VISITA DOMICILIARIA. PARA CONSIDERAR MOTIVADO EL OFICIO DE SU AMPLIACIÓN PARA RECABAR DATOS O DOCUMENTOS DE UN TERCERO, ES INNECESARIO QUE EN EL ACTA FINAL SE HAGA REFERENCIA A LA INFORMACIÓN OBTENIDA, SI ÉSTA NO INFLUYÓ EN LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006).
REVISIÓN FISCAL 148/2007. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE MÉRIDA EN EL ESTADO DE YUCATÁN, EN REPRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE LA MISMA SEDE.
CONSIDERANDO
SEXTO.-Resultan sustancialmente fundados los agravios que formula la autoridad inconforme, en atención a las razones siguientes:
La recurrente aduce que se violó en su perjuicio lo que disponen los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por indebida aplicación, en relación con lo establecido en el diverso numeral 46-A del Código Fiscal de la Federación, porque el oficio 324-SAT-1-7280, de veintiséis de octubre de dos mil cinco, mediante el cual se comunicó la ampliación del plazo para concluir la visita domiciliaria a que estaba sujeta la contribuyente Modas de Francia, Sociedad Anónima de Capital Variable, se encuentra debidamente fundado y motivado, con lo cual se dio debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 16 constitucional, porque se precisó que mediante el oficio 324-SAT-31-1-07259, de dieciocho de octubre de dos mil cinco, se ordenó la práctica de visita domiciliaria al contribuyente Martín Jacobo Julio César dirigida a verificar las operaciones que en su carácter de tercero (como deudor y/o acreedor), llevó a cabo con la contribuyente actora.
Este argumento resulta fundado.
Para mejor comprensión conviene transcribir, en lo conducente, los artículos 42 y 46-A del Código Fiscal de la Federación, que por su orden disponen:
"Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:
"...
"II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran." y
"Artículo 46-A. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo tratándose de:
"A. Contribuyentes que integran el sistema financiero, así como de aquellos que consoliden para efectos fiscales de conformidad con el título II, capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En estos casos, el plazo será de un año contado a partir de la fecha en la que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.
"B. Contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 86, fracción XII, 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad con los tratados internacionales celebrados por México. En estos casos, el plazo será de dos años contados a partir de la fecha en la que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.
"Los plazos señalados en el primer párrafo y en el apartado A de este artículo, podrán ampliarse por seis meses por una ocasión más, siempre que el oficio mediante el cual se notifique la prórroga correspondiente haya sido expedido por la autoridad o autoridades fiscales que ordenaron la visita o la revisión, salvo cuando el contribuyente durante el desarrollo de la visita domiciliaria o de la revisión de la contabilidad, cambie de domicilio fiscal, supuesto en el que serán las autoridades fiscales que correspondan a su nuevo domicilio las que expedirán, en su caso, el oficio de la prórroga correspondiente. En su caso, dicho plazo se entenderá prorrogado hasta que transcurra el término a que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 46 de este código."
En tal virtud, del análisis integral de los dispositivos que regulan la práctica de las visitas o revisiones, las ampliaciones que pudieran llevarse a cabo, forzosamente tienen que ver con la comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, contenidas en el propio código, desde luego, se reitera, siempre y cuando su expedición se encuentre ajustada a los requisitos que todo acto de autoridad debe contener y que la ampliación se refiera al periodo de comprobación y por los impuestos que se establecieron desde la orden de visita.
Por ello, si el fin que persigue la ampliación de la visita o de la revisión, es continuar con la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, el límite a las facultades discrecionales de las autoridades, lo representa que la prórroga es únicamente por una sola ocasión y por determinada duración, así como que sean suscritas por ciertos funcionarios; además, de que el ejercicio de dichas facultades discrecionales no es absoluto e irrestricto, sino prudente, sujeto al principio de oportunidad y a las reglas de la razón y la sana lógica, de lo que se puede concluir que actuar de manera discrecional no es arbitrariedad, pues existe un marco legal que debe respetarse (los plazos para concluir la visita o revisión), un interés legítimo que no debe transgredirse (la violación del domicilio) y una finalidad que debe mantenerse (la verificación del exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales).
De ahí la necesidad de fundar y motivar el acto de autoridad, de modo que si no es a capricho de la autoridad exactora determinar la consabida ampliación, ello no trae consigo que se rompa con la finalidad de que la visita o la revisión no dure más de seis meses, dado que habrá casos y razones en los que por un motivo, tal vez no imputable a la autoridad ni al contribuyente, sea necesaria la ampliación.
Sobre este punto, resulta ilustrativa la jurisprudencia VI.3o.A. J/49, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que se comparte, consultable en la página 2580, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"VISITA DOMICILIARIA. LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REQUIERE DE LA DEBIDA MOTIVACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003).-La ampliación del plazo que establece el segundo párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2003 para la conclusión de las visitas domiciliarias, implica el ejercicio de una facultad discrecional, que no por serlo deviene irrestricta, sino sujeta al principio de legalidad, e incluso, a control jurisdiccional; de manera que si en la determinación respectiva sólo se señala que se amplía el plazo porque no se concluyó la visita, pero no se justifica con motivos suficientes, la orden de que se trata resulta violatoria de la garantía de debida motivación contemplada en el artículo 16 constitucional."
En este contexto, se rompería la eficacia que el legislador estableció respecto del plazo de seis meses para concluir la revisión de gabinete o la visita domiciliaria, si con cualquier pretexto se ampliara la duración de la visita o revisión, hasta por doce meses; luego, no basta ampliarla por cualquier motivo, sino que la razón de su prolongación, por ser variada, debe quedar claramente establecida.
De lo anterior se advierte que, contrario a lo que consideró la Sala Fiscal, el oficio de ampliación que justificó la prolongación del acto de molestia consistente en la revisión que se le practicó a la actora del juicio de nulidad, se ajusta a los presupuestos a que alude el numeral 16 constitucional, en relación con el diverso 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, ya que se encuentra debidamente motivado, porque se precisó que mediante el oficio 324-SAT-31-1-07259, de dieciocho de octubre de dos mil cinco, se ordenó la práctica de visita domiciliaria al contribuyente Julio César Martín Jacobo dirigida a verificar las operaciones que en su carácter de tercero (como deudor y/o acreedor), llevó a cabo con la contribuyente actora en el periodo fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de marzo de dos mil cinco, que se estaba desahogando al momento de notificar aquel oficio de ampliación.
Dicho en otras palabras, la finalidad de la motivación para la ampliación del plazo para concluir una visita domiciliaria o la revisión de contabilidad a que alude el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, se sustenta en la garantía de la inviolabilidad del domicilio, de tal manera, que sólo por excepción y mediante los requisitos que establece la ley, se permite lo contrario; por lo que, si como se dejó visto, y aconteció en el presente caso, se justificó la continuidad de la visita domiciliaria, puesto que se requería recabar la información derivada de un tercero, se encuentra debidamente motivado, pues se amplió para analizar, valorar y depurar la información y documentación que obtuviera de la visita practicada al tercero, precisamente para determinar con certeza la situación fiscal real de la contribuyente visitada.
Lo anterior se corrobora con lo que al efecto dispone el ya transcrito artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues es evidente que la autoridad demandada cuenta con plenas facultades para requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o a los terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, la documentación fiscal respectiva, a efecto de llevar a cabo su revisión, y así verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, sin que de dicho numeral se advierta alguna limitante a la autoridad fiscal para poder llevar a cabo actividades de revisión, incluso a terceros, relacionadas con la determinación de la situación fiscal del contribuyente, aun cuando no se haya señalado en el oficio de ampliación del plazo de la revisión.
En efecto, la autoridad fiscalizadora dentro del plazo de ampliación de la revisión de gabinete o visita domiciliaria, se encuentra facultada para llevar a cabo las acciones necesarias para allegarse toda la información y documentación, o en su caso, revisar la información que conste en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder, con la finalidad de determinar en definitiva la situación fiscal del contribuyente revisado.
Se cita por ilustrativa la tesis VI.2o.A.33 A del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que se comparte, visible en la página 1219, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LAS AUTORIDADES HACENDARIAS NO SE ENCUENTRAN LIMITADAS PARA REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES EN NÚMERO DE VECES O PERIODOS DETERMINADOS.-Del análisis sistemático y teleológico de los artículos 42 y 46 del Código Fiscal de la Federación, se llega a la conclusión de que las autoridades fiscales se encuentran facultadas para revisar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, sin que se les limite en el número de veces que puedan ejercerlas sobre un contribuyente o respecto de un periodo específico, toda vez que ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en las leyes secundarias en la materia fiscal, se observa alguna prohibición, ya que las únicas limitantes que confirman la regla son las formalidades propias del acto administrativo de la autoridad, así como la caducidad del ejercicio de sus facultades, caso que se encuentra oportunamente señalado en el artículo 67 del código tributario federal."
Lo antes descrito permite sostener que, en el tema a debate, asiste razón al órgano fiscalizador recurrente, pues el hecho de que el crédito fiscal determinado no se apoye o sustente en algún dato o documentación que se hubiese obtenido o recabado de la visita domiciliaria que en su oportunidad se practicó al tercero Julio César Martín Jacobo, en opinión de este tribunal revisor, no se traduce necesariamente en la inmotivación de la orden de ampliación, porque si así fuere, resultaría estrictamente necesario que la determinación del tributo, o la imposición de las sanciones o demás cargas, análogas, descansen en la información derivada de la investigación que se practique al tercero, lo que deviene inadmisible, pues con esa óptica, quedaría desnaturalizada la facultad de investigación que tiene el órgano hacendario en materia de impuestos, pues resulta de elemental lógica, que una investigación no rinde siempre los frutos o logros que se pretendan obtener, ya que así como se pueden descubrir datos que influyan en el resultado de la visita, también puede ser que dicha investigación resulte infructuosa.
Por tanto, no puede tenerse como falta de motivación del oficio ampliatorio de que se trata, la circunstancia de que la determinación de la situación fiscal de la contribuyente, no se hubiese apoyado precisamente en la información derivada de la visita domiciliaria practicada a Julio César Martín Jacobo, que sustentó la prórroga del plazo para concluir la visita, pues el alcance del resultado de su revisión, esto es, su mención o no, en actos de fiscalización posteriores o en la resolución final depende de que en la revisión de la información derivada de la visita domiciliaria practicada a Julio César Martín Jacobo, existan elementos para definir la situación fiscal, caso en el cual sí deberá hacerse alusión de su resultado en las actas relativas y en la resolución fiscal porque vendría a constituir la motivación de la cuestión de fondo, o sea, de la determinación del crédito fiscal, que es distinto a la razón que impulsó a la autoridad fiscal a requerir la citada documentación, que sirvió de motivación al oficio de ampliación de visita, que aquí es el tema cuestionado.
Así, ante lo fundado del agravio expuesto por la autoridad recurrente, procede revocar la sentencia que se revisa, y devolver los autos del juicio fiscal 38/07-16-01-6, a fin de que sean analizados los demás argumentos planteados por la actora del juicio de nulidad, y resuelva lo que en derecho proceda.
Sin que sea dable que este tribunal aborde algún argumento de nulidad de la parte actora, pues hacerlo equivaldría a sustituirse en las facultades propias de la Sala, si se tiene en cuenta que el amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituyen medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso administrativo.
La similitud entre esos medios de defensa extraordinarios llevan a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento.
Al caso, encuentra aplicación la jurisprudencia número 338, surgida de la contradicción de tesis 1/90, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 359, Tomo III, Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice:
"REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.-El amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituyen medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso administrativo. La similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la Sala responsable, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la sustitución de facultades propias de la responsable. Ello es así porque si bien el artículo 104 constitucional, en su fracción I-B, dispone que las revisiones contra resoluciones de tribunales contenciosos de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, ‘se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto ...’, ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a dichas reglas."
Similar criterio sostuvo este tribunal en su anterior denominación de Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Cuarto Circuito, al resolver la revisión fiscal 4/2007, en sesión de veintiocho de marzo de dos mil siete.
Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente y fundado el presente recurso de revisión fiscal.
SEGUNDO.-Se revoca la sentencia recurrida, dictada el treinta de abril de dos mil siete por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 38/07-16-01-6.
Notifíquese como corresponda; anótese; con testimonio de esta resolución, devuélvase los autos al lugar de su origen y en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Luis Armando Cortés Escalante, presidente, Elvira Concepción Pasos Magaña y Gabriel Alfonso Ayala Quiñones, siendo ponente la segunda de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20765-b3e8b290/visita-domiciliaria-para-considerar-motivado-el-oficio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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