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Modo: Corpus Pro

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO DICHO DOCUMENTO CUMPLA CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA TENER LA CERTEZA JURÍDICA DE QUE SE CELEBRÓ, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA DEMOSTRAR QUE EL ARRENDATARIO POSEE LEGALMENTE UN INMUEBLE PUES, SÓLO CONSTITUYE UN INDICIO QUE REQUIERE ADMINICULARSE CON OTRAS PRUEBAS PARA TENER PLENO VALOR PROBATORIO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 135/2006. · Registro digital (IUS): 20739
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GERMÁN VILLAR BARAJAS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, , Pág. 1926.

AMPARO EN REVISIÓN 135/2006. GERMÁN VILLAR BARAJAS.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El examen del recurso de revisión pone de manifiesto que el recurrente formula los siguientes agravios en relación con la sentencia del Juez de Distrito:

a) Pasó por alto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversas tesis y jurisprudencias, en las que estableció que la posesión sólo se puede acreditar con la prueba testimonial.

b) Omitió tomar en consideración que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de celebrar el contrato de arrendamiento ante un funcionario competente o notario público, ni de que se inscriba ese contrato en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, habida cuenta que aquél se rige por los artículos 2398 al 2496 del Código Civil para la mencionada entidad federativa, y en dichos preceptos no existe ninguna disposición en ese sentido.

c) No advirtió que los artículos 2398, 2406, 2408, 2409 y 2495 del Código Civil para el Distrito Federal, definen lo que debe entenderse por el contrato de arrendamiento y establecen como principales características las siguientes: que debe otorgarse por escrito; que no se rescinde por la muerte del arrendatario; que subsiste en sus términos aun cuando se transmita la propiedad del inmueble materia del arrendamiento, incluso, cuando sea enajenado judicialmente, por lo que en tales supuestos deben pagarse las rentas al nuevo propietario.

d) En forma indebida determinó que el arrendamiento debió celebrarse antes de que se emitiera la sentencia en el juicio natural; pues no tomó en cuenta que el quejoso y ahora recurrente es ajeno a dicho procedimiento, además de que no estaba obligado a investigar, previa la celebración del contrato de arrendamiento relativo, si existía algún juicio o no respecto del inmueble arrendado.

e) No tomó en cuenta que el contrato de arrendamiento sí fue presentado ante una autoridad como es el propio Juez de Distrito, por lo que es inexacto que el aludido contrato carezca de fecha cierta y, por ende, sí acredita el interés jurídico que tiene el quejoso y ahora recurrente para defender sus derechos de arrendatario.

f) Pasó por alto que resultaría absurdo obligar a todos los inquilinos a ratificar ante notario o funcionario competente el contenido y firma del contrato de arrendamiento que hayan celebrado, pues con ello se paralizarían ese tipo de contratos por la dificultad que representa cumplir con esas formalidades, habida cuenta que son muy elevados los honorarios de los notarios.

g) No advirtió que existen otros documentos que también revisten el carácter de privados, y a pesar de ello se les concede valor probatorio sin necesidad de que sean ratificados ante notario o funcionario competente, como sucede con los títulos de crédito, pagaré, cheques, letras de cambio, etcétera; por lo que de considerar válido el criterio del Juez de Distrito implicaría que cualquier contrato tuviera que ratificarse para tener validez.

h) Ninguna de las jurisprudencias y tesis que invocó en su resolución son aplicables en el presente asunto, habida cuenta que no existe disposición legal alguna que establezca las formalidades que exige el Juez de Distrito.

i) Omitió tomar en consideración que al acreditar el quejoso y ahora recurrente la existencia del contrato de arrendamiento registrado, se presume que tiene la posesión del inmueble que defiende a través del juicio de amparo, pues el arrendamiento implica el uso y goce temporal del citado bien, habida cuenta que el arrendatario no está obligado a verificar si existen gravámenes o no sobre dicho inmueble.

j) Tampoco advirtió que aun en la transmisión de la propiedad del inmueble arrendado, sea judicial o extrajudicial, deben respetarse los contratos de arrendamiento celebrados respecto de dicho bien, habida cuenta que los derechos del arrendatario son distintos a los del comprador.

k) Pasó por alto que el quejoso y ahora recurrente no está sujeto a las resoluciones del juicio natural, pues a través del contrato de arrendamiento no adquirió derechos de propiedad, sino únicamente la posesión temporal de ese bien; razón por la que es inconcuso que la orden de lanzamiento impugnada sí afecta el interés jurídico de aquél, pues aun cuando excluye a terceros que tengan contratos en términos de ley, lo cierto es que el quejoso no puede estar siempre en el inmueble arrendado y, por ende, puede ejecutarse la referida orden en su ausencia o cuando no tenga a la mano su contrato, máxime que existen ejecutores irresponsables que llevan a cabo el lanzamiento, a pesar de la existencia de contratos.

l) No estudió las constancias de autos, pues no tomó en cuenta que quien le arrendó al demandado en el juicio natural es la misma persona que le arrendó al quejoso y ahora recurrente, es decir, Estela Morfín de Moctezuma; lo que significa que la referida persona tiene facultades para celebrar el aludido contrato.

m) No advirtió que el arrendatario no está obligado a comprobar que la persona con la que celebra el contrato de arrendamiento, sea en realidad la propietaria del inmueble arrendado.

n) Tampoco tomó en cuenta que el quejoso y ahora recurrente sí acreditó la causa generadora de la posesión que detenta del inmueble que defiende en el juicio de amparo, consistente en el contrato de arrendamiento que adjuntó a su demanda de garantías, el cual debe adminicularse con las demás documentales exhibidas en autos y con la prueba testimonial.

o) Omitió tomar en consideración que robustecen el valor probatorio del contrato de arrendamiento, las documentales provenientes de autoridades públicas que corroboran la existencia del arrendamiento y la posesión del inmueble materia de la litis, habida cuenta que el Juez no debe calificar si dicha posesión es de buena o mala fe.

p) Infringió diversas jurisprudencias que establecen la forma en que el tercero extraño a un juicio debe acreditar su interés jurídico para impugnar una orden de lanzamiento.

q) En forma indebida determinó sobreseer en el juicio de amparo, por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues expuso que el quejoso y ahora recurrente es causahabiente del demandado en el juicio natural y que, por tal motivo, no tiene el carácter de tercero extraño al haber sido oído y vencido en juicio a través de su causante; toda vez que no advirtió que en la especie no cobra aplicación la figura jurídica de la causahabiencia, dado que ésta se da cuando se sustituye un derecho por otro de la misma naturaleza, siendo que mediante el contrato de arrendamiento el quejoso adquirió la posesión y no la propiedad del inmueble que defiende; máxime que el procedimiento de origen no versó sobre ninguna cuestión de arrendamiento.

r) Tampoco advirtió que el quejoso y ahora recurrente no es subarrendatario, sino arrendatario del inmueble materia de la controversia.

s) Pasó por alto que no se objetó el contrato de arrendamiento que adjunto el quejoso y ahora recurrente, por lo que no existe duda acerca de su existencia, habida cuenta que ese extremo también se acredita con la prueba testimonial ofrecida en el juicio de amparo, dado que los testigos declararon que aquél posee el bien materia de la litis con el carácter de inquilino, lo que no fue valorado por el Juez de Distrito.

t) Asimismo, no advirtió que el arrendatario ocupa el inmueble arrendado con los servicios que en él existían, por lo que obviamente los recibos de pago de luz y teléfono no están a su nombre, pero la ley presume que quien tiene esos documentos es quien los obtuvo y pagó.

u) Es irrelevante que los testigos hayan estado presentes o no en la celebración del contrato de arrendamiento, pues basta que a ellos les conste que el quejoso y ahora recurrente ocupa el inmueble materia de la litis con la calidad de arrendatario, habida cuenta que ese extremo también se acredita con las diversas visitas practicadas por el actuario adscrito al Juzgado de Distrito del conocimiento.

Los anteriores planteamientos se estudian en forma conjunta, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, dada la estrecha relación que guardan entre sí, pues todos se encuentran dirigidos a demostrar que el quejoso y ahora recurrente sí acreditó su interés jurídico para promover el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia recurrida.

Con tal propósito, se estima pertinente precisar que de las constancias de autos, que tienen pleno valor en términos de los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite el artículo 2o. de esta última legislación, se desprende lo siguiente:

El quejoso y ahora recurrente promovió juicio de amparo indirecto, en el que señaló como acto reclamado la desposesión de inmueble que afirmó ocupa con el carácter de arrendatario, con motivo del cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio especial hipotecario número 655/1998, seguido por Banco Bilbao Vizcaya México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBV, Probursa antes Multibanco Mercantil Probursa, Sociedad Anónima, contra Fernando Cruz Cerón; así como las órdenes de lanzamiento del referido bien y el cumplimiento a esas órdenes.

Cabe destacar que en la demanda de garantías en comento, el quejoso se ostentó como tercero extraño al juicio en el que se emitió la orden de lanzamiento reclamada, pues indicó que el primero de enero de dos mil tres, celebró contrato de arrendamiento con Fernando Cruz Cerón, respecto del inmueble que defiende y que precisó en su demanda, y que dicha persona le informó el cinco de octubre de dos mil cinco, que el bien arrendado había sido rematado y que tenía que desocuparlo porque existía una orden de lanzamiento.

Por tal motivo, el quejoso expuso que nunca se le notificó la existencia de ningún juicio, y que se le pretendía privar de sus posesiones sin haber sido oído y vencido en juicio; exhibiendo para acreditar su interés jurídico, un contrato de arrendamiento y diversos recibos de pago de rentas, luz y teléfono.

Asimismo, durante la secuela procesal el quejoso ofreció la prueba testimonial, la cual fue desahogada sólo por dos de los testigos originalmente propuestos, en la audiencia constitucional del veinticuatro de marzo de dos mil seis.

Al efecto, el Juez de Distrito determinó en la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio de amparo por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues expuso que el quejoso y ahora recurrente no acreditó su interés jurídico para promover el juicio de amparo, dado que no acreditó tener la posesión con la calidad de arrendatario del inmueble que defiende.

Lo anterior, indicó el Juez de Distrito, en virtud de que el contrato de arrendamiento que exhibió el quejoso, no es apto para acreditar la posesión del inmueble defendido, en términos de los artículos 129 y 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite el artículo 2o. de esta última legislación, pues carece de fecha cierta, al no haber sido celebrado ante notario público o funcionario autorizado, ni registrado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal.

Asimismo, el Juez Federal desestimó el valor probatorio de los recibos de pago de servicios de luz y teléfono exhibidos por el quejoso, por considerar que no son idóneos para acreditar que el domicilio que en ellos aparece es de aquél, habida cuenta que sólo infieren la presunción de que Fernando Cruz Cerón y su esposa Ana Luisa García de Cruz, pero no el quejoso, cuentan con esos servicios.

Además, el Juez de Distrito señaló que la prueba testimonial tampoco acredita el interés jurídico del quejoso, en virtud de que los testigos no declararon que a ellos les conste la celebración del contrato de arrendamiento exhibido por el quejoso.

En ese orden de hechos, a efecto de verificar la legalidad de tales determinaciones, en primer término, es pertinente precisar que el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;

"...

"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

"...

"c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio;

"...

"VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia ..."

A su vez, los artículos 4o., 73, fracción V y 114, fracción V, de la Ley de Amparo disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

"Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor."

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso."

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"...

"V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería."

De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, o sea, aquella a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame.

A través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho público subjetivo que en su perjuicio fue infringido por las autoridades que emitieron el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción, que es un derecho instrumental, se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce; pero resulta que tal derecho subjetivo puede o no existir, o no haber sido infringido por la autoridad responsable; sin embargo, el órgano prestador de la función jurisdiccional se activó debido a que el derecho de acción es dinámico.

Por tanto, quien ejerce la acción de amparo siempre se ostenta titular de un derecho subjetivo amenazado por algún acto u omisión de las responsables, y en tal evento requiere acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal, es decir, tiene necesidad de que se respeten las garantías individuales otorgadas por la Constitución Federal que alega han sido infringidas, porque al haber resentido un perjuicio, un menoscabo o una ofensa en su esfera jurídica tiene interés en que la Justicia Federal le ampare.

Así, de conformidad con los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de garantías es requisito indispensable que sólo quien resiente un agravio personal y directo puede acudir a la vía constitucional.

En apoyo a lo antes considerado cabe citar la tesis cuyos datos de identificación y texto enseguida se transcriben:

"INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable, para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma." (Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página ochenta, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, tomo 193-198, Cuarta Parte).

Luego, si en términos del artículo 73, fracción V, de la ley de la materia, para acreditar la procedencia del juicio de amparo es menester que la parte agraviada acredite indubitablemente su interés jurídico, es evidente que el análisis de las pruebas aportadas para tal efecto se constriñe a determinar si el promovente del amparo es titular del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y que es afectado por el acto reclamado, esto es, debe estudiarse el acreditamiento del interés jurídico en sí mismo, entendido éste como la titularidad que el promovente del amparo tiene respecto de los derechos afectados por el acto reclamado.

Lo anterior, en virtud de que por interés jurídico hay que entender el derecho que le asiste a un particular para reclamar en un juicio de amparo, algún acto que es violatorio de garantías individuales que afecta sus derechos sustantivos protegidos por las normas legales. Por ello, quien resiente esa lesión, es el único legitimado para ejercer tal derecho ante la potestad federal.

Ahora bien, en la especie, conforme a la demanda de amparo, el interés jurídico del quejoso lo hace consistir en la posesión que dice tener del inmueble cuya ubicación precisa en su demanda de garantías, desde el primero de enero de dos mil tres, y como causa generadora de su posesión, exhibió un contrato de arrendamiento que parece fue celebrado por el quejoso y Fernando Cruz Cerón.

Bajo tales premisas, debe establecerse si la posesión que el quejoso afirma tener, efectivamente, tiene una causa legal, o si en el caso, es simple detentadora, para así estar en aptitud de concretizar si el hoy recurrente probó su interés jurídico ante los actos que reclama en el juicio de amparo en el que se dictó la sentencia recurrida, precisándose que la posesión que deviene procedente tutelar en el juicio constitucional es aquella sobre la que se ejercen hechos de poder, con base en ese título, sea originaria o derivada la posesión.

La prueba de la posesión en el juicio de amparo, no implica que en el juicio constitucional puedan dirimirse controversias de propiedad o posesión en virtud de la naturaleza que guarda el juicio de amparo; sino sólo para efecto de establecer si existe infracción o no a la garantía de audiencia previa respecto de una persona extraña al juicio de donde emanan los actos reclamados, ya que se tutela el hecho de la posesión, y debe existir certidumbre plena sobre la que en el caso se afirma tener, con base al análisis de las pruebas aportadas.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número I.3o.C. J/20, sustentada por este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1650 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, marzo de 2001, que es del rubro y texto siguientes:

"POSESIÓN, NO ESTÁ PROTEGIDA POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA CUANDO NO SE JUSTIFICA LA CAUSA LEGAL DE LA. Cuando en una demanda de garantías el quejoso se ostenta como tercero extraño poseedor de un inmueble en calidad de propietario, siendo elemento de procedibilidad del juicio, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, acreditar el interés jurídico, o sea que el referido juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, tratándose de la citada posesión en concepto de dueño es menester la plena comprobación del derecho de propiedad atribuido, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación por falta de causa legal que la apoye y por tanto no protegida a través del juicio constitucional."

Para efectos del juicio de amparo, el quejoso debe acreditar el hecho o acto jurídico del que se deriva la posesión cuyo desposeimiento constituye el acto reclamado, puesto que no es procedente tutelar cualquier tipo de posesión, como lo pretende hacer valer el recurrente.

Lo anterior, en virtud de que la posesión tiene relieve de alta jerarquía en el derecho constitucional, ya que en el catálogo de garantías individuales, la legislación recoge la posesión como un facto que quiere el reconocimiento de su protección y así, el párrafo segundo del artículo 14 constitucional dispone, entre otras cosas, que nadie podrá ser privado de sus posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Por su parte, en consolidación de ese principio, el artículo 16 de nuestra Carta Magna preceptúa, en lo que atañe, que nadie puede ser molestado en sus posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa del procedimiento.

Esas garantías aseguran que previo al acto de privación, debe existir un juicio previo, y que el acto de molestia en la posesión conste por escrito de autoridad competente, que lo funde y motive.

Respecto de la posesión, como derecho sustantivo, el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal establece:

"Artículo 790. Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 793. Posee un derecho el que goza de él."

Del precepto legal transcrito, se sigue que la posesión constituye un poder de hecho que se encuentra conformado por dos elementos esenciales; uno material y otro psicológico. El primero se concreta a través de un conjunto de hechos que revelen el ejercicio del poder de hecho sobre la cosa, lo que implica actos materiales de uso, de goce, de transformación, que recaen sobre las cosas y que constituye el poder sobre ella; el segundo elemento, como animus, es la intención en el auto de los actos materiales relativos a la cosa, de manejarse como titular de esa posesión sea en forma original o por causa derivada, puesto que siempre debe existir el título o acto jurídico generador de ese derecho a poseer.

De ahí que no basta la tenencia física de la cosa, sino que debe existir la causa generadora que configure el elemento subjetivo o intencional, que permite al poseedor actuar con derecho sobre la cosa; por ello, la persona que tiene la cosa pero carece de la intención, puede decirse que solamente la detenta y, en consecuencia, carece del elemento volitivo de someter la cosa a su poder; así, el detentador no es poseedor, y no es procedente tutelar la simple detención a través del juicio de amparo.

Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia número P./J. 1/2002 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, que es del rubro y sinopsis del tenor siguientes:

"POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común."

Bajo esas premisas, se procede a analizar las pruebas aportadas por el quejoso para acreditar la posesión que dice tener desde el primero de enero de dos mil tres (fecha en que supuestamente celebró el contrato privado de arrendamiento).

El quejoso adjuntó a su escrito inicial de demanda de amparo diversas documentales, entre las que se encuentran el original de un contrato privado de arrendamiento celebrado entre el propio quejoso y Fernando Cruz Cerón, fechado el primero de enero de dos mil tres; tres recibos de pago de rentas expedidos por Fernando Cruz Cerón y diversos recibos de pago de servicios de luz y teléfono a nombre de Fernando Cruz Cerón y Ana Luisa García de Cruz.

Las anteriores probanzas, valoradas al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 133, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2o. de la última legislación, no acreditan que el quejoso tenga la posesión del predio que defiende a través del juicio de amparo, ya que como acertadamente lo expuso el Juez de Distrito, ninguna de las aludidas probanzas acreditan que el quejoso haya ejercido actos de posesión sobre el inmueble en comento.

Para poner de manifiesto la certeza de tal afirmación, se estima pertinente precisar que mediante el contrato de arrendamiento las partes contratantes se obligan, recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa y, la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2398 del Código Civil para el Distrito Federal y dicho contrato se encuentra sujeto al cumplimiento de diversos requisitos legales, tal como se desprende de los artículos 2406, 2446, 2448-F y 2448-G de la codificación en comento, los cuales son del tenor siguiente:

"Artículo 2406. El contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. La falta de esta formalidad se imputará al arrendador y en su caso, dará derecho al arrendatario a que demande cuando por virtud de tal omisión se cause un daño o perjuicio, siempre que estos sean consecuencia directa de aquella."

"Artículo 2446. Si la misma cosa se ha dado en arrendamiento separadamente a dos o más personas y por el mismo tiempo, prevalecerá el arrendamiento primero en fecha, salvo que se tenga la posesión material; en todo caso, predominará el arrendamiento del que tiene en su poder la cosa arrendada.

"El arrendatario que resulte afectado en virtud del supuesto anterior, será indemnizado por los daños y perjuicios causados, sin que sea menor al equivalente a tres meses del monto de la renta acordada.

"Si el arrendamiento debe ser inscrito en el registro, sólo vale el inscrito."

"Artículo 2428 (sic) E. La renta debe pagarse puntualmente, en los plazos convenidos y a falta de convenio por meses vencidos.

"El arrendador esta obligado a entregar un recibo por cada mensualidad que el arrendatario pague; a falta de entrega de recibos de pago de renta por más de tres meses, se entenderá que el pago ha sido efectuado, salvo que el arrendador haya hecho el requerimiento correspondiente en tiempo y forma.

"El arrendador no podrá exigir en su caso, más de una mensualidad de renta a manera de depósito."

"Artículo 2448 F. Para los efectos de este capítulo el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito, la falta de esta formalidad se imputará al

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20739-e9b93c73/contrato-de-arrendamiento-para-efectos-del-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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