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MULTAS FIJAS. LOS ARTÍCULOS 17, 18, 19 Y 20 DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, QUE PREVÉN SU IMPOSICIÓN, TRANSGREDEN LOS NUMERALES 16 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 131/2007. · Registro digital (IUS): 20462
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, , Pág. 2513.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 131/2007. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIA: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiocho de junio de dos mil siete.

VISTOS para resolver los autos de la presente acción de inconstitucionalidad 131/2007, y;

RESULTANDO QUE:

PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades (emisora y promulgadora), y norma impugnada. Por oficio presentado el treinta de enero de dos mil siete en el domicilio particular del funcionario autorizado por el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para recibir demandas y promociones de término, Eduardo Medina Mora Icaza en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas generales que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:

Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general que se impugna:

a) Poder Legislativo del Estado de Sonora.

b) Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

Norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó:

Los artículos 17, 18, 19 y 20 de la "Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Arivechi, Sonora, para el ejercicio fiscal 2007", publicados en el Periódico Oficial del Estado de Sonora el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, mediante decreto "263".

SEGUNDO. Conceptos de invalidez. El procurador general de la República en su único concepto de invalidez, manifestó en síntesis que:

Los artículos cuya invalidez solicita establecen diversas multas fijas, las cuales son contrarias al primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Federal, en virtud de que no establece un parámetro que incluya un mínimo y un máximo en la cuantía de la multa o sanción, rango en el cual la autoridad fiscal deberá fijarla, basándose en la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, lo que garantiza el derecho fundamental a la seguridad jurídica.

Asimismo, aduce que el Congreso Local al prever una multa fija en los artículos combatidos y haber contravenido lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Federal, toda vez que éste prohíbe expresamente las multas excesivas o fijas; el Congreso de la entidad se extralimitó en sus atribuciones, vulnerando con ello lo dispuesto por el artículo 16 de la citada Norma Constitucional.

TERCERO. Artículos constitucionales que el promovente señala como violados. Los preceptos de la Constitución Federal que se estiman infringidos son el 16 y 22, primer párrafo.

CUARTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de primero de febrero de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 131/2007 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz.

En proveído de dos de febrero de dos mil siete, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al órgano ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO. Informes de las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada al rendir sus informes manifestaron, en síntesis:

Poder Legislativo del Estado de Sonora:

1. Que debe sobreseerse la acción de inconstitucionalidad en atención a que Eduardo Medina Mora Icaza, no acredita de manera fehacientemente su personalidad como procurador general de la República, ya que para ello únicamente exhibe el nombramiento expedido a su nombre por el presidente de la República, sin embargo, esto no es suficiente, ya que no exhibe el documento con el que acredite que el Senado de la República ratificó dicho nombramiento.

2. El solo hecho de establecer un monto específico de una determinada cantidad de salarios mínimos en las Leyes de Ingresos, por sí mismas, no son desproporcionales y no deben considerarse como fijas, toda vez que el mínimo de multa a aplicarse que debe tomar en cuenta la autoridad sancionadora, está estrechamente relacionado con el artículo 22 de la Constitución Federal, pues en ella se establece el monto mínimo que debe cobrarse a aquellas personas que demuestren ser obreros o asalariados, obteniendo así como elemento mínimo a aplicarse, un salario mínimo o jornal y una multa máxima equivalente a los salarios mínimos establecidos en la ley de ingresos impugnada.

No obstante lo anterior, informa que el órgano legislativo ya se encuentra realizando el estudio previo para la modificación de la ley en el capítulo respectivo, con la finalidad de evitar lecturas incorrectas y que se tenga mayor claridad en la redacción de la misma.

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora:

Que los preceptos impugnados no transgreden los artículos 16, 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que las sanciones económicas que contemplan se refieren a multas de tránsito, que en ningún modo son excesivas, ni tampoco fijas, ya que la imposición de las mismas se determinó tomando en cuenta el catálogo que contempla el Reglamento de Tránsito Municipal.

Además debe tomarse en cuenta que lo que pretende la autoridad municipal con estas multas, es proteger a la sociedad y evitar daños a la población lo cual es de interés público.

Finalmente, señala que tampoco se transgrede el contenido del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que la imposición de multas, su cobro y posterior pago, no tienen las características de una contribución y, por ende, no le es exigible cumplir con los requisitos de proporcionalidad y equidad.

SEXTO. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto, se envió el expediente al Ministro instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre los artículos 17, 18, 19 y 20 de la "Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Arivechi, Sonora, para el ejercicio fiscal 2007", y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Oportunidad. Por razón de método, en primer término se analizará la oportunidad de la presentación de la demanda.

El párrafo primero del artículo 60(1) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, sin perjuicio de que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

Ahora bien, la "Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Arivechi, Sonora, para el ejercicio fiscal 2007", la cual contiene los artículos 17, 18, 19 y 20 impugnados en el presente medio de control constitucional, se publicó el treinta y uno de diciembre de dos mil seis en el Periódico Oficial de la entidad, como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente que obra agregado a fojas catorce y siguientes del expediente, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del lunes primero de enero de dos mil siete al martes treinta del mismo mes y año.

En el caso concreto, según consta de la razón asentada al reverso de la foja doce del presente expediente, la demanda se presentó en el domicilio particular del funcionario autorizado por el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recibir demandas y promociones de término, el martes treinta de enero de dos mil siete, esto es, el último día del plazo, por lo que es evidente que es oportuna.

TERCERO. Legitimación del promotor de la acción. Se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Suscribe la demanda Eduardo Medina Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo, por parte del presidente de la República.(2)

De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el procurador general de la República podrá ejercitar la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales, entre otras y, si en el caso, dicho funcionario ejercita la acción en contra de los artículos 17, 18, 19 y 20 de la "Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Arivechi, Sonora, para el ejercicio fiscal 2007", esto es, de una ley estatal, es inconcuso que cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.

Apoyan la conclusión anterior las tesis de jurisprudencia números P./J. 98/2001(3) y P./J. 92/2006,(4) de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES." y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ESTÁ LEGITIMADO PARA SOLICITAR LA INVALIDEZ DE UNA LEY MUNICIPAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO ESTATAL."

No es obstáculo a lo anterior lo argumentado por el Congreso Local en el sentido de que debe sobreseerse la acción de inconstitucionalidad en atención a que Eduardo Medina Mora Icaza, no acreditó de manera fehaciente su personalidad como procurador general de la República, ya que únicamente exhibió el nombramiento expedido a su nombre por el presidente de la República, sin acreditar su ratificación por el Senado de la República.

Lo anterior es así, porque para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es un hecho público y notorio que Eduardo Medina Mora Icaza es actualmente el procurador general de la República, pues esta situación es un acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna, por tanto, al ser un hecho notorio, la ley lo exime de su prueba por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió y donde se tramita el procedimiento.

Además, también es un hecho público y notorio que la Cámara de Senadores en su sesión de siete de diciembre de dos mil siete ratificó el nombramiento de Eduardo Medina Mora Icaza como procurador general de la República, tomando protesta este último en dicha fecha ante la citada Cámara.(5)

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 74/2006,(6) de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO."

CUARTO. Causas de improcedencia. En virtud de que en este asunto no se hacen valer causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguno, se debe proceder al estudio de los conceptos de invalidez que hace valer el accionante.

QUINTO. Estudio de fondo. (Tema: Multas fijas). Enseguida analizaremos la impugnación que el promovente hace respecto de los artículos 17, 18, 19 y 20 de la "Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Arivechi, Sonora, para el ejercicio fiscal 2007", en tanto que considera que en ellos se prevén multas fijas que son contrarias a los artículos 16 y 22, primer párrafo, de la Constitución Federal.

En principio, conviene precisar ¿qué es lo que se ha entendido por multa fija?

El artículo 22 de la Constitución Federal(7) establece que están prohibidas, entre otras penas, la multa excesiva.

Ya en diversos precedentes nos hemos pronunciado sobre este tema, en el sentido de que una multa es excesiva cuando la ley que la prevé no da posibilidad a quien debe imponerla, de determinar su monto o su cuantía, esto es, de considerar la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad de la infracción, a fin de individualizar el monto de la multa. Este criterio se plasmó en la tesis de jurisprudencia P./J. 9/95,(8) de rubro "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE."

Así, la imposición de multas o sanciones debe ser proporcional a la infracción cometida, para lo cual deben considerarse diversos elementos, de lo contrario, resultará excesiva.

En otras palabras, las multas deben guardar una relación de proporcionalidad frente a la infracción realizada, a fin de establecer su cuantía, para lo cual deberá considerarse la reincidencia, las posibilidades económicas del infractor, la gravedad del ilícito, etcétera.

En este sentido, para que una multa sea acorde al Texto Constitucional, debe contener un parámetro establecido en cantidades o porcentajes mínimos y máximos, que permitan a las autoridades facultadas para imponerlas, determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su capacidad económica, la reincidencia o cualquier otro elemento del que se desprenda la levedad o gravedad de la infracción, ya que de lo contrario, el establecimiento de multas fijas que se apliquen a todos los infractores por igual, de manera invariable e inflexible, trae como consecuencia el exceso autoritario y un tratamiento desproporcionado a los infractores. Sirven de apoyo, las tesis de jurisprudencia P./J. 102/99(9) y P./J. 17/2000,(10) de rubros: "MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES." y "MULTAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE FIJAS LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREVÉN UNA SANCIÓN MÍNIMA Y UNA MÁXIMA."

Ahora bien, en el único concepto de invalidez planteado, el promovente aduce esencialmente que los artículos impugnados establecen diversas multas fijas, que son contrarias al artículo 22 de la Constitución Federal, ya que no prevén los mínimos y máximos de la sanción económica que la autoridad municipal deberá tomar en cuenta al aplicarla.

Los artículos 17, 18, 19 y 20 de la "Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Arivechi, Sonora, para el ejercicio fiscal 2007", establecen lo siguiente:

"Artículo 17. Se impondrá multa equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en la cabecera del Municipio.

"a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223, fracción VII de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora."

"Artículo 18. Se impondrá multa equivalente a 5 veces el salario mínimo general vigente en la cabecera del Municipio.

"a) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito.

"b) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación del vehículo.

"Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad.

"c) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsito de vehículos.

"d) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas."

"Artículo 19. Se aplicará multa equivalente a 2 veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones:

"a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los peatones en las áreas respectivas."

"Artículo 20. Se aplicará multa equivalente a 1 vez el salario mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones.

"a) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento."

Los artículos impugnados, en términos generales establecen que:

1. Se impondrá una multa equivalente a diez veces el salario mínimo general vigente en la cabecera del Municipio, y arresto hasta por treinta y seis horas, a quien conduzca vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes, siempre que no constituya delito (artículo 17).

2. Se impondrá multa equivalente a cinco veces el salario mínimo general vigente en la cabecera del Municipio a quien: a) circule con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, las placas sean alteradas, estén vencidas o no le correspondan a dicho vehículo; b) siendo el propietario o poseedor del vehículo, permita que lo conduzcan personas menores de dieciocho años o que carezcan del permiso respectivo; c) a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, cuando permitan que un menor de dieciocho años conduzca un vehículo sin el permiso correspondiente; d) causen daños en la vía pública o en los bienes del Estado o del Municipio, con motivo del tránsito de vehículos; e) realicen competencias de velocidades o aceleración de vehículo en vías públicas (artículo 18).

3. Se aplicará una multa equivalente a dos veces el salario mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio a quienes no reduzcan la velocidad en zonas escolares, y no den preferencia de paso a los peatones en dichas áreas (artículo 19).

4. Se aplicará multa equivalente a una vez el salario mínimo diario vigente en la cabecera del Municipio, a quien salga intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento (artículo 20).

Como puede advertirse, las normas impugnadas establecen que la autoridad municipal sancionará diversas multas específicamente señaladas en días de salarios mínimos vigentes en la cabecera municipal, a quienes cometan diversas infracciones en materia de tránsito.

Por consiguiente, al prever los artículos impugnados diversas multas específicas en días de salarios mínimos generales vigentes en la cabecera municipal a quienes cometan diversas infracciones en materia de tránsito; esto es, multas fijas, entonces efectivamente vulneran el artículo 22 constitucional, toda vez que la autoridad facultada para imponerlas no tiene la posibilidad para determinar en cada caso su monto o cuantía, tomando en cuenta el daño causado a la sociedad, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la magnitud del hecho infractor y de ahí, la multa que corresponda imponer a quien lo cometió.

No es obstáculo a la conclusión alcanzada lo argumentado por el gobernador del Estado y por el Congreso Local, en el sentido de que debe atenderse a la finalidad de las multas y que el hecho de que las normas impugnadas establezcan un monto específico de una determinada cantidad de salarios mínimos, por sí mismas, no son desproporcionales y no deben considerarse como fijas, toda vez que el mínimo de multa a aplicarse que debe tomar en cuenta la autoridad sancionadora está estrechamente relacionado con el artículo 22 de la Constitución Federal, pues en ella se establece el monto mínimo que debe cobrarse a aquellas personas que demuestren ser obreros o asalariados, obteniendo así como elemento mínimo a aplicarse un salario mínimo o jornal y una multa máxima equivalente a los salarios mínimos establecidos en la ley de ingresos impugnada.

Efectivamente, como antes se razonó, para que una multa no resulte excesiva la ley que la establece debe permitir a la autoridad fijar su cuantía de manera individualizada, situación que en el caso no acontece, pues los preceptos impugnados establecen diversos montos fijos que no permiten a la autoridad atender a las diversas circunstancias a que se ha hecho referencia y que deben ser consideradas para respetar la Norma Suprema, con independencia del fin que persiga la imposición de la sanción.

Además, es inexacto que dichas multas estén estrechamente relacionadas con el artículo 22 de la Constitución Federal, pues este precepto constitucional no establece ningún monto mínimo que deba cobrarse a obreros o asalariados -tal como lo aduce el Congreso Local-, sino que ello está previsto en el diverso artículo 21 constitucional y únicamente se refiere a los casos en que la autoridad administrativa aplicará sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, fijando como mínimo el importe de su jornal o salario de un día cuando se trate de jornaleros, obreros o trabajadores, mientras que tratándose de trabajadores no asalariados la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

Al haber resultado fundado el concepto de invalidez relativo a la violación del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también se vulnera el artículo 16 constitucional, que prevé el principio de legalidad.

En estas condiciones, al ser violatorios del primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Federal, debe declararse la invalidez de los artículos 17, 18, 19 y 20 de la "Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Arivechi, Sonora, para el ejercicio fiscal 2007."

Finalmente conviene precisar que en similares términos se pronunció este Tribunal Pleno al resolver en la sesión pública de veinticinco de mayo de dos mil seis, por unanimidad de ocho votos,(11) las acciones de inconstitucionalidad 1/2006,(12) 2/2006(13) y 3/2006,(14) 4/2006,(15) 5/2006,(16) 6/2006,(17) 7/2006,(18) 8/2006(19) y 9/2006.(20)

SEXTO.-Efectos. De conformidad con los artículos 73 y 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,21 la invalidez decretada surtirá sus efectos a partir del día siguiente a la legal notificación de la presente ejecutoria al Congreso Local.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

SEGUNDO.-Se declara la invalidez de los artículos 17, 18, 19 y 20 de la "Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Arivechi, Sonora, para el ejercicio fiscal 2007", en términos del considerando quinto de la presente ejecutoria.

TERCERO.-La declaratoria de invalidez de las normas impugnadas surtirá efectos en términos del último considerando de esta ejecutoria.

CUARTO.-Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Sonora y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y al Municipio de Arivechi, Sonora y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión celebrada el veintiocho de junio de dos mil siete, puesto a votación el proyecto, se aprobó por unanimidad de once votos; el señor Ministro Franco González Salas salvó su criterio respecto de las multas fijas y reservó, como la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas, su derecho de formular voto concurrente, y el señor Ministro Cossío Díaz reservó el suyo para formularlo en cuanto a las facultades del Pleno para imprimir efectos específicos a las declaraciones de invalidez.

__________________

1. "Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente."

2. Foja 13 del expediente.

3. Novena Época, Pleno, Tomo XIV, septiembre de 2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 823.

4. Novena Época, Pleno, Tomo XXIV, julio de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 818.

5. Esto se acredita con el Diario de Debates de la Cámara de Senadores de 7 de diciembre de 2006.

6. Esta tesis fue emitida por el Pleno, y es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXIII, junio de 2006, en la página 963, y su texto es el siguiente: "Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento."

7. "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales."

8. Esta tesis fue emitida por el Tribunal Pleno y es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, julio de 1995, en la página 5 y su texto es el siguiente: "De la acepción gramatical del vocablo ‘excesivo’, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al Texto Constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda."

9. Esta tesis fue emitida por el Tribunal Pleno y es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, en la página 31 y su texto es el siguiente: "Esta Suprema Corte ha establecido, en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/95, que las leyes que prevén multas fijas resultan inconstitucionales por cuanto al aplicarse a todos por igual de manera invariable e inflexible, propician excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares; sin embargo, no pueden considerarse fijas las multas establecidas por el legislador en porcentajes determinados entre un mínimo y un máximo, porque con base en ese parámetro, la autoridad se encuentra facultada para individualizar las sanciones de conformidad con la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor."

10. Esta tesis fue emitida por el Tribunal Pleno y es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, en la página 59 y su texto es el siguiente: "El establecimiento de multas fijas es contrario a los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución, por cuanto que al aplicarse a todos los infractores por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares. En virtud de ello, los requisitos considerados por este Máximo Tribunal para estimar que una multa es acorde al Texto Constitucional, se cumplen mediante el establecimiento, en la norma sancionadora, de cantidades mínimas y máximas, lo que permite a la autoridad facultada para imponerla, determinar su monto de acuerdo a las circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su capacidad económica y la gravedad de la violación."

11. No asistieron los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz y Azuela Güitrón.

12. Fue ponente la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

13. Fue ponente el Ministro Sergio A. Valls Hernández.

14. Fue ponente el Ministro Juan Díaz Romero.

15. Fue ponente el Ministro Genaro David Góngora Pimentel.

16. Fue ponente el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

17. Fue ponente el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

18. Fue ponente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

19. Fue ponente el Ministro Juan N. Silva Meza.

20. Fue ponente la Ministra Olga Sánchez Cord

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20462-f56ab9aa/multas-fijas-los-articulos-17-18-19-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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