CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 4 DE LAS NORMAS Y POLÍTICAS PARA PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADAS EN EL CITADO MEDIO DE DIFUSIÓN EL 12 DE AGOSTO DE 2005, AL DISPONER QUE LOS DOCUMENTOS OFICIALES QUE REQUIERAN SER PUBLICADOS DEBERÁN SER PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, NO VIOLA LA FACULTAD REGLAMENTARIA DE LOS MUNICIPIOS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIAL MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA AL EXPEDIR LAS NORMAS Y POLÍTICAS PARA PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESE ESTADO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, YA QUE ESTÁ FACULTADO PARA ELLO, ACORDE A LO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ESA ENTIDAD Y EN EL REGLAMENTO DE AQUELLA DEPENDENCIA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NO ES UNA AUTORIDAD INTERMEDIA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 62/2005. MUNICIPIO DE TIJUANA, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: MARTÍN ADOLFO SANTOS PÉREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticuatro de enero de dos mil ocho.
VISTOS; Y RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el tres de octubre de dos mil cinco, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Jorge Hank Rhon, en su carácter de presidente municipal, José María Lozano Rodríguez síndico procurador y Ramón Serrano Ayala consejero jurídico municipal, todos del Municipio de Tijuana, Baja California, promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. A) El Gobernador Constitucional del Estado de Baja California. B) El secretario general de gobierno del Estado de Baja California. C) El oficial mayor del Gobierno del Estado de Baja California, todas con domicilio en el centro cívico comercial en la ciudad de Mexicali, Baja California, código postal 21000. Norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como el medio oficial en que se publicó. La norma general o acto cuya invalidez se demanda consiste en las ‘Normas y políticas para publicaciones en el Periódico Oficial del Estado’, publicadas a fojas 41 a la 43 del Periódico Oficial del Estado de Baja California, número 36, Sección I, Tomo CXII, de fecha 12 de agosto de 2005; particular y concretamente la facultad que se le confiere al titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California, para autorizar los documentos de carácter oficial que deban publicarse en el Periódico Oficial del Estado, ínsita en el numeral 4 de las mismas, cuyo texto, para mejor referencia, se transcribe enseguida: ‘4. Los documentos de carácter oficial que por la naturaleza de los mismos requieran ser publicados en el Periódico Oficial del Estado, deberán venir previamente autorizados por la Secretaría General de Gobierno; de lo contrario no se podrá realizar la inserción en la edición correspondiente, tal y como lo dispone el artículo 19, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California.’."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
"A) Mediante Decreto Número 285, promulgado el 28 de marzo de 2001 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California número 15 del 13 de abril de 2001, se reformó el artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para establecer las facultades propias inherentes a los Ayuntamientos, siendo algunas de sus atribuciones las de reformar, derogar o abrogar los ordenamientos que expida, así como establecer todas las disposiciones normativas de observancia general para el cumplimiento de sus fines. B) El día 10 de noviembre de 1992, fue publicada la Ley del Periódico Oficial del Estado de Baja California; la cual, en su artículo 4o., establece la obligación del gobernador del Estado de publicar en el citado periódico, las disposiciones previstas en el artículo 3o. del mismo ordenamiento, cuya fracción IV prevé que es materia de publicación en ese medio oficial, los decretos, reglamentos, presupuestos y demás acuerdos de los Ayuntamientos que sean de interés general. C) El 13 de marzo de 2001 se publicó el Reglamento Interno de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, en cuyo artículo 7o., fracción XXXI, se enmarcan las facultades del oficial mayor para dirigir y coordinar el Periódico Oficial del Estado, así como la emisión de publicaciones oficiales e impresos. D) El 24 de agosto de 2001, fue publicado el Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California, previendo en la fracción VII de su artículo 22, que corresponde a la Dirección de Gobierno, verificar que se realicen las publicaciones en el Periódico Oficial del Estado, que hubiere ordenado el titular de la citada Secretaría o solicitado las autoridades municipales y federales, en su caso. En este mismo reglamento, en la fracción VII del artículo 21, se establece que corresponde a la Subdirección Jurídica y de Gobierno de Tijuana-Tecate, coordinarse con el director de gobierno para verificar que se realicen las publicaciones en el Periódico Oficial del Estado, ordenadas por el Ejecutivo o a solicitud de autoridades municipales y estatales. E) La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, en la fracción III del artículo 19, prescribe las atribuciones conferidas al secretario general de gobierno, consistentes expresa y específicamente por lo que al caso se refiere, en autorizar y tramitar en el Periódico Oficial del Estado, la publicación de las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de orden general que deben regir en el Estado. F) La misma Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, en la fracción XIII del artículo 20, establece la atribución conferida al oficial mayor de gobierno, consistente en dirigir el Periódico Oficial y controlar la emisión de las demás publicaciones e impresos del Gobierno del Estado. G) El día 12 de agosto del año 2005, fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, número 36, Sección I, Tomo CXII, las ‘Normas y Políticas para publicaciones en el Periódico Oficial del Estado’, creadas y expedidas por el oficial mayor de gobierno el 26 de julio de 2005. Resulta importante destacar, además de los antecedentes manifestados, que se estima que el oficial mayor de gobierno del Estado al crear y expedir las ‘Normas y políticas para publicaciones en el Periódico Oficial del Estado’, sin contar con las facultades legales para ello, y de manera inconstitucional, al condicionar a la hoy parte actora de la presente controversia a la observancia de lo previsto en la fracción III del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, en el sentido que de ser necesaria la autorización de la Secretaría General de Gobierno del Estado para la publicación de cualquier disposición legal municipal, infringe la esfera competencial del Municipio, ya que es solamente a éste y a ningún otro orden de gobierno, al que le corresponde el ordenar y autorizar las publicaciones que deben regir en el territorio del Municipio; o dicho en otras palabras; es al órgano colegiado cual (sic) es el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a quien le corresponde disponer, autorizar y ordenar la publicación de sus disposiciones de carácter general. Con esa indebida facultad que se le atribuye al secretario de gobierno del Estado en las ‘Normas y políticas para publicaciones en el Periódico Oficial del Estado’, cuya invalidez se reclama, se actualiza una afectación a la autonomía municipal en su esfera jurídica, porque dentro de las publicaciones en el Periódico Oficial del Estado se encuentran los ordenamientos jurídicos de interés general que crea y autoriza su publicación el Ayuntamiento de Tijuana, de acuerdo a las disposiciones legales que lo rigen. Es de explorado derecho que los numerales 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagran el funcionamiento y las prerrogativas tanto del Estado como del Municipio Libre, este último como base de la división territorial y organización política y administrativa de los Estados, regulando el marco de sus relaciones jurídicas y políticas, por lo que con base en este esquema esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los mecanismos de control constitucional que previene, entre ellos las controversias constitucionales, salvaguarda el respeto pleno del orden primario, sin que pueda admitirse ninguna limitación que pudiera dar lugar a arbitrariedades. En efecto, el título primero de nuestra Ley Cimera consagra las garantías individuales que constituyen una protección a los gobernados contra actos arbitrarios de las autoridades, especialmente las previstas en los artículos 14 y 16, que garantizan el debido proceso y el ajuste del actuar estatal a la competencia establecida en las leyes. Por su parte, los artículos 39, 40, 41 y 49 reconocen los principios de soberanía popular, forma de Estado Federal, representativo y democrático, así como la división de poderes; con lo cual se manifiestan los niveles de competencia de cada función en que se divide el poder público y la no intromisión o injerencia de un orden de gobierno en otro, salvo las excepciones que la propia Carta Magna establece. Las consideraciones anteriores, referidas principalmente a la relación de igualdad constitucional, pero de irrestricto respeto a su autonomía que debe prevalecer en el ejercicio competencial de las diversas funciones en que se divide el poder público, se actualizan también en el respeto a los diversos órdenes constitucionales; a saber, el federal, el estatal y el municipal. De esta manera, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia que en materia constitucional dictó ese H. Pleno y que a la letra dice: ‘DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.’ (se transcribe). Si bien el medio de control de la constitucionalidad, denominado controversia constitucional, tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal, debe tomarse en cuenta que la normatividad constitucional también tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas a favor de tales órganos, las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia, también en materia constitucional dictada por ese H. Pleno, que a continuación se transcribe: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS OBJETIVOS DEL ORDEN JURÍDICO CONSTITUCIONAL SON LA ASIGNACIÓN DE COMPETENCIA Y EL CONTROL DE SU EJERCICIO POR LAS AUTORIDADES DE LOS DEMÁS ÓRDENES JURÍDICOS.’ (se transcribe)."
TERCERO. El promovente aduce como conceptos de invalidez, los siguientes:
"Primer concepto de invalidez. El oficial mayor de gobierno del Estado de Baja California, carece de competencia para determinar quién debe autorizar la publicación de documentos oficiales de los Ayuntamientos en el Estado. Con la publicación de las normas y políticas para publicaciones en el Periódico Oficial del Estado por parte del oficial mayor de gobierno, se viola lo dispuesto por los artículos 14 y 115, fracción I, primer párrafo, fracción II, segundo párrafo, en su proemio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; debido a que el citado oficial mayor, creó y expidió un dispositivo legal apoyándose en los artículos 20, fracciones I, XIII y XVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California; y 7, fracción XXXI, del Reglamento Interno de Oficialía Mayor de Gobierno de la misma entidad federativa, disposiciones que de ninguna manera lo facultan para emitir normas relacionadas con el Periódico Oficial del Estado, como se puede apreciar con las transcripciones siguientes: ‘Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California.’. ‘Artículo 20. A la Oficialía Mayor de Gobierno le corresponde, además de lo que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, la atención y trámite de los siguientes asuntos: I. Formular y expedir las normas y políticas administrativas para el manejo del personal, los recursos materiales y bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; ... XIII. Dirigir el Periódico Oficial y controlar la emisión de las demás publicaciones e impresos del Gobierno del Estado; ... XVI. Los demás que determinen expresamente las leyes y reglamentos.’. ‘Reglamento Interno de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California.’. ‘Artículo 7o. El oficial mayor tendrá las siguientes facultades: ... XXXI. Dirigir y coordinar el Periódico Oficial del Estado, así como la emisión de publicaciones oficiales e impresos.’. Nótese que en la fracción I del artículo 20 transcrito, al oficial mayor de gobierno se le faculta para formular y expedir normas pero solamente cuando van encaminadas al manejo de los recursos humanos y materiales, ya que cuando se trata del Periódico Oficial del Estado sus facultades son exclusivamente de dirección y control de la emisión de éste, pero de ninguna manera para la creación y expedición de normas. Por otra parte, si bien la diversa fracción XXXIV del artículo 7o. del Reglamento Interno de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, transcrito líneas arriba, cuyo texto establece ‘Las demás que le confiera el gobernador del Estado y otras disposiciones legales aplicables, así como las necesarias para hacer efectivas las anteriores’ es decir, para crear disposiciones legales necesarias para hacer efectivas las atribuciones previstas en las treinta y cuatro fracciones de dicho numeral; el hecho y facultad que tiene de dirigir y controlar la emisión del Periódico Oficial, no implica de ninguna manera que esté facultado para la creación de normas legales respecto de dicho medio publicitario, debido a que las atribuciones que se le otorgan al respecto son sólo de índole administrativa y no legislativa. De esta manera, al condicionar la publicación de un documento oficial del Municipio a la autorización de otro servidor público ajeno al ámbito competencial municipal, el oficial mayor del gobierno del Estado contraviene el principio de legalidad que, a mayor abundamiento, se encuentra expresamente establecido en el primer párrafo del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, que prescribe que los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que expresamente les otorgan las leyes. Segundo concepto de invalidez. La norma cuya invalidez se demanda invade la esfera jurídica y competencial del Municipio, coartando las facultades del Ayuntamiento. Con la publicación de las normas y políticas para publicaciones en el Periódico Oficial del Estado por parte del oficial mayor de gobierno, se viola lo dispuesto por los artículos 14 y 115, fracción I, primer párrafo, fracción II, segundo párrafo, en su proemio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en virtud de que, el numeral 4 de dichas normas y políticas para publicaciones en el Periódico Oficial del Estado, prevé que no se podrá realizar la inserción en la edición correspondiente sin antes cumplir con lo que establece la fracción III del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, textos ambos, que a continuación se transcriben para mejor referencia: ‘Normas y políticas para publicaciones en el Periódico Oficial del Estado.’. ‘4. Los documentos de carácter oficial que por la naturaleza de los mismos requieran ser publicados en el Periódico Oficial del Estado, deberán venir previamente autorizados por la Secretaría General de Gobierno; de lo contrario no se podrá realizar la inserción en la edición correspondiente, tal y como lo dispone el artículo 19, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California.’. ‘Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California.’. ‘Artículo 19. A la Secretaría General de Gobierno, además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... III. Autorizar y tramitar en el Periódico Oficial del Estado la publicación de las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de orden general que deben regir en el Estado.’. Lo trascendente e interesante de este aspecto, estriba en el hecho de que el numeral 4 de las Normas y políticas para publicaciones en el Periódico Oficial del Estado no excluya de la autorización del secretario general de gobierno a los decretos, reglamentos, presupuestos y demás acuerdos de los Ayuntamientos, lo que, desde luego, implica una invasión a la esfera jurídica de éstos. Para los efectos de ilustrar lo anterior, nos permitimos transcribir la fracción IV del artículo 3o. de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Baja California, que a la letra ordena: ‘Artículo 3o. Serán materia de publicación en el Periódico Oficial del Estado: ... IV. Los decretos, reglamentos, presupuestos y demás acuerdos de los Ayuntamientos, que sean de interés general.’. En términos de la disposición cuya invalidez se demanda, la publicación de las normas municipales queda supeditada a la autorización de otro nivel de gobierno, el estatal, de tal suerte que todo parece indicar, entonces, que la atribución reglamentaria del Ayuntamiento se convierte en meramente provisional, sin efectos, hasta la autorización de un orden ‘superior’ como lo sería el Ejecutivo del Estado, debido a que, en cualquier momento, el secretario general de gobierno está en posibilidad de no autorizar la publicación, lo que realmente se traduce en su desaprobación, a lo que cabe la siguiente interrogante: ¿cómo sería, en sus efectos, esa desaprobación o aprobación?, a lo que la respuesta más inmediata sería en el sentido de pensar en una especie de sanción o refrendo, sin los cuales no puede tener plena vigencia el acuerdo, bando o reglamento, violentando con ello la autonomía municipal a que se refieren las disposiciones constitucionales mencionadas, por una parte, y por la otra transgrediendo las hipótesis a que se refiere el artículo 3o. de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, en las diversas fracciones que, para mejor referencia, a continuación se expresan: ‘Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California.’. ‘Artículo 3o. Los Municipios de Baja California gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios de la comunidad. Los Ayuntamientos, en ejercicio de esta atribución, están facultados para aprobar y expedir los reglamentos, bandos de policía y gobierno, disposiciones administrativas y circulares de observancia general dentro de su jurisdicción territorial, así como para: I. Regular su funcionamiento, el de la administración pública municipal, y el de sus órganos de gobierno interno; ... III. Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; IV. Regular el uso y aprovechamiento de los bienes municipales, y ...’. Asimismo, de la lectura de las disposiciones arriba transcritas, en el sentido de que al pretender sujetar al Municipio a la norma cuya invalidez se reclama, se transgreden las atribuciones del Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, previstas en los artículos 10 y 11 del Reglamento Interno y de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, relativas a la creación, expedición y aprobación de sus resoluciones en materia legislativa, tal y como se aprecia de su siguiente transcripción: ‘Reglamento Interno y de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California.’. ‘Artículo 10. Reglas Generales. El Cabildo ejercerá las atribuciones materialmente legislativas que le conceden las leyes mediante la expedición de acuerdos y resoluciones de naturaleza administrativa, para efectos de regular las atribuciones de su competencia de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. El procedimiento para la aprobación de los acuerdos y resoluciones del Cabildo se regula por el presente reglamento, y en todo caso, deberá observarse en su reforma, derogación y abrogación el mismo procedimiento que les dio origen.’. ‘Artículo 11. Clasificación de los acuerdos y resoluciones de Cabildo. Los acuerdos y resoluciones del Cabildo podrán ser: I. Reglamentos; II. Bando de Policía y Buen Gobierno; III. Presupuesto de egresos; IV. Iniciativas de leyes y decretos; V. Disposiciones normativas de observancia general; VI. Disposiciones normativas de alcance particular; y VII. Acuerdos económicos.’. Lo anterior tiene sustento en el reconocimiento del Municipio como un nivel de gobierno que tiene una esfera de competencia con funciones legislativas propias, que son realizadas a través de un órgano colegiado, deliberativo, el cual satisface los requisitos de un órgano legislativo, ya que el carácter de la norma que expide es el de una verdadera ley, tanto del punto de vista material como del formal. Lo único que se requiere entonces, es que las autoridades demandadas superen los prejuicios y reconozcan que el Municipio tiene facultades legislativas y que esa función la realiza el cuerpo colegiado llamado Ayuntamiento. Amén de lo anterior, es el caso que en el Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno, el secretario de gobierno del Estado de Baja California, no cuenta con facultades para autorizar la publicación de las disposiciones provenientes de los Municipios, ni tampoco está entre las atribuciones que delegó en la Dirección de Gobierno o en la Subdirección Jurídica y de Gobierno de Tijuana-Tecate, relativas al Periódico Oficial del Estado, ya que éstas sólo consisten en verificar que se realicen las señaladas publicaciones que hubiere ordenado o solicitado la autoridad municipal, pero, se insiste, esas facultades no consisten en su autorización, tal y como se desprende de los artículos 21, fracción VII y 22, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno los cuales, para facilitar su referencia, se transcriben a continuación: ‘Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno.’. ‘Artículo 21. Corresponde a la Subdirección Jurídica y de Gobierno de Tijuana-Tecate, en su respectivo ámbito de competencia el ejercicio de las siguientes atribuciones: ... VII. Coordinarse con el director de gobierno, para verificar que se realicen las publicaciones en el Periódico Oficial del Estado ordenadas por el Ejecutivo, o a solicitud de autoridades municipales y estatales en su caso.’. ‘Artículo 22. Corresponde a la Dirección de Gobierno el ejercicio de las siguientes atribuciones: ... VII. Verificar que se realicen las publicaciones en el Periódico Oficial del Estado, que hubiere ordenado el titular o solicitado las autoridades municipales y federales, en su caso.’. En mérito de lo anterior, las normas y políticas para publicaciones en el Periódico Oficial del Estado, publicadas el 12 de agosto de 2005, en su numeral 4, al otorgar de manera indebida e ilegal, facultades al secretario de gobierno del Estado, sobrepasa las atribuciones que a éste le confiere el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Baja California, por lo que tal disposición resulta inconstitucional de conformidad a la siguiente jurisprudencia en materia constitucional dictada por ese H. Pleno, misma que aplicada de manera análoga establece: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERVENCIÓN A LA TESORERÍA MUNICIPAL ES INCONSTITUCIONAL LA QUE REALIZA LA LEGISLATURA DE UN ESTADO CUANDO LA LEY NO SEÑALA CUÁLES SERÁN SUS ALCANCES Y LÍMITES. Conforme a lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Legislaturas Estatales están facultadas para revisar y fiscalizar la cuenta pública municipal, razón por la cual las disposiciones encaminadas a normar su realización encuentran como soporte de su constitucionalidad el propio artículo 115. Ahora bien, para el cabal ejercicio de esa atribución, las mencionadas legislaturas pueden incluir como normas de desarrollo, tanto disposiciones tendentes a sancionar conductas, positivas o negativas, por las que se evada su cumplimiento o se contravengan expresamente, lo que impediría la ejecución de los actos necesarios para la realización de esa tarea fiscalizadora, como aquellas que tiendan a asegurar su cumplimiento, como sería la posibilidad de decretar medidas precautorias; sin embargo, dichas normas de desarrollo, ya sea que su naturaleza o fines sean precautorios o punitivos, no pueden llegar al extremo de vulnerar la esfera de atribuciones de que constitucionalmente goza el Municipio fiscalizado, particularmente la de administrar libremente su hacienda, esto es, la esfera de atribuciones que aquél tiene, constituye el extremo y límite de las facultades de revisión y fiscalización que tiene atribuidas la legislatura. En consecuencia, si determinada legislación faculta a la Legislatura Estatal para intervenir la Tesorería Municipal y no determina cuál es su objetivo, alcance y límites materiales y temporales, sino que se circunscribe a establecer la facultad para realizar tal intervención, no hay elementos que permitan determinar si es sólo de vigilancia o en grado de administración, además de que tampoco puede definirse cuál será su duración, ni cómo se llevará a cabo, de manera que ante la incertidumbre jurídica de tal situación, se torna vulnerable la libre administración de la hacienda pública municipal, y debe estimarse inconstitucional tal disposición.’. Por lo que se refiere al gobernador del Estado de Baja California, los artículos 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 4 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Baja California, prevén que como obligación de dicho mandatario el publicar en el Periódico Oficial los ordenamientos y disposiciones a que se refiere el artículo 3o. de este último ordenamiento, el cual fue transcrito en párrafos precedentes y que se refiere a los ordenamientos jurídicos provenientes de los Ayuntamientos; ya que de apegarse a la aplicación de la norma cuya invalidez se reclama, haciendo abstracción de su constitucionalidad, el mínimo efecto es el retraso innecesario del proceso de publicación de la normatividad municipal autorizada, expedida y ordenada por el Ayuntamiento que representamos, requisito sine qua non para que las disposiciones legales emanadas del Cabildo Municipal, sean válidas, por una parte; y en grado extremo, por la otra, la falta de publicación de disposiciones municipales tendientes a regular su funcionamiento, el de la administración pública municipal y el de sus órganos de gobierno interno; las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, así como el uso y aprovechamiento de los bienes municipales, entre otros aspectos debidamente previstos en nuestra Ley Cimera. Cabe señalar, aunado a lo anterior, que desde el mes de noviembre del año próximo pasado a la fecha, el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, aprobó diversos reglamentos pero no han sido publicados, como lo son el Reglamento de Acciones de Edificación para el Municipio de Tijuana; el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de Tijuana; el Reglamento de Acciones de urbanización para el Municipio de Tijuana; y el Reglamento para la Constitución y Administración de Inmuebles Bajo el Régimen de Propiedad en Condominio para el Municipio de Tijuana, B.C., así como el que delimita la circunscripción territorial de las delegaciones municipales. No debe perderse de vista, además, que el Municipio, constitucional y legalmente hablando, está posibilitado y facultado para expedir, autorizar y aprobar las normas que requiere para poder llevar a cabo sus funciones, y que dependen sustancialmente de las características propias que dicho Municipio tenga, entre las que se encuentran las geográficas, las poblacionales, las urbanísticas, las económicas, etcétera; con la única limitante de no controvertir las leyes federal ni las estatales, y mucho menos, las normas constitucionales. En esta tesitura, tal parece ser que con la emisión de las ‘Normas y políticas para publicaciones en el Periódico Oficial del Estado’, cuya invalidez se solicita, no se tomó en cuenta la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, que fortaleció el ámbito de competencia municipal, ampliando, por una parte, las facultades del Municipio, del Ayuntamiento; y delimitando, por la otra, las de los órganos legislativos estatales, destacándose la voluntad del órgano reformador en pro de la consolidación de la autonomía municipal, pues lo libera de algunas injerencias de los Gobiernos Estatales y lo configura expresamente como un tercer nivel de gobierno, más que como una entidad de índole administrativa, con un ámbito de gobierno y competencias propias y exclusivas para así dar eficacia material y formal al Municipio Libre; toda vez que con la reforma constitucional al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenciamos ahora un orden jurídico nuevo, un órgano de gobierno perfectamente definido y no sólo de un administrador por región, sin que esto signifique que se ignoren aquellas injerencias legítimas y expresamente constitucionales que conservan los Ejecutivos o las Legislaturas Estatales; tal y como fue ampliamente discutido ya por ese mismo H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus sesiones públicas ordinarias de los días 24, 30 y 31 de mayo y 2 y 6 de junio del presente año de 2005, al ventilarse la interesante, importante y trascendente ponencia de la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas en relación con la controversia constitucional 12/2001 promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, a cuyas constancias nos remitimos por economía procesal. A mayor abundamiento, el espíritu de nuestro Constituyente Permanente, fue en el sentido de reconocer que el Municipio tiene facultades legales de manejo autónomo y una vez adecuado el precepto constitucional al local, m
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20833-96781f16/controversia-constitucional-el-articulo-4-de-las-normas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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