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ACCIÓN REIVINDICATORIA. NO QUEDA PROBADO EL ELEMENTO PROPIEDAD NECESARIO PARA SU PROCEDENCIA, SI EL TÍTULO EXHIBIDO POR EL ACTOR TIENE COMO ANTECEDENTE CAUSAL DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN AD PERPETUAM (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 149/2007-PS. · Registro digital (IUS): 21067
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUI
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, , Pág. 12.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 149/2007-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden civil, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, en tanto fue formulada por el Magistrado propietario adscrito a la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, autoridad responsable en el juicio de amparo civil número 1093/2006 del entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito del que derivó uno de los criterios en posible contradicción, por tanto, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, conforme al cual las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis contradictorias hubieren sido sustentadas, están legitimados para denunciar la contradicción.

TERCERO. Metodología. En términos de la jurisprudencia número 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", (publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis), deben concurrir los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis:

1) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

2) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

3) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Sobre la base de las reglas mencionadas, lo que procede es examinar si en la especie existe o no contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil, ambos del Decimosexto Circuito.

CUARTO. Criterio del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimosexto Circuito (conforme al Acuerdo 52/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal). Este órgano jurisdiccional resolvió el amparo directo civil 608/2007, en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil siete. De este asunto, vale la pena mencionar los antecedentes que a continuación se indican:

La controversia civil de origen correspondió a un juicio reivindicatorio. En ella, quedó de manifiesto que el título de propiedad con que la parte actora pretendió demostrar el primer elemento de su acción, tuvo como génesis diligencias de información testimonial ad perpetuam.

En efecto, el título exhibido por la citada actora correspondió a la escritura con que se protocolizó la adjudicación a su favor del inmueble materia del conflicto, derivada de una sucesión intestamentaria.

A su vez, se exhibió en el juicio la escritura en que consta que los autores de dicha herencia adquirieron el bien a través de una operación de compraventa.

Finalmente, se exhibió también la escritura con que la persona que enajenó el inmueble a los autores de la herencia, adquirió, según, en virtud de diligencias de información testimonial ad perpetuam.

Con base en esos antecedentes, la Juez de primera instancia consideró acreditado el primer elemento de la acción reivindicatoria, bajo el argumento de que resultó suficiente que la parte actora acreditara que obtuvo el bien que reclama en virtud de un título legal adquisitivo de propiedad, como lo fue la adjudicación hereditaria de la sucesión intestamentaria aludida, así como el contrato de compraventa mencionado, que constan en escritura pública y se encuentran debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad. A la postre, dicha juzgadora declaró la procedencia de la acción y condenó a la demandada a la entrega del bien materia del conflicto.

En desacuerdo, la parte demandada apeló. En su resolución, la Sala del conocimiento, con apoyo en la jurisprudencia 91/2005 de esta Primera Sala, y lo dispuesto en los artículos 1252 del Código Civil y 731 y 734 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Guanajuato, razonó que las diligencias de información testimonial ad perpetuam no tienen el alcance de probar la propiedad, por lo que quien las promovió a su favor, sólo transmitió la posesión del inmueble en litigio, lo que trascendió hasta el título exhibido por la parte actora tornándolo ineficaz para acreditar el elemento propiedad en la reivindicación ejercitada. Consecuentemente, revocó la sentencia recurrida.

La parte actora, no conforme con esa decisión, promovió juicio de amparo directo del que conoció el aludido Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, el que en la parte conducente de su fallo expresó las consideraciones que a continuación se transcriben:

"QUINTO. Son fundados los conceptos de violación transcritos.

"En la sentencia reclamada, el Magistrado propietario de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resolvió revocar el fallo apelado, dictado el diez de abril del año en curso en el juicio ordinario civil C409/2006, promovido por el hoy quejoso José Manuel Sotelo Mojica, en contra de Esteban Gavia Mendoza, sobre acción reivindicatoria y otras prestaciones.

"Lo anterior, en virtud de que consideró procedente la excepción de falta de legitimación activa en la causa opuesta por el demandado, consistente en que el actor no era propietario del bien inmueble que pretendía reivindicar, ya que el origen de la adjudicación contenida en la escritura pública 21,812 de primero de marzo de dos mil cinco, pasada ante la fe del notario público Número 4 de San Francisco del Rincón, Guanajuato, base de la acción, lo constituían las diligencias de jurisdicción voluntaria de información testimonial ad perpetuam, promovidas por Atilano Sotelo Jacinto en el año de mil novecientos cincuenta y seis.

"En apoyo de su decisión, la autoridad responsable invocó la tesis de jurisprudencia 91/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco, surgida de la contradicción de tesis 33/2995-PS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero y Quinto del Decimosexto Circuito, cuyos datos de localización corresponden a la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, agosto de 2005, página 86, en la que se determinó que las diligencias de información ad-perpetuam resultan ineficaces para probar el elemento de propiedad necesario para ejercer la acción reivindicatoria.

"El criterio jurisprudencial en comento, es del tenor literal siguiente: ‘INFORMACIONES AD PERPETUAM. LA RESOLUCIÓN QUE EN ELLAS SE DICTE NO ES APTA PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE MATERIA DE UN JUICIO REIVINDICATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).’ De la interpretación conjunta de los artículos 731 y 734 del Código de Procedimientos Civiles y 1252 del Código Civil, ambos para el Estado de Guanajuato, se advierte que la declaración hecha en un procedimiento de jurisdicción voluntaria sobre diligencias de información ad perpetuam, sólo tiene el alcance de acreditar que se ha tenido la posesión de un inmueble, pero en ningún caso que se acreditó la propiedad y pueden servir de base para que en un juicio posterior se decida sobre la propiedad, siempre y cuando se reúnan las condiciones legales necesarias para ello. Esto es así, porque la propiedad es un derecho erga omnes por definición, mientras que la declaración hecha en las informaciones ad perpetuam sólo es oponible respecto de algunas personas. Por ello, de dichas diligencias no puede desprenderse un derecho de propiedad que no sea oponible a los demás. De igual forma, la declaración emitida en los procedimientos de jurisdicción voluntaria no tiene efectos constitutivos sino sólo declarativos, pues en ellos no existe una contención entre las partes. De esta manera, la propiedad sobre los inmuebles sólo puede acreditarse mediante el juicio contencioso en el que se han reunido las condiciones legales requeridas, por lo que las diligencias de información ad perpetuam resultan ineficaces para probar el elemento de propiedad necesario para ejercer la acción reivindicatoria.

"En contra de esta determinación, la parte quejosa manifiesta, esencialmente, que aunque su título base de la acción proviene de las diligencias de información testimonial ad perpetuam que promovió Atilano Sotelo Jacinto, como se desprende del primer testimonio expedido el once de abril de mil novecientos cincuenta y nueve por el Juez Único Municipal de Purísima de Bustos, Guanajuato, en su carácter de notario público por ministerio de ley (foja 66 a 76 del cuaderno de pruebas), en el caso debió tenerse por acreditado el primer elemento de la acción reivindicatoria que ejercitó, porque si ese poseedor originario se convirtió en propietario en virtud de la prescripción que operó en su favor, y la declaración hecha en tal sentido se tuvo como título de propiedad, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad de la mencionada ciudad, entonces estaba acreditado que el título base de la acción provenía del verdadero propietario del bien inmueble materia de la acción reivindicatoria, y además, que no es aplicable el supuesto jurídico de la jurisprudencia que se cita en el acto reclamado, porque el actor no basó su derecho para reclamar la entrega del bien inmueble cuestionado, a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria de diligencias de información testimonial ad perpetuam.

"Ahora bien, como en el presente asunto no fueron propiamente las diligencias de jurisdicción voluntaria de información testimonial ad perpetuam, el título que directamente sirvió al actor y hoy quejoso como base de su acción reivindicatoria, sino que lo fue el primer testimonio de la escritura 21,812 de primero de marzo de dos mil cinco, con la que se protocoliza el juicio relativo a la sucesión intestamentaria, promovida por José Manuel Sotelo Mojica, a bienes de Emiliana y Blasa Sotelo Mojica; documento público que deriva a su vez, de la enajenación que el promovente de las diligencias de información testimonial ad perpetuam hizo en favor de Emiliana Sotelo Mojica, según se desprende de la copia certificada del primer testimonio de la escritura pública de compraventa 2,531, de quince de marzo de mil novecientos ochenta y tres (fojas 79 a 89 del cuaderno de pruebas); en ese contexto, asiste la razón al quejoso al señalar en sus conceptos de violación que la tesis por contradicción que invocó la autoridad responsable en apoyo de su fallo, no es aplicable al caso concreto, pues ciertamente, de la lectura de su contenido y de la ejecutoria que la sustentó, no se desprende el alcance que le dio la autoridad responsable, en tanto que la misma se constriñe al caso de que es precisamente la resolución que se dicte en un procedimiento de informaciones ad perpetuam, la que directamente no puede ser apta para acreditar la propiedad del inmueble de que se trate, en un juicio reivindicatorio, y no cuando esa resolución constituye el antecedente del título que se presenta en el propio juicio, como en la especie ocurre, por lo que la autoridad responsable no estuvo en lo correcto al estimar que en el asunto sometido a su potestad no se encontraba acreditado el primero de los elementos de la acción reivindicatoria, esto es, la propiedad del bien raíz cuestionado.

"En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación expresados en la demanda, se impone conceder a la parte quejosa la protección constitucional que solicitó, haciéndose innecesario el análisis del segundo concepto de violación en el que se alega que la autoridad responsable no analizó el escrito de contestación de la parte demandada en cuanto a que con sus documentos demostraba su mejor derecho a poseer el bien inmueble controvertido, puesto que si la propia autoridad estimó que no se acreditó el primero de los elementos de la acción ejercitada por el demandante, con base en la excepción relativa opuesta por el demandado, y ello lo consideró suficiente para omitir el estudio de los restantes motivos de impugnación, en tal contexto, este órgano colegiado no puede pronunciarse en relación con las cuestiones omitidas que en su caso hubieran sido propuestas en la apelación."

Por otro lado, en el expediente firmado con motivo de la presente contradicción, el citado Tribunal Colegiado informó que en el diverso juicio de amparo directo identificado con el número 669/2007, resuelto en sesión de siete de noviembre de dos mil siete, reiteró el aludido criterio. Entre los antecedentes de ese asunto destacan los que a continuación se sintetizan:

El juicio de origen correspondió a una reivindicatoria. El título que ofreció la actora a fin de acreditar el primer elemento de su acción, provino de la adjudicación que a su favor se decretó dentro de la sucesión intestamentaria a bienes de su padre.

Asimismo, quedó probado que el autor de la sucesión adquirió el bien inmueble en controversia, a través de la resolución recaída a diligencias de información testimonial ad perpetuam.

El Juez de primera instancia consideró que con esos elementos de convicción, la actora no acreditó la propiedad del inmueble cuya reivindicación demandó, por lo que absolvió a la parte demandada de las prestaciones exigidas.

Inconforme con esa determinación, la parte actora apeló. La Sala confirmó la sentencia recurrida, sobre la base de que es inconducente que, con los testimonios de las escrituras públicas que exhibió pretenda acreditar la propiedad del inmueble cuya reivindicación reclama, ya que su título deriva de diligencias de información testimonial ad perpetuam promovidas por el autor de la sucesión que no son oponibles a terceros.

En desacuerdo con esa determinación, la parte actora promovió juicio de amparo directo del que conoció también el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, que en lo relativo expresó lo siguiente:

"QUINTO. Los conceptos de violación previamente transcritos son esencialmente fundados.

"En la sentencia reclamada, el Magistrado del conocimiento determinó confirmar la sentencia emitida el cuatro de mayo de dos mil siete, por el Juez Civil de Partido, con residencia en la ciudad de San Felipe, Guanajuato, en el juicio ordinario civil 719/2006, sobre acción reivindicatoria y otras prestaciones, promovido por María Santos Rocha Sánchez, en contra de Valentín Macías Prado.

"Los razonamientos que condujeron al tribunal de apelación a confirmar el fallo apelado, consistieron esencialmente en sostener que el título de propiedad ofrecido por la parte actora para demostrar el primer elemento de la acción reivindicatoria, relativo a la propiedad del inmueble defendido, era ineficaz, porque este provenía de la adjudicación que, a su favor, se decretó en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Regino Rocha Lira, empero, que la adquisición del inmueble en cuestión por parte del autor de la sucesión, había sido al través de una resolución judicial que decretó procedente las diligencias de información testimonial ad perpetuam promovidas por el de cujus, título que no puede ser oponible frente a terceros, ni puede ser estimado en juicio contradictorio, de conformidad con el contenido del artículo 734 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato.

"Cabe destacar que, en el caso, las diligencias de jurisdicción voluntaria de información testimonial ad perpetuam, no constituyeron propiamente el título de propiedad que la actora exhibió en el juicio de origen, para tratar de demostrar el primer elemento de la acción reivindicatoria, sino que para tal efecto, exhibió el primer testimonio de la escritura pública número 490, de fecha uno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en la que se formalizaron los autos del juicio sucesorio intestamentario número 764/1998, a bienes de Regino Rocha Lira, y la correspondiente adjudicación de la finca litigiosa a favor de la heredera universal María Santos Rocha Sánchez; documento público del que se advierte que el autor de la sucesión adquirió el inmueble al través del trámite de las diligencias de información testimonial ad perpetuam número 137/1984, protocolizadas en escritura pública número 1,331, de fecha veinticuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro.

"En esa tesitura, asiste la razón a la peticionaria del amparo, cuando aduce que la sentencia reclamada es conculcatoria de garantías, toda vez que sí acreditó la propiedad del inmueble controvertido, al haber exhibido las escrituras públicas correspondientes y que el Magistrado responsable indebidamente fundó la sentencia en el artículo 734 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato.

"En efecto, el primer párrafo del dispositivo legal en cita prescribe:

"‘Artículo 734. En el caso de la fracción II del artículo 731 si el promovente demuestra que ha tenido la posesión del inmueble, con los requisitos que exige el Código Civil para adquirirlo por prescripción, el Juez dictará resolución en tal sentido; pero dicha resolución no surtirá efectos contra persona ajena al procedimiento, ni la información testimonial rendida en jurisdicción voluntaria podrá ser estimada como tal en juicio contradictorio.’

"No obstante, debe insistirse que el título que directamente sirvió a la actora, hoy quejosa, como base de su acción reivindicatoria, fue el primer testimonio de la escritura pública 490, que contiene la protocolización del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Regino Rocha Lira, y la correspondiente adjudicación del inmueble a su favor, y no propiamente la escritura pública donde se contiene la formalización de las diligencias de información testimonial ad perpetuam promovidas por el de cujus; de ahí que no se esté en el supuesto que contempla el precepto legal reproducido.

"Ahora bien, este órgano colegiado no soslaya que el Juez de instancia apoyó su decisión, en la jurisprudencia 91/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 86, del Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, de rubro y contenido:

"‘INFORMACIONES AD PERPETUAM. LA RESOLUCIÓN QUE EN ELLAS SE DICTE NO ES APTA PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE MATERIA DE UN JUICIO REIVINDICATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). De la interpretación conjunta de los artículos 731 y 734 del Código de Procedimientos Civiles y 1252 del Código Civil, ambos para el Estado de Guanajuato, se advierte que la declaración hecha en un procedimiento de jurisdicción voluntaria sobre diligencias de información ad perpetuam, sólo tiene el alcance de acreditar que se ha tenido la posesión de un inmueble, pero en ningún caso que se acreditó la propiedad y pueden servir de base para que en un juicio posterior se decida sobre la propiedad, siempre y cuando se reúnan las condiciones legales necesarias para ello. Esto es así, porque la propiedad es un derecho erga omnes por definición, mientras que la declaración hecha en las informaciones ad perpetuam sólo es oponible respecto de algunas personas. Por ello, de dichas diligencias no puede desprenderse un derecho de propiedad que no sea oponible a los demás. De igual forma, la declaración emitida en los procedimientos de jurisdicción voluntaria no tiene efectos constitutivos sino sólo declarativos, pues en ellos no existe una contención entre las partes. De esta manera, la propiedad sobre los inmuebles sólo puede acreditarse mediante el juicio contencioso en el que se han reunido las condiciones legales requeridas, por lo que las diligencias de información ad perpetuam resultan ineficaces para probar el elemento de propiedad necesario para ejercer la acción reivindicatoria.’

"Sin embargo, de la lectura de su contenido y de la ejecutoria que la sustentó, no se desprende el alcance que se le dio, en tanto que la misma se constriñe al caso de que es precisamente la resolución que se dicte en un procedimiento de informaciones ad perpetuam, la que directamente no puede ser apta para acreditar la propiedad del inmueble de que se trate, en un juicio reivindicatorio, y no cuando esa resolución constituye el antecedente del título que se presenta en el propio juicio como en la especie ocurre.

"Por tanto, los artículos 731 y 734 del código adjetivo civil, que interpreta la jurisprudencia previamente reproducida, y en los que se fundó la resolución reclamada para confirmar el fallo apelado, no son aplicables en la especie, merced a que la acción ejercitada en el juicio natural, fue la reivindicatoria.

"En tal sentido, la Sala responsable no estuvo en lo correcto en estimar que en el asunto sometido a su potestad no se encontraba acreditado el primero de los elementos de la acción reivindicatoria, esto es, la propiedad del bien raíz cuestionado.

"En mérito de lo anterior, existe transgresión a la garantía de legalidad y seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución, por lo que debe concederse el amparo solicitado.

"Es de señalarse que dado el sentido del presente fallo, se torna innecesario el estudio de los restantes motivos de queja, debido a que su análisis a nada conduciría, de acuerdo con lo que establece la jurisprudencia 107 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 85, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, intitulada: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’."

QUINTO. Criterio del entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito (conforme al Acuerdo 52/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal). Este órgano jurisdiccional resolvió el amparo directo civil número ADC. 1093/2006, el quince de febrero de dos mil siete, del que destacan los siguientes antecedentes relevantes:

La controversia natural versó sobre un juicio reivindicatorio. La actora exhibió como título de propiedad del bien a reivindicar, las escrituras públicas en que consta la operación con que adquirió, por compraventa, el predio en disputa, así como también consta la modificación de medidas y linderos del mismo predio, convenida con el propio vendedor.

De igual modo, obra en el juicio copia certificada de las constancias obtenidas en el Registro Público de la Propiedad, de las que se advierte que quien enajenó dicho inmueble a la parte actora, lo adquirió por medio de diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam.

El Juez de primera instancia declaró que dicha actora probó el elemento propiedad de su acción reivindicatoria intentada, y advirtiendo la materialización de los otros dos elementos, condenó a la demandada a la desocupación y entrega del inmueble.

La parte demandada apeló. La Sala que conoció del recurso confirmó la sentencia recurrida, sobre la base de que -sostuvo en la parte que interesa- el título que presentó la actora para demostrar el primer elemento de su acción, no fue propiamente el relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam, sino un documento expedido con posterioridad como lo es una escritura de compraventa, lo que no dejó lugar a duda -indicó- que la actora era la propietaria del bien a reivindicar.

En contra de esa determinación, la parte demandada promovió juicio de amparo directo del que conoció el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, que concedió el amparo en los siguientes términos:

"SÉPTIMO. Es esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo, el concepto de violación mediante el cual alega la parte quejosa que la actora en el juicio natural no demostró tener realmente un título de propiedad sobre el inmueble cuya reivindicación se demandó, ya que la escritura pública de compraventa exhibida por la accionante tiene como antecedente de propiedad un título derivado de la tramitación de informaciones testimoniales ad perpetuam en vía de jurisdicción voluntaria.

"Cabe precisar en principio que la persona moral denominada Plaza Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio civil ordinario contra Armando Torres Balderas y Luz María Leyva Moreno, reclamándoles las siguientes prestaciones:

"‘A) La restitución con sus frutos y accesiones del bien inmueble consistente en el lote y construcciones (vivienda), correspondiéndole el número 49, ubicado en el lote 2 de la manzana 3 y cuya arteria o calle se le ha denominado Biznagas del Conjunto Habitacional (fraccionamiento) denominado «Las Biznagas», de esta ciudad de Guanajuato capital, que de acuerdo al plano donde se aprueba la modificación de traza del fraccionamiento de fecha diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, expedido por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, antes Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Guanajuato, Guanajuato, y que en copia certificada se agrega a la presente, le corresponde el lote 2 de la manzana 3, por ser de la exclusiva propiedad y dominio de nuestra representada Plaza Industrial, S.A. de. C.V., y que se encuentra dentro del predio propiedad de ésta, en donde se está desarrollando el fraccionamiento mencionado. Inmueble cuyas medidas y colindancias quedarán debidamente precisadas y detalladas en el capítulo de hechos correspondiente de la presente. B) El pago de los daños y perjuicios que han originado a nuestra representada los hoy demandados con motivo de la posesión indebida del inmueble mencionado en el punto inmediato anterior y que son consecuencia inmediata de la negativa de los demandados a entregar dicho inmueble a nuestra representada; y los que se sigan generando hasta la total conclusión del presente juicio, mismos que se precisarán en el capítulo de hechos correspondiente y se proporcionarán las bases mediante las cuales deberán de liquidarse los mismos, a fin de dar cumplimiento al criterio sostenido por nuestro Máximo Tribunal Federal en tal sentido y los cuales solicito se regulen en el incidente respectivo, en términos de lo dispuesto por el artículo 362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato. C) El pago de los intereses legales que generen las sumas de dinero que se obtengan por motivo de la liquidación de las prestaciones inmediatas anteriores que se reclaman, en términos de lo dispuesto por el artículo 1895 de la ley sustantiva civil del Estado de Guanajuato. D) El pago de gastos y costas que la presente instancia origine en términos de lo dispuesto por el artículo 1610 del Código Civil del Estado y lo dispuesto por el artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato.

"‘En la contestación de demanda se sostuvo, en otras cuestiones, que la parte actora carecía de título de propiedad, atento a que el contrato de compraventa tenía como antecedente un título derivado de la tramitación de informaciones testimoniales ad perpetuam.

"‘El Juez de primera instancia declaró procedente únicamente la acción reivindicatoria y tal decisión fue confirmada por la Sala responsable, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia.

"‘Destacado lo anterior se procede al estudio del concepto de violación que se considera fundado y suficiente para conceder el amparo.

"‘Los quejosos sostienen en esencia que, contrariamente a lo considerado por el tribunal de apelación en el fallo reclamado, la actora en el juicio natural no demostró tener realmente un título de propiedad sobre el inmueble cuya reivindicación se demandó, ya que la escritura pública de compraventa exhibida por la accionante tiene como antecedente de propiedad un título derivado de la tramitación de informaciones testimoniales ad perpetuam en vía de jurisdicción voluntaria.

"‘Tal motivo de inconformidad es esencialmente fundado por las razones que se exponen a continuación.

"‘La parte actora, a efecto de probar que es actual propietaria del bien inmueble cuya reivindicación se demandó, exhibió los siguientes documentos:

"‘1) Copia certificada de la escritura pública número 197 de dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y dos, pasada ante la fe del notario público número 6 de esta ciudad capital, mediante la cual se protocolizaron las diligencias de jurisdicción voluntaria de información testimonial ad perpetuam respecto a una fracción de terreno de la Exhacienda de Santa Teresa, en Guanajuato, Guanajuato, promovidas por Carlos Páramo Alvarado ante el entonces Juzgado Único Civil de Primera Instancia residente en esta ciudad capital, mismas que se tramitaron en el expediente número 233/1962.

"‘2) Copia de la escritura pública número 4,335 de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, pasada a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21067-b97f0bc1/accion-reivindicatoria-no-queda-probado-el-elemento-propiedad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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