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Modo: Corpus Pro

RENTA. LA EXCEPCIÓN DE PAGO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO POR MEDIO DE UN JUICIO DE PRESCRIPCIÓN POSITIVA SE PURGA UN VICIO FORMAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA MOTIVO DEL GRAVAMEN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 17 DE OCTUBRE DE 2003).

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 20/2005. · Registro digital (IUS): 20955
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE TIJUANA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 2008, , Pág. 965.

REVISIÓN FISCAL 20/2005. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE TIJUANA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Resultan infundados e inoperantes los motivos de inconformidad que expresa la autoridad recurrente, administrador local jurídico de Tijuana, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y otras.

Previo al estudio de los agravios transcritos, resulta pertinente puntualizar los antecedentes del caso.

En escrito sin fecha, ingresado por la oficialía de partes de la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Tijuana, Baja California, recibido el seis de abril de dos mil cuatro, por medio del cual compareció por su propio derecho Gonzalo Anel Bautista a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio 324-SAT-02-III-4.2-17940, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil tres, emitido por el administrador local de auditoría fiscal de Tijuana, Baja California, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se le determinó un crédito fiscal que asciende a la cantidad total de $437,554.76 (cuatrocientos treinta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 moneda nacional), por concepto de omisión de pago del impuesto sobre la renta, multas y recargos derivados de los ingresos obtenidos por la adquisición de bienes por prescripción positiva, sin haber pagado el impuesto correspondiente; además de que no presentó el pago provisional a cuenta del impuesto anual respecto al lote ubicado al sur de la colonia Madero de Tijuana, Baja California, con superficie de 600 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: al norte en 40.00 metros con manzana 35; al sur en 40.00 metros con manzana 36; al este en 15.00 metros con Avenida Batopilas; al oeste en 15.00 metros con Avenida Aguascalientes (foja 40 y vuelta).

Por acuerdo de veinte de abril de dos mil cuatro, el Magistrado instructor de la Sala Fiscal, admitió a trámite la referida demanda, registrándola bajo el número 1076/04-01-01-8; con las copias simples de la demanda y anexos, ordenó correr traslado a las autoridades demandadas, emplazándolas, para que formularan la contestación respectiva dentro del término de ley, teniéndose a su vez, por admitidas las pruebas ofrecidas (foja 40).

Por oficio número 13061 de fecha veintiocho de junio de dos mil cuatro, ingresado el dos de julio del mismo año, el administrador local jurídico de Tijuana, en representación de las autoridades demandadas, formuló oportunamente la contestación a la demanda, sosteniendo la legalidad de la resolución impugnada y ofreciendo las pruebas que estimó convenientes (fojas 57 a la 86).

Mediante auto de cinco de julio de dos mil cuatro, se tuvo por contestada la demanda y por ofrecidas las pruebas exhibidas, y se ordenó dar vista a la actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera; en el mismo proveído se otorgó a las partes la oportunidad para que dentro del término legal formularan sus respectivos alegatos (foja 87).

Seguido el juicio por todas sus etapas legales, el veinte de octubre de dos mil cuatro, la Sala Fiscal responsable dictó la sentencia correspondiente, cuyos puntos resolutivos son: "I. La parte actora probó su pretensión en este juicio, en consecuencia; II. Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada cuyas características quedaron debidamente precisadas en el resultando 1o. de este fallo. Así también, procede anular el mandamiento de ejecución y requerimiento de pago de fechas 13 y 20 de julio de 2004, y se ordena a la autoridad que proceda a levantar el embargo de 20 de julio último, respecto del bien inmueble propiedad de la parte actora. III. Notifíquese ...". (fojas de la 104 a la 107). Inconforme con esta resolución, el administrador local jurídico de Tijuana, Baja California, en representación de las autoridades demandadas, interpuso el presente recurso de revisión fiscal.

Las consideraciones planteadas por la autoridad administrativa recurrente, administrador local jurídico de Tijuana, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, resultan infundadas e inoperantes como a continuación se verá.

En efecto, no le asiste la razón a la autoridad inconforme al señalar que es ilegal la sentencia que emitió la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-02-III-4.2-17940, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil tres, que emitió el administrador local de auditoría fiscal de Tijuana, Baja California, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que determinó el crédito fiscal que asciende a la cantidad total de $437,554.76 (cuatrocientos treinta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 moneda nacional), por concepto de omisión de pago del impuesto sobre la renta, multas y recargos que fueron derivados de los ingresos obtenidos por la adquisición del bien inmueble por prescripción positiva, por no haber pagado el impuesto correspondiente, y que no presentó el pago provisional a cuenta del impuesto anual respecto al lote ubicado al sur de la colonia Madero de Tijuana, Baja California.

La autoridad recurrente aduce sustancialmente que la determinación de la Sala Fiscal responsable es ilegal, y de contravención a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, ya que no observó el principio de congruencia establecido en dicho precepto; que la responsable no cumplió con la obligación jurisdiccional de analizar a la luz de la justicia y de la hermenéutica jurídica, los argumentos sostenidos por la representación fiscal al momento de dar contestación a la demanda en el juicio natural; que la Sala contravino lo que estipula el citado precepto por inobservancia y aplicación de él.

A lo antes alegado por el inconforme se advierte que es inexacto que la Sala Fiscal haya transgredido lo establecido por el artículo 237, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, como lo aduce el recurrente, pues del estudio de la resolución recurrida no se aprecia que hubiese resuelto cuestiones diversas a las planteadas por el actor en su demanda, ya que la Sala, al analizar el primer concepto de anulación que expuso en su escrito inicial de demanda, consideró que con ello la autoridad trastocaba en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 14 y 16 constitucionales, puesto que ilegalmente le determinó el crédito fiscal en comento, al considerar que la adquisición de un inmueble por prescripción positiva queda gravada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 104, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; que no se tomó en consideración que promovió juicio ordinario civil de prescripción positiva con el objeto de purgar vicios derivados de la posesión del inmueble que obtuvo mediante la celebración del contrato "verbal"; que debido a ello demandó en la vía señalada el juicio en cuestión; que su situación jurídica incide en la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 127 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre al Renta, que establece que en caso de que no pueda determinarse la fecha en que se consumó la prescripción adquisitiva, se tomará aquella en que se haya interpuesto la demanda; y que en caso de que se acuda a la prescripción positiva para purgar vicios de los actos por medio de los que fueron adquiridos bienes, no quedará gravado el ingreso así percibido por lo que se deberá declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.

Argumenta la autoridad recurrente que de la sentencia dictada con motivo del juicio ordinario civil identificado con el número 1572/2000, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, en el que se determinó la prescripción positiva a favor del actor en la obtención de ingresos por la adquisición de un bien inmueble en cantidad total de $720,000.00 (setecientos veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), que no presentó el pago provisional a cuenta del impuesto anual para cubrir el 20% del ingreso percibido sin deducción alguna; además de que en el caso concreto la parte actora en la declaración contenida en el formulario 1-A, de fecha 18 de diciembre de 2001, presentada ante la institución bancaria Banco Santander Mexicano, S.A., manifestó que con base en el artículo 127 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se encontraba exento de pago, y dice, que dicho ordenamiento legal únicamente exenta de pago cuando se acuda a la figura de la prescripción positiva para purgar vicios, los que son en relación de los actos por los cuales se adquirieron bienes y no precisamente por la carencia de documentos o títulos que acrediten la propiedad del bien inmueble; que en su opinión no se acredita purga de vicio alguno en el juicio ordinario civil en comento.

La Sala Fiscal responsable determinó que la impugnación del actor, motivo del estudio, resultó fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, en atención a las consideraciones de hecho y de derecho que a su vez vierte en la sentencia que motivó el recurso de revisión, y al efecto afirmó que, en primer lugar, resulta imperante hacer la reproducción del texto de los artículos 104, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 127 de su reglamento, vigentes en el ejercicio fiscal revisado, es decir, el 2001, para conocer su contenido y alcance: "Artículo 104. Se consideran ingresos por adquisición de bienes: ... III. La adquisición por prescripción." Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. "Artículo 127. Tratándose de adquisiciones por prescripción, el valor de los bienes se determinará mediante avalúo referido a la fecha en que ésta se hubiere consumado, independientemente de la fecha de la sentencia que la declare. En caso de que no pueda determinarse la fecha en que se consumó la prescripción adquisitiva, se tomará como tal aquella en que se haya interpuesto la demanda. En los casos en que se acuda a la prescripción positiva para purgar vicios de los actos por medio de los cuales fueron adquiridos bienes, no quedará gravado el ingreso así percibido."

Así, la Sala Fiscal afirmó que al examinar el segundo párrafo del numeral 127 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece una excepción a la regla general, de considerar como ingresos gravados del capítulo V del título IV de la propia ley, la de aquellos casos en que la persona física acuda a la prescripción positiva para purgar vicios de los actos por medio de los cuales fueron adquiridos bienes, caso en que se encuentra el demandante. Que en esa situación llevó a la ad quem a concluir válidamente que el concepto "purgar vicios", a que alude el artículo 127 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no está sujeto a una definición para determinar cuándo debe considerarse en su sentido estricto o cuándo no, sino que el alcance de ese significado queda supeditado a lo que prescribe el propio numeral en consulta, que en la especie exige como único requisito que la purgativa del vicio derive de la deficiencia del acto jurídico por medio del cual fue adquirido el bien usucapido.

De esta manera y contrario a lo alegado por la autoridad recurrente, la Sala Fiscal responsable, para precisar lo anterior, argumentó que tuvo a la vista, dado que consta de fojas 27 a la 30, el expediente 1076/04-01-01-8, y copia certificada de la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil uno, dictada en el juicio ordinario civil número 1572/2000, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, promovido por Gonzalo Anel Bautista, y se advierte que el juzgador del órgano jurisdiccional citado pronunció la sentencia de ocho de marzo de dos mil uno (fojas de la 27 a la 30), en la que declaró que por haber operado la prescripción positiva a favor del actor en el juicio principal, se ha convertido en propietario del predio identificado; que el precitado documento que la parte actora exhibió con la finalidad de acreditar que acudió a la figura de la prescripción positiva del inmueble en cuestión, y ésta constituye una fracción de terreno ubicado al sur de la colonia Madero en Tijuana, Baja California, con las medidas y colindancias señaladas, con el objeto de purgar vicios derivados de la posesión del inmueble que obtuvo mediante la celebración del contrato "verbal" de compraventa.

Puntualizado lo anterior, la Sala afirma acertadamente que se obtiene la certeza jurídica de que, justamente como lo adujo el actor en su demanda, acudió a la prescripción positiva del inmueble identificado como fracción de terreno ubicado al sur de la colonia Madero, en Tijuana, Baja California, con superficie de 600 metros cuadrados, con el objeto de purgar vicios del acto por medio del cual adquirió el inmueble como lo fue el contrato verbal de compraventa celebrado con Eduardo Navarro Encinas, toda vez que tal acto jurídico impedía al actor consolidar el dominio del inmueble, al resultar deficiente para servir de título justificativo de dominio del inmueble objeto de la acción de prescripción deducida, dado que ese bien inmueble no se encontraba inscrito a nombre del comprador, es decir, del actor, en el juicio principal, sino del auténtico propietario del bien, el C. Eduardo Navarro Encinas, quien a través del albacea de su sucesión se allanó a las pretensiones del actor en el juicio ordinario civil, circunstancia que puede constatarse de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil número 1572/2000, de fecha ocho de marzo de 2001, dictada por el Juez Tercero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, que obra a fojas de la 27 a la 30 del expediente número 1076/04-01-01-8, y que prueba el acto generador de la posesión inmobiliaria como lo fue el contrato verbal de compraventa que desde su realización presentó el vicio de forma.

Así, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2190 del Código Civil de Baja California, el contrato de compraventa no requiere para su validez formalidad especial alguna, sino cuando recae en un inmueble, por lo que es lógico interpretar que si la ahora demandante acudió ante el Juez Civil a demandar la declaración de adquisición por prescripción del terreno antes descrito, fue con el fin de purgar ese vicio en la forma en que se realizó el contrato, máxime que acreditó la existencia del mismo y además de haber poseído de manera pública, continua y de buena fe por más de cinco años y a título de dueño el inmueble, como así se resolvió en la sentencia dictada con fecha 8 de marzo de 2001, por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil de Tijuana, Baja California; luego entonces, el referido juicio civil se tramitó para purgar el vicio del contrato que fue celebrado precisamente en forma verbal y con la finalidad de obtener el documento que avalara la declarativa legal de compra y adquisición del bien inmueble materia de controversia.

De ahí que la parte actora se ubicó en el caso de excepción que establece el artículo 127 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el año dos mil uno, debido a que como se estimó con antelación, la adquisición por prescripción se efectuó para purgar el vicio en la forma del contrato. Luego, no se debe considerar como nuevo ingreso a su patrimonio, en los términos del artículo 104, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año citado.

Adujo la autoridad recurrente, que la Sala no tomó en cuenta el caudal probatorio aportado por los contendientes, lo que se tradujo en que se apreciara en forma contraria a los intereses del fisco federal, que no en todos los juicios sobre prescripción adquisitiva se acude para purgar vicios, sino que a veces se acude para hacer la elevación a la escritura correspondiente, como es en el caso en particular. Sentadas esas premisas, nos avocamos al diverso yerro que se advierte de la sentencia aquí combatida por la indebida aplicación de los artículos 104, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 127 de su reglamento, que señalan medularmente que cuando se acuda a la prescripción para purgar vicios, dicha adquisición no quedará gravada para los efectos de esta ley, situación que la Sala Fiscal no tomó en consideración. Así, si no se hizo la disertación al concepto de purgar vicios, es inconcuso que la mayoría de los Magistrados que sustentan el fallo combatido, hayan abordado la premisa mayor sin antes estudiar que purgar vicios, piedra angular en que se podría sostener la excepción a los artículos 104, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 127 de su reglamento, luego si no se disertó sobre esto en particular, no cabe la alegación del actor en el sentido de que ésta había incidido en la hipótesis normativa comentario, lo que de sumo le beneficiaba; de ahí que se sostenga que existió una indebida aplicación de los artículos 104, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 127 de su reglamento, pues no quedó acreditado cuáles fueron los vicios purgados, menos aún el actor comprobó que se encontraba dentro de la excepción a la regla, por lo que señalamos que fue correcta la determinación que efectuó mi representada para determinar las contribuciones descritas en la resolución controvertida vía juicio contencioso administrativo.

Ahora bien, como se aprecia, el recurrente al expresar su inconformidad no se advierte que destruya de manera alguna los fundamentos y consideraciones torales en que sustenta la Sala Fiscal su resolución controvertida, dado que se limita a hacer diversas manifestaciones en contra de la Sala y de la resolución recurrida, por ello, deberá seguir rigiendo el sentido del fallo, toda vez que como se indicó, esas manifestaciones de inconformidad no destruyen lo argumentado por la Sala Fiscal responsable. Lo anterior encuentra apoyo, en la tesis de jurisprudencia VII.1o.A.T. J/27, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página 1409 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL, SU ANÁLISIS ES DE ESTRICTO DERECHO, POR LO QUE SON INOPERANTES SI NO SE CONTROVIERTEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA. El principio de estricto derecho que impera en tratándose de revisiones fiscales, obliga a que la autoridad disconforme con una determinada resolución demuestre su ilegalidad; consecuentemente, si formula sus agravios sin controvertir las consideraciones expresadas por la Sala Fiscal en la sentencia recurrida, los mismos devienen inoperantes y, en tal virtud, ésta debe confirmarse, por quedar legalmente subsistentes las razones que le sirvieron de apoyo y rigen su sentido."

Consecuentemente, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación hechos valer por la autoridad recurrente, deberá confirmarse la resolución que se revisa.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 90 de la Ley de Amparo; 248 del Código Fiscal de la Federación, así como 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO. Ha sido procedente el recurso de revisión interpuesto.

SEGUNDO. Se declara infundado el recurso de revisión interpuesto por el administrador local jurídico de Tijuana, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, contra la sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil cinco, dictada por la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente 1076/04-01-01-8, relativo al juicio de nulidad promovido por Gonzalo Anel Bautista, por su propio derecho.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de registros, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así, lo resolvió el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Manuela Rodríguez Caravantes, Sergio González Esparza y Raúl Molina Torres, siendo ponente la primera de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20955-dc326b63/renta-la-excepcion-de-pago-prevista-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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