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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS EN JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO. PROCEDE HACER EL TRANCE Y REMATE DE LOS BIENES EMBARGADOS, AUNQUE NO ESTABLEZCAN TEXTUALMENTE DICHA FÓRMULA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 16/2007. · Registro digital (IUS): 20759
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSÉ GABRIEL PÉREZ BERRUECO Y COAGS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, , Pág. 2397.

AMPARO EN REVISIÓN 16/2007. JOSÉ GABRIEL PÉREZ BERRUECO Y COAGS.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los agravios son fundados pero inoperantes en parte e infundados por la otra, como se verá.

Para efecto de proceder al análisis de los agravios, las constancias del juicio natural remitidas por la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en apoyo a su informe justificado, que adquieren valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son las siguientes:

1. En la sentencia de cuatro de julio de dos mil dos, emitida en el juicio mercantil ejecutivo 532/97 del índice del Juzgado Noveno de lo Mercantil de esta ciudad, promovido por Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, a través de su apoderado, demandó a la persona moral denominada Ganadera La Colmena, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, así como de la sucesión a bienes de Salvador Pérez Orozco, Salvador, José, Gabriel, María Elena, Juan Eduardo y Mónica Cecilia, todos de apellidos Pérez Berrueco; el juzgador de instancia condenó a los demandados al cumplimiento de las prestaciones reclamadas (fojas 460 a 478 del cuaderno de pruebas, tomo III); fallo que modificó la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en resolución de veintiuno de abril de dos mil tres, emitida en el toca de apelación 1476/2002 (folios 514 a 534 ídem).

2. Mediante acuerdo de veintisiete de enero de dos mil cuatro, el juzgador de primer grado, conforme al "convenio de pago por tercero" y "cesión ad corpus de derechos y obligaciones" presentado por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, a favor de Carlos Álvarez del Castillo Gregory, estableció: "... se le reconoce como nueva parte actora dentro del presente juicio, por virtud de dicha cesión ... situación que se ordena hacer del conocimiento de la parte demandada para los efectos legales a que haya lugar; por lo que, en tal virtud y como nueva parte actora, se le tiene al promovente designando domicilio y autorizados para recibir notificaciones, en los términos de los artículos 1067 y 1069 del Código de Comercio" (fojas 557 y 558 del cuaderno de pruebas).

3. El demandado Gabriel Pérez Berrueco, compareció a oponerse al reconocimiento del cesionario (folios 573 a 578) y, en diverso ocurso, planteó: "... solicito de su Señoría, tenga a bien decretar el levantamiento de los embargos practicados en autos, toda vez que como de dicha resolución se desprende, únicamente se dictó condenando a las partes al pago de cantidades, mas no así que haya sido una sentencia de remate en la que se ordenara hacer trance y remate de los bienes embargados en los términos de los artículos 1408 y 1410 del Código de Comercio ..." (folios 579 y 580); en proveído de veintitrés de marzo de aquella anualidad, estableció que: "... no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que las cuestiones que plantea, tienen relación inmediata con el negocio principal, el mismo requiere un trámite y forma especial por la ley, el cual no reviste en sus escritos de cuenta ..." (folio 586 del tomo III).

4. Contra esa determinación, la parte demandada promovió recurso de apelación (folio 595); mediante acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil cuatro, se inició la ejecución forzosa de la sentencia (folio 604); acuerdo respecto del cual, se promovió diverso recurso de alzada, que fue desechado mediante auto de once de junio de aquel año (folio 614), acto este último que se combatió nuevamente en apelación, que fue inadmitida (folio 619).

5. La actora sustituta promovió incidente de liquidación de sentencia, la cual, previa oposición de la demandada, en interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil cinco, aprobó la liquidación (folios 874 a 876, 895 a 899 y 1004 a 1016 del tomo XX del cuaderno de pruebas).

6. Mediante resolución de dieciocho de octubre de dos mil cuatro, emitida por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, emitida en el toca 628/2004, se modificó el proveído de veintitrés de marzo anterior, para efecto de que se admitiera el incidente de oposición a la cesión de derechos (fojas 947 a 956 ídem), el cual se declaró infundado en resolución de cuatro de abril de dos mil cinco (folios 1161 a 1167); en auto de dos de noviembre de dos mil cinco, se admitió la planilla complementaria de liquidación (folio 1486 a 1491); la parte demandada promovió diversa incidencia que denominó "incidente de falta de legitimación del Sr. Carlos Álvarez del Castillo Gregory" (fojas 1543 a 1559).

7. Contra la admisión de la planilla complementaria la demandada promovió recurso de revocación, en el que, en lo conducente expuso: "... si el actor en este juicio ya se dio por pagado de las cantidades que reclamó en la demanda que motivó la radicación de este expediente, con base en el pago que recibió del tercero pagador, no procede que se lleve a cabo la liquidación y/o actualización de una liquidación en pretendida ejecución de una sentencia, porque el pago efectuado por el tercero y recibido por el acreedor trae como consecuencia la conclusión de este juicio y, por ende, resulta improcedente el pretender la liquidación y actualización de liquidación con base en una sentencia definitiva cuyos efectos cesaron y deberán quedar sin efecto, con motivo del pago hecho por el citado tercero ... Así mismo, los efectos del pago por el citado tercero al acreedor, sin consentimiento del deudor, en última instancia, sólo pueden implicar una subrogación de derechos del tercero pagador con respecto de los que correspondían al acreedor con respecto (sic) a los demandados, habida cuenta de que, de acuerdo al contenido de los actos establecidos en la escritura 8,537, sin importar la denominación que se le pretendió dar, al haberse dado el banco acreedor por pagado de los créditos reclamados en este juicio, en forma convencional, por parte del tercero pagador, provocó que se diera por extinguida la citada obligación, resultando por tanto, improcedente una pretendida cesión de la misma, dado que no se puede ceder lo que ya no existe. Así las cosas, por efectos del pago efectuado, el tercero pagador tendrá acción y/o derechos que reclaman a la parte deudora, pero en diverso juicio y con base en el título que le genera tal legitimación (escritura 8,537), pero nunca dentro de este procedimiento, toda vez que éste, se debe dar por extinguido con motivo del pago aludido ... En lo referente a que usted, señor Juez, esté ordenando sacar a remate algunos de los bienes embargados en este juicio, precisados en el auto impugnado, que esté aprobando una medida provisional tomada por el interventor -venta de la siembra de maíz- y, que tenga al interventor rindiendo cuentas de ingresos y egresos, así como teniendo al tercero pagador, por conducto de su apoderado, formulando una planilla de actualización de liquidación de sentencia, sin tomar en cuenta que de acuerdo al contenido de las constancias de autos y contenido de la escritura pública No. 8,537 lo procedente es dar por concluido este juicio, por virtud de pago" (fojas 1565 a 1582); por otro lado, solicitó la conclusión del juicio (fojas 1600 a 1607).

8. En acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, se desechó el incidente, toda vez que: "... no puede la parte demandada pretender desconocer la legitimación del ahora actor en el presente juicio, cuando no se inconformó mediante la interposición del recurso correspondiente en la forma y términos de ley en contra del auto de 27 veintisiete de enero de 2004 dos mil cuatro, en el que se reconoció y se tuvo como nuevo actor en el presente juicio a Carlos Álvarez del Castillo Gregory, resolución anterior que ha causado estado y se encuentra firme para todos los efectos legales conducentes, máxime cuando mediante sentencia interlocutoria de fecha 4 cuatro de abril del presente año (fojas 885 ochocientos ochenta y cinco) se resolvió expresamente el incidente de oposición y objeción a la cesión ad corpus de derechos y obligaciones realizada a favor del señor Carlos Álvarez del Castillo Gregory y aunque la misma fue recurrida legalmente, pero confirmada por la Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca número 883/2005 ochocientos ochenta y tres diagonal dos mil cinco, por lo que, tal resolución ha quedado firme legalmente, no pudiéndose reiterar nuevamente el estudio de la procedencia de dicha legitimación ..."; De igual forma, desechó el recurso de revocación y, finalmente, asentó: "... no ha lugar a declarar por terminado o concluido el presente juicio, dados los argumentos y motivos plasmados en el ocurso de cuenta. Lo anterior, toda vez que no se ha justificado legalmente en autos que la parte demandada hubiera cubierto las prestaciones reclamadas y sentenciadas en el presente juicio; por otra parte, también se advierte que, aunque si bien es cierto que las partes manifestaron exegética o gramaticalmente que el ahora actor y cesionario pagaba, también los que de una simple lectura total y del documento completo en cuestión, contrato de cesión de derechos exhibido en autos, la intención de las partes fue la de ceder los derechos de crédito y litigiosos ad corpus mediante el pago de una retribución o contraprestación, o sea, de una manera onerosa y no que el ahora actor pagara la deuda por o, en nombre de la parte demandada, por lo que en términos del segundo párrafo del artículo 1851 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente a la materia mercantil en los términos del artículo 2o. del Código de Comercio, dicha intención evidente de las partes debe prevalecer sobre las palabras, lo que torna improcedente la petición formulada por la parte demandada, aunado a lo anterior, contrariamente a lo que sostiene dicha parte demandada existen diversas actuaciones y opiniones tanto de este órgano jurisdiccional, como de la segunda instancia, inclusive de los tribunales federales, en cuanto a que la parte actora sí se encuentra legitimada para reclamar la totalidad de las prestaciones sentenciadas y que a la fecha permanecen insolutas y no como lo pretende la parte demandada en el sentido de que se han pagado las mismas, no obstante las argumentaciones que vierte el promovente en relación con la cesión de derechos ad corpus realizada a favor del ahora actor, en tanto que también se advierte que la propia parte demandada ha consentido tácitamente dicha legitimación al reclamar por diversas vías las pretensiones de la parte actora y las resoluciones y actuaciones del presente juicio sin haber, en su oportunidad, realizado reclamación alguna, por lo que sus peticiones se tornan en improcedentes por derivar de actos consentidos expresa y tácitamente ..." (folios 1618 a 1626).

9. Contra la inadmisión del incidente de falta de legitimación activa, promovió recurso de apelación (folios 1640 a 1646) y, en atención a que se habían rendido los dictámenes valorativos y que se celebró la audiencia de remate, en auto de siete de diciembre de dos mil cinco se aprobó parcialmente el procedimiento de venta judicial (folio 1651 a 1654 del tomo XXII del cuaderno de pruebas); determinación que confirmó la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en resolución de veintitrés de junio de dos mil seis (folios 257 a 280 del tomo I del cuaderno de pruebas); por su parte, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia, en el fallo de treinta y uno de mayo de dos mil seis, modificó el acuerdo tomado en la audiencia de remate del veinticuatro de noviembre de dos mil cinco y, ordenó admitir a trámite el incidente de falta de legitimación (fojas 155 a 168 del toca de apelación 167/2006).

En la sentencia de amparo recurrida, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco determinó conceder la protección de la Justicia Federal porque, bajo su concepto, resultaban jurídicamente ineficaces algunos conceptos de violación y fundado otro, conforme a tres vertientes, a saber:

(I) Referente a la omisión del tribunal de apelación de pronunciarse sobre algunos agravios, esto es, lo atinente al reconocimiento del pago efectuado por el tercero (cesionario) en los términos señalados en el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil cuatro, apuntó, el Juez Federal: "... si tal determinación no fue impugnada a través del medio ordinario previsto por la ley que rige la materia del acto reclamado, es claro que adquirió firmeza y no es dable pretender, con posterioridad, cuestionar la legalidad de dicha determinación, al amparo de que en ese auto, nada se consideró en relación con el diverso acto jurídico que se contiene en el testimonio de que se trata. Lo cual, evidentemente, así debió ser, en virtud de que la revisión del procedimiento de remate, no puede incluir aspectos relacionados con la personería de las partes; excepción u oposición que, en su caso, se sujeta a un trámite autónomo y decisión independiente del remate. Consecuentemente, si para los ahora peticionarios resultaba ilegal que se tuviera a Carlos Álvarez del Castillo Gregory como nueva parte actora en el juicio de origen, oportunamente debieron impugnar esa resolución, y en esa inconformidad, hacer valer los argumentos que luego propusieron en contra de la determinación de siete de diciembre de dos mil cinco, por medio de la que, el Juez de instancia, al revisar de oficio, en términos de lo dispuesto por el numeral 568 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, el procedimiento de ejecución, en el que se aprobó de manera parcial y, exclusivamente, el remate de dos inmuebles; pero como no lo hicieron así, es claro que dicha determinación adquirió firmeza legal y, jurídicamente, ya no podía ser materia de estudio en resolución posterior, ni aun en la última determinación, en la que se realizó la revisión oficiosa del procedimiento de ejecución, pues ello equivaldría a que la referida autoridad jurisdiccional, revocara o modificara sus propias resoluciones, sin mediar el recurso ordinario correspondiente; máxime, si se toma en cuenta que esa cuestión, por ser un aspecto de personería o legitimación de la parte actora, es un acto que independientemente de que se esté en el procedimiento de ejecución, goza de autonomía propia y destacada y, por ende, susceptible de impugnarse a través del medio ordinario de defensa correspondiente, como pudiera haber sido el recurso de apelación al que aluden los artículos 1336 y 1339 del Código de Comercio, en vigor en la fecha en la que se suscribieron los documentos base de la acción e, inclusive, satisfecho el principio de definitividad, mediante el juicio de amparo indirecto". De ahí la inoperancia de los conceptos de violación, lo cual se corrobora con el hecho de que: "... la materia del recurso de la apelación, lo constituyó la resolución mediante la cual se aprobó el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, no así, el acuerdo de veintisiete de enero de dos mil cuatro, en el que, el Juez de instancia reconoció a Carlos Álvarez del Castillo Gregory, el carácter de parte actora, al haber demostrado la personería con la que compareció al juicio de origen ..."

(II) En otro aspecto, asentó que la aprobación del remate resultaba ilegal, habida cuenta que, conforme al examen del artículo 1411 del Código de Comercio, las partes tienen el derecho para imponerse de los dictámenes valorativos y, "bajo ninguna circunstancia pueden justificar que a los ahora peticionarios se les coartara el derecho de interrogar al perito, lo cual, de suyo tiene razón de ser, en virtud de que son cuestiones probablemente diversas, las que podrán plantearse en la interrogación, a las que se establecieron como motivos para objetarlo y, también, a los esgrimidos como agravios; de manera que, por más que jurídicamente pueda considerarse objetivamente apegada a derecho la desestimación que se hizo de los agravios, ello no conlleva la salvaguarda del derecho establecido por el artículo 1411 del pluricitado Código de Comercio, en atención a que éste debe, necesariamente, analizarse en armonía con lo que sobre el particular establece el diverso 1258 del mismo ordenamiento legal."

(III) Finalmente, argumentó que los edictos resultaban ilegales, porque "no se precisaron las características, valor, fecha de almoneda, importe de la postura, el juzgado, número de expediente", en atención a que, conforme a la naturaleza de los edictos: "... Contra lo considerado por la Sala responsable, los edictos publicados con motivo de la convocatoria de postores, para la audiencia de remate, señalada para las once horas del veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, no reúnen las exigencias previstas por el numeral 1411 del Código de Comercio, no obstante que se hubieran satisfecho algunos de ellos, tales como la hora y fecha en la que iba a tener verificativo el remate de que se trata; el número del expediente, y la clase de juicio; el nombre de las partes; respecto de algunos de los inmuebles materia del remate, el nombre del predio y el del lugar de su ubicación y la extensión de la superficie aproximada de cada uno de ellos; sin embargo, como acertadamente lo afirman los quejosos, la publicación de los edictos en esos términos es ilegal, dado que se omitió precisar individualmente el valor pericial y el importe de la postura legal que a cada uno de los inmuebles corresponde, exigencias que la responsable debió considerar necesarias, no obstante que la ley que rige la materia del acto reclamado, sea omisa en señalar cuales son los requisitos mínimos que debe contener la publicación de los edictos, pues es claro que, debe satisfacerse la exigencia a que se alude, en virtud de que la ley no requiere que los interesados deban presentar postura sobre la totalidad de los bienes que se pretenden rematar, sino que, por el contrario, atendiendo a la lógica jurídica, se colige que una persona, puede estar interesada en adquirir a través de subasta pública uno, dos o más bienes, sin estar interesada en la totalidad de los inmuebles materia del remate. Por lo tanto, la Sala responsable ilegalmente declaró infundado el agravio que al respecto propusieron los apelantes, sin advertir que la publicación de los edictos, convocando postores, para la audiencia de remate señalada para las once horas del veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, en los autos del expediente 532/97, promovido ahora por Carlos Álvarez del Castillo Gregory en contra de la persona moral denominada Ganadera La Colmena, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, y otros, en cuanto a su contenido, no reunieron las exigencias previstas por el artículo 1411 del Código de Comercio en vigor en aquella fecha, puesto que se omitió precisar el valor individual de cada uno de los inmuebles que se iban a rematar."

El quejoso, hoy recurrente, José Gabriel Pérez Berrueco, por sí y en su carácter de representante común de la persona moral Ganadera La Colmena, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, así como de María Elena Berrueco García, la sucesión a bienes de Salvador Pérez Orozco y de María Elena, Salvador y Juan Eduardo, todos de apellidos Pérez Berrueco, aun cuando le fue concedida la protección de la Justicia Federal, impugna la sentencia de amparo; para tales efectos, resulta necesario precisar que de los agravios enderezados por la quejosa, ahora recurrente, se desprenden diversas líneas argumentativas, mismas que se describen a continuación y que conducirán la resolución del presente asunto.

a) Dentro del primer agravio, aduce el disidente que los motivos en que se sustenta la concesión del amparo no conllevan la restitución plena de las garantías violadas, porque no se analizaron el primer y segundo capítulos de queja en que se planteó que no resultaba factible aprobar el procedimiento de ejecución y remate, toda vez que en la sentencia definitiva (la de primer grado y la del tribunal de alzada) no se ordenó sacar a remate los bienes embargados, en los términos que indican los artículos 1405, 1407, 1408 y 1410 del Código de Comercio, ya que: "... la sentencia sólo decidió sobre los derechos controvertidos, más nunca determinó ni declaró que hubiere lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados"; agrega que, en el proveído de nueve de agosto de dos mil cinco, el Juez de origen se negó a declarar la imposibilidad jurídica para cumplimentar la sentencia, lo cual se impugnó a través del juicio de amparo indirecto, cuya demanda fue desechada por el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco (expediente 857/2005-II) y, más aún, en el fallo reclamado la Sala ad quem consideró que en el auto de veintiséis de mayo de dos mil cuatro, se había ordenado la ejecución y esa determinación quedó firme, pero desatendió que el recurso era improcedente por tratarse de la ejecución de la sentencia.

b) Conforme a esas precisiones, abunda el recurrente, que es incongruente el fallo recurrido, porque los hechos que sustentan la concesión del amparo, son posteriores al que se impugnó y éste, trae mayores beneficios, dado que el acuerdo aludido no puede variar la sentencia definitiva, pues al hacerse pronunciamiento sólo respecto de los hechos controvertidos sin ordenar el remate, es inconcuso que no puede llevarse a cabo el procedimiento de ejecución y, por ende, en términos del artículo 1391, fracción I, del Código de Comercio, "ha lugar al procedimiento ejecutivo basado en una sentencia ejecutoriada, porque ésta trae aparejada ejecución, pero para ello deberá presentarse la demanda respectiva acompañada del título ejecutivo correspondiente, para entonces sí, requerir al demandado con base en el contenido de tal sentencia, por el pago de lo sentenciado y, si no paga, embargarle bienes para, de ser procedente la acción, ahora sí poder ejecutar la sentencia a través del remate de los bienes que se embarguen ..."

c) Dentro del agravio marcado como segundo, expone el recurrente en forma reiterativa que el juzgador de amparo omitió referirse al concepto de violación sexto en que se planteó, sustancialmente, que el procedimiento de ejecución está regido por el principio de "unicidad", es decir, se trata de un solo procedimiento, aun cuando comprenda varios bienes, por lo que, no puede aprobarse parcialmente, dado que ello llevaría a emitir diversas revisiones oficiosas del remate; por tanto, de haberse estudiado ese tópico, se habrían alcanzado mayores beneficios que aquellos por los que se concedió la protección de la Justicia Federal, en atención a que ya no podrían llevarse a cabo varias ventas, porque son diversos los bienes embargados.

d) En el agravio tercero, argumenta el disconforme que mediante ocurso de dieciséis de noviembre de dos mil cinco, se opuso el "incidente de falta de legitimación del Sr. Carlos Álvarez del Castillo Gregory", en que se pretendió señalar que la sentencia definitiva fue emitida a favor de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, así como que en la escritura con que reconoció al ahora tercero perjudicado contenía, dos actos jurídicos, el convenio de pago por tercero y, la cesión ad corpus de derechos y obligaciones, pero que, en el proveído de veintisiete de enero de dos mil cuatro, el juzgador de origen sólo proveyó la cesión de derechos; sin embargo, el monto pagado por el tercero no le permite cobrar una cantidad superior, de manera que resultaba procedente suspender el procedimiento para que, una vez determinados los efectos del pago realizado por el tercero, conceder a la demandada el término para cubrir el adeudo, puesto que no era posible pretender la ejecución con base en las liquidaciones aprobadas, ya que no debe rebasarse lo pagado por el tercero; por tanto, no se pretendió, como erróneamente lo sostuvo el Juez Federal, desconocer la personalidad o legitimación del tercero perjudicado, sino obtener un pronunciamiento relacionado con el pago que efectuó y sus consecuencias legales, así que no se cuestionó la celebración del contrato de cesión, sino que el acuerdo de veintisiete de enero, no estableció nada sobre ese tópico, por lo que corresponderá al tribunal revisor determinar que, se concede la protección federal para efecto de que, conforme a los escritos y acuerdos aludidos en este apartado, el tercero sólo tiene derecho a recibir lo que pagó al banco acreedor.

e) Agrega el inconforme que, la revisión oficiosa del procedimiento a que se contrae el artículo 568 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, supletorio al Código de Comercio, no sólo abarca al remate, sino que incluye la personalidad, personería y legitimación de las partes, con ello, afirma, "no se pretende que se analice propiamente la legitimación y/o personalidad y/o personería del Sr. Carlos Álvarez del Castillo Gregory, con motivo del incidente planteado por la parte demandada en el escrito presentado el día 16 de noviembre de 2005, pues, con motivo de esa incidencia, lo que se pretende es que al revisarse oficiosamente el procedimiento de ejecución se advierta que tal incidente fue ilegalmente desechado por el Juez natural y que, ante tal circunstancia, tal y como ya lo consideró la Quinta Sala dentro del toca No. 167/2006, determine que ha lugar a admitirse la incidencia aludida y, con base en ella, a la luz del contenido de la escritura 8537 y advirtiéndose que en la misma existen dos actos jurídicos (pago por tercero y cesión), se determine cuáles son los efectos y consecuencias del primer acto jurídico por parte del tercero pagador frente al deudor a la luz del contenido y antecedentes de tal acto jurídico ...", sin que ello implique desconocer a la nueva parte actora y, por ello, podía analizarse por el Juez dado que "ello equivale al pronunciamiento de la sentencia en el juicio (pero ahora dentro del procedimiento de ejecución)". Más todavía, porque la resolución de veintisiete de enero de dos mil cuatro, con motivo de la omisión que contenía, no era dable impugnarla, sino que ello tenía que hacerse con motivo de la petición realizada al Juez natural en el incidente respectivo sobre los efectos del pago realizado por el tercero, de ahí que es incongruente que el Juez de amparo no se pronunciara sobre los aspectos planteados en los conceptos de violación.

f) En el agravio marcado como cuarto, argumenta el impetrante del amparo que es incorrecto lo aseverado en el fallo recurrido sobre que el pago del tercero no conlleva la conclusión del juicio, porque en la resolución de veintisiete de enero de dos mil cuatro, se omitió resolver sobre ese acto jurídico y, por ello, no fue sino hasta que se propuso el incidente (veintidós de noviembre de dos mil cinco), en que el Juez estuvo en posibilidad de pronunciarse sobre ese aspecto, sin que sea trascendente que no se impugnara un acto que no ocasionaba perjuicio, por lo que debía establecerse si el pago concluyó el juicio, lo cual podía impugnarse con la resolución que aprobó el remate, ya que así se sobreseyó el juicio de amparo indirecto 942/2006-I.

g) En la ampliación de los agravios, apuntó el recurrente que el principio de "unicidad" que rige en el procedimiento de remate, no permite aprobarlo parcialmente cuando se trata de diversos bienes sujetos a la venta judicial, ya que conforme a los artículos 27 y 29 del código adjetivo civil del Estado, supletorio al Código de Comercio, deben intentarse todas las acciones en una sola demanda y por el ejercicio de unas quedan extinguidas las demás; por otro lado, refiere que la sentencia firme genera una nueva acción, de forma que se actualizan los supuestos normativos citados; agrega, en otro aspecto, que no se discute la cesión de derechos, sino que no existió consentimiento del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil cuatro, que reconoció al cesionario y, ello podía abordarse en la revisión oficiosa del procedimiento de remate; empero, las consideraciones vertidas por el Juez de Distrito deben quedar sin efectos, ya que la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco ordenó tramitar el incidente en que se dilucidarán los temas planteados en los conceptos de violación y al decidirse éstos, queda sin materia el incidente.

En primer término, lo que se destacó como incisos a) y b), así como lo atinente a si el procedimiento de remate en que se involucran diversos bienes inmuebles puede aprobarse parcialmente o no dado el principio de "unicidad", es fundado, pero a la postre inoperante, cuenta habida que en el caso concreto, el juzgador de amparo no apreció correctamente la litis constitucional, pues no obstante que el artículo 79 de la Ley de Amparo, no precisa la forma en que debe procederse al examen de los conceptos de violación, la doctrina judicial ha llevado a establecer un criterio general, a saber, en el siguiente orden: a) Las violaciones procesales; b) Las violaciones formales; y, c) Las violaciones sustanciales o de fondo; sin embargo, se ha aceptado el criterio de que es preferente el análisis de los argumentos que conduzcan a mayores beneficios y reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros, en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese contexto, los argumentos que, como en la especie, involucraban la improcedencia del procedimiento de remate (por no existir sentencia ejecutoria que lo ordenara), resultaba de estudio preferente a los conceptos de violación que incidieran en la existencia de violaciones procesales y de fondo vinculados con el remate, porque la concesión del amparo que otorga mayores beneficios jurídicos para el quejoso, será aquella en la que la consecuencia de tal concesión, sea el eliminar en su totalidad los efectos del acto reclamado, ya que en virtud de lo anter

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20759-61422406/sentencias-en-juicio-mercantil-ejecutivo-procede-hacer-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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