de garantías, y no un límite. En primer lugar, las garantías únicamente pueden ser previstas por la Constitución, mas no por una ley reglamentaria de un precepto constitucional, debido a que ello es facultad exclusiva del Congreso Constituyente y las leyes reglamentarias que emanan del Congreso de la Unión, que no es lo mismo que aquel en cuanto que la función del primero consiste en elaborar la Constitución y su existencia es temporal porque una vez cumplida dicha función, se disuelve; en tanto que la función del segundo es la confección de leyes y su existencia es indefinida porque representa al Poder Legislativo. En segundo lugar, si bien la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional puede contemplar más derechos que los previstos por la Norma Constitucional, ello necesariamente ha de ser respetando el marco constitucional, lo que no acontece con el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, según quedó expuesto con antelación. Pensar lo contrario -como equivocadamente lo hizo el H. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito-, equivale a considerar válido que la Ley Federal del Trabajo estableciera seis meses de salario por concepto de indemnización constitucional en lugar de tres meses, en evidente beneficio del trabajador despedido injustificadamente. Por supuesto que eso sería tan inconstitucional como lo es la figura de los salarios caídos, ya que en ambos casos se rebasa el contenido del Texto Constitucional en notorio perjuicio de la parte patronal y en evidente rompimiento del equilibrio y la justicia social que debe imperar en las relaciones obrero-patronales en términos de lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley Federal del Trabajo.

"3. A lo largo del desarrollo del juicio de origen, la Junta responsable no cumplió con los términos legales para hacer realidad uno de los fines primordiales del derecho del trabajo, es decir, la impartición de justicia de manera pronta y expedita, lo cual trajo como consecuencia la acumulación de salarios caídos en forma alarmante por causas no imputables a la quejosa, de ahí que sea por completo ilegal e inconstitucional el responsabilizar a mi representada del pago de salarios caídos en exceso por falta de cumplimiento de la autoridad responsable a las normas del procedimiento laboral. Es de hacer notar que en el segundo concepto de violación de la demanda de garantías mi representada expuso la contradicción habida entre la disposición de los salarios caídos y el artículo 2o. de la Ley Federal del Trabajo, no a manera de argumento de inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 48 (como incorrectamente lo interpretó el H. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito), sino para poner de manifiesto lo injusto de dicho precepto legal por contravenir uno de los pilares del derecho del trabajo: el equilibrio y la justicia social en las relaciones obrero-patronales.

"Con base en todo lo anterior, solicito atentamente se declare procedente el recurso de revisión planteado, se revoque la ejecutoria pronunciada por el H. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito en lo que se refiere al segundo concepto de violación expuesto por la quejosa, y se conceda a mi representada el amparo y protección de la Justicia de la Unión mediante la declaración de inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo."

QUINTO. Conforme a lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución General de la República y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero y segundo del Acuerdo General Plenario 5/1999, publicado el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, el recurso de revisión que se interponga en contra de la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito es procedente cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de una ley federal, en la sentencia recurrida se decida u omita decidir sobre tal cuestión, debiendo limitarse la materia del recurso a las cuestiones propiamente constitucionales, siempre y cuando la resolución que vaya a pronunciar la Suprema Corte de Justicia de la Nación entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

El acuerdo precitado, en lo que interesa, dispone:

"Acuerdo General Plenario 5/1999, aprobado el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve ...

"Primero. Procedencia

"I. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los supuestos siguientes:

"a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.

"b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva.

"Se entenderá que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente), se vea que los argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad.

"II. Por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:

"a) Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado;

"b) Cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir;

"c) En los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente."

En este orden de ideas, atendiendo a los antecedentes que informan el presente recurso -en principio- cabe señalar que en esta instancia sí subsiste una cuestión propiamente constitucional, pues en el fallo recurrido el Tribunal Colegiado del conocimiento fundamentalmente consideró que el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo no contraviene al artículo 123, apartado A, fracción XXII, de la Constitución Federal, al establecer el pago de salarios caídos, debido a que el propio precepto constitucional en su segundo párrafo faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes sobre el trabajo, sin contravenir las bases fijadas en dicho artículo, es decir, implica que no se pueden contrariar los principios ahí contenidos, mas no que no esté impedido para establecer mejores derechos o mayores prestaciones que las contenidas en la Carta Magna, pues éstas sólo constituyen un catálogo mínimo de garantías y no un límite; y ahora en los agravios expresados en el presente recurso se argumenta lo contrario, razón por la cual esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que pronunciarse sobre la constitucionalidad del precepto impugnado.

En este sentido, el análisis de la constitucionalidad del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, entraña la fijación de un criterio de importancia, pues sobre el tema no se ha integrado jurisprudencia.

SEXTO. En sus agravios la parte recurrente aduce esencialmente:

Que la resolución del Tribunal Colegiado es contraria a derecho, debido a que hace una incorrecta interpretación del artículo 123, apartado A, fracción XXII, de la Constitución Federal, pues el segundo párrafo del numeral 148 de la Ley Federal del Trabajo, sí contraría a dicha norma constitucional, pues al respecto no toma en cuenta el hecho de que la facultad constitucional de que goza el Congreso de la Unión para emitir leyes de trabajo no puede ni debe ir más allá de lo previsto expresamente en el texto constitucional, pues si el Constituyente ya estableció expresamente en la Ley Fundamental que el trabajador despedido en forma injustificada puede optar por ejercer el pago de una indemnización de tres meses de salario o la reinstalación, y nada más, no cabe la posibilidad de que la ley reglamentaria del propio numeral 123 contemple un beneficio adicional -salarios caídos- pues tal pago implica una contravención a la fracción constitucional en comento, ya que no existe razón para que la ley reglamentaria prevea los salarios caídos que no están establecidos en la Carta Magna.

Que la Ley Federal del Trabajo tiene como función primordial detallar, precisar y sancionar el artículo 123 de la Constitución Federal, es decir, determinar el alcance de las normas constitucionales en materia de trabajo, mas no exceder o contrariar su texto, precisamente por el carácter reglamentario que le reviste.

Que es inexacto que el legislador esté facultado para establecer mejores derechos o mayores prestaciones que las contenidas en la Constitución Federal, porque las mismas constituyen un catálogo mínimo de garantías, debido a que las garantías únicamente pueden ser previstas en la propia Carta Magna, mas no en una ley reglamentaria, pues ello es facultad exclusiva del Congreso Constituyente, y si bien la ley reglamentaria de dicho precepto constitucional puede contemplar más derechos que los previstos en la propia Ley Fundamental, ello necesariamente ha de ser respetando el marco constitucional, lo que no acontece en el segundo párrafo del artículo tildado de inconstitucional.

De manera previa al examen de los agravios planteados, resulta conveniente hacer algunas reflexiones y precisiones sobre el contenido y alcances del artículo 123, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 48, 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo, que prevén la figura de salarios caídos.

El texto original del artículo 123, fracción XXII, de la Constitución Federal, consagró la estabilidad de los trabajadores en el empleo y en la empresa, al establecer que sólo podían ser despedidos con causa justa, de manera que cualquier despido arbitrario les daba el derecho a exigir el cumplimiento del contrato, o sea su reinstalación, quedando obligado el patrón a cumplir con el contrato de trabajo, o bien entregar la indemnización de tres meses de salario en caso de que así se conviniera.

Decía la originaria fracción que se comenta lo siguiente:

"Artículo 123. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo:

"...

"XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada, o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él."

La fracción fue reformada el veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta y dos para quedar de la siguiente manera:

"XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él."

Finalmente, la fracción XXII se incluyó en el texto actual del artículo 123 constitucional, para quedar como sigue:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

"...

"XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él."

Las reformas constitucionales establecieron excepciones a la imperatividad de la reinstalación, al añadir una frase a la fracción que se analiza, colocada inmediatamente después del párrafo que habla de los derechos de reinstalación o pago de una indemnización: "La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir con el contrato, mediante el pago de una indemnización."

Así, el trabajador despedido injustificadamente tiene dos acciones: una de reinstalación obligatoria o cumplimiento del contrato de trabajo, y otra de indemnización de tres meses de salario y pago de salarios vencidos o caídos. Tales acciones están previstas en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dispone:

"Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario.

"Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo."

La reinstalación del trabajador en su empleo es obligatoria; sin embargo, en razón de las condiciones laborales especiales y de las categorías de determinados trabajadores, el Congreso Constituyente con las reformas apuntadas, responsabilizó al Congreso de la Unión de legislar en aquellos casos por los cuales el patrón podrá ser eximido de esta obligación, por tal motivo, la ley laboral, en cumplimiento de la fracción XXII del apartado A del artículo 123, estableció los casos en que el patrón está eximido de reinstalar al trabajador, en los términos del artículo 49, y cuando al patrón, en el juicio laboral correspondiente, se le exima de reinstalar al trabajador, estará obligado a pagarle a éste las indemnizaciones que se especifican en el artículo 50.

El artículo 49 de la ley federal de mil novecientos setenta, regula los casos de excepción a la reinstalación:

"Artículo 49. El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes:

"I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año;

"II. Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y la Junta estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo;

"III. En los casos de trabajadores de confianza;

"IV. En el servicio doméstico; y

"V. Cuando se trate de trabajadores eventuales."

En el artículo 50, además de las indemnizaciones contenidas en las fracciones I y II, también establece en la fracción III, el pago de tres meses de salario y de salarios vencidos:

"Artículo 50. Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán:

"I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios;

"II. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados; y

"III. Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de tres meses de salario y en el de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones."

Se conoce con el nombre de "salarios vencidos o caídos", a aquellos que debió percibir el trabajador si se hubiese desarrollado normalmente la relación de trabajo, desde la fecha en que fue despedido o desde que se separó del trabajo, por causa imputable al patrono, hasta que se cumplimente el laudo que ordenó la reinstalación o el pago de las indemnizaciones.

La anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a este tema, emitió los siguientes criterios:

"SALARIOS VENCIDOS, CONDENA AL PAGO DE. Si un trabajador reclama su reinstalación o el pago de indemnización constitucional por despido injustificado y la acción intentada resulta procedente, basta que mencione que también reclama el pago de prestaciones ‘a que tuviera derecho’ para que con base en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, en ambos casos, se deba condenar el pago de salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo." (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, visible en el tomo 115-120, Quinta Parte, página 113).

"SALARIOS VENCIDOS, DERECHO AL PAGO DE LOS, EN CASO DE EJERCICIO DE LAS ACCIONES POR DESPIDO. El artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo de 1970, establece que el trabajador despedido injustificadamente, podrá solicitar, a su elección, que se le reinstale o se le indemnice con el importe de tres meses de salario, y que tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo; por tanto, conforme a lo establecido en este precepto legal, se entiende que los salarios vencidos son una consecuencia inmediata y directa de las acciones originadas en el despido o en la rescisión del contrato por culpa del patrón, por lo que para que se condene a su pago, basta que el trabajador ejercite cualquiera de las dos acciones principales señaladas y prospere, para que por consecuencia tenga derecho a que se le otorgue en forma concomitante o correlativa la prestación derivada correspondiente a los salarios vencidos." (Séptima Época del Apéndice de 1995, consultable en el Tomo V, Parte SCJN, tesis 502, página 332).

Esta tesis de jurisprudencia tuvo como antecedente el siguiente criterio de la misma Sala:

"SALARIOS CAÍDOS DURANTE EL CONFLICTO. Los salarios caídos son una consecuencia inmediata y directa de las acciones originadas en el despido o en la rescisión del contrato por culpa del patrón, y si esto se tiene por comprobado, las acciones por salarios caídos, aun reclamados en forma vaga, deben prosperar. Cuando un trabajador es despedido en los términos del artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, o rescinde su contrato por cualquiera de las causas establecidas en el artículo 123 del mismo ordenamiento, tiene inmediata aplicación el artículo 124 de la propia ley, según el cual no sólo tiene derecho a la indemnización de tres meses de salario, sino a ésta y a percibir los salarios vencidos en los términos del artículo 122 de la Ley. Lo anterior está indicando que en tales casos el derecho a la indemnización y el pago de salarios vencidos, constituye una sola obligación jurídica, a la que corresponde una acción principal y otra derivada, de manera que cuando se ejercita la de indemnización en forma precisa y ‘las demás que por tal concepto le corresponden’, se está reclamando el pago de salarios caídos en los términos del artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo citada. Nota: Los artículos 122, 123 y 124 citados, corresponden al 47, 48 y 49, respectivamente, de la Ley Federal del Trabajo de 1970." (Apéndice 1988, Sexta Época, visible en el Tomo Parte II, tesis 1723, página 2772).

La Ley Federal del Trabajo de veintisiete de agosto de mil novecientos treinta y uno, en el texto primigenio de su artículo 122 establecía el pago de los salarios vencidos en los casos de despido injustificado:

"Artículo 122. El patrón que despida a un trabajador por alguna o algunas de las causas a que se refiere el artículo anterior, no incurrirá en responsabilidad.

"Si posteriormente no se comprueba la causa del despido, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha en que presente su reclamación, hasta que termine el plazo que esta ley señala a la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, para que pronuncie su resolución definitiva, sin perjuicio de las demás acciones que le competan por haber sido despedido sin causa justificada.

"En caso de que el laudo no hubiere sido dictado dentro del plazo legal y hubiere necesidad de plazos adicionales de acuerdo con lo que dispone el artículo 542, el trabajador tendrá derecho a los salarios correspondientes a los días adicionales a que se refiere el mencionado artículo."

La entonces Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este precepto, consideró en diversas tesis que si el trabajador era despedido sin causa justificada, tenía derecho al pago de la indemnización señalada en el artículo 123 constitucional, en su fracción XXII, así como al pago

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20436-edb19a36/salarios-vencidos-el-articulo-48-segundo-parrafo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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