AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, EL DIFERIMIENTO DE LA, POR FALTA DE CONSTANCIAS, DEBE SOLICITARLO EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO. * * * SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, LIMITES DE LA. - - -
AMPARO EN REVISION 622/93. MARCELINO GUTIERREZ LARA Y OTRO (DETENIDOS).
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Son infundados los agravios antes transcritos.
El recurrente alega como violación a las normas esenciales del procedimiento de amparo, que el Juez de Distrito a quo violó en su perjuicio el artículo 78 último párrafo de la ley de la materia toda vez que ante la omisión de las autoridades responsables de rendir su informe con justificación en tiempo, de oficio debió haber solicitado las constancias necesarias para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del auto de formal prisión reclamado, dando cumplimiento además así a lo establecido por el artículo 76 bis fracción II del mismo ordenamiento legal que establece la suplencia de la queja deficiente en amparo penal.
Al respecto debe indicarse, que aun cuando el artículo 76 bis fracción II de la Ley de Amparo confiere la facultad al Juez de Distrito de suplir la deficiencia de la queja, ello significa que esa disposición obliga al Juez de amparo al perfeccionamiento de conceptos de violación o de agravios, a corregir errores en la cita de preceptos violados y a intervenir de oficio inclusive esgrimiendo los argumentos omitidos por el quejoso; pero tal suplencia no puede llegar al grado de que el juzgador tenga obligación de recabar pruebas de oficio y por ende declarar la inconstitucionalidad de un auto de formal prisión, sin prueba alguna, o bien de liberar al quejoso de la carga de solicitar sólo lo que a él le corresponde, como el diferimiento de la audiencia; a más de que el artículo 78 del cuerpo legal en cita no impone obligación a los Jueces de Distrito de recabar pruebas de oficio, sino simplemente les confiere esa facultad que pueden o no utilizar, pues textualmente ese precepto previene que: "El Juez de amparo podrá recabar oficiosamente pruebas que...". Sirven de apoyo a lo anterior las tesis sustentadas por este Tribunal Colegiado, la primera al resolver los juicios de amparo en revisión números 383/91, 13/92, 468/92 y 323/93 y la segunda al resolver el juicio de amparo en revisión números 123/89, 119/91 y 323/93, que respectivamente establecen: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. MATERIA PENAL.-Si bien el Juez de Distrito tiene la facultad de suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis fracción II de la Ley de Amparo, tal facultad se constriñe a la mera suplencia de argumentos no expresados en la demanda de garantías, o en su caso en el escrito de revisión, es decir, se reduce al perfeccionamiento de conceptos de violación o de agravios, llegando al grado de esgrimirlos a pesar de que en la demanda o en el escrito de revisión hubiera ausencia de unos u otros; pero tal suplencia no llega al extremo de recabar pruebas de oficio y mucho menos a declarar la inconstitucionalidad de un auto de formal prisión sin prueba alguna."; y, "SUPLENCIA DE LA QUEJA. EN QUE CONSISTE (DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA).-Si bien de conformidad con el artículo 76 bis fracción II, de la Ley de Amparo, en materia penal debe suplirse la deficiencia de la queja en favor del peticionario de garantías, tal suplencia sólo faculta a la potestad federal a corregir errores en la cita de preceptos violados y a intervenir de oficio en el análisis del amparo haciendo valer los conceptos que a su juicio sean o conduzcan al conocimiento de la verdad, pero no puede liberar al quejoso de solicitar aquello que sólo a él le corresponde pedir, como en el caso es solicitar el diferimiento de la audiencia constitucional.".
Cabe establecer que la circunstancia de que la Juez responsable omitiera rendir su informe justificado en tiempo, de ninguna manera obligó al Juez de Distrito a diferir la audiencia y solicitar nuevamente que rindiera tal informe. Ciertamente, de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Amparo, la facultad del Juez de Distrito para suspender o diferir la audiencia de ley está condicionada a tres supuestos: 1. Que la responsable rinda su informe sin la debida anticipación; 2. Que lo solicite alguna de las partes, y 3. Que el Juez lo estime pertinente. Sin embargo, en el caso concreto los recurrentes no solicitaron este diferimiento; lo anterior de conformidad con la jurisprudencia número 225 sustentada por este Tribunal Colegiado, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. LA SIMPLE OMISION DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIR SU INFORME CON JUSTIFICACION, NO ES RAZON PARA DIFERIRLA.-El hecho de que la autoridad responsable omita rendir su informe justificado no conduce al diferimiento de la audiencia constitucional. En efecto, de la sana interpretación del artículo 149 de la Ley de Amparo se desprende que el Juez Federal está facultado para suspender o diferir la audiencia constitucional, siempre y cuando se den estos tres supuestos: 1) Que la responsable rinda su informe sin la debida anticipación, es decir, que lo haga en un término menor al de ocho días previos al fijado para la audiencia. 2) Que lo solicite alguna de las partes. 3) Que el Juez lo estime pertinente. De aceptar que deba diferirse la audiencia siempre que la responsable no rinda informe justificado haría nugatorio el referido artículo 149 de dicha ley, pues nunca operaría la presunción de certeza del acto que se le imputa, de acuerdo con el párrafo tercero de tal dispositivo.".
Ahora bien, es cierto que los quejosos en su demanda de garantías afirmaron estar recluidos en el Centro de Readaptación Social del Estado de Puebla, pero no menos cierto es que autorizaron para recibir notificaciones en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, al profesionista Lincoln Rodríguez Rodríguez, y en esos términos el Juez Federal a quo lo tuvo por autorizado en el auto admisorio, de cuatro de octubre del año próximo pasado; por tanto, los quejosos, a través de su autorizado para oír notificaciones, estuvieron en posibilidad de solicitar en la propia audiencia constitucional su suspensión, habida cuenta de que momentos antes de dicha audiencia los hoy recurrentes ofrecieron un escrito en el que además de ofrecer pruebas formularen alegatos (fojas veintidós a veintisiete), mismo escrito que forzosamente debió ser presentado por el autorizado para recibir notificaciones, ya que los quejosos expresamente manifestaron estar recluidos en el Centro de Readaptación Social del Estado de Puebla y por ende materialmente estaban impedidos para hacerlo. En efecto, no obstante que las partes en el juicio de amparo no tienen obligación de asistir a la audiencia constitucional, ello no quiere decir que no pesa en ellas la carga procesal de acudir el día y hora señalados para tal efecto, precisamente para que estén en aptitud de ejercitar sus derechos, entre otros el que les concede la parte final del primer párrafo del artículo 149 de la ley de la materia, que es el de solicitar el diferimiento o en su caso la suspensión de la citada audiencia; y por tanto, si no cumplen con esa carga procesal deben aceptar las consecuencias de su inasistencia, de conformidad con la tesis sostenida por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo en revisión números 11/90 y 123/89, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE O SUSPENDERSE SOLO A PETICION DEL QUEJOSO O DEL TERCERO PERJUDICADO, CUANDO NO TUVIERON OPORTUNIDAD DE CONOCER EL INFORME JUSTIFICADO CON LA ANTICIPACION DEBIDA.-Si bien es cierto que las partes en el juicio de amparo no tienen obligación de asistir a la celebración de la audiencia constitucional, también lo es que no existe precepto legal alguno que constriña al Juez de Distrito a diferir o en su caso suspender la audiencia, en la hipótesis de que se dé cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable, rendido extemporáneamente, hasta la celebración de ésta, a la que no concurrieron el quejoso y el tercero perjudicado; pero además, el artículo 149 de la Ley de Amparo, otorga la facultad al juzgador federal de diferir o suspender tal audiencia, según proceda, cuando el informe justificado no se rinda con la anticipación debida (ocho días antes de la audiencia) y sólo a solicitud del quejoso o tercero perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente en el momento de la audiencia, lo que implica que, aún en la hipótesis dada, resulta necesaria la petición al respecto y si ésta no se realiza el a quo no puede suspender dicha audiencia; por tanto si no asiste el interesado para solicitar tal suspensión, únicamente a él debe ser imputable, no pudiendo el juzgador subsanar esa omisión al no estar autorizado para ello y, por el contrario, al existir precepto que exige la petición de parte para tal efecto. Es pertinente agregar que si bien las partes en el juicio biinstancial no tienen la obligación de estar presentes en la audiencia constitucional correspondiente, esto no quiere decir que no pese sobre ellos la carga procesal de estar presentes en dicha audiencia, precisamente para que en ella estén en aptitud de ejercitar sus derechos, entre otros el que les concede la parte final del primer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo, que es el de solicitar verbalmente la suspensión de la repetida audiencia, razón por la que, si no cumplen con tal carga procesal deben soportar las consecuencias de su inasistencia.".
Es pertinente señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 19/89, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de este Circuito, consideró que debía prevalecer el criterio de este cuerpo colegiado contenido en la tesis antes transcrita, y esa resolución de contradicción de tesis constituye jurisprudencia obligatoria de acuerdo con lo establecido por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y por la misma causa la tesis jurisprudencial invocada por los recurrentes y establecida por diverso Tribunal Colegiado, no tiene aplicación. El criterio del Máximo Tribunal de la Nación a que se hizo alusión, se encuentra publicado bajo el número 31 A. 5/90 visible en la página 21 de la Gaceta número 34 correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa, y al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POTESTAD DEL JUEZ PARA DIFERIRLA O SUSPENDERLA.-El artículo 149 de la Ley de Amparo, al establecer que el Juez podrá diferir o suspender la audiencia a solicitud del quejoso o tercero perjudicado, otorga al Juez potestad decisoria al emplear la palabra "podrá", debiendo por ello quedar a su prudente arbitrio el conceder o negar el diferimiento o suspensión de la audiencia constitucional, según proceda; por ende, aunque las partes así lo soliciten, no indefectiblemente procederá esa consecuencia.".
Como el sumario no comprende en su integridad la parte medular del criterio que se estimó debe prevalecer, conviene hacer una transcripción en lo conducente, de la ejecutoria correspondiente, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que integra la tesis de jurisprudencia número 3/91 que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. HIPOTESIS EN QUE PUEDE DIFERIRSE O SUSPENDERSE, CONFORME AL ARTICULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL QUINCE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.-El texto del artículo 149 de la Ley de Amparo, que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, establece como requisitos para que la audiencia constitucional pueda ser diferida o suspendida, los siguientes: 1. Que el informe justificado se rinda, cuando menos con ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional. 2. Que el quejoso o el tercero perjudicado solicite se difiera o suspenda la audiencia, y 3. Que el Juez, ejerciendo su potestad decisoria, acuerde diferirla o suspenderla. Estos requisitos se establecieron al presuponer que si el informe justificado se recibió en menos de ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, el quejoso no estaba en condiciones de conocerlo con la debida oportunidad, en cuya hipótesis podría pedir el diferimiento o la suspensión de la misma, esto último en el caso de que se lo hubiese solicitado, lo que, incluso, puede hacerse verbalmente en ese momento. Es claro que el espíritu de esta reforma tiende a evitar que los juicios de amparo se prolonguen innecesariamente y, por eso, quedó limitada a los casos en que la parte quejosa o el tercero perjudicado soliciten que se difiera o suspenda la audiencia constitucional, pues sólo a ellos podría perjudicar el arribo extemporáneo del informe justificado; por lo que, sabedores de que está pendiente su recepción, deberán estar atentos a ello para tener la oportunidad de solicitar el diferimiento o suspensión de la audiencia constitucional. De esta manera, si las partes no se presentaron a la audiencia constitucional, para hacer valer su derecho, debe entenderse que tácitamente consintieron los términos en que se hubiere rendido el informe, o bien han demostrado desinterés en cuanto a las consecuencias que les pueda originar su ausencia, ya que la misma les reportará la pérdida de la oportunidad de combatir el contenido del informe justificado. En consecuencia no es al Juez a quien corresponde tutelar ese derecho y, sustituyéndose a las partes, diferir oficiosamente la audiencia.".
Así pues, en el caso concreto los quejosos no quedaron liberados de la carga procesal de aportar las pruebas necesarias para demostrar la ilegalidad del acto reclamado. Tan es así, que el artículo 152 de la Ley de Amparo previene que para efecto de que las partes puedan rendir su prueba en la audiencia del juicio, las autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que le solicitaren; y si se negaren a hacerlo o no cumplieren con la debida oportunidad, la parte interesada solicitará al Juez Federal que requiera a los omisos, inclusive pidiéndole a su vez que aplace la audiencia de ley para dar margen a que se cumpla con lo solicitado. Por lo mismo, los hoy recurrentes tenían obligación de solicitar a la responsable la expedición de las copias certificadas pertinentes para ofrecerlas como prueba en el juicio de amparo, así como a su vez de solicitar del Juez Federal el aplazamiento a la audiencia para que la responsable estuviera en condiciones de expedir las constancias necesarias, y en su caso, pedir al Juez de Distrito a quo que requiriera a la autoridad omisa para que cumpliera con su deber. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 213 y la tesis de este Tribunal Colegiado, esta última sustentada al resolver los juicios de amparo en revisión 152/988, 211/990, 248/993 y 323/993, que respectivamente establecen: "AUDIENCIA DE AMPARO. APLAZAMIENTO DE LA.-El artículo 152 de la Ley de Amparo sólo autoriza el aplazamiento de la audiencia constitucional, cuando las autoridades o funcionarios obligados a expedir copias o documentos, para ser presentados como pruebas en el juicio de garantías, se negaren a hacerlo, o no cumplieren con esta obligación, y siempre que los interesados soliciten del Juez de Distrito que requiera a los omisos."; y, "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DIFERIMIENTO POR FALTA DE CONSTANCIAS. DEBE SOLICITARLA EL QUEJOSO.-Es verdad que el Juez Federal tiene facultades para diferir la audiencia, si el informe de la responsable es insuficiente, para exigirle que lo amplíe, pero sólo puede hacerlo a solicitud de las partes, tomando en cuenta que el artículo 149 de la Ley de Amparo dispone, en lo conducente, que si el informe con justificación no se rinde por lo menos ocho días antes de la audiencia, el Juez podrá diferirla a solicitud del quejoso o tercero perjudicado, por lo que si la autoridad responsable rindió tal informe solamente con dos días de anticipación a la fecha en que se celebró la audiencia remitiendo constancias insuficientes, la quejosa tiene el derecho de pedir al Juez a quo su diferimiento para que en su caso la responsable amplíe su informe.".
Es cierto que los quejosos ofrecieron copias certificadas de algunas constancias del proceso de origen, sin embargo éstas no tienden a demostrar la inconstitucionalidad del auto de formal prisión reclamado, por referirse únicamente a hechos tales como el del día veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y tres en que Lincoln Rodríguez Rodríguez aceptó el cargo de defensor particular de los hoy recurrentes, y que por auto de trece de octubre de ese mismo año se le tuvo por desistido del recurso de apelación interpuesto contra el auto de bien preso.
En consecuencia, al no ser inconstitucional en sí mismo el auto de formal prisión reclamado por provenir de una autoridad judicial facultada para emitirlo en términos del artículo 19 de la Carta Fundamental, como lo es la Juez de lo Penal de Huejotzingo, Puebla; luego quedó a cargo de los quejosos aportar las pruebas necesarias para demostrar los hechos que determinarán su ilegalidad, ante la falta de constancias indispensables para fallar el asunto; lo anterior de conformidad con las jurisprudencias números 151 y 282 sustentadas por este órgano colegiado, que respectivamente establecen: "INFORME JUSTIFICADO. DEBEN APORTARSE PRUEBAS PARA DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO QUE SE RECLAME, AUNQUE FALTE AQUEL.-Aun reconociendo que no existe analogía perfecta entre un juicio ordinario y el amparo, puede sostenerse que en éste, el quejoso juega el papel de actor y la autoridad responsable el de reo, y es indiscutible que toca al primero, en toda hipótesis, probar su demanda, pues de otra manera la controversia judicial quedaría sin materia; por lo que si el quejoso, pudiendo hacerlo, no aporta pruebas para sostener la inconstitucionalidad que alega en el amparo, debe fallarse en su perjuicio, aunque la autoridad responsable hubiera omitido su informe."; e, "INFORME JUSTIFICADO. FALTA DEL (AUTO DE FORMAL PRISION).-El Juez de lo penal de conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el diverso 19 constitucional y 211 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, es autoridad competente para dictar un auto de formal prisión, por lo que tal acto es constitucional en sí mismo. En esas condiciones y cuando la responsable omita rendir su informe justificado, queda a cargo del quejoso de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Amparo, la prueba de los hechos que determinaran su inconstitucionalidad.".
Las anteriores consideraciones conducen a confirmar la sentencia que se revisa.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV y 85 fracción II de la Ley de Amparo y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Marcelino Gutiérrez Lara y Luis López Cervantes, en contra de los actos que reclaman de la Juez de lo Penal y director del Centro de Readaptación Social, ambos del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, los cuales fueron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo, y en su oportunidad archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Gustavo Calvillo Rangel, José Galván Rojas y Clementina Ramírez Moguel Goyzueta, siendo ponente el primero de los nombrados quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2055-631b7df1/audiencia-constitucional-el-diferimiento-de-la-por-falta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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