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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA VERIFICAR VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. PARA CONSIDERARLA DEBIDAMENTE FUNDADA, ESTÁN OBLIGADAS A PRECISAR EN LA ORDEN RELATIVA LAS FRACCIONES DE LA CLÁUSULA DECIMATERCERA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL CELEBRADO ENTRE LOS GOBIERNOS FEDERAL Y EL DE DICHA ENTIDAD EN QUE SUSTENTEN EL EJERCICIO DE LA MENCIONADA ATRIBUCIÓN (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 57/2001).

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 216/2006. · Registro digital (IUS): 21077
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE TIJUANA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, , Pág. 830.

REVISIÓN FISCAL 216/2006. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE TIJUANA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Son en un aspecto infundados, en otro fundado pero inoperantes y, en lo demás, inoperantes los agravios expresados por la autoridad recurrente, en la inteligencia de que, por cuestión de técnica resolutiva, sus motivos de disentimiento se analizarán en diverso orden al en que fueron propuestos.

En el segundo de ellos sostiene la disconforme que la sentencia impugnada es incongruente, dado que la Sala Fiscal no emprendió un análisis exhaustivo de los argumentos que expuso al dar contestación a la demanda instaurada en su contra, específicamente lo que denomina "el cuarto agravio" pues -dice- se constriñó a sintetizarlos sin darles una respuesta expresa, lo que la deja en un estado de indefensión, dado que desconoce de manera absoluta las razones y fundamentos por los cuales su defensa no resultó procedente o suficiente para desvirtuar los argumentos que esgrimió la actora, por lo que deberá revocarse el fallo impugnado.

Participa de razón la autoridad disidente.

En efecto, dentro del considerando tercero de la sentencia que se revisa, en el que se declaró fundado el cuarto de los conceptos de impugnación expresados por la parte actora del juicio de nulidad, la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se limitó a realizar una síntesis de los argumentos enderezados por la demandada para desvirtuar la causa de nulidad de mérito y, posteriormente, no hizo ninguna consideración respecto a la contestación de la demanda, esto es, no precisó las razones por las cuales, en su opinión, los argumentos defensivos resultaban infundados o insuficientes para soportar la validez de la resolución impugnada.

Lo anterior demuestra, sin duda, que la sentencia en análisis resulta incongruente por omitir dar respuesta a los argumentos defensivos de las autoridades demandadas.

Sin embargo, a ningún fin práctico conduciría declarar fundado el agravio que nos ocupa y ordenar a la autoridad del conocimiento que realice un pronunciamiento expreso en torno a la contestación del libelo actio, toda vez que conforme al principio de buena fe procesal, debe entenderse que la Sala Fiscal estimó -aunque en su fuero interno- que tales argumentos defensivos resultaban inocuos para desvirtuar la causa de nulidad que consideró actualizada, por lo que en el supuesto de que se le ordene que plasme los razonamientos que la llevaron a desestimar las defensas de las autoridades enjuiciadas, resulta evidente que esa circunstancia en nada mejoraría la situación procesal de la hoy recurrente, dado que se confirmaría el sentido del fallo y, en cambio, sí se infringiría el principio de justicia pronta, completa e imparcial que pregona el artículo 17 constitucional, por permitirse un retardo en la administración de justicia.

Análogo criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito en su tesis VI.T.33 L, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 746, registro 191,175, cuyo tenor es el siguiente: "EXCEPCIÓN DE CARENCIA DE ACCIÓN, OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LA. CUÁNDO NO GENERA LA INCONGRUENCIA DEL LAUDO.-La excepción de carencia de acción y de derecho del actor, se sustenta, fundamentalmente, en la ausencia de alguno o todos los presupuestos de la acción intentada; luego entonces, si la responsable analizó la acción intentada por la parte actora y la consideró procedente, tal determinación lleva implícita la desestimación de la excepción antes referida, lo que lleva a concluir que, en estos casos, su falta de estudio específico por parte de la autoridad responsable, no genera la incongruencia del laudo."

Luego, como se anticipó, el agravio en análisis resulta fundado, pero a la postre inoperante para lograr la revocación de la sentencia controvertida, dado que aun en el evento de que se ordene a la autoridad jurisdiccional que subsane la incongruencia aludida, el sentido del fallo terminaría siendo el mismo.

Cobra aplicación analógica al respecto la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 108 aparece publicada en el Apéndice 2000, Séptima Época, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 85, registro 917,642, cuyo tenor literal es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.-Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado."

A mayor abundamiento, es oportuno aclarar que, opuesto a lo afirmado por la autoridad recurrente, la sentencia impugnada no menoscaba sus defensas por el solo hecho de que en ella no se diera respuesta a los argumentos defensivos contenidos en su escrito de contestación a la demanda, puesto que corresponde a la hoy disidente poner en evidencia que las consideraciones de la Sala Contencioso-Administrativa son contrarias a derecho y no únicamente argumentar la incongruencia de marras.

Por otra parte, sostiene la inconforme que la cláusula décimo tercera del Convenio de colaboración administrativa, celebrado entre el Gobierno Federal y el Estado de Baja California, contiene una sola facultad en materia de vehículos de procedencia extranjera y, por ende, no es necesario hacer la mención de una fracción en específico, pues con ello -alega- se estarían coartando las facultades del Estado en materia de verificación de vehículos de procedencia extranjera.

No participa de razón la recurrente.

Para demostrar lo anterior, de inicio, se hace necesario reproducir la aludida cláusula, que reza:

"Decimatercera. En materia de vehículos de procedencia extranjera, excepto aeronaves y embarcaciones, internados en el territorio del Estado, éste tendrá a su cargo, por conducto de sus autoridades fiscales, las siguientes facultades y obligaciones:

"I. Dar cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos en la Ley Aduanera y sujetarse a la normatividad, lineamientos, políticas y criterios que para el efecto emita la secretaría.

"II. Ordenar y realizar la verificación de la legal estancia en territorio nacional de los vehículos en circulación, procediendo, en su caso, al embargo precautorio de los mismos.

"La secretaría se reserva el derecho de establecer periodos en los cuales no se podrán ejercer las facultades delegadas en esta fracción.

"III. Levantar el acta respectiva en caso de embargo precautorio y notificar al interesado el inicio del procedimiento que corresponda, el cual será tramitado y resuelto por la Administración Local de Auditoría Fiscal correspondiente, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal de la secretaría.

"Poner a disposición de la Administración Local de Auditoría Fiscal competente los vehículos embargados, acompañando las actuaciones correspondientes, dentro de un plazo que no excederá de cuarenta y ocho horas a partir del embargo. Los vehículos, excepto los deportivos y de lujo, serán resguardados y custodiados por el Estado, hasta que cause ejecutoria la resolución dictada en el procedimiento administrativo en materia aduanera.

"IV. Los vehículos embargados precautoriamente por el Estado que hayan sido adjudicados a favor del fiscal federal, una vez que cause ejecutoria la resolución, éstos u otros con un valor equivalente, se entregarán a aquél, excepto automóviles deportivos y de lujo, siempre que sean destinados al ejercicio de sus funciones de derecho público, al de sus Municipios o de sus organismos descentralizados. Previo aviso a la secretaría, dichos vehículos también podrán ser intercambiados con otras entidades federativas para igual fin.

"Conforme a las políticas y lineamientos que fije la secretaría, el Estado podrá enajenar los vehículos de que se trata, siempre que éstos estén inutilizados permanentemente para la circulación.

"V. Dar el aviso correspondiente a la secretaría, en caso de siniestro de vehículos adjudicados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que éste ocurra.

"VI. Vigilar la legal estancia en el país de vehículos de origen y procedencia extranjera, que circulen en su territorio; negar el otorgamiento de tarjeta, placas de circulación o cualquier otro documento que permita la circulación vehicular; y no aceptar el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, en los casos en que no se acredite la legal estancia en el país de los vehículos en régimen de importación definitiva.

"(Fracción VII, se suprime)."

Como es fácil advertir, pues basta una interpretación literal para ello, la cláusula que nos ocupa contiene dieciséis facultades u obligaciones diversas, a saber:

1) Dar cumplimiento a los requisitos y formalidades previstos en la Ley Aduanera.

2) Sujetarse a la normatividad, lineamientos, políticas y criterios que para el efecto emita la secretaría.

3) Ordenar y realizar la verificación de la legal estancia en territorio nacional de los vehículos en circulación.

4) Proceder, en su caso, al embargo precautorio de los mismos.

5) Respetar los periodos, que establezca la secretaría, en que no se podrán ejercer las facultades delegadas.

6) Levantar el acta respectiva en caso de embargo precautorio.

7) Notificar al interesado el inicio del procedimiento que corresponda.

8) Poner a disposición de la Administración Local de Auditoría Fiscal competente los vehículos embargados, acompañando las actuaciones correspondientes.

9) Resguardar y custodiar los vehículos (excepto los deportivos y de lujo) hasta que cause ejecutoria la resolución dictada en el procedimiento administrativo en materia aduanera.

10) Conservar los vehículos embargados precautoriamente por el Estado que hayan sido adjudicados a favor del fisco federal, una vez que cause ejecutoria la resolución, éstos u otros con un valor equivalente (excepto automóviles deportivos y de lujo), siempre que sean destinados al ejercicio de sus funciones de derecho público.

11) Intercambiar (previo aviso a la secretaría) dichos vehículos con otras entidades federativas para igual fin.

12) Enajenar los vehículos de que se trata, siempre que éstos estén inutilizados permanentemente para la circulación.

13) Dar el aviso correspondiente a la secretaría, en caso de siniestro de vehículos adjudicados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que éste ocurra.

14) Vigilar la legal estancia en el país de vehículos de origen y procedencia extranjera, que circulen en su territorio.

15) Negar el otorgamiento de tarjeta, placas de circulación o cualquier otro documento que permita la circulación vehicular.

16) No aceptar el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, en los casos en que no se acredite la legal estancia en el país de los vehículos en régimen de importación definitiva.

Consiguientemente, contrario a lo sostenido por la autoridad impugnante, sí existía la obligación de precisar qué fracción de la cláusula décimo tercera del convenio aludido, es la que funda las facultades ejercidas en la orden de verificación vehicular que constituye la génesis del acto impugnado en el juicio de nulidad, so pena de producir incertidumbre jurídica en el particular.

Léase al respecto la jurisprudencia 2a./J. 57/2001, también invocada por la a quo, compendiada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 31, registro 188,432, que reza: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.-De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’, así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica."

Cabe precisar también que con la jurisprudencia que antecede se da respuesta a los restantes agravios esgrimidos por la inconforme, en los que sostiene que no estaba constreñida a citar las fracciones correspondientes de la cláusula de trato, porque: a) con la cita de la propia cláusula resulta suficiente; y, b) debe entenderse que la cita de la cláusula se hace en forma íntegra, considerando todas sus fracciones. Citó en apoyó de estos argumentos la tesis: "FUNDAMENTACIÓN. LA FALTA DE CITA DE UNA FRACCIÓN DE UN DETERMINADO PRECEPTO RESULTA INTRASCENDENTE SI EL DESTINATARIO DEL ACTO IDENTIFICA LA HIPÓTESIS LEGAL Y EL HECHO A QUE SE APLICÓ."

Cierto, la jurisprudencia por contradicción de tesis citada da respuesta a tales argumentos por estimar que debe citarse la fracción correspondiente en todos los casos sin excepción; además, tal criterio supera a la tesis aislada invocada por la disidente.

Así las cosas, los argumentos de trato deben ser considerados igualmente inoperantes.

Cobra puntual aplicación al respecto la jurisprudencia 1a./J. 14/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997, página 21, registro 198,920, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.-Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado."

En las relatadas condiciones, ante lo fundado pero inoperante e infundado de los agravios esgrimidos por la autoridad inconforme, lo procedente es declarar infundado el presente recurso de revisión fiscal.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 248 del Código Fiscal de la Federación, 76, 77, 177, 184 y relativos aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-En términos de lo establecido en el considerando quinto, se desecha el recurso de revisión fiscal en lo que atañe al jefe del Servicio de Administración Tributaria y al secretario de Hacienda y Crédito Público.

SEGUNDO.-Es infundado el presente recurso de revisión fiscal.

Notifíquese como corresponda; anótese y con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen y en su oportunidad archívese el expediente como toca concluido.

Así lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Inosencio del Prado Morales, José Encarnación Aguilar Moya y Faustino Cervantes León, siendo presidente y ponente el primero de los mencionados.

Nota: La tesis de rubro: "FUNDAMENTACIÓN. LA FALTA DE CITA DE UNA FRACCIÓN DE UN DETERMINADO PRECEPTO RESULTA INTRASCENDENTE SI EL DESTINATARIO DEL ACTO IDENTIFICA LA HIPÓTESIS LEGAL Y EL HECHO A QUE SE APLICÓ." citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-1, enero a junio de 1990, página 220.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21077-3f8bfcfb/competencia-de-las-autoridades-del-estado-de-baja · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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