Corpus
Modo: Corpus Pro

FIANZAS PENALES PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO. LA OMISIÓN DE REQUISITOS FORMALES EN EL REQUERIMIENTO DE PAGO, CONDUCE A SU NULIDAD PARA EFECTOS Y NO A UNA EXCEPCIONAL (INAPLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 189/2004). FIANZAS PENALES PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y LA MULTA. ES INDISPENSABLE ACOMPAÑAR AL REQUERIMIENTO DE PAGO COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA EJECUTORIA QUE LAS IMPONGA COMO PENA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 330/2007. · Registro digital (IUS): 20541
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FIANZAS MONTERREY, S.A.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, , Pág. 1722.

AMPARO DIRECTO 330/2007. FIANZAS MONTERREY, S.A.

CONSIDERANDO:

SEXTO. En su único concepto de violación la parte quejosa aduce que la Sala Regional omitió considerar que en el requerimiento de pago impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se acreditó la exigibilidad de la póliza de fianza que fue emitida para garantizar la reparación del daño, lo que resulta ineludible, pues su obligación está en función de que se haya condenado a la fiada a cubrir esa sanción; finalmente agrega la impetradora, que son inaplicables las tesis invocadas por la Sala, ya que éstas se refieren a la garantía otorgada respecto de la libertad provisional.

Como se ve, lo que discute en este juicio de amparo la impetradora, es la decisión asumida por la Sala Regional en el considerando noveno de la sentencia reclamada, conforme al cual, la copia certificada de la sentencia que condene a la reparación del daño y a la multa, no es uno de los documentos que deben adjuntarse al requerimiento de pago, pues el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla no lo dispone así.

Antes del estudio del problema jurídico planteado, cabe destacar que en el requerimiento de pago impugnado en el juicio contencioso se persigue hacer efectivas las pólizas de fianza FS 224942, FS 224943 y FS 224944; en la inteligencia que la primera se expidió para garantizar "la libertad personal de ..." (foja 44); la segunda para "la reparación del daño causado" (foja 43); y la tercera para "la probable multa a imponer, en caso de ser procedente, a la procesada" (foja 45).

En esta tesitura, la autoridad demandada adjuntó al requerimiento en copia certificada la siguiente documentación:

"... Se anexa como base del presente requerimiento la siguiente documentación en copia debidamente certificada:

"I. Mi nombramiento marcado con el número 05072, expediente 25447, de fecha 12 de marzo de 1990 que acredita mi personalidad como directora de asuntos jurídicos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla.

"II. Pólizas de fianzas números FS 224943, FS 224942 y FS 224944, todas ellas de fecha 22 de septiembre de 1998.

"III. Auto de fecha 14 de mayo de 2002, dictado por el Juez de Defensa Social del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dentro del proceso 430/1997 que se instruye contra ... por el delito de fraude, en el que ordenó requerir a la garante la presentación de su fiada.

"IV. Oficio número 2195 de fecha 14 de mayo de 2002, por medio del cual la autoridad judicial requirió a ‘Fianzas Monterrey Aetna, S.A.’, la presentación de su fiada, mismo en el que consta la firma y fecha de recepción de fecha 22 del mismo mes y año.

"V. Oficio número 5874 de fecha 21 de noviembre de 2002, signado por el Juez de Defensa Social del Distrito Judicial de Cholula Puebla, y remitido a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla, por medio del cual solicita se hagan efectivas las pólizas de fianzas referidas." (fojas 40 y 41).

Y en el acto coactivo de cobro concluyó:

"Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o., 95, 95 bis, 118 y 130 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se le requiere:

"ÚNICO. El pago de la cantidad de $587,864.00 (quinientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), con cargo a las pólizas de fianzas números FS 224943, FS 224942 y FS 224944, todas ellas de fecha 22 de septiembre de 1998, otorgadas ante el Juzgado de Defensa Social del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para garantizar a nombre de ... la reparación del daño, la libertad personal que se le concedió en el proceso 430/97, instruido en su contra por el delito de fraude, la probable multa a imponer, apercibiéndole que si dentro del plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba este documento y sus anexos, no realiza el pago de la cantidad que se le reclama en términos del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se solicitará a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas remate en bolsa, valores de su propiedad." (foja 41).

De esta suerte, se colige que el procedimiento de cobro se sustenta en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el que tiene por texto:

"Artículo 95. Las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas a elección del beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 93 y 93 bis de esta ley, o bien, de acuerdo con las disposiciones que a continuación se señalan y de conformidad con las bases que fije el reglamento de este artículo, excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación:

"I. Las instituciones de fianzas estarán obligadas a enviar según sea el caso, a la Tesorería de la Federación, a la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, o bien a las autoridades estatales o municipales que correspondan, una copia de todas las pólizas de fianzas que expidan a su favor;

"II. Al hacerse exigible una fianza a favor de la Federación, la autoridad que la hubiere aceptado, con domicilio en el Distrito Federal o bien en alguna de las entidades federativas, acompañando la documentación relativa a la fianza y a la obligación por ella garantizada deberá comunicarlo a la autoridad ejecutora más próxima a la ubicación donde se encuentren instaladas las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien a la del domicilio del apoderado designado por la institución fiadora para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"La autoridad ejecutora facultada para ello en los términos de las disposiciones que le resulten aplicables, procederá a requerir de pago, en forma personal, o bien por correo certificado con acuse de recibo, a la institución fiadora, de manera motivada y fundada, acompañando los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza, en los establecimientos o en el domicilio del apoderado designado, en los términos a que se hace cita en el párrafo anterior.

"Tratándose del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el requerimiento de pago, lo llevarán a cabo en los términos anteriores, las autoridades ejecutoras correspondientes.

"En consecuencia, no surtirán efecto los requerimientos que se hagan a los agentes de fianzas, ni los efectuados por autoridades distintas de las ejecutoras facultadas para ello;

"III. En el mismo requerimiento de pago se apercibirá a la institución fiadora, de que si dentro del plazo de treinta días naturales, contado a partir de la fecha en que dicho requerimiento se realice, no hace el pago de las cantidades que se le reclaman, se le rematarán valores en los términos de este artículo;

"IV. Dentro del plazo de treinta días naturales señalado en el requerimiento, la institución de fianzas deberá comprobar, ante la autoridad ejecutora correspondiente, que hizo el pago o que cumplió con el requisito de la fracción V. En caso contrario, al día siguiente de vencido dicho plazo, la autoridad ejecutora de que se trate, solicitará a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se rematen en bolsa, valores propiedad de la institución, bastantes para cubrir el importe de lo reclamado;

"V. En caso de inconformidad contra el requerimiento de pago, la institución de fianzas dentro del plazo de 30 días naturales, señalado en la fracción III de este artículo, demandará la improcedencia del cobro ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la jurisdicción que corresponda a la ubicación de los establecimientos o la del apoderado designado, a que se hace cita en la fracción II, primer párrafo de este artículo, donde se hubiere formulado el citado requerimiento, debiendo la autoridad ejecutora, suspender el procedimiento de ejecución cuando se compruebe que se ha presentado oportunamente la demanda respectiva, exhibiéndose al efecto copia sellada de la misma;

"VI. El procedimiento de ejecución solamente terminará por una de las siguientes causas:

"a) Por pago voluntario;

"b) Por haberse hecho efectivo el cobro en ejecución forzosa;

"c) Por sentencia firme del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que declare la improcedencia del cobro;

"d) Porque la autoridad que hubiere hecho el requerimiento se desistiere del cobro.

"Los oficios de desistimiento de cobro, necesariamente deberán suscribirlos los funcionarios facultados o autorizados para ello."

De la formulación normativa destaca que al hacerse exigible una fianza, es menester adjuntar "la documentación relativa a la fianza y a la obligación por ella garantizada", es decir, habrán de acompañarse "los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza."

Nótese cómo el legislador hizo énfasis en que es necesario acreditar que se tiene derecho a pedir la obligación garantizada "lo cual obliga a la autoridad judicial, para no obstaculizar la efectividad de la fianza, a pronunciarse lo más pronto posible sobre tal incumplimiento (la falta de presentación del fiado por parte de la afianzadora) y, además, a comunicarlo inmediatamente a la autoridad fiscal ejecutora, acompañándole las constancias relativas a la fianza y a la obligación por ella garantizada, en términos y para los efectos a que se contrae el artículo 95 del propio ordenamiento."(1)

Por tanto, contrario a lo argumentado por la Sala Regional, para el caso de la reparación del daño y la multa, sí se perfila inexorable anexar al requerimiento de pago la copia certificada de la sentencia que las imponga como penas, en virtud a que sólo así se estará en condiciones de verificar si esas obligaciones son exigibles.

Y lo anterior obedece a que la reparación del daño y la multa constituyen sanciones que se imponen hasta que se dicta sentencia y se elucida que se llevó a cabo una conducta que constituye un delito por parte del procesado.

En otras palabras, la exigibilidad de la fianza por los conceptos mencionados (reparación del daño y multa) no se da como consecuencia de la inobservancia a las obligaciones procesales contraídas, sino de las sanciones económicas a que se haga acreedor el procesado por actitud constitutiva de delito, que no se determina sino hasta que se dicta sentencia.

Así, es claro que la exigibilidad de la garantía otorgada respecto de la reparación del daño y la multa está en función de la determinación de la comisión de un delito, lo cual se hace, valga la repetición, en la sentencia; de ahí la trascendencia de su presentación.

Ergo, entratándose de fianzas penales para garantizar la reparación del daño y la multa, es indispensable acompañar al requerimiento de pago copia certificada de la sentencia ejecutoria que las imponga como pena, con la finalidad de probar su exigibilidad, tal como lo exige el artículo 95, fracción II, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Encuentran punto de apoyo las consideraciones de este Tribunal Colegiado en la jurisprudencia 1a./J. 24/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004, página 98, de rubro y texto:

"FIANZA PENAL. CUANDO SE REVOCA LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN PORQUE EL INDICIADO INCUMPLIÓ SUS OBLIGACIONES PROCESALES, PROCEDE HACERLA EFECTIVA ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON ESE CONCEPTO. De lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que todo inculpado tiene derecho, durante la averiguación previa y en el proceso judicial, a ser puesto en libertad provisional bajo caución inmediatamente que lo solicite y siempre que se satisfagan diversos requisitos legales, entre otros: que se garantice el monto de la reparación del daño; el de las sanciones pecuniarias que puedan imponérsele, y la caución relativa al cumplimiento de las obligaciones procesales. Ahora bien, cuando se revoca la libertad provisional por el incumplimiento de las obligaciones a que se sujetó el procesado, la caución que se otorgó para gozar de tal beneficio deberá hacerse efectiva únicamente respecto del monto relativo al cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso. Ello es así, toda vez que por elemental lógica jurídica, el incumplimiento de una obligación derivada de la causa propicia la reaprehensión y hace efectiva la garantía exhibida, pero sólo por ese aspecto, y no respecto a conceptos diversos, tales como la reparación del daño y la multa, las cuales constituyen sanciones que se imponen hasta que se dicta sentencia, y se elucida que se llevó a cabo una conducta que constituye un delito por parte del procesado."

Jurisprudencia que tiene plena aplicación a este caso, pues su ratio decidendi refleja que la garantía otorgada respecto de la reparación del daño y la multa no puede hacerse exigible por el simple incumplimiento de una obligación de carácter procesal; entonces, acorde a esa conclusión y al hecho de que los conceptos mencionados se erigen como sanciones que se infligen en la sentencia, resulta palmario la necesidad de probar la condena por esos rubros, para que sea jurídicamente viable el cobro de las fianzas penales.

No pasa por alto la jurisprudencia 2a./J. 66/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 246, de contenido:

"FIANZAS PENALES. PARA GARANTIZAR LA SANCIÓN PECUNIARIA, NO ES NECESARIO ACOMPAÑAR AL REQUERIMIENTO DE PAGO COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA EJECUTORIA QUE LA IMPONE COMO PENA. Si se toma en consideración que conforme a lo dispuesto en los artículos 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 556 y 569 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, todo inculpado tiene derecho, durante la averiguación previa y en el proceso judicial, a ser puesto en libertad provisional bajo caución, inmediatamente que lo solicite y se satisfagan diversos requisitos legales, entre otros, el que se garantice el monto de la reparación del daño, el de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele y la caución relativa al cumplimiento de las obligaciones procesales, y que cuando se revoque la libertad caucional, tal determinación tendrá como consecuencia el mandar reaprehender al procesado y hacer exigibles las garantías relativas a la reparación del daño, ésta a favor de la víctima o del ofendido por el delito y las que versen sobre las sanciones pecuniarias y para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso, que se harán exigibles a favor del Estado, basta con la actualización de dicha condición, esto es, la revocación de la libertad provisional, así como acompañar al requerimiento de pago respectivo la copia certificada de la resolución por virtud de la cual se decreta la revocación de referencia, la reaprehensión del indiciado y se ordena hacer efectiva la garantía. Ello es así, puesto que la exigibilidad de las fianzas penales, entre ellas la que garantiza la sanción pecuniaria, se da como consecuencia de la inobservancia a las obligaciones procesales contraídas, de manera que es incorrecto exigir que con el requerimiento de pago respectivo se exhiba copia certificada de la sentencia ejecutoriada en la que, como pena, se imponga dicha sanción."

Jurisprudencia que no es aplicable a este asunto, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la diversa P./J. 123/2000 -ya referida en nota a pie de página-, dejó claro que en lo que concierne a las fianzas penales, la autoridad judicial debe acompañarle a la autoridad fiscal ejecutora las constancias relativas a la fianza "y a la obligación por ella garantizada"; luego, conforme a ese criterio genérico -que por cierto es obligatorio y de mayor envergadura que la jurisprudencia 2a./J. 66/2001-, habrá de valorarse en cada caso qué obligación es la que se pretende hacer efectiva, para de ese modo establecer cuáles son los documentos que debieron adjuntarse al mandamiento de ejecución.

Máxime que el propio Pleno al resolver la contradicción de tesis 39/2005-PL, suscitada con motivo de las jurisprudencias 1a./J. 24/2004 y 2a./J. 66/2001 -ya transcritas-, estimó que no había oposición de criterios, toda vez que:

"... En la especie, mientras la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el tema relativo al monto y/o rubros exigibles de la fianza penal cuando se revoca la libertad provisional por el incumplimiento de las obligaciones del procesado; en cambio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tuvo oportunidad de pronunciarse clara y centralmente sobre dicha cuestión, porque únicamente resolvió el tema relativo a los documentos que deben presentarse para hacer exigible la fianza penal cuando se revoca la libertad provisional por el incumplimiento de las obligaciones del procesado. ..."

En esta tesitura, este cuerpo colegiado tiene la aptitud de normar su criterio con la jurisprudencia 1a./J. 24/2004, sin que ello signifique apartarse de la diversa 2a./J. 66/2001; en otras palabras, conserva la libertad de decidir cuál de esas jurisprudencias es la idónea para el problema sometido a su conocimiento.

Por ende, es fundado el único concepto de violación blandido en este juicio de amparo.

Habiéndose acreditado la causal de ilegalidad, resta apuntar que ésta se trata de un vicio procedimental por no haberse agotado la formalidad probatoria exigida en la fracción II del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas -lo que afectó las defensas de la quejosa al desconocer si era exigible la reparación del daño y la multa, y trascendió al sentido de la resolución cuestionada, debido a que la demandada pretendió hacer efectivos esos conceptos-; lo que conlleva a estimar que el mandamiento impugnado es ilegal por demostrarse la causal contemplada en la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación.

En esa óptica, se impone declarar la nulidad del requerimiento de pago, con fundamento en la fracción III del artículo 239 del citado código, para el efecto de que la autoridad demandada reponga el procedimiento coactivo de cobro y requiera al Juez de Defensa Social de la causa que le remita la copia certificada de la sentencia dictada en contra de la fiada de la actora, con el propósito de que constate si se le condenó a aquélla a la reparación del daño y a cubrir alguna multa, y para que, de no acreditarse la exigibilidad de esos conceptos, no requiera el pago de las pólizas de fianzas FS 224943 y FS 224944.

En el entendido de que no se soslaya la jurisprudencia 2a./J. 189/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, página 386, que es del tenor siguiente:

"CRÉDITOS FISCALES. LA NULIDAD POR VICIOS FORMALES EN LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO, SÓLO PRODUCE LA INSUBSISTENCIA DE ÉSTA. La nulidad de la diligencia de cobro de un crédito fiscal por vicios formales, obliga a la autoridad fiscal a dejarla insubsistente, mas no a efectuar uno nuevo purgando aquéllos, aunque tampoco le impide que lo haga, ya que el artículo 239, fracción IV, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, no debe interpretarse en el sentido de que en todos los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 238 deben declararse nulos para efecto de que se reponga el procedimiento o se emita una nueva resolución subsanando los vicios contenidos, pues la regla prevista en aquel numeral admite excepciones, además de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede obligar a la autoridad fiscal a ejercitar atribuciones que la ley le reserva como discrecionales."

Jurisprudencia que no cobra vigencia en este caso, pues no está en juego una facultad discrecional de la autoridad fiscal, antes bien, se trata de la ejecución de una pena pública -el cobro de la reparación del daño-, por lo que sí deben precisarse la forma y términos en que la autoridad demandada debe cumplir la sentencia de nulidad; de lo contrario se haría nugatoria la garantía individual de la víctima del delito consagrada en el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en el derecho que tiene ésta a que en todo proceso penal se le repare pecuniariamente por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación en el proceso penal.

De ahí entonces que no se actualiza la salvedad prevista en la parte final de la fracción III y del último párrafo del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, al estarse en presencia de una facultad reglada de la autoridad fiscal, la que queda vinculada u obligada a lo ordenado por el Juez de Defensa Social, a grado tal que dicha autoridad no goza de libertad alguna de apreciación para actuar o abstenerse; tan es así, que en la citada fracción IV del apartado B del artículo 20 constitucional se prevé categóricamente: "el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria".

Al respecto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 145/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 170, de rubro y texto:

"REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA.-El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; destacando la circunstancia de que el Constituyente reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. De lo anterior se concluye que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional."

A modo de corolario, la Sala Regional transgredió en perjuicio de la peticionaria la garantía de exacta aplicación de la ley, contenida en el último párrafo del artículo 14 constitucional, puesto que ignoró el requisito estatuido en la fracción II del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, esto es, la obligación que tiene la autoridad fiscal de acompañar al requerimiento de pago "los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza".

Por tanto, y en aras de restituir a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, como lo manda el artículo 80 de la Ley de Amparo, se impone conceder la protección de la Justicia de la Unión impetrada, para el efecto de que la Sala responsable, en estricto acatamiento a los lineamientos de esta ejecutoria, pondere fundado el concepto de impugnación en el que se discute la necesidad de adjuntar la copia certificada de la sentencia ejecutoria y declare la nulidad para efectos de la resolución controvertida.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 184 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Fianzas Monterrey, Sociedad Anónima, en contra de la sentencia dictada el quince de marzo de dos mil siete por la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad 1176/03-12-01-9, para los efectos señalados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Manuel Rojas Fonseca (presidente y ponente) y Enrique Zayas Roldán, contra el voto particular del Magistrado Jaime Raúl Oropeza García.

______________

1. En este sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 123/2000, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de 2000, página 14, de rubro: "FIANZAS PENALES. PARA NO OBSTACULIZAR SU EFECTIVIDAD, LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE PRONUNCIARSE DE INMEDIATO SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA AFIANZADORA DE PRESENTAR AL FIADO."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20541-42d78a82/fianzas-penales-para-garantizar-la-reparacion-del-dano · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.