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Modo: Corpus Pro

FUNDAMENTACIÓN EXCESIVA DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. NO GENERA INDEFENSIÓN NI INCERTIDUMBRE JURÍDICA EN EL PARTICULAR, SIEMPRE QUE ÉSTAS CITEN LAS PORCIONES NORMATIVAS EN QUE SUSTENTEN LAS ATRIBUCIONES EJERCIDAS.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 222/2007. · Registro digital (IUS): 21280
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE TIJUANA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 2464.

REVISIÓN FISCAL 222/2007. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE TIJUANA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Son esencialmente fundados los argumentos del primer agravio de la autoridad recurrente, y suficientes para revocar el fallo impugnado.

En su primer agravio, aduce en esencia la autoridad recurrente, que le causa agravios la resolución recurrida, ya que el actor argumentó que la autoridad exactora estableció en los fundamentos de la resolución determinante del crédito fiscal, el artículo 144 de la Ley Aduanera, estableciendo diversas fracciones sin manifestar cuáles eran aplicables, resultando una fundamentación genérica, lo cual consideró fundado el a quo y suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, lo cual fue ilegal, ya que -dice la autoridad inconforme- el origen del procedimiento fue la determinación de una multa derivada de datos inexactos con motivo de una importación de mercancías, por lo cual la autoridad aduanera estableció dentro de su fundamentación, el artículo 144 de la Ley Aduanera y diversas fracciones que resultaban totalmente aplicables, ya que el citado artículo regulaba las facultades que tenía la autoridad aduanera para actuar en cualquier tipo de procedimiento que se llevara a cabo dentro del recinto fiscal en materia de comercio exterior.

Aduce que el procedimiento administrativo incoado por la autoridad aduanera en contra del actor natural tenía su origen en el despacho aduanero (importación de mercancías), por lo que ante tal situación, la autoridad aduanera desconocía a ciencia cierta las importaciones que fueran a realizar los agentes aduanales, ya que no se sabía si el gobernado incurriría en alguna irregularidad al momento de presentar las mercancías con su respectiva documentación al trámite aduanero, por lo que derivado de la naturaleza intrínseca de la importación, era que la autoridad fundaba su actuación en distintas fracciones del artículo 144 de la Ley Aduanera, pues dichos ordinales facultaban a la autoridad para comprobar el efectivo cumplimiento de las disposiciones fiscales en tratándose de comercio exterior, como lo era la importación de diversas mercancías.

Manifiesta que para ejercer las facultades que le otorgaba el artículo 144 de la Ley Aduanera, la autoridad señalaba varias fracciones del numeral en cita para fundar suficientemente su actuar, lo que en todo caso si no lo hiciere -dice- entonces sí se dejaría en estado de indefensión al actor, ya que todo acto de autoridad debía estar debidamente fundado y motivado en términos de lo establecido en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación.

Añade que con independencia de que la autoridad podía citar diversas fracciones debido a la naturaleza del acto que podía llegar a ejercer, lo que sucedió en la especie era que las fracciones que la autoridad citó en su resolución determinante sí fueron las aplicables al caso que nos ocupa, por lo que el hecho de que la autoridad fundara su actuar en diversas fracciones no podía ser una fundamentación excesiva, cuando el artículo íntegro regula la facultades de la autoridad, además que en todo momento se señalaron las aplicables.

Por lo que -dice- la supuesta fundamentación genérica al citar la autoridad en su oficio determinante el artículo 144 de la Ley Aduanera y establecer una serie de fracciones, resultaba improcedente, toda vez que para que una resolución se encontrara debidamente fundada, era necesario que se expresara el precepto legal aplicable, lo cual aconteció en todo momento, ya que en la primer hoja de la resolución impugnada se estableció el artículo 144 fracciones II, VI, XVI, y XXX de la Ley Aduanera, y en dichas fracciones se encontraban las facultades con las que contaba la autoridad aduanera en todos aquellos procedimientos en los cuales existía la importación de mercancía de procedencia extranjera.

Manifiesta que no resultaba excesiva la fundamentación que realizó la autoridad, toda vez que en el artículo 144 de la Ley Aduanera, se encontraban previstas las facultades con las que contaban la Aduana para llevar a cabo todo tipo de procedimientos en el recinto fiscal cuando existía importación o exportación de mercancías, por lo que por la simple naturaleza del acto resultaba legal el actuar de la autoridad, al existir mercancía que se pretendía importar, puesto que se podían suscitar diversos tipos de procedimientos (dependiendo de la irregularidad que se cometiera), por lo que la autoridad podía ejercer cualquier facultad que señala el artículo 144 de la Ley Aduanera.

Como se anticipó, son esencialmente fundados tales argumentos y suficientes para revocar el fallo que se revisa.

En efecto, se estima que la Sala Regional erróneamente declaró la nulidad lisa y llana del crédito impugnado en el juicio de nulidad, en virtud que este tribunal advierte que el oficio sancionador sí cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe de revestir.

Ciertamente, el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, establece que los actos de autoridad, entre otros requisitos, deberán estar debida y suficientemente fundados y motivados.

La fundamentación consiste en la cita del precepto o preceptos y ordenamiento u ordenamientos legales aplicables al caso concreto; en tanto que la motivación es el señalamiento de las situaciones de hecho específicos y particulares que justifican la actuación de la autoridad, por lo tanto, siempre deberá existir adecuación entre la fundamentación y la motivación.

Ciertamente, el concepto de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Ley Suprema, constituye una de las garantías de seguridad jurídicas, que ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece en la página 143, Volúmenes 97-102 Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 238212, de rubro y texto:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

Según se colige de la jurisprudencia que antecede, la fundamentación y motivación de un acto de autoridad, constituyen un conjunto indisoluble, por lo que es indispensable la adecuación entre motivos y fundamentos para que pueda estimarse cumplida la garantía de seguridad jurídica en comentario.

En el caso, del oficio sancionador que obra a fojas 25 a 28 del juicio de nulidad, se advierte que la autoridad exactora fundamentó sus facultades de comprobación en los siguientes términos:

"... con fundamento en los artículos ...1, 5, 35, 36, 43, 44, 46, 144 fracciones II, VI, XVI y XXX, 152 y 153 de la Ley Aduanera en vigor y artículos 6, 38, 42, 63, 68, 70, 134, 135 y 136 del Código Fiscal de la Federación vigente, se le comunica que: ..."

(Énfasis añadido)

Pues bien, el artículo 144 fracciones II, VI, XVI y XXX de la Ley Aduanera, disponen:

"Artículo 144. La secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:

"...

"II. Comprobar que la importación y exportación de mercancías, la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, se realicen conforme a lo establecido en esta ley.

"...

"VI. Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías de importación o exportación en los recintos fiscales y fiscalizados o, a petición del contribuyente, en su domicilio o en las dependencias ...

"...

"XVI. Comprobar la comisión de infracciones e imponer las sanciones que correspondan.

"...

"XXX. Ordenar y practicar el embargo precautorio en los términos del Código Fiscal de la Federación, de las cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, cuando se omita declararlas a las autoridades aduaneras, al entrar o salir del territorio nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 9o. de esta ley. ..."

Precisado lo anterior, este tribunal estima que si la fundamentación llega a ser excesiva o genérica por citarse preceptos en cuyas hipótesis normativas no encuadran los hechos sometidos a la consideración de la autoridad administrativa, tal exceso en todo caso no produce indefensión ni incertidumbre en el particular, siempre y cuando se citen los preceptos legales que sí encuentren aplicación en el caso concreto, y que además, se hubiere motivado el por qué de dicha aplicación, esto es, su adecuación al caso particular.

Lo anterior es así, dado que en dicho supuesto el gobernado tendrá pleno conocimiento de los motivos y fundamentos que rigen el acto de autoridad que invade su esfera jurídica, y por tanto, estará en plenas condiciones de desplegar una adecuada defensa de sus intereses jurídicos.

Sin que sea obstáculo a lo anterior, la existencia de preceptos o fracciones que "salgan sobrando", puesto que el contribuyente no estaría en la necesidad de defenderse de sus consecuencias, a menos de que sí se hubieren actualizado sus hipótesis normativas y no estuviera adecuadamente motivada su aplicación, único caso en el que sí estaría menoscabada su posibilidad defensiva, pero el solo hecho de que existan preceptos que no encuentren aplicación en la especie, ningún perjuicio producen en la esfera jurídica del gobernado, tal como lo sostiene la autoridad recurrente.

En las relatadas condiciones, ante lo fundado del primer agravio esgrimido por la autoridad disconforme, respecto de la fundamentación genérica del oficio sancionador, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de revisión fiscal, para el efecto de que la Sala Fiscal deje insubsistente la resolución impugnada y en su lugar, emita otra en la que desestime por intrascendente, la segunda parte del primer concepto de anulación que estimó fundado, y con plenitud de jurisdicción, pondere los restantes conceptos de anulación de la demanda de la actora respecto de los cuales no se pronunció.

Se invoca al respecto por analogía, la jurisprudencia que derivó de la contradicción de tesis 153/2007-SS, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de octubre de dos mil siete, la cual es del tenor literal siguiente:

"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA SUSTENTADA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIONES II Y III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RESPETA LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN.-La orden de visita domiciliaria sustentada en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que prevén las facultades de la autoridad fiscal para ‘requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran’, y ‘practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías’, respectivamente, cumple con la garantía de fundamentación consagrada por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto no ocasiona incertidumbre al gobernado en relación con la facultad de comprobación que la autoridad fiscal ha decidido ejercer, es decir, si va a llevarse a cabo una visita domiciliaria o una revisión de gabinete o escritorio, al ser éstas excluyentes entre sí en cuanto al lugar de su realización, pues por definición la revisión de gabinete o escritorio supone que no se practique en el domicilio del gobernado, sino en las oficinas de la autoridad, por lo que es claro que la invocación de la indicada fracción II no se refiere a una revisión de tal naturaleza, sino al diverso supuesto de requerimiento de exhibición de la contabilidad, documentos, datos o informes en el domicilio del contribuyente al que se practica la visita. Además, si se atiende a los requisitos que la orden de visita domiciliaria debe satisfacer en términos de los artículos 16, primer y antepenúltimo párrafos, constitucional, 38 y 43 del Código citado, ésta no debe suscitar duda alguna al contribuyente sobre la facultad de comprobación que la autoridad fiscal ha decidido ejercer, es decir, que se le practicará una auditoría en su domicilio, lo que debe señalarse así en el citatorio que se deje al visitado, en caso de que no se encuentre al presentarse los visitadores en el lugar donde deba practicarse la visita, conforme a la interpretación que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó del artículo 44, fracción II, primer párrafo, del referido Código, en la jurisprudencia 2a./J. 92/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 326, con el rubro: ‘VISITA DOMICILIARIA. CONFORME AL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES REQUISITO DE LEGALIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECIFIQUE QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA.’".

Sin que sea necesario analizar el segundo agravio que formula la autoridad recurrente, ya que su análisis en nada variaría el sentido de la presente ejecutoria.

Se cita al respecto, la jurisprudencia VI.2o.A. J/9, que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, la cual se publica en la página 2147, del Tomo XXIII, enero de 2006, Materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 176398, de rubro y texto:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si del análisis de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la sentencia dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se analicen los restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada práctico conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud del agravio que resultó fundado."

Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Federal, 248 del Código Fiscal de la Federación y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-En términos de lo establecido en el considerando sexto, se desecha el recurso de revisión fiscal en lo que atañe al secretario de Hacienda y Crédito Público y al jefe del Servicio de Administración Tributaria

SEGUNDO.-Se declara fundado el recurso de revisión interpuesto por el subadministrador de lo contencioso "3", en suplencia por ausencia del administrador local jurídico de Tijuana, Baja California, en contra de la sentencia de ocho de enero de dos mil siete, emitida por la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Tijuana, Baja California, dentro de los autos del expediente número 2050/06-01-01-8.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de gobierno, con testimonio autorizado de esta resolución, vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente como concluido.

Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados José Encarnación Aguilar Moya, Inosencio del Prado Morales y Faustino Cervantes León, siendo ponente el primero de los nombrados.

Nota: La tesis de rubro: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA SUSTENTADA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIONES II Y III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RESPETA LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN." citada en esta ejecutoria, aparece publicada con la clave 2a./J. 196/2007 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 298.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21280-e39f7c82/fundamentacion-excesiva-de-los-actos-de-las-autoridades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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