Corpus
Modo: Corpus Pro

FIANZAS. LOS ACUSES DE RECIBO DE CORREO CERTIFICADO, TIENEN EFICACIA PROBATORIA PARA SATISFACER EL REQUISITO DE AVISO A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 118 BIS, DE LA LEY DE INSTITUCIONES RELATIVA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 201/2007. · Registro digital (IUS): 20747
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FIANZAS MONTERREY, S.A.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, , Pág. 2275.

AMPARO DIRECTO 201/2007. FIANZAS MONTERREY, S.A.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Es infundado en parte y fundado por la otra uno de los conceptos de violación que se examinan, de manera que por los motivos que se expondrán, resulta innecesario ocuparse del estudio de los restantes.

Ahora bien, previo al examen de los capítulos de queja, es necesario destacar de las constancias del juicio natural que adquieren valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo siguiente:

I. "Fianzas Monterrey, Sociedad Anónima", a través de su apoderado, demandó de "Anphibious Sport, Sociedad Anónima de Capital Variable" (fiado), así como de Ma. Esther Pérez Reynoso (obligado solidario), entre otras prestaciones: "... El pago de la cantidad de $109,775.00 (ciento nueve mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), como suerte principal, por concepto de la cantidad que fue pagada por mi mandante al beneficiario de la póliza de fianza global FQ114800 ..."; en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, se radicó el juicio mercantil ejecutivo 1298/2004 del índice del Juzgado Sexto de lo Mercantil de esta ciudad (folios 1 a 12 y 13 del expediente natural).

II. La demandada Ma. Esther Pérez Reynoso, compareció a juicio a oponer excepciones y defensas (folios 18 a 30 ídem); el actor desahogó la vista que se le corrió con la contestación de demanda (folios 39 a 48); en sentencia de trece de febrero de dos mil seis, el Juez de instancia estimó que, al no haberse acreditado que se dio aviso a la demandada sobre la reclamación en los términos del artículo 118 bis de la Ley de Instituciones de Fianzas, era improcedente la acción (fojas 139 a 159).

III. Inconforme con esa decisión, la actora promovió recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que en resolución de quince de diciembre de dos mil seis, emitida en el toca de apelación 308/2005 y su acumulado 721/2006, confirmó el fallo recurrido (folios 26 a 33 del toca respectivo).

En el caso, la Sala ad quem estimó procedente confirmar la sentencia de primera instancia, bajo diversas vertientes, a saber:

I) Conforme al examen del artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, si la afianzadora no da el aviso al fiado respecto de la reclamación, ello sólo genera la posibilidad de que el deudor pueda interponer las excepciones personales que tuviera con el beneficiario de la póliza; sin embargo: "... en el caso a estudio no se acreditó que a la demandada le hayan sido notificadas las diversas reclamaciones presentadas por la parte beneficiaria de la póliza ...", puesto que: "... de los diversos acuses de recibo allegados por el actor se advierte que tres de ellos fueron recibidos por la demandada Ma. Esther Pérez Reynoso, pero su sola recepción es ineficaz para justificar que le fueron notificadas las reclamaciones en cuestión, pues del cuerpo de tales acuses de recibo no se advierte tal dato; en cuanto al sobre que fue regresado a su remitente, ello sólo revela tal devolución, es decir, aun cuando se procediera a su apertura y del interior se obtuviera la notificación en cuestión, ello en nada incidiría respecto a reclamaciones anteriores o posteriores, quedando sólo acreditado que dicho sobre no fue entregado a la destinataria; con relación a los acuses de recibo donde aparece como destinataria Anphibious Sport, S.A. de C.V., la actora se desistió de la instancia respecto a tal persona moral, de ahí que no merezcan mayor comentario."

II) Conforme a lo anterior, resultó correcto que el juzgador de instancia se pronunciara sobre el fondo de la litis, de manera que la incongruencia de asentar que resultaba improcedente la vía se torna inoperante, cuenta habida que estableció el valor probatorio que corresponde a los recibos del arrendamiento y a la certificación contable, dado que señaló: "... los primeros fueron expedidos por personas ajenas al contrato de arrendamiento celebrado entre Carlos Ávila Aceves como arrendador y Anphibious Sport, S.A. de C.V., en su carácter de arrendatario y Ma. Esther Pérez como fiador, en el acto contractual referido, como lo sostuvo la reo al formular su contestación de demanda, destacando que el beneficiario de la póliza y arrendador Carlos G. Ávila Aceves, exhibió ante la afianzadora, ahora actora, documentos que en ningún momento lo legitimaban para el cobro de las rentas a que aluden tales recibos expedidos por un tercero de nombre Ma. Guadalupe E. Martín del Campo Camacho, según membrete y cédula de identificación fiscal impresa, y no por el arrendador beneficiario de la póliza fundatoria de la acción ...", en tanto que: "... la certificación contable exhibida por el actor, al concatenarla con el resto de las probanzas, el Juez primario determina que hace prueba contra la actora, que la ofreció en términos de los arábigos 1296 y 1298 del Código de Comercio, en relación con el diverso 96 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, básicamente porque los recibos de arrendamiento no relacionan a la demandada con la persona que los expidió y, con ello, estima acreditado que los pagos realizados por la afianzadora actora no eran procedentes por provenir de una persona ajena al contrato de arrendamiento, de donde emanan las obligaciones rentísticas afianzadas ...".

III) Luego, advirtió la responsable que: "... los argumentos y fundamentos que sustentan la valoración de las documentales en cuestión no fueron impugnados por el ahora apelante, dado que respecto de la valoración de los recibos de arrendamiento, los agravios en ningún momento abordan tal temática, es decir, la consideración del juzgador en el sentido de que tales recibos al provenir de un tercero ajeno a la relación de arrendamiento de donde emanan las pensiones rentísticas afianzadas, no hacían procedentes los pagos reclamados por el beneficiario y, por ende, debió negarlos ...", así como que: "... con relación a la valoración de la certificación contable, la apelante endereza el agravio con relación al valor probatorio de tal documento en términos del numeral 96 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, pero en modo alguno controvierte la cuestión atinente al origen de los recibos de las pensiones rentísticas y la apreciación de considerarlos ineficaces para sustentar las reclamaciones del beneficiario de la póliza, abordando el punto atinente a que sí exhibió los recibos de pago realizados al beneficiario de la póliza, de donde se advierten la fecha y los montos, cuestión que no guarda relación alguna con la valoración de la referida certificación contable donde se alude a la exhibición de recibos de arrendamiento suscritos por un tercero y no por el beneficiario, con lo que la afianzadora debió negar el pago de las reclamaciones."

La quejosa "Fianzas Monterrey, Sociedad Anónima", a través de su apoderado Juan Pérez Ávila, sostiene que la sentencia reclamada resulta violatoria de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, entre otras razones, y dado el sentido del fallo, por las que se sintetizan a continuación.

a) En un primer aspecto, dentro de los capítulos de queja identificados como primero, segundo, tercero y cuarto, en forma reiterativa, aduce la inconforme que se infringió el principio de congruencia y exhaustividad previsto en los numerales 1324 y 1328 del Código de Comercio, así como el 87 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, toda vez que la Sala responsable no resolvió las cuestiones efectivamente planteadas en vía de agravios, en atención a que era necesario que estableciera si el aviso a que se refiere el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, requiere alguna forma determinada, es decir, la ley no establece condiciones ni especificaciones o el modo en que se debe comunicar la reclamación; por tanto, el fallo reclamado carece de la debida fundamentación y motivación, toda vez que al señalarse que del cuerpo del acuse no se desprendía la notificación de las reclamaciones, la responsable impone mayores cargas de las previstas en la ley, pues no se indica que sea la propia reclamación la que se notifique, dado que ésta sólo se da entre el beneficiario y la afianzadora, siendo que de concluir que los avisos realizados por la actora son eficaces, ello redunda en que las excepciones que pueda oponer el fiado se reduzcan, con motivo de que las deficiencias del proceso de reclamación previsto en el numeral 93 de la ley citada, quedarían purgadas al no haberse opuesto ante la afianzadora.

b) Además, argumenta la disidente que respecto de los avisos exhibidos dentro del juicio (acuses de recibo y sobre, que se adjuntaron), la Sala ad quem no se pronunció sobre la legalidad de la valoración de esos medios de convicción, lo cual redunda en el estudio de la acción, ya que los avisos enviados por correo certificado constituyen la "correspondencia" y, al no ser objetados por la demandada merecen valor probatorio pleno, de manera que el estudio realizado es deficiente y, ello no lo advirtió la responsable; así, sostiene la impetrante del amparo, que es contraria a derecho la aseveración de la responsable atinente a que, aun cuando se acreditó el envío de documentos, no se justifica que la notificación haya sido de la reclamación, porque ello no se desprende de los acuses; pero, por una parte, la ley que regula el Servicio Postal Mexicano, en su artículo 42 previene que los acuses son la constancia de entrega de documentos, de manera que ahí no puede constar su contenido ya que se desvirtuaría la naturaleza del correo y, por otro lado, no bastaba la simple negación de los hechos por la demandada sino que, como aseveró: "... no haber recibido ninguna comunicación de parte de mi mandante o, en su caso, señalar desvirtuando qué fue lo que en realidad recibió ...", debió acreditarlo en términos del artículo 1195 del Código de Comercio.

En primer término, es pertinente transcribir el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas que, en lo conducente, señala:

"Artículo 118 bis. Cuando las instituciones de fianzas reciban la reclamación de sus pólizas por parte del beneficiario, lo harán del conocimiento del fiado o, en su caso, del solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los beneficiarios, para resolver o inconformarse en contra de la reclamación. Por su parte, el fiado, solicitante, obligados solidarios y contrafiadores, estarán obligados a proporcionar a la afianzadora oportunamente todos los elementos y documentación que sean necesarios para determinar la procedencia y, en su caso, la cuantificación de la reclamación o bien su improcedencia, incluyéndose en este caso las excepciones relacionadas con la obligación principal que la afianzadora pueda oponer al beneficiario de la póliza de fianza. Asimismo, cuando se considere que la reclamación es total o parcialmente procedente, tendrán la obligación de proveer a la institución de fianzas, las cantidades necesarias para que ésta haga el pago de lo que se reconozca al beneficiario. En caso de que la afianzadora no reciba los elementos y la documentación o los pagos parciales a que se refiere el párrafo anterior, podrá decidir libremente el pago de la reclamación presentada por el beneficiario y, en este caso, el fiado, solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, estarán obligados a reembolsar a la institución de fianzas lo que a ésta le corresponda en los términos del contrato respectivo o de esta ley, sin que puedan oponerse a la institución fiadora, las excepciones que el fiado tuviera frente a su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso, los artículos 2832 y 2833 del Código Civil para el Distrito Federal y los correlativos de los Estados de la República. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el fiado conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la afianzadora y de los daños y perjuicios que con ese motivo le hubiere causado. Cuando los que hubieren hecho el pago a la afianzadora fueren el solicitante o los obligados solidarios o contrafiadores, podrán recuperar lo que a su derecho conviniere en contra del fiado y por vía de subrogación ante el acreedor que como beneficiario de la fianza la hizo efectiva. Independientemente de lo establecido en los párrafos precedentes, las instituciones de fianzas, al ser requeridas o demandadas por el acreedor, podrán denunciar el pleito al deudor principal para que éste rinda las pruebas que crea convenientes. En caso de que no salga al juicio para el indicado objeto, le perjudicará la sentencia que se pronuncie contra la institución de fianzas. Lo anterior también será aplicable en el procedimiento conciliatorio y juicio arbitral a que se refiere esta ley así como en los procedimientos convencionales que se establezcan conforme al artículo 103 bis de la misma. El texto de este artículo se hará saber de manera inequívoca al fiado, al solicitante y, en su caso, a los obligados solidarios o contrafiadores y deberá transcribirse íntegramente en el contrato solicitud respectivo. La institución de fianzas en todo momento tendrá derecho a oponer al beneficiario la compensación de lo que éste deba al fiado, excepto cuando el deudor hubiere renunciado previa y expresamente a ella."

De lo transcrito y para efectos de la litis constitucional planteada, en relación con la eficacia probatoria de los "acuses de recibo" del correo certificado que utilizó la persona moral afianzadora (ahora quejosa) como medio de comunicación de la existencia de la reclamación efectuada por el beneficiario de la póliza, es necesario señalar que para el caso de que no se dé el aviso a que alude la ley en cita, acarrea un efecto procesal.

En efecto, el fiado tiene derecho de ser notificado por la afianzadora sobre la reclamación que le formule el beneficiario de la póliza respectiva y, si no le proporciona a dicha institución los elementos necesarios para que determine la procedencia o improcedencia de ese requerimiento, no podrá oponer a la fiadora las excepciones que tuviera frente a su acreedor (beneficiario de la póliza), incluyendo la del pago de lo indebido, dentro del juicio ejecutivo mercantil que la afianzadora instaure para reclamarle las cantidades que haya pagado con motivo de la citada reclamación; por tanto, al prohibirse la oposición de excepciones personales, se pretendió sancionar la contumacia del fiado, al dejar de aportar a la afianzadora los elementos necesarios para resolver sobre la procedencia de la reclamación formulada, protegiendo de esa forma a las instituciones de fianzas ante los abusos que pudieran cometer los fiados en su perjuicio, pues no sería jurídico que éstas pagaran esos requerimientos y que, al pretender recobrar las cantidades costeadas, el fiado simplemente argumentara que no procedía el pago efectuado por la afianzadora, ya que tal cuestión debe hacérsele saber a la afianzadora en el procedimiento mencionado, aportando entonces todos los elementos que acreditaran su afirmación.

Ahora bien, de lo destacado en los capítulos de queja sintetizados se advierte que la parte quejosa afirma que el "aviso" no necesita satisfacer requisito alguno; sin embargo, ello no es así, porque si bien el legislador no precisó la forma en que la afianzadora debe hacer del conocimiento del fiado o, en su caso, de los obligados solidarios o contrafiadores, la reclamación de la fianza por parte del beneficiario, lo cierto es que debe contener ciertos requisitos que doten de seguridad jurídica y certidumbre a los interesados, por lo que debe efectuarse por medio de notificación, pues su finalidad es dar a conocer a éstos la existencia de la reclamación, para que puedan intervenir en ese procedimiento, pues en caso de que la afianzadora no reciba por parte de éstos los elementos y la documentación o los pagos parciales a que se refiere dicho precepto legal, dicha afianzadora podrá decidir libremente el pago de la reclamación presentada por el beneficiario y, por tanto, el fiado, solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, estarán obligados a reembolsar a la institución de fianzas lo que a ésta le corresponda, sin que puedan oponerse a la afianzadora las excepciones que el fiado tuviera frente a su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido.

Por ello, en esa notificación se requiere que se dé a conocer a los obligados, los términos de la reclamación y las pruebas en que ésta se funda, para que dichos obligados estén en posibilidad de cumplir con las obligaciones que les impone el citado precepto legal y sólo así, la institución de fianzas pueda decidir sobre la procedencia o no de la reclamación; consecuentemente, tal notificación tiene como finalidad que los obligados conozcan de manera cierta la fecha y las causas que motivaron la reclamación de la póliza por parte del beneficiario y puedan ejercer el derecho y cumplir con las obligaciones que les confiere ese precepto legal, por lo que dicha notificación, como lo sostuvo la Sala responsable, debe constar de forma fehaciente, aun cuando la ley no establezca formalidades o expresamente señale qué medio de comunicación debe utilizarse.

No obstante lo expuesto, en la especie, la problemática que surge con motivo de la impugnación realizada a los acuses de recibo orientan a establecer, en primer término, que el tribunal responsable no se encontraba en aptitud de analizar si eran suficientes los datos que se desprendían de las piezas postales para concluir que se trataba de los avisos de la reclamación a que se refiere el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, porque la objeción de esos documentos públicos entró a la litis del juicio mercantil ejecutivo, con motivo de que la parte actora, para desvirtuar el hecho constitutivo de las excepciones de la demandada (incumplimiento de dar el aviso de la reclamación), expuso que la notificación se dio por medio del correo certificado con acuse de recibo y, aun cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 102/2005-PS, entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, estableció con el carácter de jurisprudencia obligatoria, la tesis 1a./J. 161/2005, publicada en la página 432 del Tomo XXIII, enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro siguiente: "LITIS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SE INTEGRA SÓLO CON EL ESCRITO DE DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN.", en cuya ejecutoria ponderó que conforme al examen de los artículos 1061, 1069, 1327, 1399, 1400 y 1401 del Código de Comercio, la litis queda integrada con la demanda y su contestación; sin embargo, apuntó que la finalidad de que se dé vista al actor con el escrito del demandado es que aquél tenga la oportunidad de manifestarse contra las excepciones opuestas y ofrecer las pruebas pertinentes para desvirtuarlas.

En efecto, de la ejecutoria en mención, destaca lo siguiente:

"... El artículo 1400 del Código de Comercio establece que si el demandado exhibe los documentos a que se refiere el diverso 1061 del mismo ordenamiento, se tendrán por opuestas las excepciones que permite la ley ‘con las cuales se dará vista al actor por tres días para que manifieste y ofrezca las pruebas que a su derecho convenga’; o sea, la vista que se da al actor con el escrito de contestación es únicamente para que tenga la oportunidad de ofrecer pruebas con la finalidad de desvirtuar las excepciones opuestas. Lo anterior es así, en virtud de que se crearía un desequilibrio procesal entre las partes, al darle una segunda oportunidad a la actora para que subsane omisiones contenidas en la demanda y adicione hechos argumentando cuestiones diversas que no se hicieron valer en el escrito de demanda perfeccionando la acción, sin que el demandado pueda defenderse debidamente y ofrecer nuevas probanzas, pues sólo contaría con su escrito de contestación a la demanda."

De ahí que, la impugnación de los documentos públicos en mención no estaba reservada exclusivamente a que ocurriera en el periodo probatorio, sino como en el caso concreto, al correrse traslado con las manifestaciones del actor, la demandada formuló la objeción en el sentido de que las piezas postales no correspondían a las reclamaciones, es inconcuso que en ese aspecto, la carga de la prueba recae en la demandada, sin que ello implique otorgar a la actora una oportunidad para subsanar omisiones contenidas en la demanda y adicionar hechos, argumentando cuestiones diversas que no se hicieron valer en el escrito de demanda perfeccionando la acción, de manera que se produjera indefensión en la demandada, debido a que podía objetar las piezas postales, bien por su insuficiencia, ineficacia o falta de idoneidad, o, en su caso, por la falsedad de su contenido o firma y, en la especie, conforme lo establecen los arábigos 1327 y 1400 del Código de Comercio, la responsable sólo puede constreñirse al análisis de si quedó o no probada la objeción en los términos formulados, en los que no se incluye la insuficiencia probatoria, ni la ineficacia de la documentación recibida a través del correo certificado, sino que, las piezas postales no se referían a la reclamación, pues no debe perderse de vista que se trata de documentos públicos.

En ese sentido, de acuerdo con el medio de comunicación que eligió la afianzadora y conforme a la ley que rige al correo certificado, el aspecto a dilucidar conforme la litis planteada en el juicio natural, es lo siguiente: a) ¿A quién compete probar que los acuses de recibo están o no vinculados con el acto que señala la oferente de la prueba (la objeción radicó en que los acuses no se relacionaban con la reclamación), cuando la demandada sostiene que no le fue dado el aviso de la reclamación y la actora afirma que lo hizo por medio del correo certificado con acuse de recibo?; b) Si conforme a la objeción propuesta por la demandada, ¿es jurídicamente factible que los "acuses de recibo" se sometan a un juicio valorativo para desentrañar, la suficiencia o no de lo que se envió a la demandada por ese medio?, atento a los requisitos que este tipo de notificación debe satisfacer; y, c) De no acreditarse que los acuses se referían a actos diversos de la reclamación, ¿cuál es el efecto que genera hacia el interior del proceso?, esto es, puede estimarse que sí se dio el "aviso" y, por ello, la demandada no puede oponer las excepciones como lo refiere el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Así, en lo que interesa para la solución del asunto, debe señalarse que acorde con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, la tarjeta de acuse de recibo goza de valor probatorio pleno, por constituir un documento público, y lo que con ella se prueba es que la pieza postal ahí consignada se entregó a la persona cuya firma calza la tarjeta y, en la especie, de los acuses aportados se aprecia que aparece la leyenda "FQ114800/100645", lo cual implica que la correspondencia a que se contrae el correo certificado, está vinculada con la póliza de fianza en mención.

Ahora bien, en lo que ve a este tema la Ley del Servicio Postal Mexicano prevé lo siguiente:

"Artículo 26. Por su tratamiento la correspondencia y los envíos son ordinarios o registrados y por su destino, nacionales o internacionales."

"Artículo 27. Son ordinarios los que se manejan comúnmente sin que se lleve un control especial por cada pieza y son registrados aquellos que se manejan llevando un control escrito por cada pieza, tanto en su depósito como en su transporte y entrega."

"Artículo 42. El servicio de acuse de recibo de envíos o de correspondencia registrados, consiste en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o de su representante legal y en entregar ese documento al remitente, como constancia. En caso de que, por causas ajenas al organismo no pueda recabarse la firma del documento, se procederá conforme a las disposiciones reglamentarias."

"Artículo 59. Los remitentes de correspondencia y envíos tienen los siguientes derechos: I. Que la correspondencia y envíos se entreguen a sus destinatarios. ..."

"Artículo 61. Los destinatarios de correspondencia y envíos tienen los siguientes derechos: I. Recibir la correspondencia y los envíos que le sean destinados. ..."

De acuerdo con lo anterior, para que tenga eficacia jurídica la notificación por medio del correo certificado es necesario que se ajuste a lo establecido en los artículos 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, así como en los numerales 26, 27, 42, 59, fracción I y 61, fracción I, de la Ley del Servicio Postal Mexicano, esto es, que la correspondencia registrada sea entregada únicamente al destinatario o a su representante legal y que recibida por cualquiera de esas dos personas sea recabada en un documento especial la firma de recepción, que se entregará a su vez al remitente, como constancia; por tanto, para juzgar su eficacia puede atenderse a los datos mínimos asentados en el acuse que permitan conocer el acto que se notifica al particular, como en el caso, el número de póliza del que proviene el acto que se notifica y que aparece la firma que se atribuye a la destinataria, la cual no fue impugnada de falsa.

Cobra aplicación al caso por analogía, la tesis publicada en la página 1149 del Tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:

"NOTIFICACIONES POR CORREO CERTIFICADO. NO ESTÁN SUJETAS A LAS REGLAS PARA LAS NOTIFICACIONES PERSONALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Conforme al artículo 134 del Código Fiscal de la Federación se advierten las distintas formas en que pueden llevarse a cabo las notificaciones de los actos administrativos, a saber: personalmente, por correo certificado u ordinario, por telegrama, por estrados, por edictos y por instructivos, además de que cuando las notificaciones deban de surtir sus efectos en el extranjero, prevé la posibilidad de que se lleven a cabo por mensajería con acuse de recibo, transmisión facsimilar con acuse de recibo por la misma vía, o por los medios establecidos de conformidad con lo dispuesto en los tratados o acuerdos internacionales. Ahora bien, si la notificación cuya nulidad decretó la Sala Fiscal fue realizada por correo certificado con acuse de recibo, es evidente que no debe sujetarse a las exigencias que prevé el artículo 137 del código federal tributario, sino a las reglas que establece el artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, que consisten en: 1. Serán entregadas a los destinatarios o a sus representantes legales, y 2. Recabarse su firma. En tal virtud, para que pueda tener validez la notificación hecha en esa forma a una persona moral, es necesario que exista el acuse de recibo en el que se haga constar el nombre y el carácter de la persona que lo firmó, para que pueda sostenerse legalmente que se entendió con su representante legal; en caso de que no ocurran dichas circunstancias, la notificación no puede surtir efectos legales."

Para definir la problemática originada con la objeción de las piezas postales, las normas que se tomarán en cuenta son los artículos 1194 y 1195 del Código de Comercio, que textualmente disponen:

"Artículo 1194. El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones."

"Artículo 1195. El que niega no está obligado a probar sino en el caso de que su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho."

Como puede advertirse del contenido de las normas transcritas, la carga de la prueba en el Código de Comercio queda definida de la siguiente manera: 1. El que afirma está obligado a probar, por lo cual el actor debe probar su acción y el reo o demandado sus excepciones; y, 2. Por regla general, el que niega no está obligado a probar, pero excepcionalmente debe hacerlo cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho.

Así las cosas, la carga de la prueba (onus probandi) representa el gravamen que recae sobre las partes de facilitar el material probatorio necesario al Juez para formar su convicción sobre los hechos alegados por las mismas.

Ricci, citado por Rafael de Pina y José Castillo Larrañaga, expone: "La carga de la prueba no puede depender de la circunstancia de negar o afirmar un hecho, sino de la obligación (interés o necesidad, según nosotros), que se tiene de demostrar el fundamento de cuanto se pretende en juicio, dado que ninguna demanda ni excepción alguna puede prosperar en juicio si no se demuestra." (Instituciones de Derecho Procesal Civil, 23a. Ed., Porrúa, México, 1997, página 282).

Por su parte Hernando Devis Echandía, comenta lo siguiente:

"No todas las negaciones son de igual naturaleza, ni producen unos mismos efectos jurídicos en materia de prueba judicial. Desde este punto de vista puede formularse la siguiente clasificación: 1) Negaciones sustanciales o absolutas, que se basan en la nada y que no implican, por lo tanto, ninguna afirmación opuesta, indirecta o implícitamente (por ejemplo: en mi predio no existe petróleo; nunca he tenido propiedad alguna o propiedad inmueble en ninguna parte o en cierta ciudad, o no la he tenido durante los diez últimos años; Pedro no me ha pagado los mil pesos, o no me ha entregado la cosa que me debe, pues esto no significa que la conserve en su poder; Juan no ha transitado por est

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20747-a54e8e39/fianzas-los-acuses-de-recibo-de-correo-certificado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.