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AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE DICHA LEY, AUN CUANDO RESPECTO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE ACTUALICE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 88/2008. · Registro digital (IUS): 20945
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: HNI TECHNOLOGIES, INC.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 2008, , Pág. 996.

AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 88/2008. HNI TECHNOLOGIES, INC.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los agravios son infundados.

La inconforme considera que la Juez Federal realiza un indebido análisis de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, toda vez que dicho precepto otorga una naturaleza optativa al recurso de revisión al señalar que los interesados afectados por las resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo "podrán" interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda; de ahí que sea procedente el juicio de garantías promovido contra la resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil siete, dictada por la subdirectora divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el procedimiento de declaración administrativa de caducidad número P.C. 1666/2007 (C-517) 13958.

El argumento que se estudia es infundado, toda vez que la inconforme parte de una apreciación incorrecta de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que aun cuando en dicho imperativo legal se establece que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente "podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda", la opción de mérito no se refiere al juicio de amparo, sino a la posibilidad de escoger entre el recurso de revisión o el juicio de nulidad.

Efectivamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando el artículo de mérito se refiere a la "vía jurisdiccional que corresponda", lo hace respecto del juicio de nulidad y no al de amparo como instancia para impugnar los actos emitidos por las autoridades administrativas que se rigen en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 139/99, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de junio de dos mil, página sesenta y uno, cuyos rubro y texto a continuación se transcriben:

"REVISIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECE LA OPCIÓN DE IMPUGNAR LOS ACTOS QUE SE RIGEN POR TAL ORDENAMIENTO A TRAVÉS DE ESE RECURSO O MEDIANTE EL JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación literal y sistemática de lo dispuesto en los artículos 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, así como de los antecedentes históricos que informan a este último numeral, se colige que al hacerse referencia en el primero de los preceptos mencionados a las vías judiciales correspondientes como instancia para impugnar los actos emitidos por las respectivas autoridades administrativas, el legislador tuvo la intención de aludir a un procedimiento seguido ante un órgano jurisdiccional, con independencia de que éste sea de naturaleza judicial, y cuyo objeto tenga afinidad con el recurso de revisión en sede administrativa, el cual se traduce en verificar que los actos de tales autoridades se apeguen a las diversas disposiciones aplicables; por otra parte, de lo establecido en el citado precepto de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se deduce que a través de él se incluyó dentro del ámbito competencial del referido tribunal el conocimiento de las controversias que surjan entre los gobernados y las autoridades administrativas cuya actuación se rige por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin que se condicionara la procedencia del juicio contencioso administrativo al agotamiento del citado recurso, máxime que la interposición de éste es optativa. En ese contexto, se impone concluir que los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que se rijan por ese ordenamiento, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, tienen la opción de impugnarlos a través del recurso de revisión en sede administrativa o mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación; destacando que dentro de las vías judiciales correspondientes a que hizo referencia el legislador en el mencionado artículo 83 no se encuentra el juicio de garantías dado que, en abono a lo anterior, constituye un principio derivado del diverso de supremacía constitucional que las hipótesis de procedencia de los medios de control de constitucionalidad de los actos de autoridad, únicamente pueden regularse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la ley reglamentaria que para desarrollar y pormenorizar esos medios emita el legislador ordinario."

Ahora bien, no inadvierte este tribunal que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 58/2004-SS, estableció que las resoluciones impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa previamente al juicio de garantías necesariamente debe agotarse el juicio de nulidad, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo; criterio que está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 95/2004 de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, correspondiente al mes de julio de dos mil cuatro, página cuatrocientos catorce, que a continuación se transcribe:

"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PREVIO AL JUICIO DE GARANTÍAS NECESARIAMENTE DEBE AGOTARSE EL JUICIO DE NULIDAD, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 56/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 351, con el rubro: ‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.’, sostuvo el criterio de que es innecesario agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo antes de acudir al juicio de amparo indirecto, en los casos en que no se haga del conocimiento del gobernado el recurso que proceda en contra de tal resolución. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de tal criterio a fin de establecer que las resoluciones administrativas que en términos del referido artículo 83 son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de manera optativa a través del recurso de revisión o del juicio de nulidad, necesariamente deberán impugnarse a través de este último, previo al juicio de garantías, en términos del artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no obstante que se haya optado por sustanciar el recurso de revisión, con posterioridad a éste siempre deberá agotarse el juicio de nulidad. Apoya lo anterior la circunstancia de que en relación con la tramitación del juicio contencioso administrativo, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 155/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 576, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio de nulidad en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales."

Sin embargo, dicho criterio jurídico no debe entenderse en el sentido de que al establecer el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la opción para los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, agotar el recurso de revisión en sede administrativa o el juicio de nulidad, puedan acudir directamente al juicio de garantías, puesto que la Suprema Corte en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia que se comenta fue clara y precisa en destacar que por ninguna circunstancia debe eximirse al gobernado de impugnar las resoluciones administrativas emitidas por las autoridades federales en la vía ordinaria, ya que la circunstancia de que puedan elegir entre agotar el recurso administrativo o el juicio de nulidad, una vez optado por el recurso administrativo, resulta procedente el juicio de nulidad, el cual debe agotarse necesariamente, previamente al juicio de amparo, salvo los casos de excepción al principio de definitividad; al respecto, se transcribe la parte conducente de la ejecutoria que se comenta:

"... Conforme lo anterior y derivado de una nueva reflexión sobre el tema cuestionado, se desprende que si la resolución administrativa en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es impugnable de manera optativa para el gobernado a través del recurso de revisión o a través del juicio de nulidad, este último sí debe agotarse necesariamente, previo al juicio de garantías, por ser procedente en términos de la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, puesto que la opción consiste precisamente en agotar la vía administrativa o la jurisdiccional de manera directa, pero si se opta por la primera, necesariamente debe agotarse la segunda, en términos del numeral antes precisado, máxime que en relación con la tramitación del juicio de nulidad, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, según se desprende del texto de la jurisprudencia número 2a./J. 155/2002, que antecede. De lo expuesto con anterioridad, se arriba a la conclusión que por ninguna circunstancia se debe eximir al gobernado de impugnar las resoluciones administrativas emitidas por las autoridades federales en la vía ordinaria, pues la circunstancia de que en la vía ordinaria pueda elegir entre agotar el recurso administrativo o el juicio de nulidad, lo cierto es que una vez elegido por el recurso administrativo, resulta procedente el juicio de nulidad el cual debe agotarse necesariamente, previamente al juicio de amparo, salvo los casos de excepción al principio de definitividad. ..."

Ahora bien, aun cuando puede considerarse que el caso de excepción al que se refiere la tesis que se analiza se actualiza respecto del juicio de nulidad, toda vez que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, como lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, emitida al resolver la contradicción de tesis 39/2007-SS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, correspondiente al mes de mayo de dos mil siete, página un mil ciento tres, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:

"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. Del examen comparativo del citado precepto con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo, a saber: 1) circunscribe la posibilidad de solicitar la medida cautelar a los supuestos en que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución; 2) obliga al solicitante a ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución; 3) obliga a ofrecer garantía mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar los daños o indemnizar por los perjuicios que pudieran causarse a la demandada o terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio -debiendo expedir dichos documentos a favor de las partes demandadas-; 4) constriñe a exponer en el escrito de solicitud de suspensión, las razones por las cuales se considera que se debe otorgar la medida cautelar y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite; 5) condiciona el otorgamiento de la suspensión a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto impugnado; y, 6) establece que se otorgará la suspensión si la solicitud es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido indebidamente. En ese tenor, al actualizarse la excepción al principio de definitividad aludido, es factible acudir directamente al juicio de amparo sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."

Sin embargo, la excepción al principio de definitividad no se actualiza respecto del recurso de revisión en sede administrativa previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que constituye otro de los medios ordinarios de defensa para impugnar los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, al no prever dicho cuerpo legal mayores requisitos para conceder la suspensión que la Ley de Amparo, como quedó establecido en la jurisprudencia 2a./J. 82/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 18/2000-SS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, correspondiente al mes de septiembre de dos mil, página cuarenta y nueve, que a continuación se transcribe:

"AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IV, constitucional y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando la mencionada ley que rige el acto exija, para conceder la suspensión, mayores requisitos que la Ley de Amparo. En estas condiciones, debe decirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos administrativos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo cuando no se ha agotado, previamente, el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la propia ley. Ello es así, porque al establecerse en el diverso artículo 87 de la citada ley, la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado a través de dicho recurso, no se imponen mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, pues la circunstancia de que se condicione la medida cautelar a que el recurso sea procedente, no constituye un requisito adicional a los señalados por el artículo 124 de la ley últimamente citada para su concesión, ya que aun cuando en este numeral no se exige que la demanda de garantías sea procedente para conceder la suspensión, el Juez de Distrito al recibirla está obligado, en términos de lo dispuesto en el artículo 145 de la ley de la materia, a atender previamente a cualquier otra cuestión, a su procedencia y después a la medida suspensional, pues de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado."

En la ejecutoria que le dio origen, la Suprema Corte estableció que al hacer referencia el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a la circunstancia de que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda, no se incluye al juicio de amparo, pues su procedencia se rige por los principios establecidos en la Constitución, así como en la Ley de Amparo, entre los que se encuentra el principio de definitividad; al respecto se transcribe la parte conducente de la ejecutoria que se comenta:

"... No obsta para lo anterior, el hecho de que el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo disponga que en contra de los actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, los interesados afectados podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales correspondientes, pues es evidente que en estas últimas no se incluye al amparo, ya que la procedencia del juicio de garantías la determina la Constitución Federal y la Ley de Amparo, que son las que lo regulan y establecen los principios fundamentales que lo rigen, entre los que se encuentra el de definitividad. ..."

De la exégesis anterior, se concluye que si la inconforme no agotó el recurso de revisión multialudido, a efecto de impugnar la resolución con número de folio 24930, de fecha catorce de diciembre de dos mil siete, mediante la cual la subdirectora divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declara la caducidad de la marca 624926 Rhapsody, es inconcuso que no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, razón por la que la determinación adoptada por la Juez de Distrito se encuentra ajustada a derecho.

En las relatadas circunstancias, al resultar infundados los agravios aducidos por la recurrente debe confirmarse el auto combatido.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 83, fracción I, 85, fracción I y 90 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO. Se confirma el acuerdo de fecha uno de febrero de dos mil ocho, dictado por el Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el expediente de amparo número 112/2008.

SEGUNDO. Se desecha la demanda de amparo promovida por HNI Technologies, INC., contra actos de la subdirectora divisional de procesos de propiedad industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al juzgado de origen; háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese este toca; regístrese la ejecutoria en términos del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

Así, por mayoría de votos de los Magistrados F. Javier Mijangos Navarro y Alberto Pérez Dayán, contra el voto particular de la Magistrada Adela Domínguez Salazar, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que integran los Magistrados antes mencionados. Fue ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20945-82d496e5/amparo-indirecto-contra-actos-administrativos-regidos-por-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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