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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE CONJUNTAMENTE SOBRE LA NULIDAD DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES EN MATERIA AGRARIA Y RESPECTO DE LA NULIDAD DE OTROS ACTOS JURÍDICOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2008-SS. · Registro digital (IUS): 20934
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL MISMO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, , Pág. 636.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL MISMO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan diversos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por uno de los Magistrados integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito.

TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 90/2007, el veintiocho de septiembre de dos mil siete, sostuvo lo que a continuación se transcribe:

"PRIMERO. Este Tribunal Colegiado de Circuito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un juicio en el que se reclama una sentencia definitiva en materia agraria, contra la que no procede recurso alguno. Ciertamente el fallo impugnado ante esta instancia constitucional es una resolución definitiva para efectos del juicio de amparo, conforme con los siguientes razonamientos. Los artículos 198, fracción III, de la Ley Agraria, así como el 9o., fracción III y el 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establecen que el recurso de revisión procede contra las sentencias en las que se resuelva sobre la nulidad de cualquier determinación proveniente de alguna autoridad agraria, que tenga como consecuencia la afectación de un derecho. En el caso, de la sentencia reclamada ante esta instancia constitucional se aprecia que el juicio de origen se tramitó con base en el artículo 18, fracciones IV, VI y VIII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, particularmente se observa que el Magistrado del conocimiento concluyó la improcedencia de la acción reconvencional ejercida por los ahora quejosos, pues estimó que carecían de legitimación para reclamar la nulidad de los siguientes actos: a) De la lista de sucesión propuesta por J. Jesús Morales López, de diecinueve de abril de mil novecientos ochenta y nueve, en virtud de la cual designó como sucesores, en ese orden, a Catalina Romero López (cónyuge), Rebeca Romero López (cuñada) y Gabriela Celina García Romero (sobrina). b) De la inscripción de dicha lista ante el Registro Agrario Nacional. c) Del trámite administrativo seguido ante dicha dependencia, en virtud del cual fueron reconocidos los derechos sucesorios de Rebeca Romero López. d) De los certificados parcelarios 201957 y 201958, de siete de noviembre de dos mil, que amparan las parcelas 7 Z-1 P-1/2 y 29 Z-1 P-1/2, ubicadas en el ejido Ciénega del Pedregal, Municipio de Guanajuato, Guanajuato, extendidos por el delegado en esta ciudad capital del Registro Agrario Nacional, a nombre de la citada Romero López. e) Del procedimiento administrativo seguido ante el Registro Agrario, en virtud del cual fueron reconocidos los derechos sucesorios de Gabriela Celina García Romero. f) De los certificados parcelarios 241354 y 241355, de uno de diciembre de dos mil tres, que amparan las parcelas 7 Z-1 P-1/2 y 29 Z-1 P-1/2, ubicadas en el ejido ‘Ciénega del Pedregal’, Municipio de Guanajuato, Guanajuato, expedidas a nombre de Gabriela Celina García Romero. Igualmente, de la resolución reclamada se advierte que la autoridad responsable decidió declarar la nulidad de los diversos contratos de compraventa y de cesión de derechos celebrados por el extinto ejidatario J. Jesús Morales López, con los ahora quejosos Felipe Tinoco Guerra, Bertha Rodríguez Méndez, Gloria Dueñas Mendieta, Crecencio Nieto Rodríguez, Tirzo Muñoz y Natalia E. Romero de Tinoco, respecto de diversas fracciones que en su conjunto conforman las parcelas 7 Z-1 P-1/2 y 29 Z-1 P-1/2, ubicadas en el ejido ‘Ciénega del Pedregal’, Municipio de Guanajuato, Guanajuato, por lo que condenó a los contratantes a restituirse las prestaciones que recíprocamente se hubieran otorgado, entre ellas, la posesión de los inmuebles. De lo anterior se sigue que la resolución reclamada ante esta instancia constitucional contiene diversos pronunciamientos pues, por una parte, concluyó la improcedencia de la nulidad de diversos actos de autoridades en materia agraria; y, por otra, se decretó la insubsistencia de diversos contratos de compraventa y de cesiones de derechos, con la consecuente condena de restituir a la aquí tercero perjudicada, la posesión de diversas porciones de terreno que componen las referidas parcelas que fueron materia de tales actos jurídicos. Del contenido de los conceptos de violación vertidos en la demanda de garantías, se observa que los quejosos se inconformaron en torno de las decisiones descritas, esto es, de lo resuelto en relación con la nulidad de actos de autoridades agrarias, así como de diversos contratos y la consecuente restitución de la posesión de los terrenos objeto indirecto de esos pactos volitivos. Ahora bien, conforme con lo establecido en los artículos 198, fracción III, de la Ley Agraria, así como el 9o., fracción III y el 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en contra de las sentencias en las que se resuelva sobre la nulidad de cualquier determinación proveniente de alguna autoridad agraria, que tenga como consecuencia la afectación de un derecho, previamente a la promoción del juicio de garantías, procede el recurso de revisión; en tanto que la declaratoria de nulidad de los diversos contratos, con la consecuente restitución de las fracciones parcelarias, es irrecurrible. Sin embargo, la resolución reclamada es un acto que aunque contiene diversas determinaciones, las mismas guardan coherencia interna en la medida en que resuelven en su integridad la litis planteada, por lo que atento al principio de indivisibilidad se encuentran vinculadas estrechamente y forman un todo que no es jurídicamente oportuno desmembrar para no romper la continencia de la causa, que consiste en la unidad que debe existir en todo juicio o procedimiento, pues de ser así se infringirían los diversos principios de la pronta, integral y oportuna administración de justicia, así como de concentración, establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los cuales se encuentra igualmente sujeta la procedencia, tramitación y resolución de los juicios agrarios. De lo hasta aquí expuesto, se sigue que si bien en la resolución reclamada se trató el tema sobre la nulidad de actos de autoridades agrarias procedimientos sucesorios seguidos ante el Registro Agrario, en virtud a los cuales fueron reconocidos los derechos sucesorios de Rebeca Romero López y Gabriela Celina García Romero, ello no significa que los entonces codemandados antes de acudir al juicio de garantías tuvieran que haber interpuesto el recurso de revisión previsto en el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, dado que ese requisito no debe exigirse como cuando en el caso, el tribunal responsable al resolver el asunto sometido a su conocimiento, además de ese pronunciamiento, analiza controversias en esa materia suscitada entre ejidatarios y posesionarios, con motivo de la solicitud de nulificar diversos contratos que se afirmó fueron celebrados en contravención a las disposiciones contenidas en el referido ordenamiento legal, pues atendiendo al principio de continencia de la causa, que se insiste es la unidad que debe existir en todo juicio, la sentencia en la que se contienen tales sentidos es una unidad jurídicamente imposible de desmembrar, que debe ser analizada a partir de los conceptos de violación vertidos en el juicio de amparo directo que contra ella se promueva. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito, que se comparte, consultable en la página 1847, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA. NO PROCEDE AGOTARLO SI EN LA DEMANDA, ADEMÁS DE IMPUGNAR LA NULIDAD DE UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR UNA AUTORIDAD EN MATERIA AGRARIA, SE EJERCEN OTRAS ACCIONES.’ (se transcribe). Lo anterior se corrobora porque nuestro más Alto Tribunal, en diversas jurisprudencias y tesis aisladas ha reiterado que el recurso de revisión es un medio impugnativo excepcional que sólo procede contra la sentencia que resolvió un juicio agrario seguido ante un Tribunal Unitario, en los casos expresamente establecidos en el numeral 18, fracciones I, II y IV, de la mencionada ley orgánica y en ninguno más, por lo que, en el particular, a través de ese medio de defensa no podrían analizarse temas diversos, como son la nulidad de contratos o actos jurídicos y la consecuente restitución recíproca de las prestaciones que se hubieran otorgado. Se citan en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 11/2006 y tesis aislada 2a. CX/2002 sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas 372 y 348, Tomos XXIII, marzo de 2006 y XVI, septiembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dicen: ‘REVISIÓN AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA SENTENCIA DICTADA POR UN TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REVERSIÓN.’ (se transcribe). ‘RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198 DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS. SÓLO ES PROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA QUE RESOLVIÓ UN JUICIO SEGUIDO ANTE UN TRIBUNAL UNITARIO, EN LOS CASOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN EL NUMERAL 18, FRACCIONES I, II Y IV, DE LA MENCIONADA LEY ORGÁNICA.’ (se transcribe). No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado el criterio relativo a que cuando el juicio agrario se tramita bajo el supuesto a que se contrae en la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, esto es, cuando tiene por objeto dilucidar acerca de la nulidad de una resolución dictada por una autoridad agraria, a través de la cual se alteren, modifiquen o extingan derechos, o bien, se determine la existencia de una obligación, en contra de la sentencia con la que culmine ese procedimiento, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria; sin embargo, también puntualizó que cuando la controversia se siga conforme con una hipótesis diversa a la contenida en la referida fracción IV, el medio de impugnación no resulta viable. Tal criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 34/2001 consultable en la página 206, Tomo XIV, agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: ‘TRIBUNALES AGRARIOS. EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 9o., FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS SÓLO ES PROCEDENTE CUANDO EL JUICIO SE TRAMITÓ CON BASE EN EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN IV, DE LA MENCIONADA LEY ORGÁNICA.’ (se transcribe). En el caso, como se tiene dicho, de la sentencia reclamada ante esta instancia constitucional, se aprecia que el juicio de origen se tramitó con base en el artículo 18, fracciones IV, VI y VIII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, lo que implica que un aspecto de la sentencia es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revisión (fracción IV), y otro no (fracciones VI y VIII); sin embargo, no puede dividirse la continencia de la causa y pretender que una parte de la sentencia reclamada se combata por medio del referido recurso y otra con el juicio de amparo directo, porque, se insiste, la sentencia es una unidad indivisible que guarda coherencia interna, a fin de resolver íntegramente la litis planteada en el procedimiento agrario, motivo por el que no es factible escindir su estudio a través de dos medios de defensa, uno ordinario (revisión) y el otro extraordinario (juicio de amparo), por lo que en ese supuesto y para no causar una confusión que afecte a los intereses de los litigantes, no puede exigirse que previamente a la promoción del juicio de garantías tenga que interponerse la revisión. Cabe señalar que en el caso resulta inaplicable el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 17/99 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143, Tomo IX, mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido es el siguiente: ‘GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE, AUN CUANDO LA SENTENCIA RELATIVA COMPRENDA LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES.’ (se transcribe). Es así, por cuanto que si bien de dicha jurisprudencia se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que cuando en una misma sentencia documento se resuelve lo relativo a gastos y costas (que es apelable) y a intereses simples y moratorios (que no es recurrible), la parte agraviada debe de agotar el recurso de apelación en contra de la liquidación de gastos y costas, antes de acudir al juicio de garantías, pues de lo contrario, la acción constitucional resultará improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo; sin embargo, dicho criterio encuentra su razón de ser en que las causas que originan la liquidación de intereses simples y moratorios y la condena de gastos y costas son diversas, pues una deriva de la acción misma y la otra del resultado del proceso, por lo que se trata de pronunciamientos independientes, respecto de los cuales no existe inconveniente para que cada uno de ellos sea combatido de manera destacada en la vía y términos procedentes. La hipótesis referida en esa tesis jurisprudencial no se actualiza en el particular, en la medida en que la resolución reclamada no decide sobre causas diversas, sino de una sola, en la medida en que se trata de determinar sobre la legitimación de Gabriela Celina García Romero, causahabiente de Rebeca Romero López, para reclamar la nulidad de contratos que, aseguró, contravienen disposiciones agrarias, de ahí que no consisten en pronunciamientos independientes, sino íntimamente relacionados, en cuanto resuelven en su integridad la litis planteada."

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 37/2004, el veinte de abril de dos mil cuatro, determinó lo que a continuación se transcribe:

"QUINTO. Son inconsistentes los conceptos de violación propuestos. Para evidenciarlo es conveniente destacar lo siguiente: a) María del Refugio Peña Dueñas, demandó ante el Tribunal Unitario Agrario, las siguientes prestaciones: (se transcribe). A la Procuraduría Agraria en el Estado, jefe de residencia de la Procuraduría Agraria en Puerto Vallarta y visitador agrario de la Procuraduría Agraria, comisionado de la Residencia en Puerto Vallarta, demandó: (se transcribe). Al director en jefe, al director general, al subdirector de Normatividad Registral y delegado, todos del Registro Agrario Nacional, en el Estado de Jalisco, demandó: (se transcribe). Al Comisariado Ejidal de Puerto Vallarta, Municipio del mismo nombre en el Estado de Jalisco, demandó: (se transcribe). En la sentencia impugnada, el tribunal responsable, resolvió: (se transcribe). Frente a lo anterior, la parte quejosa señala en sus conceptos de violación, que se viola en su perjuicio el artículo 14 constitucional, porque la responsable no hace una valoración adecuada de las pruebas que fueron ofrecidas en el juicio, ya que no se analizó con detenimiento la prueba testimonial que ofreció, en atención a que el testigo que ella propuso, fue Atanasio Colmenares Peña y no José Flores Torres y Daniel García de Santiago, como erróneamente lo señaló la responsable; que con los elementos de prueba que ofreció, se acredita que el titular del derecho agrario que reclama, sabía firmar y siempre firmaba todos sus documentos personales; que el presidente del Comisariado Ejidal, Esteban Aréchiga García, igualmente manifestó, que el titular del citado derecho, sabía firmar y que no podía firmar porque estaba enfermo. Lo anterior es inconsistente, toda vez que si bien es cierto a foja once de la resolución impugnada, el tribunal responsable al referirse a las pruebas que ofreció la actora hoy quejosa, en relación a la testimonial señaló: ‘Testimonial. A cargo de José Flores Torres y Daniel García de Santiago ...’; sin embargo, a foja veintiséis de la sentencia reclamada, al analizar dicha prueba, se pronunció en forma correcta en relación al testigo Atanasio Colmenares Peña, pues al respecto el Tribunal Agrario precisó: ‘Las testimoniales ofrecidas por la parte actora a cargo de Daniel García Santiago y Atanasio Colmenares Peña, fueron coincidentes al contestar la pregunta ...’, de ahí que la incongruencia a que se refiere la quejosa resulta intrascendente, pues la valoración de la prueba se hizo en relación a los testigos que ofreció en el juicio, y el que el tribunal se haya referido a un testigo diverso al hacer relación de las pruebas, de ninguna manera puede traducirse en una violación de garantías, toda vez de que esa circunstancia no influyó en el sentido del fallo que se reclama, pues como se dijo, la valoración se hizo conforme a los testigos que propuso. Asimismo, en relación a lo que argumenta en el sentido de que, con los elementos de prueba que ofreció acreditó que el titular del derecho agrario reclamado, sabía firmar y siempre firmaba todos sus documentos personales, y que el presidente del Comisariado Ejidal Esteban Aréchiga García, de igual modo, manifestó que el titular del citado derecho sabía firmar, resulta igualmente irrelevante en atención a que si bien la ahora quejosa, acudió ante el Tribunal Unitario Agrario a demandar diversas acciones, en su carácter de cónyuge supérstite y sucesora legal y preferente del ejidatario Ismael Ramos Guzmán, quien fuera titular del certificado de derechos agrarios número 1539651, perteneciente al Ejido de Puerto Vallarta, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; entre las acciones que señaló, se encuentra la nulidad y cancelación del trámite de inscripción de sucesores que dijo supuestamente realizó su finado esposo a favor de la aquí tercero perjudicada, la cual consideró se realizó en contravención a la Ley Agraria y en ejecución de actos delictuosos y vicios propios de voluntad como la falsificación de la firma o impresión de la huella digital, que contiene la supuesta designación de sucesores, señalando que debido al estado de salud en que se encontraba antes de su muerte, estaba imposibilitado para firmar. Lo anterior resulta igualmente inconsistente, ya que dentro del juicio agrario, se consideró que la designación de sucesores cuestionada era legal, en atención a que no se acreditó que el citado titular de los derechos agrarios estuviera imposibilitado para firmar, y que si bien es cierto, que de las pruebas que ofreció la actora hoy quejosa, tales como las documentales, consistentes en copias de un contrato de arrendamiento, de un escrito de cesión de derechos que realizó el mencionado Ismael Ramos Guzmán; confesionales a cargo de Bella Dolores Ramos, Esteban Aréchiga García y testimoniales que ofreció la quejosa a cargo de Daniel García Santiago y Atanasio Colmenares Peña, lo único que se acreditó es que el citado titular de los derechos agrarios sabía firmar, y que lo lógico era estimar que debió haber firmado al designar sucesores, por lo que la huella no sería suficiente, pero que esa circunstancia admitía prueba en contrario, tal como que el documento cuestionado fue ratificado por el extinto ejidatario, ante la fe del notario público número 2 de Puerto Vallarta, Jalisco, lo que implica que no sólo estaba el escrito privado, sino la manifestación de voluntad ante fedatario público, con efectos probatorios plenos, documento que fue reafirmado en cuanto a su autenticidad y contenido con la confesional desahogada a cargo de Esteban Aréchiga García; concluyendo el tribunal responsable que la actora no acreditó que documento cuestionado (sic) fuera nulo, porque de autos no se desprende que Ismael Ramos Guzmán, hubiese estado imposibilitado mentalmente para en ejercicio de su voluntad y de la facultad expresa que le otorga el artículo 17 de la Ley Agraria de nombrar sucesor; que no resultaba causa de nulidad lo que argumentó la actora, en el sentido de que la sucesora designada no dependía económicamente del citado ejidatario, ya que el artículo 18 de la citada ley, sólo contempla esa posibilidad para el caso de que no se hubiera hecho designación de sucesores, lo cual no aconteció en el caso. Como se puede advertir, lo determinante para la responsable al resolver como lo hizo, fue que no se acreditó durante el juicio que el ejidatario Ismael Ramos Guzmán, estuviera imposibilitado física y mentalmente para firmar, y no que no supiera hacerlo, por lo que el argumento en el que dice no se valoraron adecuadamente las pruebas que ofreció resulta irrelevante, pues con tales probanzas en todo caso, lo único que se demuestra es que sabía el citado ejidatario firmar, pero esa circunstancia no fue lo relevante en la resolución impugnada; de ahí lo inconsistente de la manifestación que hace la quejosa. Por otra parte, no pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado, que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 24/2000, visible en la página 220, Tomo XI, marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: ‘DERECHOS AGRARIOS. RESOLUCIONES DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECIDEN SOBRE LA NULIDAD DEL REGISTRO DE TRASLADO DE DOMINIO ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. AMPARO IMPROCEDENTE, SI NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA.’, ha establecido que contra la sentencia dictada por un Tribunal Agrario, que resuelve sobre la nulidad del registro de traslado de dominio de derechos agrarios por sucesión ante el Registro Agrario Nacional, procede el recurso de revisión; sin embargo, en el presente se considera que se da un caso de excepción, en virtud de que la aquí quejosa no sólo demandó ante el Tribunal Agrario, la nulidad de una resolución emitida por una autoridad en materia agraria, sino que, también entre otras, demandó la nulidad del acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, de catorce de abril de mil novecientos noventa y seis, así como el reconocimiento en su favor de la titularidad de los derechos agrarios en controversia, por sucesión legítima, así como la entrega de la posesión de la unidad de dotación correspondiente, acciones que hacen que sí pueda ser impugnada la resolución controvertida mediante el juicio de garantías, ya que conforme a lo que dispone el artículo 198 de la Ley Agraria, tratándose de esas acciones, no es procedente el recurso de revisión, pues dicho numeral los únicos supuestos que prevé son, cuando los Tribunales Agrarios resuelvan sobre la tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales, o la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria. En consecuencia, al no advertirse la violación de garantías al artículo 14 constitucional, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados."

De la ejecutoria emitida por ese órgano jurisdiccional, derivó la tesis aislada que a continuación se reproduce:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XX, septiembre de 2004

"Tesis: III.3o.A.34 A

"Página: 1847

"RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA. NO PROCEDE AGOTARLO SI EN LA DEMANDA, ADEMÁS DE IMPUGNAR LA NULIDAD DE UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR UNA AUTORIDAD EN MATERIA AGRARIA, SE EJERCEN OTRAS ACCIONES. Si en una demanda agraria, además de impugnar la nulidad de una resolución emitida por una autoridad en esta materia, se ejercen otras acciones, tales como la nulidad del acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, el reconocimiento de la titularidad de derechos agrarios, así como la entrega de la posesión de una unidad de dotación, la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario al respecto sí puede ser impugnada mediante el juicio de garantías, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J. 24/2000, visible en la página 220, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: ‘DERECHOS AGRARIOS. RESOLUCIONES DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECIDEN SOBRE LA NULIDAD DEL REGISTRO DE TRASLADO DE DOMINIO ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. AMPARO IMPROCEDENTE, SI NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA.’, define que contra la sentencia dictada por un Tribunal Agrario, que resuelva sobre la nulidad del registro de traslado de dominio de derechos agrarios por sucesión ante el Registro Agrario Nacional, proceda el recurso de revisión, ya que en el caso que nos ocupa no procede agotarlo, pues conforme a lo que dispone el artículo 198 de la Ley Agraria, tratándose de aquellas acciones no es procedente dicho medio de defensa, debido a que el precepto legal citado únicamente prevé los siguientes supuestos: cuestiones relacionadas con los límites de tierras suscitados entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, cuando los Tribunales Agrarios resuelvan sobre la tramitación de un juicio agrario que reclame la restitución de tierras ejidales, o la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria, lo que no sería aplicable en otras hipótesis, porque se obligaría al agraviado a cumplir con un requisito no exigido por la ley."

QUINTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al dictar resolución en el amparo directo 154/2002, el veintiséis de junio de dos mil dos, determinó lo que a continuación se transcribe:

"CUARTO. Antes de realizar el pronunciamiento correspondiente, este tribunal estima necesario precisar lo siguiente. El artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, establece la procedencia del recurso de revisión contra sentencias que resuelvan en primera instancia sobre la nulidad de resoluciones emitidas por las autoridades en materia agraria. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado en la jurisprudencia 2a./J. 109/99, cuyo rubro es: ‘REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS QUE RESUELVAN SOBRE LA NULIDAD DE ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS.’, que el concepto del término ‘resoluciones’, debe entenderse en sentido amplio, como aquellas que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Particularmente, respecto de los actos del Registro Agrario Nacional, la propia Segunda Sala de ese Alto Tribunal emitió la jurisprudencia 2a./J. 24/2000, con el rubro: ‘DERECHOS AGRARIOS. RESOLUCIONES DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECIDEN SOBRE LA NULIDAD DEL REGISTRO DE TRASLADO DE DOMINIO ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. AMPARO IMPROCEDENTE, SI NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA.’, en la que consideró que en contra de la sentencia dictada por un Tribunal Agrario que resuelve sobre la nulidad del registro de traslado de dominio de derechos agrarios por sucesión, ante el Registro Agrario Nacional, procede el recurso de revisión. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 34/2001, que la procedencia del recurso de revisión se encuentra condicionada a que la sentencia de que se trate, haya sido emitida en un juicio tramitado bajo el supuesto previsto en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Además, en cuanto al concepto de ‘autoridades agrarias’, de la jurisprudencia 2a./J. 33/2001, se advierte que el precitado recurso ordinario

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20934-fd800d0a/recurso-de-revision-previsto-en-el-articulo-198 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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