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Modo: Corpus Pro

AUTO DE FORMAL PRISION. CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 248/93. · Registro digital (IUS): 1251
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSE RANULFO AGUILAR TORRES (DETENIDO).
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Mayo de 1994, , Pág. 233.

AMPARO EN REVISION 248/93. JOSE RANULFO AGUILAR TORRES (DETENIDO).

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Son parcialmente fundados los agravios hechos valer.

Ante todo, conviene destacar que es inexacta la afirmación que en forma reiterada, el hoy recurrente hace valer en cuanto a que la actuación del Juez de Distrito a quo al resolver el juicio de garantías, es violatoria de las garantías individuales contempladas por los artículos 14, 16 y 19 constitucionales.

Esto es así, pues los Jueces de Distrito, al conocer de los juicios de amparo, tienen a su cargo el control constitucional y jurídicamente no pueden conculcar esas garantías que en favor de todo gobernado consagra la Constitución General de la República, en todo caso, los preceptos que dejaran de observar al tramitar y resolver tales juicios, serían los relativos a la Ley de Amparo, ordenamiento legal al que deben sujetar su actuación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 17 de este cuerpo colegiado, que dice: "JUECES DE DISTRITO, NO VIOLAN GARANTIAS CON SUS FALLOS.-El Juez de Distrito es un órgano que tiene a su cargo el control constitucional y jurídicamente no puede conculcar garantías individuales; en todo caso los preceptos que dejara de observar al emitir su fallo, serían los relativos a la Ley de Amparo, ordenamiento legal al cual debe sujetar su actuación.".

A continuación, este tribunal considera oportuno referirse a los planteamientos consistentes en que la sentencia recurrida tiene datos confusos en cuanto a la fecha en que fue dictada, porque en su primera parte se señala al respecto el día dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y tres y al final de ella se establece que fue pronunciada hasta el nueve de abril siguiente; que también se precisó como número de expediente al que corresponde el "101/92", siendo que en realidad es el "101/93"; y que además, confunde el hecho de que ese fallo fue notificado a las partes en tres diferentes ocasiones por lista, lo que implica una violación del procedimiento de amparo.

Los anteriores planteamientos deben desestimarse, pues en principio, las supuestas irregularidades de que hacen mención ningún agravio irrogan al peticionario de garantías (hoy inconforme) y por su propia naturaleza, tampoco trascienden al sentido del fallo que se revisa; así, aun cuando es cierto que la audiencia constitucional, en la que se dictó la sentencia combatida, tuvo lugar el día dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y tres y que al pie de esa resolución aparece una leyenda relativa a que fue dictada hasta el nueve de abril siguiente, "fecha en que lo permitieron las labores de este juzgado", no puede estimarse que tal circunstancia coartó algún derecho del amparista o motivó que haya sido dictada en determinado sentido, máxime que no existe alegato o prueba sobre el particular. Tocante a que se señaló que el fallo es relativo al expediente número "101/92", siendo que corresponde al "101/93", esto aunque es verdad, no tiene el alcance de confundir a las partes, pues el contenido de la sentencia indudablemente se relaciona con la controversia constitucional de que se trata y en todo caso, es de inferirse que esa incorrecta cita del número de expediente obedece a un simple error de carácter mecanográfico intrascendente. Por cuanto hace a que el fallo en cuestión se notificó por lista a las partes en tres diferentes ocasiones, veintiuno, veintiséis y treinta de abril de mil novecientos noventa y tres, esto es inexacto, pues si bien en autos constan esas tres notificaciones, se advierte que la primera se realizó al Ministerio Público, la segunda en fecha, no fue propiamente por lista, sino se dio como resultado de que al no haber sido encontrado al quejoso en el domicilio que indicó para recibir notificaciones personales, previo citatorio, se actualizó la necesidad de que también se hiciera constar esa notificación por medio de lista; mientras que la tercera, si bien fue por lista y se dirigió a las partes, no corresponde a la sentencia impugnada, sino al auto de veintiocho de abril del mismo año, mediante el que se autorizó expedir al quejoso copia certificada del fallo; luego, resulta del todo injustificada y carente de lógica, la afirmación de que el Juez de Distrito a quo desconoce el derecho al haber notificado la sentencia a las partes en tres diversas ocasiones.

En seguida, este Tribunal Colegiado habrá de ocuparse de estudiar los argumentos encaminados a poner de manifiesto que el Juez de amparo debió diferir de oficio el desahogo de la audiencia constitucional.

Con ese propósito, cabe señalar que al respecto, del escrito de revisión se aprecia que el ahora recurrente aduce que el Juez de Distrito debió diferir de oficio la audiencia constitucional, por dos motivos, uno de ellos, porque agregó el informe del Juez responsable hasta el día en que se celebró la audiencia, dejándolo en estado de indefensión, ya que no tuvo la oportunidad de conocer las constancias que integraban ese informe, para alegar lo que estimara conveniente y ofrecer pruebas; y otro, porque, si en el informe justificado en comento no obraban ciertas constancias necesarias para resolver el asunto, el juzgador de amparo debió requerir esas constancias, para estar en aptitud de suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 bis, fracción II de la ley de la materia, y para cumplir con lo dispuesto por el diverso 78, tercer párrafo, de esa legislación, por lo que debió haber aplazado la audiencia hasta que le enviaran las responsables las documentales solicitadas.

Esos motivos aducidos para poner de manifiesto que el Juez de Distrito debió diferir la audiencia constitucional son infundados y por tanto, no revelan que en ese aspecto, el Juez de Distrito haya violado el procedimiento del juicio de garantías.

Se estima lo anterior, pues tocante al primero de esos motivos, del expediente de garantías se advierte que el once de febrero de mil novecientos noventa y tres, el Juez responsable rindió su informe justificado acompañando el duplicado debidamente certificado del proceso número 14/993, del que emanan los actos reclamados, informe y constancias que aparece fueron agregadas a los autos del juicio constitucional por proveído del día quince de febrero siguiente, en el que también se acordó dar vista con ellos al quejoso, resolución que aparece notificada por lista a las partes el diecisiete de febrero; de lo que se sigue que no tiene razón el inconforme en cuanto a que esas constancias se agregaron hasta el día en que se celebró la audiencia constitucional (18 de febrero), pero además, que no quedó en estado de indefensión, pues tuvo la oportunidad y tiempo para alegar y ofrecer pruebas, sin que por tanto, por esta circunstancia, el Juez de Distrito tuviera que deferir la audiencia constitucional, máxime que no medió petición de parte al respecto.

Con relación al segundo motivo y también para corroborar las consideraciones vertidas en el párrafo precedente, conviene precisar que si bien es verdad que el Juez de Distrito tiene facultades para diferir la audiencia constitucional, si el informe de la autoridad responsable o las constancias que al mismo se acompañaron, son insuficientes, para exigirle que lo amplíe, esto sólo puede hacerlo a petición de las partes, tomando en consideración que el artículo 149 de la Ley de Amparo, dispone en lo conducente, que si el informe con justificación no se rinde por lo menos ocho días antes de la audiencia, el Juez podrá diferirla a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, por lo que si en el caso, el juzgador responsable no rindió tal informe con esa oportunidad, remitiendo constancias que el propio Juez Federal estimó insuficientes para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, el quejoso tenía el derecho y a su vez la carga procesal de pedir al juzgador de amparo que postergara la audiencia, para que en su caso, la responsable ampliara su informe, pero si no lo hizo, ese no diferimiento de la audiencia sólo al amparista le es imputable, y no resulta violatorio de las reglas del procedimiento de garantías, toda vez que, en conclusión, el quejoso dejó de hacer uso del derecho que le otorga el primer párrafo del citado artículo 149 de la legislación de la materia, es decir, que hecha saber la llegada del informe justificado, pudo solicitar el aplazamiento de la audiencia, incluso, en el propio desahogo de ésta, sin que para estimar que no pudo hacer valer ese derecho sea óbice que no haya comparecido a la audiencia, ya que si bien en el juicio de amparo indirecto, las partes no tienen la obligación de estar presentes en la audiencia constitucional respectiva, esto no quiere decir que no pese sobre ellas la carga procesal de estar presentes en dicha audiencia, precisamente para que en ella estén en aptitud de ejercitar sus derechos; correspondiendo a la potestad federal cumplir con las formalidades del procedimiento, lo que en este aspecto se cumplió al dar a conocer a las partes la llegada del informe justificado mediante un proveído anterior a la multicitada audiencia. Ilustra las consideraciones anteriores, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo en revisión números 152/988 y 211/990, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DIFERIMIENTO POR FALTA DE CONSTANCIAS. DEBE SOLICITARLA EL QUEJOSO.-Es verdad que el Juez Federal tiene facultades para diferir la audiencia, si el informe de la responsable es insuficiente, para exigirle que lo amplíe, pero sólo puede hacerlo a solicitud de las partes, tomando en cuenta que el artículo 149 de la Ley de Amparo dispone, en lo conducente, que si el informe con justificación no se rinde por lo menos ocho días antes de la audiencia, el Juez podrá diferirla a solicitud del quejoso o tercero perjudicado, por lo que si la autoridad responsable rindió tal informe solamente con dos días de anticipación a la fecha en que se celebró la audiencia remitiendo constancias insuficientes, la quejosa tiene el derecho de pedir al Juez a quo su diferimiento para que en su caso la responsable amplíe su informe.".

No está por demás destacar que lo dispuesto por los artículos 76 bis, fracción II y 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, de ninguna manera constriñen al Juez de amparo para recabar oficiosamente pruebas.

Se estima lo anterior, pues si bien en materia penal, el Juez de Distrito tiene la obligación de suplir la queja en favor del reo, cuando advierta que ésta es deficiente o incluso ante la inexistencia de expresión de argumentos, en aspectos que le favorezcan al propio reo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, tal obligación se traduce en la mera suplencia de argumentos no expresados o incorrectamente formulados en la demanda de garantías, o en su caso, en el escrito de revisión, es decir, se reduce al perfeccionamiento de los conceptos de violación o de agravios, llegando al grado de hacerlos valer a pesar de que en la demanda o en el escrito de revisión hubiera ausencia o deficiencia de unos u otros, pero tal suplencia no llega al extremo de recabar pruebas de oficio, liberando al quejoso de la carga probatoria que le corresponde en cuanto a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados.

Por otra parte, aun cuando es verdad que el artículo 78 de la Ley de Amparo, concede al Juez de Distrito la facultad de recabar pruebas de oficio que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y que estime necesarias para resolver el asunto; empero, tal facultad no debe interpretarse como un derecho procesal de las partes sino con carácter de potestativa y discrecional para el Juez, por tanto si no hizo uso de esa facultad no puede obligársele a que lo haga y su proceder no puede constituir una violación al procedimiento en agravio del quejoso. Sirve de apoyo a tales consideraciones, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 5/89, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 31, correspondiente al mes de julio de 1990, página 39, que dice: "PRUEBAS. FACULTAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABARLAS DE OFICIO.-No puede reputarse como una violación al procedimiento en agravio del quejoso, el que el Juez de Distrito no recabe de oficio las pruebas rendidas ante la responsable, porque la facultad que concede al juzgador federal el artículo 78 de la Ley de Amparo, no debe entenderse como un derecho procesal de las partes, en los términos de la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia, listada bajo el número 66, en la página 428, de la parte correspondiente al Pleno, del Informe de Labores de 1985, bajo la voz: 'PRUEBAS QUE PUEDEN RECABAR DE OFICIO LOS JUECES DE DISTRITO. ARTICULO 78, TERCER PARRAFO DE LA LEY DE AMPARO.'. De manera que, corresponde al quejoso la carga de la prueba de la inconstitucionalidad de los actos reclamados cuando éstos no son violatorios de garantía en sí mismos, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que fundaron, de conformidad con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, al no haber acreditado el amparista la inconstitucionalidad de la resolución impugnada, es correcta la negativa de la protección constitucional solicitada.".

En cambio asiste razón al recurrente en cuanto a que el Juez de Distrito a quo no debió argumentar su imposibilidad para estudiar la constitucionalidad del auto de formal prisión reclamado, pues aunque el Juez responsable no remitió todas las constancias probatorias en que se apoyó para dictarlo, sí las transcribió en el mismo auto de prisión preventiva, y de las constancias transcritas se desprenden elementos suficientes para el análisis constitucional.

Para corroborar la anterior consideración, cabe precisar que en la sentencia que se revisa, el juzgador federal a quo advirtió que en el duplicado del proceso que la autoridad responsable acompañó a su informe como justificante de sus actos, no obran la totalidad de las constancias que le sirvieron de base a la autoridad para emitir el auto de prisión preventiva, pues no constan las declaraciones producidas ante el coordinador de la Policía Judicial del Estado de Puebla, por la agraviada Rosario Vargas Cano y por el quejoso, así como el dictamen número quinientos treinta y uno emitido por los doctores Jesús Jiménez Gámez y Elsa Fortiz Ortega, señalando que tales constancias tampoco fueron aportadas por el quejoso, con el objeto de acreditar la inconstitucionalidad de los actos que reclama, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo, por lo que no cumplió con la carga procesal que le corresponde; estimando el juzgador de garantías, que por tales razones existe imposibilidad para analizar la constitucionalidad del auto de prisión preventiva y por ende la orden de reaprehensión también reclamada, en tanto ésta dimana de dicho acto.

Ahora bien, como acertadamente se alega, la circunstancia de que en el duplicado del proceso remitido como justificante de los actos reclamados, no obren los elementos de prueba aludidos, en el caso, no imposibilitó al juzgador federal para analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es decir, para en realidad, estudiar tales actos, pues el contenido de esos medios probatorios, efectivamente aparece transcrito en el auto de formal prisión impugnado, como puede observarse del texto de tal mandamiento que obra a fojas dieciséis vuelta y diecinueve a veintitrés vuelta del citado duplicado; luego, si el quejoso no discutió la existencia de tales pruebas, ni formuló argumento alguno sobre las deficiencias del informe justificado, debe considerarse que consintió el contenido de esos elementos de convicción realizó la responsable en el auto reclamado, y por tanto bastaba la transcripción de esas pruebas no contradicha, así como las constancias existentes en ese duplicado, para que el Juez de Distrito determinara si los actos reclamados son o no inconstitucionales de acuerdo con los propios datos y pruebas en los que aparece se fundaron. Ilustra tal criterio, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Volumen LXXXVI, página 821, que dice: "INFORME JUSTIFICADO.-Si la autoridad señalada como responsable, al rendir su informe justificado, se limita a transcribir el auto de formal prisión que se reclama, en el que se hace relación de los hechos ocurridos, sin acompañar constancias que comprueban esos hechos; pero el quejoso no discute la existencia de los mismos, ni en sus agravios reclama sobre deficiencias del informe, bastará esa relación de hechos, no contradichos por el ocurrente, para poder determinar si el acto que reclama es o no anticonstitucional.".

Es corolario de lo anterior que, cuando en el juicio de amparo indirecto en que el acto reclamado se hace consistir en el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso, la autoridad responsable no remite con su informe justificado todas las constancias probatorias en que se apoyó para dictar esa resolución, enviando sólo algunas o ninguna, así como copia certificada del propio auto de prisión preventiva, en la que aparecen transcritos los elementos de convicción en que se fundó para emitir esa resolución, incluso los que omitió remitir, y el amparista no suscita controversia en cuanto a la existencia y contenido de las constancias transcritas; el Juez de Distrito no debe argumentar imposibilidad jurídica para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, que equivale a una falta de estudio del propio acto, si de las constancias transcritas se desprenden elementos suficientes para el análisis constitucional correspondiente, es decir, para determinar si se cumplieron o no los requisitos de fondo y de forma previstos al respecto por el artículo 19 de la Constitución General de la República.

Es pertinente precisar que este cuerpo colegiado ya se ha pronunciado en cuanto a que, cuando el acto reclamado es un auto de formal prisión y la autoridad responsable sólo envía con su informe copia certificada de dicha resolución, sin que el quejoso haya aportado las constancias en que aquélla se hubiese apoyado, incumpliendo con la carga procesal que al respecto le corresponde en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito no está en condiciones de determinar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto, tal criterio se ha considerado aplicable para el caso de que en esa copia del auto de prisión preventiva no se hubieran transcrito las constancias necesarias del proceso, lo que no puede estimarse en el caso, pues como se dijo, en la copia certificada del auto de prisión preventiva impugnado, aparecen transcritas y reseñadas las constancias probatorias en las que se fundó. El criterio aludido obra en la tesis sustentada por este tribunal al resolver los juicios de amparo en revisión números 312/991, 445/991, 28/992 y 53/993, que dice: "AUTO DE FORMAL PRISION, CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL.-En atención a que el auto de formal prisión no es un acto violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado la responsable para emitirlo, cuando esta autoridad sólo envía con su informe una copia certificada de dicha resolución, en la que no se transcriben las constancias necesarias del proceso, corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, exhibir las demás constancias en que aquélla se hubiese apoyado, y si no lo hace es claro que el Juez de Distrito no está en condiciones de resolver sobre su legalidad y la sentencia que pronuncie negando el amparo, está apegada a derecho.".

En ese orden de ideas, atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 77, fracción I y 78 de la Ley de Amparo, que se alegan como violados, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó probado ante la autoridad responsable, debe decirse que cuando entre las constancias remitidas por la responsable como justificante de su informe, no obran todas aquellas en que se apoyó para dictar el acto, pero éstas aparecen transcritas en el texto del mismo, sin que el quejoso controvierta la existencia y contenido de las transcritas, lo que no es tomado en consideración por el Juez de Distrito, el que aseveró simplemente su imposibilidad para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pretextando la inexistencia de constancias mínimas, es evidente que no resolvió el juicio de garantías conforme a derecho, pues las constancias transcritas en el auto, por las razones indicadas, debió estimarlas suficientes para emprender el aludido estudio y al no hacerlo, su proceder revela que no tuvo en consideración las pruebas conducentes para en el caso apreciar el acto reclamado, lo que necesariamente motivó que resolviera en forma injustificada la petición de amparo, contrariando lo dispuesto por los preceptos indicados, que contemplan normas del procedimiento del juicio de garantías.

En consecuencia, al existir una patente violación a las normas que regulan el procedimiento del juicio constitucional, de conformidad con lo establecido por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar la sentencia que se revisa y ordenar la reposición del procedimiento, para que el Juez de Distrito a quo dicte otro fallo en el que analice los actos reclamados al tenor de las constancias que el Juez responsable acompañó a su informe justificado, en lo conducente, al de las que aparecen transcritas en el auto de prisión preventiva impugnado, así como al de los conceptos de violación aducidos por el quejoso, resolviendo el juicio de garantías conforme a derecho proceda; sin que este cuerpo colegiado se ocupe de estudiar los restantes agravios, pues advierte que están encaminados a corroborar la existencia de violaciones procesales y a poner de manifiesto la ilegalidad de las consideraciones emitidas en la sentencia recurrida, la que habrá de quedar sin efecto, por lo que a nada práctico conduciría dar respuesta a los otros agravios.

No está por demás destacar que no puede estimarse que ante la omisión del Juez Federal de analizar los actos reclamados en los términos precisados corresponde a este Tribunal Colegiado ocuparse de subsanar tal irregularidad, pues como se ha visto, esa omisión constituye una violación a las reglas que rigen el procedimiento del juicio de garantías, pero además de proceder de tal forma se resolvería prima facie el juicio constitucional de que se trata, lo que pugnaría con la procedencia de su vía, la que al ser biinstancial permite a las partes la oportunidad de, en su caso, inconformarse con el fallo dictado por el Juez de Distrito.

Cabe señalar que por razones similares a la precisada, este tribunal ha ordenado la reposición del procedimiento del juicio de garantías al resolver los amparos en revisión números 130/992 y 347/992.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 88, 90 y 91 de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de garantías promovido por JOSE RANULFO AGUILAR TORRES, contra los actos que reclama del Juez Quinto de lo Penal de esta ciudad de Puebla, Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, de esta entidad federativa, procurador general de Justicia y coordinador de la Policía Judicial, estas dos últimas autoridades del Estado de Puebla, actos que fueron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución; devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el expediente.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Tarcisio Obregón Lemus, Gustavo Calvillo Rangel y José Galván Rojas, siendo ponente el tercero de los mencionados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1251-50460f08/auto-de-formal-prision-corresponde-al-quejoso-demostrar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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