FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO.
FACULTAD DE ATRACCIÓN 43/2004-PL. RELACIONADA CON EL JUICIO DE AMPARO 16/2004. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Una vez que se han destacado las circunstancias particulares del presente asunto y los motivos por los cuales se solicita a esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad de atracción para conocer del recurso de revisión respectivo, conviene destacar los antecedentes legislativos derivados de las reformas hechas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, cuya finalidad, entre otras, fue avanzar en la consolidación y fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia como tribunal de constitucionalidad, según se aprecia de la iniciativa presentada por el jefe del Ejecutivo Federal a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, que en lo conducente, dice:
"En esta iniciativa se somete a la consideración de esa soberanía un conjunto de reformas a la Constitución para avanzar en la consolidación de un Poder Judicial fortalecido en sus atribuciones y poderes, más autónomo y con mayores instrumentos para ejercer sus funciones. Estas reformas entrañan un paso sustantivo en el perfeccionamiento de nuestro régimen democrático, fortaleciendo al Poder Judicial para el mejor equilibrio entre los Poderes de la Unión, creando las bases para un sistema de administración de justicia y seguridad pública que responda mejor a la voluntad de los mexicanos de vivir en un Estado de derecho pleno.
"La fortaleza, autonomía y capacidad de interpretación de la Suprema Corte de Justicia son esenciales para el adecuado funcionamiento del régimen democrático y todo sistema de justicia. La Suprema Corte ha sabido ganarse el respeto de la sociedad mexicana por su desempeño ético y profesional. En los últimos años se ha vigorizado su carácter de órgano responsable de velar por la constitucionalidad de los actos de la autoridad pública. Hoy debemos fortalecer ese carácter.
"Consolidar a la Suprema Corte como tribunal de constitucionalidad exige otorgar mayor fuerza a sus decisiones, exige aplicar su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales, para dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno y para fungir como garante del federalismo. Al otorgar nuevas atribuciones a la Suprema Corte, se hace necesario revisar las reglas de su integración a fin de facilitar la deliberación colectiva entre sus miembros, asegurar una interpretación coherente de la Constitución, permitir innovación periódica de criterios y actitudes ante las necesidades cambiantes del país, favorecer el pleno cumplimiento de su encargo. ..."
Respecto de la facultad de atracción, en la discusión del proyecto de reformas aludido se propusieron trece modificaciones, entre las cuales destaca la relativa a la nueva redacción del penúltimo párrafo de la fracción VIII del artículo 107 constitucional, relacionada con las características que deben reunir los asuntos que ameritan atraerse por la Suprema Corte, modificación que se aprobó por el Poder Legislativo, para sustituir el término de "por sus características especiales", por el de "que por su interés y trascendencia así lo ameriten".
A propósito de los asuntos que por sus características ameritan su atracción por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, en la exposición de motivos, en los dictámenes de comisiones y en los debates del Legislativo Federal, en anteriores reformas se utilizaron las expresiones más variadas, entre las cuales sobresalen las siguientes: "juicios importantes y trascendentes", "juicios de especial entidad", "juicios de singular significación social", "juicios de importancia y trascendencia", "juicios de importancia trascendente para el interés nacional", "asuntos de particular trascendencia para la vida jurídica de la Nación", "juicios de características especiales", "juicios en los que puedan quedar involucrados o de los que se sigan consecuencias que atañan al Estado Mexicano", "asuntos que puedan repercutir más allá de los intereses particulares", "asuntos en los que la Federación esté interesada", etcétera. Las anteriores expresiones, carentes de una explicación, permiten inferir que en lugar de que los órganos legislativos que iniciaron y discutieron esas reformas a la Constitución, así como el Constituyente Permanente que las aprobó, hubieran querido señalar a la Suprema Corte un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la facultad de atracción, lo que pretendieron fue precisamente lo contrario.
Estas reformas constitucionales se reflejaron de manera directa en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco, la cual tuvo una efímera vigencia, pues como se señala en la propia iniciativa presentada por el presidente de la República, comprendió únicamente las medidas indispensables para permitir la organización tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Consejo de la Judicatura Federal, dejando para el periodo ordinario de sesiones inmediato, el análisis y discusión de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, la misma fue de significativa trascendencia en cuanto a la composición, organización, funcionamiento y competencia del Poder Judicial de la Federación.
Posteriormente, el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, que abrogó la anterior de cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho y sus reformas, la cual reiteró la tarea primordial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en salvaguardar la supremacía normativa constitucional, como se puede desprender de la lectura de la iniciativa presentada por el jefe del Ejecutivo Federal al Senado de la República, cuando se afirma que:
"Por lo que respecta a la presente iniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y referente a la Suprema Corte de Justicia, en la misma se establecen que un buen número de las atribuciones administrativas y disciplinarias que ejercitaba la Suprema Corte de Justicia han sido conferidas al Consejo de la Judicatura Federal ...
"Asimismo en esta ley orgánica se establece en relación al régimen de competencias de la Suprema Corte de Justicia un nuevo marco normativo, que le ha de permitir, por un lado cumplir con sus nuevas funciones de Máximo Tribunal jurisdiccional y, por otro dejar de ser el órgano de gobierno de todo el Poder Judicial de la Federación, lo que implica que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia puedan atender de manera específica los asuntos que tengan que ver con la impartición de la justicia, responsabilidad mayor que les permitirá atender con mayor atención el desempeño de sus funciones.
"La presente iniciativa de la ley orgánica establece de manera exacta y en sus capítulos referentes a la Corte los siguientes aspectos que permiten que este órgano tenga una base legal precisa y que a la vez le permita actuar con rapidez necesaria para sus controles, su funcionamiento, su gobierno y su competencia en materia jurisdiccional. ...
"La presente iniciativa se refiere a las facultades que la Suprema Corte tiene cuando funcione en Pleno; señalando y resaltando, entre otras importantes funciones, que conocerá de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que están precisadas en las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obedeciendo esto a la necesidad de fincar expresamente en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la potestad más alta en el orden jurisdiccional de establecer con carácter definitivo e inatacable la interpretación y alcance de los textos constitucionales y la de mantener la autonomía de los órganos en que se distribuye la competencia para impartir justicia.
Acorde a las pretensiones de la citada iniciativa y a efecto de ser congruentes con las recientes reformas constitucionales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente en su artículo 10 establece que la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, podrá conocer de los recursos de revisión contra sentencias pronunciadas en audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando ejercite la facultad de atracción contenida en el segundo párrafo del inciso b) de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Federal.
Lo hasta aquí expuesto, permite concluir que mediante las reformas de referencia se ha pretendido establecer una serie de directrices lo suficientemente genéricas para que sea la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que discrecionalmente pondere si determinados amparos directos o amparos en revisión que, debido precisamente a la restricción de su ámbito competencial, en principio podrían escapar de su conocimiento, por su interés y trascendencia se apartan de los demás asuntos de su género haciendo patente la conveniencia de que, mediante el ejercicio de la facultad conferida, asuma su conocimiento.
Ahora bien, ni la Constitución ni la Ley de Amparo definen ni dan elementos indubitables para determinar cuándo se está en presencia de asuntos de interés e importancia o de características especiales.
Es lógico inferir, en consecuencia, que el Poder Reformador de la Constitución y el legislador ordinario consideraron que debe ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que, a través de los asuntos que ante ella se ventilan y a través de la interpretación que debe realizar, fuera estableciendo criterios que integraran el marco para el ejercicio de la facultad de atracción, como en la realidad ha acontecido, y lo demuestran las abundantes tesis que, sobre el tema, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, de las que se citan las siguientes:
"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida facultad." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, diciembre de 1996, tesis P. CLI/96, página 6).
"ATRACCIÓN. ESTA FACULTAD DE LA SUPREMA CORTE DEBE EJERCERSE TOMANDO EN CUENTA LAS PECULIARIDADES EXCEPCIONALES Y TRASCENDENTES DEL CASO PARTICULAR Y NO TODOS LOS QUE GENÉRICAMENTE SEAN DE UNA DETERMINADA MATERIA. El ejercicio de la facultad de atracción, de conformidad con el artículo 107, fracciones V, inciso d), parte in fine y VIII, inciso b), segundo párrafo de la Constitución General de la República, tiene sustento en el interés y trascendencia del asunto de que se trate, lo que revela que éste debe revestir una connotación excepcional a juicio de la Suprema Corte. Por lo tanto, la materia del asunto, por sí sola, no puede dar lugar a la atracción, pues bastaría que cualquier otro versara sobre el mismo tópico para que también tuviera que ejercerse la facultad de mérito. La finalidad perseguida por el Constituyente al consagrar esta competencia singular, no ha sido la de reservar cierto tipo de asuntos al conocimiento del tribunal supremo, sino la de permitir que éste conozca solamente de aquellos casos que, por sus peculiaridades excepcionales y trascendentes del caso particular, exijan de su intervención decisoria." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, tesis 2a. CII/96, página 195).
"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. EL INTERÉS Y TRASCENDENCIA QUE JUSTIFICAN SU EJERCICIO SON DE ÍNDOLE JURÍDICA. Los conceptos ‘interés y trascendencia’ incorporados a la fracción V del artículo 107 constitucional, como requisitos que justifican el ejercicio de la facultad de atracción para conocer de los juicios de amparo directo, son de índole jurídica, en cuanto se orientan a calificar un asunto que por los problemas jurídicos planteados, dada su relevancia, novedad o complejidad, requieren de un pronunciamiento del máximo tribunal del país; de tal suerte que el criterio que llegara a sustentarse en el asunto atraído repercutirá de manera excepcionalmente importante en la solución de casos futuros." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, enero de 1996, tesis 2a. IV/96, página 75).
"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES DISCRECIONAL. El ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia, previsto en el artículo 107 de la Constitución, fracciones V, último párrafo, para los amparos directos, y VIII, para los amparos en revisión, procede cuando el propio órgano jurisdiccional estime que un asunto reviste características especiales que así lo ameriten, debiéndose entender que esa consideración es de carácter discrecional, toda vez que ni la Constitución Federal ni la Ley de Amparo establecen regla alguna sobre el particular." (Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, noviembre de 1991, tesis 3a./J. 43/91, página 62).
Del estudio relacionado de las tesis transcritas, se pueden extraer, entre otras, las siguientes conclusiones:
1. La facultad de atracción la pueden ejercer tanto el Pleno como las Salas de la Suprema Corte.
2. El Pleno de la Suprema Corte puede ejercer la facultad de atracción respecto de asuntos competencia de las Salas.
3. El ejercicio de la facultad de atracción es discrecional.
4. El ejercicio discrecional de la facultad de atracción no debe ejercerse en forma arbitraria o caprichosa.
5. El ejercicio de la facultad debe hacerse en forma restrictiva.
6. El ejercicio de la facultad de atracción sólo puede ejercerse cuando se funde en razones que no podrían darse en la mayoría o en la totalidad de los asuntos.
7. El ejercicio de la facultad de atracción no puede depender de situaciones temporales o contingentes, sino que debe derivar de la propia naturaleza del asunto.
Además de los criterios anteriores, que tienen un carácter general, es evidente que podrán existir otros que se encuentren más vinculados a las situaciones especiales que, dentro de la práctica jurisdiccional, harán recomendable que se ejerza o no la facultad de atracción.
De lo antes expuesto, se sigue que debe ser la prudencia de la Suprema Corte la que vaya señalando, a través de sus criterios, el marco en el que debe ejercerse la facultad de atracción buscando dar coherencia a aquéllos.
Conforme a lo hasta aquí razonado, podemos concluir que la facultad de atracción otorgada de manera discrecional a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de los recursos de revisión, tal y como se encuentra prevista en los artículos 107, fracción VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Federal, 84, fracción III de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, requiere para su procedencia que el asunto revista características especiales, que resulten de interés y trascendencia, con el fin de justificar que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y competencias entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito.
Así las cosas, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado reiteradamente que el ejercicio de esta facultad discrecional debe realizarse a partir de la valoración y ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste resulta importante y trascendente.
Son ilustrativas las tesis de la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte, publicadas con los números 44/91, 45/91 y 46/91 en las páginas 34 a 37 del Número 47 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de noviembre de 1991, que establecen:
"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. AL DECIDIR DISCRECIONALMENTE SOBRE SU EJERCICIO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA NO DEBE HACERLO EN FORMA ARBITRARIA O CAPRICHOSA. Al aplicar analógicamente la tesis de jurisprudencia publicada con el número 372 (página 628) de la Tercera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, que lleva por rubro ‘FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO.’, y que se refiere a las autoridades administrativas, debe establecerse que la Suprema Corte de Justicia al decidir discrecionalmente si ejerce la facultad de atracción, conforme a lo dispuesto por el artículo 107 de la Constitución, en sus fracciones V, último párrafo y VIII, debe hacerlo no arbitraria o caprichosamente, sino invocando, sin alterar, las circunstancias que concretamente se refieran al caso de que se trate y sin apoyar la resolución en hechos inexactos, sino en razonamientos que estén de acuerdo con la lógica."
"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO DEBE HACERSE RESTRICTIVAMENTE. La facultad de atracción que respecto de los asuntos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito tiene la Suprema Corte de Justicia, en los términos de las fracciones V, último párrafo y VIII del artículo 107 de la Constitución, se debe ejercer restrictivamente, al hacer el análisis acerca de si se satisface el requisito de que se trate de un asunto que revista especiales características, lo que se infiere del nuevo sistema de competencias del Poder Judicial de la Federación que ha sido establecido con el propósito fundamental de que la Suprema Corte de Justicia se consagre a la función de supremo intérprete de la Constitución y los Tribunales Colegiados de Circuito al control de la legalidad, debiéndose limitar, por consiguiente, el ejercicio de la facultad de atracción a aquellos casos en los que notoriamente se justifique."
"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SÓLO DEBE EJERCERSE CUANDO SE FUNDE EN RAZONES QUE NO PODRÍAN DARSE EN LA MAYORÍA NI EN LA TOTALIDAD DE LOS ASUNTOS. Para determinar si un asunto de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tiene características especiales que justifiquen el ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia, debe apreciarse si se trata de un asunto excepcional, lo que se advertirá cuando los argumentos relativos no puedan convenir a la mayoría ni a la totalidad de asuntos, debido a su importancia por su gran entidad o consecuencia."
Ahora bien, de los artículos 107, fracción VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución General de la República; 84 de la Ley de Amparo; y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprende que esta Suprema Corte de Justicia puede ejercer la facultad de atracción en asuntos cuya competencia originaria corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito en el entendido de que por "originaria" se entiende la que fija la propia Constitución o la ley en su literalidad como regla general.
En efecto, de conformidad con la fracción II del artículo 85 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito de los recursos de revisión en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en la audiencia constitucional, siempre que no se hubiesen impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos inconstitucionales, leyes federales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República ni reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, ni que en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista el problema de inconstitucionalidad.
Sin embargo, los aludidos numerales establecen una serie de directrices lo suficientemente genéricas para que sea la propia Suprema Corte la que discrecionalmente pondere si determinados amparos en revisión que, debido precisamente a la restricción de su ámbito competencial, en principio podrían escapar de su conocimiento, por su interés y trascendencia se apartan de los demás asuntos de su género, haciendo patente la conveniencia de que, mediante el ejercicio de la facultad conferida, asuma su conocimiento.
Empero, ninguna de estas normas, señala a ciencia cierta en qué consiste dicha facultad de atracción. Las únicas pautas normativas que se encuentran están referidas a dos conceptos no definidos que surgen de la siguiente expresión: "... que por su interés y trascendencia así lo ameriten". Ha sido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación la que, a través de diversos criterios, ha dado contenido a semejante institución.
La facultad de atracción tiene sus antecedentes en una facultad otorgada en mil novecientos sesenta y siete, a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de asuntos administrativos correspondientes a los Tribunales Colegiados, cuando la Sala los considerara de "importancia trascendente para el interés nacional".
Fue hasta mil novecientos ochenta y tres, cuando se extendió dicha facultad a las restantes Salas de la Corte, con el fin de solicitar a los Tribunales Colegiados los amparos que juzgaran de "especial entidad".
La citada reforma constitucional de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, sustituyó el concepto de "características especiales" por el de "interés y trascendencia". Estos últimos conceptos son en realidad equivalentes a los anteriormente citados, porque se refieren a una facultad del Tribunal Pleno o de las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en última instancia es discrecional.
La calidad de discrecional que se predica de la facultad de atracción no significa, en modo alguno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine arbitrariamente cuándo un asunto debe atraerse o cuándo no. No es lo mismo el arbitrio judicial que la arbitrariedad.
La contemporánea doctrina del arbitrio judicial admite -y con razón- que el sistema de arbitrio judicial y el sistema de legalidad forman una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad, como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior es que la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva tanto como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito.
En el caso de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coexiste un sistema de arbitrio judicial con un sistema de legalidad.
La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que, dentro de límites más o menos amplios, la interprete en relación con el supuesto concreto que ha de solventar, o complete algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.
Estamos pues, ante el ejercicio lícito de una facultad discrecional, por esencia, abierta, esto es, no condicional, que el más Alto Tribunal del país ha de ejercer cuando así lo estime prudente. Se trata, en última instancia, de un medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que prima facie no serían de su competencia.
Con lo hasta aquí señalado, puede afirmarse que los límites del ejercicio de la facultad de atracción no pueden entenderse como un sistema de reglas preexistentes al estilo de las normas jurídicas secundarias. Por el contrario, los límites se fijan caso por caso porque son éstos -o mejor dicho el carácter de éstos- los que hacen posible la aplicación del arbitrio judicial.
Así las cosas, el caso concreto de que se trate, cumple una importante función en la determinación del ejercicio de la facultad de atracción, precisamente porque se trata de una facultad de carácter discrecional.
Pues bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que si bien no es posible establecer de manera taxativa una serie de requisitos formales que debieran reunir los casos que sean susceptibles de ser atraídos, sí es posible -y por demás práctico- enunciar algunas pautas meramente orientadoras que permitan a este Alto Tribunal ejercer la facultad de atracción con miras a una universalización del criterio y así evitar inconsistencias.
El principio de universalidad de las decisiones judiciales, -también llamado regla de justicia formal-, no es incompatible con el carácter discrecional de algunas de ellas; por el contrario, contribuye al fortalecimiento de su justificación.
Así, el criterio podría quedar conformado tomando en cuenta, por un lado, una serie de requisitos formales o de procedencia que colmarían el aspecto de legalidad que debe revestir -como se dijo- el ejercicio de la facultad de atracción. Tales requisitos son los siguientes:
a) Que se ejerza de oficio o que se realice petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o del procurador general de la República; y
b) Que se trate de un amparo en revisión (artículo 107, fracción VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
Por otra parte, los casos concretos deben acreditar ciertos extremos relacionados con el interés y la trascendencia a las que se refiere el artículo 107, fracción VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí es donde cobra sentido el carácter discrecional de la facultad de atracción.
Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos susceptibles de ser atraídos.
Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo.
Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: "gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavía, dentro de estas categorías, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", "importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia jurídica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", "interés derivado de la afectación política que generará el asunto", "interés económico", "interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad".
Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos".
Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico (complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico (trascendencia histórica, política, interés nacional).
En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurídico.
No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para referirse a unos y a otros conceptos.
No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos "... que por su interés y trascendencia así lo ameriten" (artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto utilizando dos términos distintos.
La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de la conec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20888-d26a96aa/facultad-de-atraccion-requisitos-para-su-ejercicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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