ALEGATOS. DEBEN SER EXAMINADOS EN EL JUICIO DE AMPARO, CUANDO PLANTEAN ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PORQUE ÉSTA ES DE ORDEN PÚBLICO Y DE ANÁLISIS OFICIOSO.
AMPARO DIRECTO 5/2007. PROMOTORA LOS REYES, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO. En principio, se aborda el análisis de los argumentos contenidos en el escrito presentado por el tercero perjudicado Óscar Ignacio Paredes Patlán, el once de enero del año en curso, pues si bien es cierto que, por regla general, los alegatos de las partes en un juicio de garantías no forman parte de la litis constitucional y, en consecuencia, no existe obligación de estudiarlos, puesto que la litis se integra con la demanda de amparo y el informe justificado, también lo es que, en la especie, se trata una excepción a dicha regla, pues en ese escrito se hacen valer argumentos relativos a la actualización de la causa de improcedencia contenida en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Lo anterior porque cuando se hace valer una causa de improcedencia en los alegatos, éstos sí deben ser materia de estudio, en virtud de que, conforme al último párrafo de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia, en su caso, deben ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, lo cual implica que cuando advierta que se actualiza una causa de improcedencia debe hacerla valer oficiosamente; y por mayoría de razón, si una de las partes aduce que se actualiza una hipótesis de improcedencia, el órgano de control constitucional debe proceder a su estudio, a fin de desestimarla o establecer que sí se actualiza.
Consecuentemente, sólo lo relativo a la actualización de la causa de improcedencia aludida en el escrito de alegatos citado debe ser materia de estudio en el presente apartado.
Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 39, publicada en la página treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación mil novecientos diecisiete-dos mil, del tenor siguiente:
"ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante Decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, ‘así como los demás razonamientos de las partes’, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos."
Asimismo, es aplicable al caso concreto la tesis aislada número I.3o.C.28 K emitida por este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, publicada en la página mil ciento sesenta y seis del Tomo XV, mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:
" La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido jurisprudencia en el sentido de que los alegatos de las partes en un juicio de garantías no forman parte de la litis constitucional y, en consecuencia, no existe obligación de estudiarlos, puesto que la litis se integra con la demanda de amparo y el informe justificado; sin embargo, cuando se hace valer una causa de improcedencia en los alegatos, éstos sí deben ser materia de estudio, en virtud de que conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador de garantías, lo cual implica que cuando éste advierta que se actualiza una causa de improcedencia, debe hacerla valer oficiosamente y, por mayoría de razón, puede afirmarse que si una de las partes aduce que se actualiza una hipótesis de improcedencia, el órgano de control constitucional debe proceder a su estudio, a fin de desestimarla o establecer que sí se actualiza. Consecuentemente, cuando una de las partes hace valer alegatos en los que plantea una causa de improcedencia, éstos deben ser materia de estudio en la sentencia que se dicte en el juicio de amparo."
En esas condiciones, se aborda el estudio de los argumentos vertidos por la parte tercera perjudicada en relación con la actualización de la causa de improcedencia contenida en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, el cual establece:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas."
Del precepto legal transcrito se desprende que, por regla general, contra los actos de ejecución de una sentencia de amparo es improcedente la acción constitucional.
En otras palabras, resulta inejercitable la acción de amparo contra aquellos actos que fueron dictados con base a una sentencia constitucional, donde se vinculó a la autoridad responsable a realizar ciertas cuestiones que no puede dejar de cumplir, debido al carácter imperativo derivado de la sentencia concesoria.
En efecto, si la autoridad responsable dicta una sentencia, laudo o resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo en los términos antes relatados, esto es, emitiendo únicamente consideraciones que no puede dejar de cumplir en atención al carácter imperativo derivado de la ejecutoria concesoria, es evidente que la improcedencia del nuevo juicio de garantías se surte.
Sin embargo, cuando además de lo resuelto en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que vinculó a la autoridad responsable y como en la especie acontece, la Sala responsable emite consideraciones ajenas a la ejecutoria que cumplimenta y que la vincula, como lo es relativo a lo fundado o infundado de la excepción derivada de los artículos 1o., 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en tanto que la ejecutoria de amparo dictada en el DC. 554/2006, únicamente lo vinculaba a estudiar dicha excepción desde la perspectiva de que se había cubierto más de la tercera parte del precio convenido lo cual actualizaba la hipótesis contenida en el artículo 71 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, motivo por el cual es inconcuso que tales aspectos que la Sala responsable emitió con libertad de jurisdicción, sí pueden ser motivo de análisis en un diverso juicio de amparo, toda vez que en relación con dichas cuestiones no existe pronunciamiento que tenga la calidad de cosa juzgada.
Esto es así, tomando en consideración que la causa de improcedencia de que se trata tiene su razón de ser en que la sentencia de amparo, con la calidad de cosa juzgada, que ha resuelto sobre la constitucionalidad de una sentencia definitiva o laudo, en cuanto al fondo de la controversia, crea un derecho en favor de una de las partes, por ser la verdad legal; de modo tal que admitir la procedencia de un nuevo juicio de amparo vulneraría el principio de cosa juzgada.
Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones en lo conducente la tesis aislada emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento dieciocho del tomo 187-192, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN UNA SENTENCIA QUE CUMPLIMENTA EJECUTORIA ANTERIOR, RESPECTO DE PUNTOS EN LOS QUE EL TRIBUNAL RESPONSABLE NO CONSERVÓ JURISDICCIÓN PROPIA. Cuando en una ejecutoria se concede el amparo para efectos, al cumplimentarla el tribunal responsable queda vinculado a los puntos establecidos en dicha ejecutoria y únicamente conserva jurisdicción propia para resolver los demás puntos de la litis, pero sobre las bases dadas. En este orden de ideas, la sentencia que cumplimenta una ejecutoria de amparo, sólo es impugnable mediante un nuevo juicio constitucional, cuando las violaciones en que, se pretende, se incurrió, conciernen a cuestiones respecto de las cuales el tribunal conserva jurisdicción, y no respecto de aquellas que podrían constituir un incumplimiento de la anterior ejecutoria de amparo, una repetición del acto reclamado en el juicio de garantías, o una ejecución defectuosa o excesiva del fallo constitucional. Por consiguiente, si en un juicio de amparo contra una sentencia de esa naturaleza se formulan conceptos de violación sobre las cuestiones especificadas, deben desestimarse por inoperantes, puesto que por un lado esos problemas son ajenos al juicio promovido y, por otro, en cualquiera de dichas hipótesis el interesado puede interponer, según el caso, los medios de defensa previstos en los artículos 104 a 113 de la Ley de Amparo, que se refieren a los incidentes de inejecución de las sentencias de amparo, y de repetición del acto reclamado, o el recurso de queja previsto en la fracción IX del artículo 95 del mismo ordenamiento."
En consecuencia, debe concluirse que respecto de la sentencia reclamada no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo.
SEXTO. En la parte inicial del único concepto de violación vertido por la parte quejosa, en forma toral arguye que la Sala responsable viola en su perjuicio la garantía de legalidad establecida en los artículos 14 y 16 constitucionales, al permitir que la parte demandada en el juicio de origen, pueda realizar pago de prestaciones que se le demandaron una vez concluido el juicio, bajo la supuesta figura del allanamiento a las pretensiones de la parte actora en juicio, sin estudiar si en efecto se produjo o no el allanamiento por la parte demandada.
Que si bien es cierto que no hay duda que la parte demandada en el juicio de origen cubrió más de la tercera parte del valor del inmueble y que, por tanto, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 71 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al cual podía acogerse durante cualquier etapa del procedimiento, lo cual constituye una forma especial de allanamiento a la demanda, también lo es que la Sala responsable debió de analizar y estudiar las constancias, para determinar, si en su caso se produjo el mencionado allanamiento, el cual debe ser total y claramente expreso y no constituir una mera manifestación, además de que para que exista ese allanamiento debe haberse realizado el pago de las prestaciones adeudadas.
Que la Sala responsable debió analizar si los hoy terceros perjudicados y demandados en el juicio de origen durante cualquier momento de toda la secuela procesal, cubrieron el resto de la cantidad adeudada, mediante el pago efectuado al acreedor o la consignación realizada ante el juzgado de las cantidades que aún se adeudaban, esto es, debió verificar si se había cubierto o no la totalidad del importe completo de las siete mensualidades que aun restaban, luego de las cincuenta y tres mensualidades, que conforme a juicio diverso, se consideraban cubiertas por la parte deudora.
Que la única manera de demostrar el allanamiento, es mediante el pago de la cantidad adeudada, tan es así, que la tesis de jurisprudencia cuyo rubro establece: "CONSUMIDOR, LEY DE PROTECCIÓN AL. EL DERECHO ESTABLECIDO EN SU ARTÍCULO 29 PUEDE HACERSE VALER AL CONTESTAR LA DEMANDA O EN CUALQUIER ETAPA DEL JUICIO, HASTA ANTES DE QUE SE DICTE SENTENCIA, SIEMPRE QUE EL ENJUICIADO, AL SER DEMANDADO, HAYA PAGADO MÁS DE LA TERCERA PARTE DEL ADEUDO VENCIDO.", señala que el allanamiento puede realizarse en cualquier etapa del juicio, hasta antes que se dicte sentencia y no establece como pretende la Sala responsable que ese allanamiento se manifieste con posterioridad a dicha sentencia, y menos aún autoriza que exista una liquidación en ejecución de sentencia, y con posterioridad a esa liquidación los deudores realicen el pago de las cantidades adeudadas, pues ello equivaldría a que ese allanamiento se realizara con posterioridad a la sentencia definitiva.
Esos argumentos son infundados.
Para dar sustento al anterior aserto cabe tener presente el contenido de los artículos 70 y 71 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los cuales establecen:
"Artículo 70. En los casos de compraventa a plazos de bienes muebles o inmuebles a que se refiere esta ley, si se rescinde el contrato, vendedor y comprador deben restituirse mutuamente las prestaciones que se hubieren hecho. El vendedor que hubiera entregado la cosa tendrá derecho a exigir por el uso de ella el pago de un alquiler o renta y, en su caso, una compensación por el demérito que haya sufrido el bien.
"El comprador que haya pagado parte del precio tiene derecho a recibir los intereses computados conforme a la tasa que, en su caso, se haya aplicado a su pago."
"Artículo 71. En los casos de operaciones en que el precio deba cubrirse en exhibiciones periódicas, cuando se haya pagado más de la tercera parte del precio o del número total de los pagos convenidos y el proveedor exija la rescisión o cumplimiento del contrato por mora, el consumidor tendrá derecho a optar por la rescisión en los términos del artículo anterior o por el pago del adeudo vencido más las prestaciones que legalmente procedan. Los pagos que realice el consumidor, aun en forma extemporánea y que sean aceptados por el proveedor, liberan a aquél de las obligaciones inherentes a dichos pagos."
De los anteriores preceptos legales se advierte la prerrogativa para el consumidor de que en caso de que se rescinda un contrato de compraventa a plazos de bienes muebles o inmuebles, tanto el vendedor como comprador deben restituirse mutuamente las prestaciones que se hubieren hecho.
El vendedor que hubiera entregado la cosa tendrá derecho a exigir por el uso de ella el pago de un alquiler o renta y, en su caso, una compensación por el demérito que haya sufrido el bien.
En caso de rescisión, el comprador que haya pagado parte del precio tiene derecho a recibir los intereses computados conforme a la tasa que, en su caso, se haya aplicado a su pago.
Asimismo, en los casos de operaciones en que el precio deba cubrirse en exhibiciones periódicas, cuando se haya pagado más de la tercera parte del precio o del número total de los pagos convenidos y el proveedor exija la rescisión o cumplimiento del contrato por mora, el consumidor tendrá derecho a optar por la rescisión con derecho a recibir los intereses sobre la parte del precio que haya pagado, conforme a la tasa que, en su caso, se haya aplicado a su pago o por el pago del adeudo vencido más las prestaciones que legalmente procedan.
También se prevé que los pagos que realice el consumidor, aun en forma extemporánea y que sean aceptados por el proveedor, liberan a aquél de las obligaciones inherentes a dichos pagos.
Por tanto, ese derecho de optar por el beneficio derivado del artículo 71 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se surte cuando se den los requisitos siguientes:
a) Que se trate de la rescisión o cumplimiento del contrato por mora, en los casos de operaciones en que el precio deba cubrirse en exhibiciones periódicas.
b) Que se haya pagado más de la tercera parte del precio o del número total de los pagos convenidos.
Por otra parte, no constituye un requisito que el comprador haya cumplido la totalidad de las obligaciones que contrajo, ni que realice el pago de éstas al momento en que opte por tal prerrogativa, y en esto se distingue de los derechos y obligaciones que regula el artículo 1949 del Código Civil Federal, puesto que este precepto consigna los derechos de las partes en las obligaciones recíprocas civiles, de optar por la resolución o su cumplimiento con el pago de daños y perjuicios, en el caso de que la otra parte no lleve a cabo lo que le incumbe.
En efecto, el artículo 71 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se refiere concretamente a las compraventas celebradas entre un proveedor como vendedor y un consumidor como comprador, en las que se convino que el pago se haría a plazos, preceptuando que cuando se demanda la rescisión o el cumplimiento por mora de la adquirente, el consumidor que haya pagado más de la tercera parte del precio podrá optar por la rescisión o por el pago del adeudo vencido más las prestaciones legales que procedan.
Este derecho de optar por el cumplimiento o la rescisión son de carácter proteccionista del grupo social de consumidores que se hallen en el supuesto de la ley, y no deriva, expresamente, que al momento de ejercer ese derecho de optar por el cumplimiento deba exhibir el saldo del precio y sus accesorios que deriven de lo pactado entre las partes y, por ende, al no preverse expresamente, no es el caso de aplicar supletoriamente la legislación civil sustantiva en cuanto a que para exigir el cumplimiento de una obligación recíproca, debe primero cumplir con la que es a su cargo, esto es allanarse al cumplimiento de su obligación exhibiendo el saldo del precio y sus accesorios, dado que la ley especial no lo exige y eso excluye la aplicación de la regla general derivada del artículo 1949 del Código Civil Federal sobre el cumplimiento de las obligaciones recíprocas.
De modo que la posibilidad de que el comprador se acoja a dicho beneficio no queda supeditada a la satisfacción previa de sus obligaciones, sino a tener pagado el porcentaje que se precisa, aunque en lo demás hubiera incurrido en mora.
Todo lo cual es acorde con el espíritu de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual es de orden público e interés social y sus disposiciones irrenunciables, que por tener el carácter de normas de carácter especial, deben tener observancia por encima de cualquier interés individual, las cuales prevalecen respecto de las normas generales como la derivada del artículo 1949 del Código Civil Federal.
Ello tiene sustento en que los derechos tutelados por la Ley Federal de Protección al Consumidor son de carácter eminentemente social.
El sentido de dicha tutela es evitar que la inferioridad económica de grandes grupos de consumidores les lleve a aceptar relaciones de consumo injustas.
Se trata de una legislación intervencionista y asistencialista de las clases más desprotegidas, bajo la premisa de garantizar la intervención del poder público en la protección de los grupos económicamente más débiles y evitar que se cometan injusticias al aplicar en las relaciones de consumo algunos preceptos de derecho privado que tienen como presupuesto la igualdad de los contratantes, principio que no existe entre proveedores y consumidores, ya que éstos constituyen el sector necesitado de protección.
Con la globalización de la economía, causada por la apertura en el comercio exterior y la modernización de la planta productiva, influyó de manera determinante en las relaciones comerciales, modificando inevitablemente los patrones de consumo.
Esta complejidad de la economía global de mercado ha modificado también la actitud del legislador respecto a la política de la procuraduría, en el sentido de determinar cómo se pueden obtener mejores resultados en cuanto a la protección efectiva del consumidor. De este modo, se ha transformado el entorno de la protección legal al consumidor.
El fenómeno de la globalización generó la necesidad insoslayable de información por la parte que se considera vulnerable en las relaciones de consumo: el consumidor, quien en la actualidad, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como a la participación activa del Estado, está en posibilidades de conocer e informarse respecto de los mercados, productos, distribuidores y servicios.
Conviene señalar que el consumidor es un componente esencial del funcionamiento de la economía nacional, por lo que su protección y asesoría por parte del Estado se justifica también por esas razones y no sólo por considerar que se trata de un grupo vulnerable.
Se considera, pues, que una política de protección al consumidor permite elevar la calidad de los productos y servicios que se adquieren y mejorar el consumo basándose en prácticas justas, lo cual apoya el crecimiento económico y el bienestar de la población.
La actual política de protección al consumidor se puede definir como un instrumento económico y social que permite mejorar el funcionamiento de los mercados, con una visión preventiva, basada en la distribución de información y la educación para el consumo.
De igual manera son infundados los argumentos vertidos por la parte quejosa en el sentido de que la condena decretada en su contra a otorgar escritura pública sobre el inmueble motivo del juicio y a constituir régimen de propiedad en condominio respecto del inmueble litigioso, en un plazo de cinco días, transgrede lo establecido en el artículo 1949 del Código Civil Federal, supletoriamente aplicable al de Comercio, esto en virtud de que la propia autoridad responsable, admite que los codemandados no demostraron durante la secuela procesal haber realizado el cumplimiento total y pago de todas las prestaciones a que se comprometieron.
Ello en razón de que en todo caso prevalece la norma de excepción contenida en el artículo 71 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, precepto que consigna los derechos de la proveedora y consumidora que contraen en obligaciones recíprocas civiles, que deriven de una compraventa celebrada entre proveedor y un consumidor, de optar por la resolución o su cumplimiento, y que está regulado de modo diferente a la rescisión o cumplimiento que regula el artículo 1949 del Código Civil Federal.
Para destacar las diferencias más importantes entre los ordenamientos en cuestión, en relación con el tema en estudio, cabe tener presente el contenido de los artículos 1949 del Código Civil Federal y, 70 y 71 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los cuales establecen:
"Artículo 1949. La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
"El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible."
Por su parte los artículos 70 y 71 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establecen:
"Artículo 70. En los casos de compraventa a plazos de bienes muebles o inmuebles a que se refiere esta ley, si se rescinde el contrato, vendedor y comprador deben restituirse mutuamente las prestaciones que se hubieren hecho. El vendedor que hubiera entregado la cosa tendrá derecho a exigir por el uso de ella el pago de un alquiler o renta y, en su caso, una compensación por el demérito que haya sufrido el bien.
"El comprador que haya pagado parte del precio tiene derecho a recibir los intereses computados conforme a la tasa que, en su caso, se haya aplicado a su pago."
"Artículo 71. En los casos de operaciones en que el precio deba cubrirse en exhibiciones periódicas, cuando se haya pagado más de la tercera parte del precio o del número total de los pagos convenidos y el proveedor exija la rescisión o cumplimiento del contrato por mora, el consumidor tendrá derecho a optar por la rescisión en los términos del artículo anterior o por el pago del adeudo vencido más las prestaciones que legalmente procedan. Los pagos que realice el consumidor, aun en forma extemporánea y que sean aceptados por el proveedor, liberan a aquél de las obligaciones inherentes a dichos pagos."
De los anteriores preceptos legales se desprenden las siguientes diferencias esenciales:
a) En la legislación civil se prevé que el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos, además de que también podrá pedir la resolución aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
Esto es, no autoriza de modo alguno a la parte que incumplió sus obligaciones a decidir respecto del cumplimiento o la resolución de la obligación en tanto que quien puede decidirlo únicamente es el perjudicado.
Mientras que en la Ley Federal de Protección al Consumidor se otorga al consumidor la prerrogativa o el beneficio de optar por la rescisión o por el pago del adeudo vencido más las prestaciones que legalmente procedan, siempre y cuando haya pagado más de la tercera parte del precio o del número total de los pagos convenidos y el proveedor exija la rescisión o cumplimiento del contrato por mora.
b) En la legislación civil se prevé que el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos, mientras que en la Ley Federal de Protección al Consumidor, se establece que en los casos de compraventa a plazos de bienes muebles o inmuebles a que se refiere esa ley, si se rescinde el contrato, vendedor y comprador deben restituirse mutuamente las prestaciones que se hubieren hecho; que el vendedor que hubiera entregado la cosa tendrá derecho a exigir por el uso de ella el pago de un alquiler o renta y, en su caso, una compensación por el demérito que haya sufrido el bien, así como que el comprador que haya pagado parte del precio tiene derecho a recibir los intereses computados conforme a la tasa que, en su caso, se haya aplicado a su pago.
En las relatadas condiciones y toda vez que prevalecen las normas de excepción contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en la medida en que en el presente caso el vendedor del bien es un fraccionador o constructor de viviendas destinadas a casa habitación para venta al público conforme lo prevé el artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de modo que en la especie no es aplicable al caso concreto la jurisprudencia número 1a./J. 14/2000, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once del Tomo XII, noviembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:
"ACCIÓN PRO FORMA. LA EXHIBICIÓN DEL PRECIO ADEUDADO ES UN REQUISITO DE PROCEDENCIA DE ÉSTA. Para la procedencia de la acción pro forma es necesario que el actor exhiba concomitantemente con la demanda el saldo del precio adeudado. Una compraventa es un contrato sinalagmático cuyas obligaciones son recíprocas e interdependientes, por lo que si una de las partes no cumple con la obligación a su cargo, la otra deberá cumplir para exigirle judicialmente el cumplimiento. Por ello, para la procedencia de la acción pro forma es requisito que la actora consigne el saldo del precio adeudado, ya que de otra suerte no podría comprobar que ella sí cumplió; sería totalmente injusto que la parte que no se ha avenido al cumplimiento de sus obligaciones exigiera de la otra la ejecución de sus compromisos, máxime si se convino que el saldo del precio se pagaría al momento de escriturar."
Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones el contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis número 3a./J. 21/90, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintisiete del Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, la cual si bien es cierto interpreta el anterior artículo 29 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, sin embargo, el actual artículo 71 es del mismo tenor, la cual establece:
"CONSUMIDOR, LEY DE PROTECCIÓN AL. EL DERECHO ESTABLECIDO EN SU ARTÍCULO 29 PUEDE HACERSE VALER AL CONTESTAR LA DEMANDA O EN CUALQUIER ETAPA DEL JUICIO, HASTA ANTES DE QUE SE DICTE SENTENCIA, SIEMPRE QUE EL ENJUICIADO, AL SER DEMANDADO, HAYA PAGADO MÁS DE LA TERCERA PARTE DEL ADEUDO VENCIDO. El artículo 29 citado al disponer que cuando el consumidor haya cubierto más de la tercera parte del precio o del número total de los pagos convenidos, si el proveedor demanda la rescisión por mora, tendrá derecho el consumidor a optar por la rescisión o por el cumplimiento, y no sujeta a éste a que opte por tal beneficio en forma necesaria al contestar la demanda y, por ende, puede hacerlo no sólo en ese momento, sino en cualquier etapa del procedimiento hasta antes de que se dicte sentencia y si se da este
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20055-f754fd14/alegatos-deben-ser-examinados-en-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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