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Modo: Corpus Pro

APELACION. EL AUTO DICTADO EN UN JUICIO MERCANTIL EN EL QUE SE REQUIERE A UNA PARTE PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES EMBARGADOS Y APERCIBE CON UNA MULTA, ADMITE EL RECURSO DE. * * * INFORME JUSTIFICADO. CUANDO SE DA CUENTA DEL. EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. - - -

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 227/94. · Registro digital (IUS): 2088
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GERARDO MARTIN RAMIREZ PEREZ.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Agosto de 1994, , Pág. 283.

AMPARO EN REVISION 227/94. GERARDO MARTIN RAMIREZ PEREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Son parcialmente fundados los agravios hechos valer.

Por cuestión de orden, habrán de analizarse en primer lugar los argumentos que aduce el recurrente en cuanto a que el Juez de Distrito violó lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, por no haberle dado vista con el informe justificado rendido por la responsable que por haber sido rendido extemporáneamente, fue acordado en la audiencia constitucional, sin que se le diera oportunidad de imponerse de su contenido y ofrecer pruebas para desvirtuarlo.

Tal alegación resulta infundada; esto es así, puesto que de lo establecido en el artículo 149 de la Ley de Amparo, no se desprende que el Juez de Distrito deba dar vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, pues sobre el particular, el dispositivo legal en cita no le impone al Juez constitucional ningún término para dar a conocer a las partes el contenido de los informes justificados, ni existe ningún otro precepto en la ley de la materia que le señale término para cumplir con lo anterior; así atenta la naturaleza del juicio de amparo, debe entenderse que el Juez de Distrito tiene que dar a conocer a las partes el contenido de los informes justificados, a la brevedad posible, después de haberlos recibido, pudiendo hacerlo incluso en el desahogo de la propia audiencia constitucional; por consiguiente, si bien es cierto que en la especie, el informe justificado rendido por la Juez Sexto de lo Civil de esta capital fue acordado en el momento de la audiencia constitucional, no obstante que resultara extemporáneo por no haber sido rendido ocho días antes de la referida audiencia, sin embargo, no por ello deja de ser atendible, puesto que se rindió antes de iniciarse la audiencia constitucional, por lo cual se dio cuenta de él en la audiencia de mérito y el Juez a quo acordó su recepción, razón por la que no se da cuenta que el quejoso dejó de hacer uso del derecho que le otorga el primer párrafo del citado artículo 149 de la ley de la materia, esto es, que habiendo tenido conocimiento de la llegada del aludido informe justificado, pudo solicitar el diferimiento de la audiencia para imponerse con plenitud del contenido de tal informe justificado y, en su caso, ofrecer las pruebas que estimaran pertinentes; y si el ahora recurrente no pudo ejercitar el derecho de que se habla por no haber comparecido a la audiencia constitucional, esto sólo la es imputable a él, en virtud de que si bien no es una obligación el que las partes deban estar presentes en la multicitada audiencia; empero, ello ni significa que no pese sobre ellos la carga procesal de hacer acto de presencia en dicha audiencia, cuando es necesario que las partes hagan valer sus derechos, como en el particular lo era el de solicitar el diferimiento de la audiencia por no haber sido rendido el informe justificado de la Juez responsable, con lo oportunidad a que se refiere el invocado artículo 149 de la Ley de Amparo.

Así las cosas, resulta evidente que el Juez constitucional tomara en consideración el informe justificado en comento, puesto que no recibió petición en la audiencia constitucional, de ninguna de las partes, para que se difiera o aplazara la audiencia constitucional, y por ello no tenía por qué pronunciarse al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión 50/88, 48/92, 319/92 y 242/94, así como la diversa tesis de este cuerpo colegiado al resolverse el amparo en revisión número 370/91, las cuales respectivamente establecen: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO SE DA CUENTA DEL. EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.-Si se dio cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables en la audiencia constitucional, ello de ninguna manera constituye violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, en razón de que el quejoso tuvo la oportunidad de solicitar verbalmente se difiriera o se suspendiera dicha audiencia, según lo que procediera, de conformidad con la reforma del artículo 149 de la Ley de Amparo que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho."; e, "INFORME JUSTIFICADO RENDIDO EXTEMPORANEAMENTE, DEBE ADMITIRSE EN EL JUICIO.-Aunque las responsables no hubieran rendido sus informes dentro del término de cinco días, esto no implica que el juzgador de amparo obre incorrectamente al tomar en consideración tales informes, porque, si se acredita en el expediente que las autoridades presentaron sus respectivos informes con tiempo suficiente al en que se inicia la audiencia constitucional, la parte quejosa tiene oportunidad para desvirtuar el contenido de esos informes; consecuentemente, el artículo 149 de la Ley de Amparo no debe interpretarse en el sentido de que si no rinden los informes dentro del término indicado, ello provoque necesariamente la indefensión de la parte quejosa.".

Por otra parte, tocante a los agravios esgrimidos respecto al sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida; debe decirse que resultan fundados, en virtud de que en contra de lo estimado por el Juez de Distrito, la demanda de garantías promovida por el ahora recurrente fue presentada con la oportunidad debida.

Ciertamente, la estimación del Juez constitucional en el sentido de que debía decretarse el sobreseimiento en el juicio por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de haber sido presentada en forma extemporánea la demanda de garantías, es incorrecta o en razón de que como bien lo alega el recurrente, la autoridad responsable suspendió sus labores los días treinta y uno de marzo y uno de abril de mil novecientos noventa y cuatro, respetando las costumbres religiosas del pueblo mexicano ya que esas fechas correspondieron al Jueves y Viernes Santos del presente año; suspensión que debió ser considerada como un hecho notorio por el Juez de amparo ya que se trata de un acontecimiento relevante para su función.

Ahora bien, en esas fechas, el solicitante de amparo estuvo imposibilitado para acudir ante la responsable a imponerse de los autos y así estar en mejor condición de preparar su demanda de garantías, por lo cual dicho lapso no debe tomarse en cuenta para el cómputo del término de quince días que prevé el artículo 21 de la ley de la materia para la presentación de la aludida demanda. Se invoca por su aplicación por analogía la tesis de jurisprudencia pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cuatro, al resolver la contradicción de tesis número 57/91, sustentada entre los Tribunales Colegiados Segundo, Sexto y Séptimo en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que establece: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO.-El período vacacional de la autoridad jurisdiccional responsable constituye un hecho notorio, en virtud de que forma parte del pasaje cultural que es propio del círculo o grupo de los juzgadores de amparo, sobre todo si se toma en cuenta que en la actualidad las reformas constitucionales y legales en vigor a partir de 1988, han permitido la activación y aceleramiento de la desconcentración de los órganos judiciales federales, de modo que su multiplicación y mayor distribución geográfica favorecen su cercanía a las autoridades responsables localizadas dentro de su jurisdicción y, en consecuencia, propician su inmediatez, que les permite enterarse de un hecho tan relevante para su función, como lo es el período vacacional de la autoridades responsables cuyos actos juzgan cotidianamente; por ello, el período vacacional de la autoridad responsable, que debe ser descartado del término dentro del cual debe presentarse la demanda de garantías, no necesita ser alegado ni probado por el quejoso, puesto que al ser un hecho notorio puede ser invocado de oficio por los juzgadores de amparo, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoria de la Ley de Amparo.".

Atento a lo anterior, resulta evidente que la demanda de garantías promovida por el ahora recurrente, fue interpuesta oportunamente, puesto que de la copia certificada de diversas constancias deducidas del juicio ejecutivo mercantil generador del acto reclamado, que emitió la Juez responsable al rendir su informe justificado, se advierte que el acuerdo combatido, de catorce de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, le fue notificado al ahora inconforme, de acuerdo con la razón de notificación que obra a foja treinta y cuatro vuelta, el dieciséis de marzo siguiente, de suerte que el término de quince días que prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo para promover la demanda de garantías, comenzó a correr el diecisiete del mismo mes y año, es decir al día siguiente de que se practicó la mencionada notificación al quejoso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1075 del Código de Comercio; se invoca al respecto la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión número 95/90, que dice: "AMPARO. TERMINO PARA LA INTERLOCUTORIA DEL (JUICIOS MERCANTILES).-El término para la presentación de la demanda de garantías en contra de una resolución dictada en una controversia de índole mercantil, se inicia en una siguiente de que se practicó su notificación al quejoso, habida cuenta que el artículo 1075 del Código de Comercio, implícitamente determina que las notificaciones surtan sus efectos en el día en que éstas se practiquen al prever que los términos judiciales deben empezar a correr a partir del día siguiente, al en que se hubiera 'hecho' la notificación."; feneciendo el aludido término legal precisamente el once de abril posterior, descontando por inhábiles los días diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis, veintisiete, y treinta y uno de marzo y uno, dos, tres, nueve y diez de abril, de lo que se sigue que la demanda de amparo al ser presentada el once de abril del año en curso, lo fue en forma oportuna, es decir, dentro del término a que se refiere el dispositivo legal en cita, y por ello no se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, razón por la cual lo procedente es revocar el sobreseimiento decretado, y entrar al estudio de los conceptos de violación, que por virtud del sobreseimiento dejó de estudiar el Juez de Distrito, con base en la parte final de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo.

CUARTO.-Los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su demanda de amparo son los siguientes: "El artículo 1341 del Código de Comercio, establece: 'LAS SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS SON APELABLES SI LO FUERAN LAS DEFINITIVAS, CONFORME AL ARTICULO ANTERIOR CON LA MISMA CONDICION SON APELABLES LOS AUTOS SI CAUSAN UN GRAVAMEN QUE PUEDA REPARARSE EN LA DEFINITIVA ASI LA LEY EXPRESAMENTE LO DISPONE.'. En el presente caso, la autoridad responsable manifiesta en el acuerdo impugnado lo siguiente: ...'Agréguese a sus autos el escrito de GERARDO MARTIN RAMIREZ PEREZ, para que surta sus efectos legales procedentes, visto su contenido y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, en términos de su artículo 1054, se le hace saber al ocursante que no ha lugar a admitir el RECURSO DE APELACION que hace valer en contra del proveído de fecha uno de marzo del año en curso, porque en contra de una medida de apremio procede el RECURSO DE REVOCACION; según se ha establecido en la tesis de jurisprudencia publicada en el boletín informativo número doce del mes de julio de mil novecientos noventa; al resolver el amparo de revisión número 170/90, bajo el rubro MEDIDAS DE APREMIO. Los autos que aperciben imponerlas son recurribles en revocación (Legislación del Estado de Puebla),...'. Ahora bien, en mi criterio la resolución impugnada me causa agravio en virtud de que el Código de Comercio establece claramente que el RECURSO DE APELACION es procedente en contra de los autos dictados en juicios de carácter mercantil, cuando éstos causen un gravamen que no sea reparable en sentencia: Bajo esta premisa el acuerdo impugnado mediante el RECURSO DE APELACION EN MERITO, que refiere al requerimiento de la entrega de bienes embargados y apercibimiento de multa, no puede ser reparado en sentencia, en virtud de que ésta tratará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas, en términos de lo dispuesto por el artículo 1327 del Código de Comercio. Motivo por el que la sentencia nos ocupará de forma alguna del requerimientos en cuestión o del apercibimiento de multa que contiene el proveído impugnado mediante el RECURSO DE APELACION; motivo por el que resulta procedente el RECURSO DE APELACION, y el Juez responsable al desecharlo fundado en mis disposiciones que no son aplicables al caso, me deja en total estado de indefensión ya que el Código de Comercio tiene un conjunto de disposiciones en materia de recurso que hacen improcedentes en este aspecto la aplicación de recursos previstos por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en forma supletoria, lo que hace revocable el acto reclamado, mediante la presente demanda de garantías, para el efecto de que se dicte otro que se encuentre apegado al derecho ya que en mi criterio el impugnado no se encuentra legalmente fundado ni motivado. Sirve de fundamento para mi criterio externado, el criterio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis y jurisprudencias tituladas: EL AUTO DICTADO EN UN JUICIO MERCANTIL EN EL QUE SE REQUIERE A UNA PARTE PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES EMBARGADOS Y SE APERCIBE UNA MULTA, ADMITE EL RECURSO DE.-El auto dictado en juicio de carácter mercantil por medio del cual se requiere a una parte para que entregue los bienes embargados y se le apercibe con un multa en caso de no hacerlo, es impugnable a través del RECURSO DE APELACION, pues tal proveído encuadra dentro de la hipótesis que prevé el artículo 1341 del Código de Comercio, toda vez que el mismo es de aquellos que causan un gravamen que no puede repararse en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, ya que esta última resolución, sólo se concretará a analizar de las acciones y excepciones y en forma alguna se ocupará del requerimiento en cuestión ni del apercibimiento de multa. Amparo en revisión 17/88. Eduardo Oviedo Alvarado, dos de febrero de mil novecientos ochenta y ocho. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen, Secretario: Guillermo Báez Pérez. Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Páginas 777 y 778. RECURSO EN MATERIA MERCANTIL.-Tratándose de recursos, la ley procesal común no es supletoria del Código de Comercio, en virtud de que éste contiene un sistema completo de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil. Tomo LXX. Aiza Juan. Página 1940. Tomo LXXIII. Productos Químicos Fletcher, S.A.; Página 1200. Tomo LXXXVIII. Medina Donaciano. Página 1438, Tomo LXXXVIII. Grebe Guillermo. Página 430, Tomo XCIII. Zavala Lauro. Página 2311. Jurisprudencia 292. Quinta Epoca, Página 892, Sección Volumen Tercera Sala. Apéndice de Jurisprudencia de 1917-1965. En la compilación de fallos de 1917 a 1954. Apéndice al Tomo XCVIII, se publicó con el mismo título número 882, página 1330. RECURSO EN MATERIA MERCANTIL (Leyes Supletorias).-La Suprema Corte de Justicia ha sustentado el criterio de que las leyes locales en enjuiciamiento civil, tratándose de recursos, no son supletorios del Código de Comercio, pues éste establece en dicha materia un régimen cerrado, sin reenvíos tácitos ni expresos a la legislación común; y aunque el artículo 1051 del código citado previene que en defecto de las disposiciones del mismo, aplicará la ley del procedimiento local respectiva, a esta regla general debe oponerse el contexto del artículo 3, transitorio del mismo ordenamiento, que pone de manifiesto, la voluntad concreta del legislador, de sustraer el régimen de las leyes locales los medios de impugnación que establece y disciplina la mercantil.-Productos Químicos Fletcher, S.A., Liquidación Judicial. Página 1201, Tomo LXXIII, 1992.".

QUINTO.-Son fundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso.

En efecto, el amparista reclamó en su demanda de garantías, el auto de catorce de marzo del presente año, dictado por la Juez Sexto de lo Civil de esta ciudad de Puebla, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 866/92, por virtud del cual le desechó el recurso de apelación que interpuso en contra del acuerdo de fecha uno de marzo anterior por el que se requirió la entrega de los bienes embargados apercibiéndole que de no hacerlo se le impondría una multa equivalente a diez días de salario vigente en esta ciudad.

Ahora bien, le asiste la razón al peticionario de garantías al argüir que el recurso de apelación es el procedente para combatir el auto dictado en un juicio ejecutivo mercantil que requiere a la entrega de bienes embargados, con el apercibimiento de multa en caso de no hacerlo.

En efecto, el artículo 1341 del Código de Comercio, establece: "Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas, conforme al artículo anterior. Con la misma condición son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone.".

En el caso el auto de uno de marzo del año en curso, dictado por la Juez Sexto de lo Civil de esta capital, en el expediente de origen, encuadra en lo dispuesto por el artículo 1341 del Código de Comercio, concretamente en el supuesto relativo a que se trata de un proveído que causa un gravamen no reparable en la sentencia definitiva, pues es evidente que ésta sólo habrá de ocuparse de las acciones y excepciones opuestas, pero de ninguna manera del requerimiento de entrega de los bienes embargados, ni mucho menos del apercibimiento de multa, cuyos efectos o consecuencias quedarán firmes, independientemente del sentido de dicho fallo; por tanto, resulta ilegal la resolución de catorce de marzo del presente año, pronunciada por la Juez responsable en el juicio de origen, pues en casos como el de la especie, en contra del auto que requiere al demandado la entrega de los bienes embargados con apercibimiento de multa, procede el recurso de apelación y no el de revocación. Es aplicable al caso, la tesis que este propio Tribunal Colegiado sustentó, al resolver los amparos en revisión 17/88, 387/90, 33/91 y 194/94, que dice: "APELACION. EL AUTO DICTADO EN UN JUICIO MERCANTIL EN QUE SE REQUIERE A UNA PARTE PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES EMBARGADOS Y APERCIBE UNA MULTA, ADMITE EL RECURSO DE.-El auto dictado en un juicio de carácter mercantil, por medio del cual se requiere a una parte para que entregue los bienes embargados y se le apercibe con una multa en caso de no hacerlo, es impugnable a través del recurso de apelación, pues tal proveído encuadra dentro de la hipótesis que prevé el artículo 1341 del Código de Comercio, toda vez que el mismo es de aquellos que causan un gravamen que no puede repararse en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, ya que esta última resolución, sólo se concretará a analizar las acciones y excepciones y en forma alguna se ocupará del requerimiento en cuestión ni del apercibimiento de multa.".

En las condiciones anotadas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 88, 89, 90, 91 de la Ley de Amparo, 43 y 44 Capítulo IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a GERARDO MARTIN RAMIREZ PEREZ, contra actos de la Juez Sexto de lo Civil de esta capital, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo; envíese copia simple autorizada de la misma para la autoridad responsable ordenadora y en su oportunidad archívese el toca.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Gustavo Calvillo Rangel, Clementina Ramírez Moguel Goyzueta y Humberto Cabrera Vázquez, siendo ponente el tercero de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2088-88d36566/apelacion-el-auto-dictado-en-un-juicio-mercantil · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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