INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 253/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: LUIS ÁVALOS GARCÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, pues si bien se trata de una contradicción de criterios en materia común entre Tribunales Colegiados de Circuito, no se estima imprescindible la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establecen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción ...
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar, ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de criterios, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en que fue sustentado uno de los criterios materia de la presente resolución; luego, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
TERCERO. Con el propósito de determinar la existencia o inexistencia de la divergencia de criterios denunciada y, en el primer caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito conoció del amparo en revisión número 284/2007. Al avocarse a su estudio, en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil siete, el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó en el juicio de garantías, apoyando su resolución, en lo que aquí interesa, en las consideraciones siguientes:
"En efecto, en el primero de sus agravios, el inconforme manifiesta que le irroga perjuicio la resolución que recurre, toda vez que trastoca el numeral 149 de la Ley de Amparo, el cual dispone que cuando las autoridades no emitan su informe justificado dentro del término de ley, el juzgador constitucional deberá considerarlo para otorgar el plazo oportuno a la quejosa para que ofrezca las pruebas que estime procedentes; y que en el caso, dice, la audiencia constitucional estaba prevista para el dieciocho de junio de dos mil siete, sin embargo, en esa misma data el a quo resolvió diferirla para el veintidós siguiente, por estimar que no todas las autoridades habían rendido su informe justificado en términos de ley, o sea, que finalmente la audiencia constitucional se llevó a cabo a los cuatro días posteriores, no obstante, no mediaron por lo menos ocho días hábiles entre una y otra fechas, esto es, entre la data en que estaba prevista y la en que se llevó a cabo, a fin de tener la oportunidad de ofrecer las pruebas que estimara pertinentes para acreditar la existencia del acto reclamado, y que por ello se vulneraron en su perjuicio los normativos 149, 151 y demás relativos de la ley en cita, en concordancia con la tesis: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS.’. Lo anterior es infundado, porque, contrario a lo que se afirma, el Juez de Distrito cuidó que en el particular se observara lo dispuesto en los numerales que refiere el recurrente, pues procuró que tuviera el tiempo suficiente para preparar, ofrecer y, en su caso, de que se desahogaran las pruebas que estimara convenientes, vigilando que entre el conocimiento de los informes justificados y la audiencia constitucional mediaran ocho días hábiles y continuos, como lo dispone la jurisprudencia P./J. 54/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.’. En efecto, de autos consta que el a quo, al admitir la demanda de garantías solicitó al Pleno y al presidente de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado, así como al síndico municipal del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, autoridades señaladas como responsables, que rindieran su informe con justificación dentro del término de cinco días y, entre otras cosas, dispuso que la audiencia constitucional tendría lugar a las nueve horas del dieciocho de junio de dos mil siete (fojas 54 a 55). Ahora bien, llegada la fecha de que se trata, el Juez de Distrito difirió la audiencia porque advirtió que aún no habían transcurrido los ocho días necesarios a partir del día en que a las partes se les dio vista respecto de los informes con justificación, por lo que con apoyo en la tesis 2a. XXVI/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.’, fijó una nueva fecha para su verificativo, esto es, las nueve horas con veinte minutos del veintidós de junio de dos mil siete (fojas 82 a 84). Lo anterior refleja que, contrario a la opinión del recurrente, el a quo actuó conforme a derecho, pues como se advierte de las fojas 68 y 69, el presidente de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, señalados como autoridades responsables, rindió su informe justificado el uno de junio de dos mil siete, como así figura en el sello receptor. Mediante acuerdo de cuatro de junio siguiente se agregó el mencionado informe al expediente y se dio vista a las partes, notificándose por medio de lista el día cinco y surtió efectos el seis posterior, lo que significa que para el dieciocho de junio de dos mil siete, esto es, para la fecha que originalmente se fijó para la audiencia constitucional, apenas habían transcurrido siete días hábiles y continuos. Luego, si el a quo optó por diferirla y señaló nueva data para su celebración el veintidós de junio próximo, a las nueve horas, y ello se notificó por lista el día siguiente, es decir, el diecinueve (foja 84 vuelta), surtiendo sus efectos el veinte consecutivo, es evidente que se ajustó a lo que dispone la ley, procurando que la diligencia en comento no se celebrara sino hasta después de los ocho días que exige el artículo 149 de la Ley de Amparo, a efecto de que el impetrante se impusiera del contenido de los informes con el debido tiempo para que estuviera en aptitud, como se dijo, de preparar, ofrecer y desahogar los medios de convicción que estimara pertinentes para desvirtuarlos, pues el día que faltaba lo repuso con el diferimiento de que se trata. Máxime que el recurrente no dice qué pruebas pretendió ofrecer en ese lapso ni pidió el diferimiento de esa diligencia a efecto de que se hiciera lo propio. Además, la citada tesis P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.’; refiere que el Juez en todo caso cuidará de que al dictar la sentencia las partes hayan tenido el tiempo suficiente para imponerse de los informes justificados, de acuerdo con lo que establece el artículo 149 de la ley de la materia, no que entre una audiencia y otra medien ocho días hábiles y continuos, como aduce el inconforme, porque ello equivaldría a conceder al oferente un plazo mayor al legalmente establecido en el citado precepto legal, lo que iría en perjuicio de las demás partes. Por las razones que anteceden, no se comparte la jurisprudencia III.2o.P. J/14 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, intitulada: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS.’, ya que si bien es dable concluir en que debe diferirse la audiencia constitucional cuando los informes justificados no se rindan con ocho días de anticipación a la primera fecha señalada para su celebración, si el quejoso o el tercero perjudicado no tienen conocimiento de su contenido, sin embargo, es innecesario que entre la data del diferimiento y la nueva que se señale para su verificativo tengan que transcurrir ineludiblemente ocho días hábiles y continuos, pues puede acontecer, como en el caso, que al acumular los días transcurridos a partir de aquel en que surtió efectos la notificación al impetrante del acuerdo que ordenó dar vista con los informes con justificación, con los que pasaron después de que surtió efectos la notificación del diferimiento de la fecha que se señaló para su desahogo, se satisfagan a plenitud los mencionados ocho días de anticipación a que hace mención el comentado artículo 149 de la Ley de Amparo. En esa virtud, es incuestionable que el Juez de Distrito cumplió tanto con la norma reglamentaria como con la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya referida. Y es que la teleología de ese numeral, en lo que atañe a la vista a las partes acerca de los informes justificados, cuando menos de ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, es el hecho de que se impongan del contenido de tales constancias para que estén en aptitud de preparar y ofrecer las pruebas que, en su caso, estimen convenientes, lo cual se satisface en tanto que las partes cuenten con el anotado plazo, sean continuos o acumulativos, justo para no contravenir los principios de economía y celeridad procesal a que alude el normativo 17 constitucional, por tanto, al no existir la violación procesal que aduce el recurrente, el a quo actuó conforme a derecho al emitir sentencia y estudiar lo conducente."
El criterio antes transcrito dio origen a la tesis aislada XX.2o.35 K, que actualmente se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 1677, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA SEÑALADA PARA SU VERIFICATIVO, NO NECESARIAMENTE DEBEN MEDIAR OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS. De acuerdo con el artículo 149 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe cuidar que las partes hayan tenido conocimiento de los informes justificados al menos con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, a fin de que estén en aptitud de preparar y ofrecer las pruebas que en su caso estimen convenientes, lo cual se satisface en tanto cuenten con el anotado plazo, ya sea con días continuos o complementarios. De manera que cuando el a quo difiera la audiencia constitucional, por el hecho de que no transcurrió dicho lapso, pero procura que entre la data señalada originalmente y la nueva para su verificativo se cumplan los ocho días hábiles, es evidente que su actuación se ajusta a la referida norma reglamentaria y a la jurisprudencia P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 5, de rubro: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.’. Esto, en virtud de que la esencia de tal criterio estriba en que con el diferimiento en cuestión el promovente o el tercero perjudicado estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar los medios de convicción que crean oportunos en relación con el contenido de los informes justificados, lo cual finalmente se logra si se complementan los ocho días de que se habla, justo para no contravenir los principios de economía y celeridad procesal a que alude el normativo 17 constitucional."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el toca de revisión principal 29/2002, en sesión de cuatro de abril del año dos mil dos, sustentó las consideraciones que se trascriben a continuación:
"En tales condiciones, como entre la fecha señalada para la audiencia constitucional y la que se programó para que de nueva cuenta tuviera verificativo sólo medió un día hábil, es claro que se violaron en perjuicio del quejoso las reglas del procedimiento, pues el diferimiento de la audiencia constitucional persigue que el quejoso o el tercero perjudicado se imponga del contenido de los informes justificados y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes, de modo que entre la fecha inicialmente prevista para la audiencia constitucional y la nueva que llegue a señalarse con motivo de su diferimiento para el indicado efecto, deben mediar, cuando menos, ocho días hábiles y continuos, dado que sólo así pueden el quejoso o el tercero perjudicado ajustarse a los términos que el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo señala para el anuncio de las pruebas testimonial, pericial o de inspección, y no simplemente completarlos en relación con la fecha de recepción de los informes justificados, pues de ser así, habría necesidad de un nuevo diferimiento en caso de que se diera el anuncio de tales pruebas, lo que iría en contra del principio de celeridad procesal; y, como se dijo, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe revocarse la sentencia que se recurre y mandar reponerlo para el efecto de que se señale nueva fecha para que aquélla tenga verificativo, con el tiempo establecido legalmente en términos del artículo 149 de la ley de la materia. Este tribunal comparte la jurisprudencia VI.3o.A. J/12, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en las páginas 667 y 668, Tomo XV, febrero del año 2002, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito y Acuerdos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y contenido es: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo la jurisprudencia visible en la página cinco del Tomo XI, abril de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.», que obliga a los Jueces de Distrito a diferir la audiencia de mérito y a señalar una nueva fecha para que tenga verificativo cuando los informes justificados no se rindan con la anticipación debida que establece el numeral 149 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura de esa tesis se advierte que su finalidad es equilibrar procesalmente a las partes, pues el diferimiento de la audiencia constitucional persigue que el quejoso o el tercero perjudicado se impongan del contenido de los informes justificados y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes, de modo que en seguimiento del criterio del Máximo Tribunal del país, debe considerarse que entre la fecha inicialmente prevista para la audiencia constitucional y la nueva que llegue a señalarse con motivo de su diferimiento para el indicado efecto, deben mediar, cuando menos, ocho días hábiles y continuos, dado que sólo así pueden el quejoso o el tercero perjudicado ajustarse a los términos que el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo señala para el anuncio de las pruebas testimonial, pericial o de inspección, y no simplemente completarlos en relación con la fecha de recepción de los informes justificados, pues de ser así, habría necesidad de un nuevo diferimiento en caso de que se diera el anuncio de tales pruebas, lo que iría en contra del principio de celeridad procesal y del espíritu mismo de la aludida jurisprudencia.’. Consecuentemente, lo procedente es revocar la resolución sujeta a revisión, para el efecto de que el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco reponga el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 545/2001-II, a partir del auto de veintisiete de noviembre del año dos mil uno, en el que señaló que no había transcurrido el término que señala el artículo 149 de la Ley de Amparo, respecto a la vista que se les dio a las partes del informe justificado que rindió el Juez Quinto de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para que se dé vista a las partes con el mismo y señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, en la que medien los ocho días que señala el aludido precepto, hecho lo anterior, en su oportunidad dicte la sentencia condigna."
El referido órgano colegiado sostuvo similares consideraciones en las revisiones principales: 30/2002 y 82/2002, ambas resueltas en sesión del diecinueve de abril de dos mil dos; 83/2002, fallada en sesión del tres de mayo de dos mil dos; y 76/2002, que se resolvió en sesión de nueve de mayo de dos mil dos, las cuales no se transcriben por ser innecesario.
De los criterios antes mencionados derivó la jurisprudencia III.2o.P. J/14, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, página 1449, Novena Época, que es del tenor siguiente:
"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS. Si entre la fecha señalada para la audiencia constitucional y la nueva que se fije para que tenga verificativo la misma, con motivo de su diferimiento porque no transcurrió el tiempo suficiente para que el quejoso tuviere conocimiento del o los informes justificados rendidos por las responsables, no mediaron cuando menos ocho días hábiles y continuos, es obvio que se violan en perjuicio del agraviado las reglas fundamentales que rigen el juicio de amparo, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo el diferimiento de la audiencia constitucional persigue que el impetrante de garantías o el tercero perjudicado se impongan del contenido de los referidos informes y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes, a saber, la testimonial, pericial o de inspección, toda vez que atento lo establecido en el segundo párrafo del numeral 151 de la ley de la materia en mención, éstas deben anunciarse cuando menos cinco días hábiles antes a la celebración de la audiencia, sin contar el del ofrecimiento ni el de la citada audiencia, de lo contrario el quejoso o el tercero perjudicado no tendrían el tiempo suficiente para imponerse de los informes justificados, dejándolos en un estado de indefensión en el juicio de garantías."
QUINTO. Procede ahora decidir respecto a la existencia o inexistencia de la contradicción de tesis.
El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado jurisprudencialmente cuáles son los requisitos necesarios para la existencia de una contradicción de tesis, a saber:
a) El examen de cuestiones jurídicas esencialmente iguales, en relación con las cuales se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que tal diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
La jurisprudencia a que se alude, se identifica con el número 26/2001 y se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, Novena Época, cuya sinopsis es:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
En el caso, se advierte que se actualizan los supuestos para la existencia de contradicción de tesis.
Efectivamente, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito al resolver el amparo en revisión 284/2007, considera que es innecesario que entre la data del diferimiento y la nueva que se señala para la verificación de la audiencia constitucional tengan que transcurrir ineludiblemente ocho días hábiles y continuos, pues estima que es factible que al acumular los días transcurridos a partir de aquel en que surtió efectos la notificación del acuerdo que da vista a las partes con el informe justificado a los días transcurridos después de que surtió efectos la notificación del diferimiento de la audiencia constitucional y la nueva fecha que se señala para su desahogo se satisfagan los mencionados ocho días, con la anticipación a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, sean éstos continuos o acumulativos, debido a que ello permite que las partes se impongan del contenido del informe justificado y que estén en aptitud de preparar y ofrecer pruebas.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver los recursos de revisión 29/2002, 30/2002, 76/2002, 82/2002 y 83/2002, determinó que entre la fecha inicialmente prevista para la audiencia constitucional y la nueva que llegue a señalarse para su desahogo, con motivo de su diferimiento, deben mediar, cuando menos, ocho días hábiles y continuos, sin que proceda simplemente complementarlos en relación con la fecha de recepción del informe justificado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, toda vez que el diferimiento persigue que las partes se impongan del contenido de los informes justificados y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar pruebas, de manera que sólo con tal proceder las partes pueden ajustarse a los términos que el segundo párrafo del artículo 151 de la ley en cita señala para el anuncio de las pruebas testimonial, pericial o de inspección.
Entonces, el examen de las ejecutorias transcritas pone de relieve que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito se pronuncian sobre una cuestión jurídica esencialmente igual, ya que analizan el artículo 149 de la Ley de Amparo respecto a la forma en que debe integrarse y computarse el plazo de ocho días a que hace referencia dicho dispositivo, establecido con el propósito de que las partes tengan conocimiento de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables.
Sin embargo, adoptan posiciones discrepantes, ya que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito considera que es innecesario que entre la fecha del diferimiento de la audiencia constitucional y la nueva que se señale para su desahogo deban transcurrir ocho días hábiles y "continuos", pues basta con acumular los días que transcurran a partir de que surte efectos la notificación que da vista con los informes justificados con los días posteriores a que surte efectos la notificación del diferimiento de la audiencia constitucional; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito determinó que entre la fecha inicialmente prevista para la audiencia constitucional y la nueva que llegue a señalarse para su desahogo, con motivo de su diferimiento, deben pasar, cuando menos, ocho días hábiles y continuos, sin que proceda simplemente complementarlos en relación con los días posteriores a la fecha de recepción del informe justificado.
En estos términos se da la contradicción de tesis, pues los Tribunales Colegiados examinan un mismo problema jurídico y, no obstante ello, sostienen criterios discrepantes.
SEXTO. Como se advierte de lo razonado en el considerando anterior, la materia de la presente denuncia de contradicción de tesis consiste en determinar cómo debe constituirse o computarse el plazo de ocho días que prevé el artículo 149 de la Ley de Amparo, como el necesario para que las partes tengan conocimiento de los informes justificados.
Ahora, como se desprende de las ejecutorias en que se sustentan los criterios que ahora contienden, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia número P./J. 54/2000, que se encuentra en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, abril de 2000, página 5, Novena Época, del título y contenido siguientes:
"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no com
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20932-20945084/informe-justificado-presentado-en-forma-extemporanea-el-plazo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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