EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO "POR INUTILIDAD".
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 3/2007-SS. PRESIDENTA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de octubre de dos mil siete.
Vistos, para resolver los autos del expediente 3/2007-SS relativo a la solicitud de modificación de jurisprudencia sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J. 157/2006, consultable en la página 199 del Tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con rubro: "EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO POR INUTILIDAD DE SUS MIEMBROS."; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio recibido el trece de julio de dos mil siete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, presidenta de esta Segunda Sala, formuló solicitud a ésta para que modifique la jurisprudencia número 2a./J. 157/2006, cuyo rubro es: "EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO POR INUTILIDAD DE SUS MIEMBROS.", emitida por la misma, dicha solicitud, en lo interesante, es del tenor siguiente:
"Respetuosamente, con fundamento en el artículo 94, octavo párrafo, de la Constitución Federal, en relación con el último párrafo del artículo 197 de la Ley de Amparo,(1) y con motivo de diversos casos concretos(2) resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicito formalmente la modificación de la jurisprudencia 2a./J. 157/2006 de la Segunda Sala de dicho tribunal, por las razones que más adelante serán expuestas. La referida jurisprudencia, cuya modificación se solicita, es del tenor siguiente: ‘EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO POR INUTILIDAD DE SUS MIEMBROS. No procede conceder la suspensión definitiva en contra de los efectos de la orden de baja del activo y alta en situación de retiro de un militar, consistentes en: a) la cesación de la prestación de sus servicios al Ejército mexicano y, b) la cesación de percibir el haber correspondiente y demás beneficios económicos, en virtud de haberse consumado la orden de baja del activo y haber causado alta en situación de retiro, con la cual se producen los efectos precisados; por tanto, para que puedan gozar nuevamente de sus haberes y seguir prestando sus servicios dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas deberán ser dados de alta como miembros activos, lo que implicaría darle efectos restitutorios a la medida cautelar, que sólo son propios, en su caso, de ejecutorias favorables en el juicio principal, sin que se haga pronunciamiento sobre la suspensión en lo referente a la atención médica, incluyendo medicamentos, consultas, hospitalización y todo lo necesario para su tratamiento, pues tal aspecto no fue materia de la contradicción.’ (No. Registro: 173,775. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, tesis: 2a./J. 157/2006, página 199, contradicción de tesis 147/2006-SS). II. Antecedentes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesiones públicas llevadas a cabo los días 27 de febrero y 6 de marzo de 2007, resolvió una serie de amparos en revisión promovidos por militares y marinos, en los que se planteó la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), tanto de la abrogada como de la vigente(3). En dichos asuntos, el Pleno del Máximo Tribunal del país determinó que los supuestos de retiro por inutilidad adquirida en actos fuera del servicio y los requisitos que en estos casos se deben satisfacer para tener derecho a un haber de retiro y asistencia médica, violan las garantías de igualdad y no discriminación que consagra la Constitución Federal. De toda esa serie de juicios de amparos resueltos destaca un criterio reiterado en más de cinco asuntos ininterrumpidos por otro en contrario, en síntesis, en el sentido de que la única causa constitucional que justifica la baja del activo de las Fuerzas Armadas y alta en situación de retiro por motivos de salud, es la inutilidad, entendida como la no aptitud física o mental para el servicio de las armas y no así la sola existencia de un padecimiento o enfermedad, dado que ello no implica necesariamente que el grado de afectación de la salud del militar le impida desempeñar las funciones inherentes a su encargo. El Pleno resolvió, así, que la simple susceptibilidad a infecciones recurrentes atribuibles a un estado de inmunodeficiencia, por sí misma, no implica una incapacidad para el servicio de las armas. De manera específica, el tribunal decidió que la seropositividad al virus del VIH, por sí misma, no implica una incapacidad para el servicio de las armas, por lo que corresponderá a las autoridades castrenses determinar, en cada caso, si el grado de afectación a la salud del militar que lo padece, lo imposibilita para permanecer en el servicio activo. En la mayor parte de los asuntos referidos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: 1) Se dejen insubsistentes los procedimientos de retiro instaurados a los quejosos y, en consecuencia; 2) se reincorpore a los quejosos en el activo de las Fuerzas Armadas mexicanas; 3) se cubra a los quejosos los haberes caídos con descuento de la cantidad que en su caso hayan percibido por concepto de ‘compensación única’; y, 4) se siga proporcionando la asistencia médica que corresponda, en términos de lo previsto en la ley del ISSFAM. Lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades competentes cuenten con la posibilidad de determinar en cada caso si el grado de afectación de la salud de los quejosos los incapacita para el servicio de las armas. Resulta sumamente importante dejar apuntado que las particularidades de tales procesos de amparo evidenciaron que sin el otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva en dichos juicios, las violaciones alegadas hubiesen quedado irreparablemente consumadas -cuando menos en relación con la salud e integridad de los agraviados- dado el carácter progresivo que, en general, llega a presentar el padecimiento de los militares quejosos. Fue el caso del amparo en revisión 2146/2005 (sic). En dicho asunto, sin embargo, el Pleno de Ministros determinó que no era procedente sobreseer en el juicio de garantías, pues aun cuando se acreditó que el quejoso falleció a principios de este año, la concesión del amparo tendría por efecto que sus familiares recibieran los beneficios de seguridad social previstos en la Ley del ISSFAM, para el supuesto de muerte del militar en actos fuera del servicio. Dicho asunto puso en evidencia, además del importante papel de las medidas cautelares en ese tipo de casos, la intención del Pleno del Máximo Tribunal del país de interpretar el ordenamiento jurídico de tal manera que sea posible un efecto útil del juicio de garantías. Como se ha indicado, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Tribunal, cuya modificación se solicita, determina que debe negarse la suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido contra los efectos de la orden de baja del activo y alta en situación de retiro por inutilidad de sus miembros. De la lectura que se realice a la resolución que generó dicha jurisprudencia es posible advertir que tal criterio incluye el caso de órdenes de baja del activo y alta en situación de retiro fundadas exclusivamente en la detección de VIH al militar respectivo. De tal suerte que con anterioridad a los pronunciamientos del Pleno del Alto Tribunal, para la Segunda Sala resultaba improcedente conceder la suspensión definitiva contra los efectos de la orden de baja del activo y alta en situación de retiro por inutilidad de sus miembros, pese a que dicha determinación estuviera fundada exclusivamente en la detección de una enfermedad o padecimiento (detección de VIH, por ejemplo). Con lo cual, para la Segunda Sala, el militar quejoso debía soportar los efectos de la resolución de retiro (cuando menos) durante la tramitación del juicio de amparo respectivo, con lo cual quedaba privado de la posibilidad de seguir prestando sus servicios en el ámbito castrense; privado de sus haberes y remuneraciones ordinarias y privado de la asistencia médica que le correspondía en activo. Cabe subrayar, desde luego, que dicho criterio jurisprudencial de la Segunda Sala del Tribunal es anterior a los más de cinco pronunciamientos ininterrumpidos por otro en contrario del Pleno del Máximo Tribunal del país en el sentido de que es inconstitucional la norma que prevé el supuesto de causal de retiro fundado exclusivamente en la existencia de una enfermedad o padecimiento (detección de VIH, por ejemplo). III. Justificación. La suscrita estima que debe modificarse la jurisprudencia 2a./J 157/2006 de la Segunda Sala del tribunal, con base en las siguientes razones: III.1. El criterio 2a./J. 157/2006 de la Segunda Sala -cuya modificación se solicita- es contrario a la jurisprudencia sentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El criterio 2a./J. 157/2006 de la Segunda Sala -cuya modificación se solicita- lleva inmersa la consideración en el sentido de que es válida la prolongación -y no la suspensión- de los efectos de la orden o resolución de retiro basada exclusivamente en la existencia de un padecimiento o enfermedad del militar respectivo (detección de VIH, por ejemplo), durante el tiempo que dure el juicio de amparo promovido por el militar agraviado. Es decir, para la Segunda Sala era válido que durante la tramitación del juicio de amparo respectivo se privara al militar quejoso de la posibilidad de prestar sus servicios en las Fuerzas Armadas, así como de sus haberes y remuneraciones ordinarias,(4) con base en la resolución de retiro, pese a que ésta se encontrara justificada exclusivamente en la existencia de una enfermedad o padecimiento (detección de VIH, por ejemplo). Por su parte, una de las reglas jurisprudenciales desprendibles de los pronunciamientos (posteriores a la tesis de la Segunda Sala) del Pleno del Máximo Tribunal consiste en que la sola existencia de un padecimiento o enfermedad no es idónea para justificar el retiro o la baja del activo de las Fuerzas Armadas y alta en situación de retiro del militar respectivo; la seropositividad al virus del VIH, por sí misma, no implica una incapacidad para el servicio de las armas. En consecuencia, la estimación de la Segunda Sala en el sentido de que es posible mantener -y no suspender- los efectos de una resolución de retiro sustentada exclusivamente en la existencia de un padecimiento o enfermedad (detección de VIH, por ejemplo) choca frontalmente con la regla jurisprudencial plenaria (posterior) en el sentido de que el solo padecimiento o enfermedad no justifica la baja del activo y alta en situación de retiro. Por consiguiente, si a partir de los pronunciamientos del Pleno del Alto Tribunal resulta injustificado jurídicamente emitir una resolución de retiro basada exclusivamente en la existencia de una enfermedad o padecimiento (detección de VIH, por ejemplo); por mayoría de razón, tampoco encuentra justificación la prolongación -y no paralización- de los efectos de una resolución de retiro de esa índole durante el lapso que tarda la resolución del proceso de amparo respectivo. Es decir, a partir del pronunciamiento del Pleno, no es posible considerar que es válido que durante la tramitación del juicio de amparo respectivo se prive al militar quejoso de la posibilidad de prestar sus servicios en las Fuerzas Armadas, así como de sus haberes y remuneraciones ordinarias,(5) con base en la resolución de retiro que se encuentre justificada exclusivamente en la existencia de una enfermedad o padecimiento (detección de VIH, por ejemplo), máxime que -a partir de la decisión plenaria- dicha resolución debe presumirse contraria a la Constitución. De ahí que la suscrita considere que el respeto integral del pronunciamiento jurisprudencial del Pleno del Máximo Tribunal del país requiera de la modificación de la jurisprudencia de la Segunda Sala, pues esta última genera como efecto que el militar quejoso deba soportar los efectos negativos de una resolución de retiro que de antemano está exenta de la presunción de validez de la que gozan las actuaciones públicas. En efecto, a partir del pronunciamiento del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta injustificado que los quejosos retirados de las Fuerzas Armadas por la única razón de tener un padecimiento o enfermedad (detección de VIH, por ejemplo) deban soportar los efectos de dicha decisión castrense durante el lapso que tarda la resolución del juicio de amparo respectivo, máxime que existe la certeza de que las normas que sustentan dicha posibilidad son inconstitucionales. III.2. El mantenimiento del criterio de la Segunda Sala cuya modificación se solicita restaría y obstaculizaría la necesaria eficacia que debe tener la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que en los procesos de protección de derechos fundamentales, la importancia del sistema de medidas cautelares radica en que tiende a evitar, en gran medida, que aquellos actos posiblemente violatorios de derechos humanos no consumen sus efectos durante la tramitación del proceso, afectando la esfera jurídica del particular de manera irreversible o de una forma difícil de reparar. La Segunda Sala ha considerado que las medidas cautelares cobran especial importancia en los procesos de protección de derechos y libertades, debido a que la falta de posibilidades para evitar la consumación de los actos que se estiman violatorios de tales derechos puede ocasionar que, de modo parcial o completo, el propio proceso instituido para su defensa termine por resultar inútil a esos efectos. La Segunda Sala ha resuelto que el transcurso del tiempo -sin la posibilidad de evitar la consumación de los actos de autoridad combatidos- puede llegar a violar la esfera jurídica de un individuo de modo irreversible o grave, lo cual presenta una relevancia constitucional, principalmente, en el ámbito del derecho a un debido proceso y a una justicia efectiva y completa (artículos 14 y 17 constitucionales). La Sala ha reconocido también, que el derecho a la vida, a la igualdad (no discriminación), a la salud, a las libertades (trabajo, expresión, personales), los derechos de la personalidad, el derecho a la integridad física de las personas, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho de alimentos, por ejemplo, carecerían de contenido y eficacia sin la existencia de un proceso adecuado y capaz de garantizar de manera efectiva que no sean transgredidos. En tal sentido, para la Segunda Sala, la exigencia de las garantías de debido proceso (artículo 14 constitucional) y de protección efectiva y completa (artículo 17 constitucional) precisan de un sistema de medidas cautelares apto en los procesos de protección de derechos constitucionales, tomando en cuenta que la tardanza del procedimiento jurisdiccional para obtener su salvaguarda no es un factor que justifique su lesión grave y/o irreversible. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha llegado a establecer que del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva (artículos 14 y 17 constitucionales) dimana el derecho a medidas cautelares aptas a fin de que la administración de justicia a través del proceso no resulte inútil para la protección de los derechos fundamentales de los gobernados. (Todas esas consideraciones aparecen en la contradicción de tesis 122/2005-SS. Entre las sustentadas por el Noveno y el Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco votos). Resulta aplicable, a ese respecto, la primera parte de la jurisprudencia que en seguida se transcribe: ‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LOS ACTOS DE REGISTRO O INSCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL. La posibilidad de dictar medidas cautelares aptas para evitar la consumación de actos que se estiman contrarios a derecho, constituye una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tales medidas tienden a evitar, por una parte, que la afectación en la esfera jurídica del particular resulte irreparable y, por otra, que el propio proceso principal instituido para la defensa de los derechos sea inútil a esos efectos. En ese sentido, el otorgamiento de la suspensión de los actos de registro o inscripción de la sanción de inhabilitación temporal en el cargo del servidor público no encuentra el obstáculo del interés público y social previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que dicho registro definitivo o inscripción puede afectar irreversiblemente el derecho del gobernado a su propia imagen, en el ámbito personal y profesional, lo que es de mayor peso que el interés consistente en registrar, para efectos administrativos, transitorios y meramente preventivos, la sanción temporal impuesta, máxime que ésta se halla cuestionada jurídicamente a través del juicio de garantías y que, en todo caso, el registro para tales fines puede esperar a la firmeza de la resolución sancionatoria respectiva.’ (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, septiembre de 2005. Tesis 2a./J. 112/2005. Página 493). Con base en dicho fundamento de la propia Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, la suscrita reitera que las particularidades de los procesos de amparo sobre militares, a que se ha hecho alusión, evidenciaron que la falta de otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva en dichos juicios, hubiese generado la consumación o una dificultad importante en la reparación de las violaciones alegadas -cuando menos en relación con la salud e integridad de los agraviados- dado el carácter progresivo que, en general, llega a presentar el padecimiento de los militares quejosos. Con lo cual, la suscrita estima que si bien en un primer momento se llegó a la determinación de que el militar quejoso debía soportar los efectos de la resolución de retiro por detección de VIH durante la tramitación del juicio de amparo respectivo; con base en todo lo anterior, se considera que existen bases para solicitar la modificación del criterio jurisprudencial respectivo, máxime que actualmente existe la certeza jurídica de que es inconstitucional la norma que prevé el supuesto de causal de retiro fundado exclusivamente en la existencia de una enfermedad o padecimiento (detección de VIH, por ejemplo), dado el pronunciamiento jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es óbice a lo anterior el hecho de que el criterio jurisprudencial cuya modificación se solicita verse sobre aspectos de carácter incidental en materia suspensional y el criterio jurisprudencial del Pleno del Alto Tribunal verse sobre un aspecto de fondo, que atañe al juicio principal. En múltiples criterios, tanto el Pleno, como las Salas del Máximo Tribunal del país han reconocido, en mayor o en menor medida, la relevancia preliminar del fondo del asunto para resolver lo relativo a las medidas cautelares en el juicio de amparo, según se desprende de los criterios de rubro: ‘SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO.’. No. Registro: 200,137. Jurisprudencia. Materia(s): Común, Administrativa, Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, abril de 1996, tesis P./J. 16/96, página 36. ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’. No. Registro: 200,136. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, abril de 1996, tesis P./J. 15/96, página 16. ‘RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONTRA LA SUSPENSIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DECRETADA COMO MEDIDA PREVENTIVA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES, POR CAUSA NO GRAVE.’. No. Registro: 181,658. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, tesis 2a. XVII/2004, página 529. ‘ÓRDENES MILITARES PARA DETERMINAR SI LA SUSPENSIÓN ES PROCEDENTE DEBE ATENDERSE A SU CONTENIDO.’. No. Registro: 200,703. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, octubre de 1995, tesis 2a./J. 56/95, página 240. ‘SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DEL CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CUANDO EN EL INCIDENTE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE LAS FRACCIONES II, V O VI DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVO.’. No. Registro: 175,743. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, tesis 2a./J. 176/2005, página 786. ‘SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CUANDO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NO HA SIDO REVALIDADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’. No. Registro: 193,150. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, octubre de 1999, tesis 2a./J. 114/99, página 557. ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA EJECUCIÓN DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA PARA SANCIONAR LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN V, DE SU REGLAMENTO.’. No. Registro: 184,566. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, tesis 2a./J. 11/2003, página 421. ‘RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚLTIMO CASO SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO.’. No. Registro: 181,659. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, tesis 2a./J. 34/2004, página 444. ‘SUSPENSIÓN EN AMPARO. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA CLAUSURA DE UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL EN EL QUE SE EXPLOTEN VIDEOJUEGOS, SI NO SE ACREDITA QUE ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO RELATIVO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’. No. Registro: 180,998. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, julio de 2004, tesis 2a./J. 84/2004, página 485. III.3. A partir de los pronunciamientos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde una aproximación de efecto útil de la jurisprudencia constitucional, es posible interpretar que se actualizan los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, para considerar que debe decretarse la suspensión de las resoluciones de retiro de militares en caso de que se funden exclusivamente en la existencia de un padecimiento o enfermedad (detección de VIH, por ejemplo). III.1. Solicitud del quejoso de la medida cautelar. En los casos como los que se examinan, es de vital importancia que el juzgador examine el expediente para verificar si existe la voluntad clara y expresa del quejoso en el sentido de querer obtener la paralización de los efectos y consecuencias de la resolución de retiro, a fin de retomar su participación activa dentro de las Fuerzas Armadas. Este requisito es de suma importancia en el supuesto en estudio, porque los actos reclamados pueden ir acompañados del otorgamiento y aceptación de una compensación económica en favor del militar afectado, que es otorgada por causa de su salida del servicio (esta cuestión será también examinada al revisar el requisito de la garantía de efectividad de la medida cautelar). Asimismo, el juzgador debe analizar detenidamente si el quejoso ha expresado su voluntad en el sentido de querer retomar su participación activa en el servicio, puesto que la promoción del juicio pudiera estar motivada por pretensiones distintas aun frente a la misma orden de retiro (como la obtención de la compensación económica, más servicio médico y los medicamentos necesarios para el tratamiento de los de los (sic) afectados), máxime que cierto tipo de padecimientos (VIH, por ejemplo) implican un proceso que va afectando paulatinamente y de manera gradual la salud del individuo respectivo, por lo que deben respetarse las respectivas decisiones personales en lo relativo a los efectos de la acción procesal promovida. III.2. Los actos reclamados son paralizables. A partir de que existe la certeza de que es inconstitucional la causal de retiro en estudio -en caso de que se base exclusivamente en la existencia de una enfermedad o padecimiento (detección de VIH, por ejemplo)- la suscrita advierte que los efectos y consecuencias de una resolución de esa índole deben entenderse como actos paralizables. Desde cierta perspectiva, los efectos y consecuencias de los oficios que contienen la orden de baja del activo y alta en situación de retiro por haber quedado inutilizado en actos fuera del servicio, presentan efectos de tipo continuado, pues implican una privación generada de momento a momento de los haberes, del trabajo y de la posibilidad de seguir desempeñando el servicio castrense respectivo, lo que hace posible física y jurídicamente su paralización, puesto que es dable y justificado evitar su paulatina consumación durante la tramitación del juicio, tomando en consideración que ello tiende a evitar daños y perjuicios de difícil reparación. Es verdad que la mayoría de los actos de autoridad se emiten con pretensión de firmeza, sólo que el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva y/o a una administración de justicia completa, en concordancia con los artículos 103 y 107 de la Norma Suprema, autorizan a los gobernados a combatir ese tipo de actos por violación a sus garantías individuales, las que, para ser efectivas y no ilusorias, precisan de la ayuda de medidas cautelares, que tienden a evitar, por una parte, que la afectación en la esfera jurídica del particular resulte irreparable o de difícil reparación y, por otra, que el propio proceso principal instituido para la defensa de los derechos sea inútil a esos efectos. La pretensión de firmeza de los actos de autoridad no ha sido obstáculo para que este Alto Tribunal haya establecido la posibilidad de paralizar los efectos y consecuencias de distintas clases de intervenciones públicas, que se habían llegado a concebir tradicionalmente como medidas consumadas. Es verdad que la orden de baja se dicta en el ámbito administrativo castrense con carácter definitivo. Sin embargo, sus efectos y consecuencias son paralizables, porque afectan al gobernado continuadamente, más aún si se entiende que existe un alto grado de probabilidad de que la orden respectiva sea contraria a derecho, en el caso de que esté fundada en la causal de retiro declarada inconstitucional por el Pleno del Máximo Tribunal del país. En ese sentido, aun cuando los actos de clausura se emiten con carácter definitivo, sus efectos y consecuencias se han estimado como actuaciones paralizables. ‘SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO.’ (Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, abril de 1996, tesis P./J. 16/96, página 36). Asimismo, los efectos y consecuencias de un juicio político -dictado con pretensión de definitividad- se han considerado como actos paralizables: ‘SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO. NO PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE ÉSTA, TRATÁNDOSE DE LA SUSTANCIACIÓN DE DICHO PROCEDIMIENTO, PERO SÍ RESPECTO DE SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS.’ (Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, junio de 2005, tesis 1a. LI/2005, página 648). Igualmente, el Pleno de este Alto Tribunal ha establecido la posibilidad de suspender los efectos y consecuencias de un arresto dictado como medida de apremio, a pesar de que es dictado con pretensión de que se ejecute plenamente: ‘ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO.’ (Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20559-47796f57/ejercito-y-fuerza-aerea-mexicanos-es-procedente-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO POR LLEGAR A (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO PO (CONTRADICCIÓN DE TESIS 147/2006-SS)
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA SOLICITUD DE BAJA DE UN INTEGRANTE DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS POR HABER DADO POSITIVO EN UN EXAMEN TOXICOLÓ (QUEJA)
- AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO PO (2a./J. 157/2006 )
- EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO PO (77 (H))
- EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO "POR (2a./J. 197/2007)
- EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO "POR (1020)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis