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Modo: Corpus Pro

DEPOSITARIOS JUDICIALES E INTERVENTORES CON CARGO A LA CAJA EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. PARA RESOLVER SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LA CAUCIÓN PARA GARANTIZAR SU CARGO PROCEDE APLICAR SUPLETORIAMENTE LA LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 140/2006-PS. · Registro digital (IUS): 20537
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO (ANTERIORMENTE SEGUNDO TRIB
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, , Pág. 80.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 140/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO (ANTERIORMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO) Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que se trata de una denuncia sobre una posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, que versan sobre asuntos de materia civil de la competencia exclusiva de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de persona legítima, pues la realizó una de las partes que intervino en el juicio que dio origen al criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (AR. 261/2006), de acuerdo con lo establecido en el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las consideraciones de la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, pronunciada el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis, en el amparo en revisión 228/96, derivaron de los siguientes antecedentes:

1. La parte quejosa fue demandada en un juicio ejecutivo mercantil.

2. Al ser requerida sobre el pago del monto de lo demandado, por no haber realizado la entrega le fue embargada la empresa, en grado de intervención.

Una vez contestada la demanda, solicitó al Juez que con apoyo en el artículo 436, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado supletoriamente en la materia mercantil, fijara una caución al depositario interventor de la empresa para garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar con el desempeño de su cargo.

El Juez del conocimiento se negó acordar favorablemente dicha petición, y en cambio a solicitud de la actora decretó varias medidas relacionadas con tal embargo, por lo que la parte demandada interpuso recurso de revocación.

El mencionado recurso fue declarado improcedente y en contra de esa determinación la demandada promovió juicio de amparo indirecto.

3. El Juez de Distrito concedió el amparo solicitado, al considerar que el Juez ante el cual se tramitó el juicio ejecutivo mercantil, debió acordar favorablemente la solicitud de caución hecha por la parte demandada, con fundamento en el artículo 436, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, y por ello debía fijar el otorgamiento de una fianza al "depositario judicial" para caucionar su manejo.

4. En contra de dicha sentencia la tercero perjudicada (actora en el juicio natural) interpuso recurso de revisión, y en la resolución de veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis, el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito confirmó la sentencia recurrida, y concedió el amparo solicitado con apoyo en las siguientes consideraciones:

Que contrariamente a lo aducido por la recurrente, no tenía aplicación en el caso el artículo 1179 del Código de Comercio, para el efecto de exonerar al "depositario judicial" de caucionar el manejo de su cargo, ya que en el código referido no existe disposición alguna que regule la situación de los depositarios judiciales, en relación con las obligaciones y los derechos inherentes a su cargo; por lo cual a ese respecto debía aplicarse supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, en específico el artículo 436, fracción III, de este último ordenamiento legal.

La parte relativa de la ejecutoria que guarda relación con el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, es la siguiente:

"En diverso orden de ideas, la parte inicial del primer concepto de violación expresado, es infundado. Ciertamente, el hecho de que de acuerdo a lo previsto por el normativo 1179 del Código de Comercio, en tratándose de embargo precautorio o secuestro provisional que se funde en título ejecutivo, quien lo solicita no se encuentra obligado a otorgar fianza para responder de los posibles daños y perjuicios que se causen con la ejecución del secuestro, no significa que el depositario judicial esté también exento de caucionar el manejo eficaz de su cargo, ya que tal supuesto no se infiere de la interpretación de dicho precepto legal, el que, como se aprecia de su lectura, para nada se refiere a la regulación de la situación de los depositarios judiciales respecto de su desempeño, por lo que resulta incorrecto estimar, como pretende la parte recurrente, que al tenor del dispositivo legal en estudio, es ilegal exigir caución al depositario interventor designado en el juicio natural, pues este tribunal aprecia que si fuera acertada y válida su inconformidad, entonces también serán ilegales en el caso concreto las figuras jurídicas del embargo en grado de intervención y, por ende, de depositario interventor, dado que en la codificación mercantil en comento no se hace referencia alguna respecto de las mismas. En tal virtud y atento a lo dispuesto por el artículo 1392 de la legislación en consulta, el depósito de los bienes que se embarguen en acatamiento del auto de exequendo que se dicte en un juicio ejecutivo, ha de constituirse en la persona que designe el ejecutante y bajo la responsabilidad de éste, conforme al mencionado Código de Comercio, el que debe regir, efectivamente, para todo lo que se refiere a tal responsabilidad, sin embargo no obstante que en el referido numeral 1392 se contempla la figura jurídica del depositario, ni en tal precepto legal ni en ningún otro de este código, existe disposición alguna que regule la situación de los depositarios judiciales, en relación a las obligaciones y derechos inherentes a su cargo, por lo que, en este aspecto, hay omisión de la citada Ley Mercantil y, en consecuencia, sí debe aplicarse en su defecto el Código de Procedimientos Civiles respectivo, de acuerdo con lo ordenado en los numerales 2o. y 1051 del aludido Código de Comercio en vigor y en acatamiento del criterio que este órgano colegiado comparte, contenido en la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y relacionada en tercer lugar a la tesis de jurisprudencia 614, consultable en la página 1048 de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra expresa: ‘DEPOSITARIOS JUDICIALES, RESPONSABILIDAD DE LOS. El artículo 1392 del Código de Comercio determina que los bienes embargados al deudor serán puestos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste. Como en esa legislación no existe ningún precepto que regule la situación de los depositarios judiciales, tiene que aplicarse en su defecto la ley de Procedimientos Civiles del Distrito Federal (artículo 1051) que en su artículo 560 dispone que el depositario y el actor cuando éste lo hubiere nombrado, son responsables solidariamente de los bienes. Así pues, esa responsabilidad subsiste por imperativo de la ley para el depositario y el embargante, siempre que no se rinda prueba en contrario, que es admisible por no prohibirlo expresamente la ley.’. En tal orden de ideas y habiéndose precisado que en tratándose de las obligaciones y derechos de los depositarios judiciales, respecto de su encargo existe omisión en la codificación mercantil en cita, por lo que cabe la aplicación supletoria de la legislación común, en este caso, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, el cual en su numeral 436, fracción III, establece que si el deudor lo pide o el Juez lo estima necesario, el depositario caucionará su manejo por cantidad suficiente, dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que se fije ese requisito, luego es inconcuso que tal obligación debe de cumplirla directamente el depositario por imperativo de ley, sin que sea óbice para ello lo dispuesto en la fracción III del normativo 435 del aludido código procesal local que, en su parte final, prevé que el acreedor será solidaria y mancomunadamente responsable por los actos del depositario, excepto cuando éste sea el mismo demandado, mas no previene el que tal corresponsabilidad solidaria dispense a los depositarios judiciales de caucionar su manejo que, como prerrogativa del ejecutado, precisa dicho ordenamiento legal. ... En apoyo de las anteriores consideraciones también procede invocar la tesis emitida por el entonces Pleno de nuestro más Alto Tribunal de Justicia de la Nación y que este órgano colegiado hace suya, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘DEPOSITARIO INTERVENTOR. Cuando su actuación, en un juicio ejecutivo mercantil, puede causar al quejoso daños de difícil reparación, porque dificulte las operaciones de liquidación y venta de la mercancía embargada, ocasionando, así, pérdidas, al ejecutado, es procedente, previa fianza, la suspensión de su injerencia en dichas operaciones.’, misma que aparece publicada en la página 556, del Tomo II, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación."

De esa ejecutoria se elaboró y publicó la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo IV, octubre de 1996

"Tesis: V.2o.37 C

"Página: 522

"DEPOSITARIO JUDICIAL. OBLIGACIÓN DE CAUCIONAR SU MANEJO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). Tratándose de las obligaciones y derechos de los depositarios judiciales respecto de su encargo, existe omisión al respecto en el Código de Comercio, por lo que cabe la aplicación supletoria de la legislación común, esto es, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, el cual en su artículo 436, fracción III, dispone que si el deudor lo pide o el Juez lo estima necesario, el depositario caucionará su manejo por cantidad suficiente, dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que se fije ese requisito; de ahí que es claro que tal obligación debe de cumplirla directamente el depositario por imperativo de ley, sin que para ello sea obstáculo lo dispuesto en la fracción III del artículo 435 del citado código adjetivo local que, en su parte final, dice que el acreedor será solidaria y mancomunadamente responsable por los actos del depositario, excepto cuando éste sea el mismo demandado, pues no previene el que tal corresponsabilidad solidaria dispense a los depositarios judiciales de caucionar su manejo que, como prerrogativa del demandado, establece dicho ordenamiento legal.

"Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.

"Amparo en revisión 228/96. Terracería y Desmontes, S.A. de C.V. 29 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Ernesto Encinas Villegas.

"Amparo en revisión 58/90. Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Bahía Kino Lázaro Cárdenas, Sociedad Civil Limitada. 16 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretario: Javier Leonel Báez Mora."

CUARTO. El criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenido en la ejecutoria de cuatro de febrero de dos mil, dictada en el amparo en revisión 3903/99, tuvo como antecedentes los siguientes hechos:

1. En contra de la parte quejosa se promovió un juicio ejecutivo mercantil, en el cual le fueron embargados bienes.

2. Enseguida se opuso para que el interventor con cargo a la caja designado por la parte actora, tomara posesión de su cargo, por lo cual la demandada fue requerida para que diera posesión al citado interventor de los bienes embargados.

3. En contra de esta última determinación interpuso recurso de apelación y la autoridad responsable confirmó la resolución apelada, con base en que eran inoperantes los agravios de la apelante, en virtud de que la designación de intervención con cargo a la caja no se hizo en el auto apelado, sino en uno anterior, por cuya razón correspondía impugnar el que aprobó dicha designación, en lugar del que ordenó poner en posesión de su cargo al citado depositario.

4. Por esa razón la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto en el cual reclamó la resolución recaída a ese recurso de apelación.

5. El Juez de Distrito negó el amparo solicitado, pues consideró que la parte quejosa no controvirtió la totalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, y por ello resultaban inoperantes sus conceptos de violación.

6. Inconforme con esa resolución la quejosa interpuso recurso de revisión.

7. En la sentencia de cuatro de febrero de dos mil, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo solicitado.

El sustento de dicha confirmación radicó en que si bien en el Código de Comercio no está prevista expresamente la institución del depositario interventor con cargo a la caja, es suficiente con que regule el embargo, para que en relación con éste opere la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles local, "en toda aquello relativo a esa figura."

La parte considerativa, concerniente a esa consideración, se advierte de la siguiente transcripción correspondiente a la ejecutoria que se examina:

"Con independencia de lo anterior, de haberse analizado por el Juez de Distrito el argumento que planteó en su demanda de garantías, lo debió declarar infundado. Ello, porque la supletoriedad de una ley opera cuando el ordenamiento que se pretende suplir lo admita y señala el estatuto supletorio: que aquel prevea la institución jurídica de que se trate; que no obstante esa previsión, las normas existentes sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, que sea inherente a una facultad del órgano jurisdiccional a fin de cumplir cabalmente con su función de administrar justicia; y que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. En el caso de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que regula el Código de Comercio, no se previene expresamente la institución jurídica relativa al depositario interventor con cargo a la caja; pero basta que sí esté regulado el embargo, para que respecto de éste, opere la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles local, en todo aquello relativo a esa figura, puesto que el embargo es en sí mismo, la medida cautelar que permite al acreedor asegurar el pago de su crédito y dependerá de la naturaleza del objeto materia del embargo, que opere lo que al respecto establece la legislación procesal local, porque de otro modo no podría darse eficacia alguna al embargo que es una fase de la diligencia de ejecución que se origina con motivo del ejercicio de la acción ejecutiva, en términos de los artículos 1392 a 1396 del Código de Comercio."

El anterior criterio originó la siguiente tesis aislada:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XI, abril de 2000

"Tesis: I.3o.C.175 C

"Página: 943

"DEPOSITARIO INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA, DESIGNADO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES LOCAL. En la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que regula el Código de Comercio, no se previene expresamente la institución jurídica relativa al depositario interventor con cargo a la caja; pero como sí está regulado el embargo, opera la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles local, en todo aquello relativo a esa figura, puesto que el embargo en sí mismo, es la medida cautelar que permite al acreedor asegurar el pago de su crédito, y dependerá de la naturaleza del objeto embargado, que opere lo que al respecto establece la legislación procesal local, porque de otro modo no podría darse eficacia alguna al embargo, que es una fase de la diligencia de ejecución que se origina con motivo del ejercicio de la acción ejecutiva, en términos de los artículos 1392 a 1396 del Código de Comercio."

QUINTO. El criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, derivado de la ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil seis, correspondiente al amparo en revisión 261/2006, se describe a continuación:

1. La parte quejosa promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de los terceros perjudicados, a quienes se les embargaron bienes y se designó como depositario de éstos a la parte actora.

2. En seguida el Juez se negó a acordar favorablemente una solicitud de los demandados sobre otorgamiento de fianza a cargo del depositario, porque no estaba determinado el valor de los bienes embargados.

3. En contra de esa determinación la parte demandada interpuso recurso de apelación, y la Sala Civil declaró fundado el recurso de apelación y modificó el auto apelado, al estimar que debía señalarse el monto de la garantía que habría de otorgar el depositario, con fundamento con el artículo 463 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia mercantil.

4. En contra de lo resuelto en la apelación, la demandante promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito concedió el amparo solicitado, básicamente porque el artículo 1392 del Código de Comercio regula lo relativo al depósito de los bienes embargados, en cuanto a los requisitos que debe reunir el depositario, fundamentalmente el consistente en que el mencionado depósito debe tenerlo la persona designada bajo la responsabilidad del acreedor, y por no haber contemplado el legislador otros requisitos distintos del indicado, no había motivo para considerar aplicables diversos requisitos "por las causas y motivos previstos de manera particular en la legislación procesal federal."

En ese sentido el Juez de Distrito estimó que no era aplicable el Código Federal de Procedimientos Civiles, en específico su artículo 463, ya que en su concepto se opone a lo establecido en el artículo 1392 del Código de Comercio, que no establece la obligación del depositario de otorgar fianza.

5. No conforme con dicha sentencia de amparo la parte tercero perjudicada interpuso recurso de revisión, y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito confirmó la referida sentencia protectora.

La indicada confirmación se sustentó por un lado en que si bien el artículo 1393 del Código de Comercio hace remisión expresa al Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos, esa circunstancia, como bien lo consideró el Juez de Distrito, no es determinante para permitir la aplicación del artículo 463 de dicho código procesal civil en el juicio ejecutivo mercantil, porque en su concepto el artículo 1392 del Código de Comercio establece la regla específica para el depósito de los bienes embargados al deudor, al señalar que deben ponerse bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste, sin que de su contenido se advierta la exigencia de que el depositario tenga bienes raíces suficientes para responder del secuestro, o que en su defecto otorgue fianza por la cantidad que le sea fijada.

En ese contexto el tribunal colegiado concluyó que no existía razón para aplicar supletoriamente el artículo 463 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por estar regulado en el Código de Comercio con precisión lo relacionado con el nombramiento de depositario y el depósito de los bienes embargados.

Para corroborar los términos en que sustentó su criterio, se transcribe en seguida la parte relativa de la ejecutoria del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito:

"Asimismo, resulta infundado el concepto de violación resumido en el cardinal cuatro. En efecto, debe atenderse a que la supletoriedad es una cuestión de aplicación para dar la debida coherencia al sistema jurídico, y su mecanismo se observa, por regla general, en leyes de contenido especializado frente a otras genéricas; así entonces, el carácter supletorio de una norma, resulta ser una integración y reenvío de una ley especial a otra general que fija los elementos aplicables; de ahí que se aplique para llenar una omisión procesal requerida o para interpretar sus disposiciones, de modo que se integre con principios generales contenidos en otras leyes. Cuando la remisión de una ley a otra es expresa, debe considerarse en los términos en que la ley lo prevea. Acorde con lo expuesto, y en aplicación directa al caso que nos ocupa, son requisitos necesarios e insalvables para la existencia de la supletoriedad, los que cabalmente fueron precisados por el resolutor federal, consistentes en que la institución contemplada en el procedimiento ejecutivo mercantil carezca de preceptos suficientes para su total regulación, o bien, que esa reglamentación tenga lagunas jurídicas; que la ley procesal civil federal reglamente la misma institución presentada en el juicio ejecutivo mercantil, en relación con el cual existan lagunas, y que la ley a suplir, esto es, el Código de Comercio, de manera expresa determine la aplicación de otras leyes en caso de ser necesaria la suplencia. Sentado lo anterior, y retomando el estudio de los agravios, debe señalarse que si bien el artículo 1393 del Código de Comercio hace remisión expresa al Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos, esa circunstancia, como bien lo consideró el Juez de Distrito, no es determinante para dar cabida al artículo 463 del preindicado código federal adjetivo en el juicio ejecutivo mercantil, si se tiene en cuenta el contenido del numeral 1392 de la legislación mercantil, que claramente establece la regla específica con relación al depósito de los bienes embargados al deudor, esto es, refiere que los bienes embargados deben ponerse bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste, sin que de su contenido se advierta la exigencia de que el depositario tenga bienes raíces suficientes para responder del secuestro, o que en su defecto otorgue fianza por la cantidad que le sea fijada. Así pues, el derecho que el mencionado artículo 1392 del Código de Comercio le otorga al acreedor para que los bienes embargados sean puestos en depósito de la persona que él mismo nombre bajo su responsabilidad, debe ser observado, y se debe estar consciente que no existe razón para aplicar supletoriamente el artículo 463 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por estar regulado con precisión lo relacionado con el nombramiento de depositario y al depósito de los bienes embargados; por consiguiente, no procede la aplicación supletoria de trato, porque de no ser así, se quebrantaría el contenido del referido artículo 1392 del Código de Comercio, por contrariarse las bases esenciales del sistema legal en que se sustenta tal normatividad, respecto del punto disentido."

SEXTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados referidos, que amerite ser resuelta en el fondo por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene presente el contenido de la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Esta jurisprudencia destaca que, para la existencia de una contradicción de tesis que en cuanto al fondo de la denuncia amerite ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben cumplirse los requisitos siguientes:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones de derecho esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos, y por ello no es indispensable que sean enteramente coincidentes los antecedentes de las resoluciones donde se sustentaron las tesis.

En la especie, sí se satisfacen los requisitos antes señalados, necesarios para la integración de la contradicción de tesis, en atención a lo siguiente:

Los tribunales cuyos criterios se estudian en la presente ejecutoria, examinaron una misma cuestión jurídica: La designación de depositario del embargo de bienes en juicios ejecutivos mercantiles, y si deben o no caucionar su encargo.

A ese respecto, tanto el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito como el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvieron en esencia que debe aplicarse supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles al Código de Comercio, para establecer si el depositario de los bienes embargados debe caucionar el manejo de su cargo; porque no existe disposición alguna en tal legislación mercantil que regule las obligaciones y los derechos inherentes al cargo de depositario judicial.

En sentido inverso el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró que no es aplicable la legislación procesal civil al Código de Comercio, porque el artículo 1392 de éste establece la regla específica para el depósito de los bienes embargados, y de su contenido no se advierte que el depositario debe otorgar fianza para responder del secuestro.

Como se aprecia, sí existe la contradicción de tesis, pues los criterios sustentados por los tribunales contendientes fueron producto del análisis de los mismos elementos, es decir, de juicios ejecutivos mercantiles, en los cuales se embargaron bienes, se designaron depositarios de éstos, y se tomaron determinaciones sobre la aplicación supletoria de la legislación procesal civil tanto federal como local al Código de Comercio, en relación con la obligación o carencia de ésta de otorgar caución para garantizar el cargo del depositario de los bienes embargados.

De lo anterior se desprende que los tribunales contendientes analizaron cuestiones jurídicas similares, y no obstante esto arribaron a conclusiones encontradas, pues mientras que el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostuvieron que debe aplicarse supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles al Código de Comercio, para establecer si el depositario de los bienes embargados debe caucionar el manejo de su cargo; en sentido opuesto el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró que no es aplicable la legislación procesal civil al Código de Comercio, porque éste en su artículo 1392 regula el depósito de los bienes embargados, sin requerir que el depositario otorgue fianza para responder de tal secuestro.

SÉPTIMO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que ahora sustenta esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de las consideraciones siguientes:

El tema de la presente contradicción de tesis consiste en determinar, si procede o no aplicar supletoriamente las legislaciones civiles federal o local correspondientes, al Código de Comercio, a fin de resolver sobre el otorgamiento de caución para garantizar el cargo de depositario o interventor de los bienes embargados en el juicio ejecutivo mercantil.

Como una cuestión previa se deben abordar algunos conceptos de la supletoriedad procesal en la materia mercantil.

La supletoriedad de una ley se aplica para completar una omisión en la legislación, o para interpretar sus disposiciones, de forma tal que se armonicen con principios generales contenidos en otros ordenamientos, con el fin de otorgar coherencia a una norma legal especializada con la aplicación del texto de una norma de contenido general.

Es así que el carácter supletorio de la ley corresponde a una integración derivada del reenvío de una ley especializada a otro ordenamiento legal general que fija los principios aplicables a la regulación de la ley suplida.

La supletoriedad de leyes generalmente se aplica mediante referencia expresa de un texto legal que la reconoce; de esta manera se tiene presente que los artículos 1054 y 1063 del Código de Comercio, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, respecto del procedimiento mercantil enunciaban como de aplicación supletoria al código adjetivo local, en los siguientes términos:

"Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20537-ef9eddb2/depositarios-judiciales-e-interventores-con-cargo-a-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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