CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO DE 4 DE ABRIL DE 2006, EMITIDO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER UNA CONTROVERSIA DE CARÁCTER CONTENCIOSO SUSCITADA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO Y SANTA MARÍA PETAPA DE ESA ENTIDAD, VIOLA LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 116/2006. MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, ESTADO DE OAXACA.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticuatro de marzo de dos mil ocho.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio recibido el veintinueve de junio de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Teodoro Jorge Guzmán Corral y José Luis Zapien Burguett, quienes se ostentaron como presidente y síndico procurador, respectivamente, del Municipio de Matías Romero Avendaño, Estado de Oaxaca, promovieron controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandaron la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
Autoridades demandadas:
1) El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
2) El Ayuntamiento del Municipio de Santa María Petapa, Estado de Oaxaca.
Actos impugnados:
1) La determinación emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el cuatro de abril de dos mil seis, mediante la cual se declaró incompetente para conocer y resolver la controversia por invasión de esferas entre los Municipios de Matías Romero Avendaño y de Santa María Petapa, del mismo Estado.
2) La determinación emitida por el Ayuntamiento del Municipio de Santa María Petapa, el dos de octubre de dos mil dos, mediante la cual modificó su ámbito de jurisdicción, señalando uno nuevo que, se considera por el actor, invade su esfera competencial.
SEGUNDO. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda, son los siguientes:
"VI. Antecedentes. Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que los antecedentes de los actos cuya invalidez reclamamos, son los siguientes: 1. El día 17 de marzo de 2006, los suscritos, a nombre y en representación de nuestro Municipio de Matías Romero Avendaño, Distrito de Juchitán, Oaxaca, en la vía contenciosa, interpusimos demanda en contra del Municipio de Santa María Petapa, Distrito de Juchitán, Oaxaca, haciendo valer lo dispuesto por los artículos 106, fracción IV y 113, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 226 de la Ley Municipal vigente en el Estado de Oaxaca; en esta demanda, reclamamos ‘el respeto irrestricto a la jurisdicción territorial, política y administrativa de nuestro Municipio de Matías Romero Avendaño’, haciendo valer los Decretos Números ‘108’ y ‘6’, publicados el 9 de mayo de 1994 y 9 de noviembre de 1906 (sic), respectivamente, mismos en que se señala el ámbito jurisdiccional de nuestro Municipio. Anexo a la presente, exhibimos copia simple de la demanda de referencia. 2. Nuestra petición se generó en virtud de que el Municipio demandado de Santa María Petapa, mediante acuerdo del H. Ayuntamiento, del día 2 de octubre de 2002, determinó modificar el ámbito territorial de su jurisdicción, abarcando en la nueva delimitación la jurisdicción de nuestro Municipio de Matías Romero. Dicho acuerdo expresamente señala que la nueva jurisdicción de Santa María Petapa es: ‘... Al norte: calle Unión. Al sur: calle Industrial. Al oriente: calle Aquiles Serdán. Al Poniente: calle Moctezuma e Hidalgo ...’. Todas estas calles se encuentran en la zona urbana de nuestro Municipio de Matías Romero y a una distancia aproximada de 25 kilómetros de la zona urbana del Municipio de Santa María Petapa. Con base en esta nueva jurisdicción establecida por el H. Ayuntamiento de Santa María Petapa, este Municipio comenzó a realizar actos de autoridad, creando Agencias Municipales, autorizando o suspendiendo obras, autorizando el funcionamiento de negocios y cantinas; asimismo, expidiendo licencias de construcción a particulares o cancelándolas, como lo acreditamos con las pruebas documentales que anexamos a la presente y que se detallan en el capítulo de pruebas del presente ocurso. 3. En respuesta a nuestra demanda, el día 4 de abril de 2006, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado de Oaxaca, determinó declararse incompetente, argumentando que, por un lado, se trata de un conflicto agrario y, por otro, que no obstante que el artículo 106, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los faculta para conocer de estas controversias, son incompetentes porque no cuentan con la ley reglamentaria de dicho precepto. Expresamente, las responsables dispusieron: ‘... El Pleno acuerda que carece de competencia para conocer del litigio planteado, pues se trata de un asunto en materia agraria y, por ello, la parte demandante deberá ocurrir ante el Tribunal Unitario Agrario correspondiente ... Pero, independientemente de que, aun cuando el artículo 106, fracción IV, de la Constitución, autoriza a este tribunal a conocer de las controversias de carácter contencioso que se susciten entre los Municipios, sin embargo, está impedido jurídicamente para hacerlo, por no contar con la ley reglamentaria correspondiente, para tramitar el procedimiento ...’. 4. La determinación de referencia fue notificada al suscrito síndico municipal, el día 8 de junio del presente año 2006, mediante oficio número SGA/0818/2006, del 2 de junio de 2006, mientras que al suscrito presidente municipal, me fue notificado el día 27 de junio de 2006, mediante oficio número SGA/0817/2006, del 2 de junio de 2006. 5. El acuerdo emitido el 2 de octubre de 2002, por el H. Ayuntamiento del Municipio de Santa María Petapa, mediante el cual pretenden modificar su ámbito de jurisdicción territorial y afectar el ámbito de jurisdicción territorial de nuestro Municipio, pretende sustentarse en derechos de propiedad sobre sus tierras comunales, misma que alegan abarca casi la totalidad de la zona urbana de nuestro Municipio. De este modo, pretenden que los límites territoriales que señala su resolución presidencial del 16 de diciembre de 1966, modifiquen el ámbito de su jurisdicción municipal, que le fue señalado por la Legislatura de nuestro Estado, es decir, pretenden que los derechos de propiedad generen consecuencias jurisdiccionales municipales, siendo que esto, legal y constitucionalmente, no es posible. Con esta determinación, el Municipio de Santa María Petapa invade nuestra jurisdicción, en las colonias ‘Rincón Viejo’, ‘El Bajío’, ‘Lázaro Cárdenas’, ‘Hidalgo’, ‘Llano Suchiapa’, ‘Las Flores’, pertenecientes a nuestro Municipio. 6. Para resolver esta controversia, evitando una confrontación de consecuencias lamentables en nuestro Municipio, hemos sostenido pláticas conciliatorias con el Municipio de Santa María Petapa, sin que hasta la fecha se haya logrado una solución conciliada al conflicto; por el contrario, Santa María Petapa persiste en su actitud de ejercer actos de autoridad a escasas cuadras del palacio municipal de nuestro Municipio. 7. No omitimos manifestar que, atento a lo dispuesto por los artículos 53, fracción XII y 113, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, solicitamos la intervención de la Legislatura Local, mediante escrito presentado el día 16 de marzo de 2006, ante dicha soberanía, sin que hasta la fecha haya intervenido conforme a sus atribuciones. No obstante, dado que, por disposición constitucional, a la legislatura únicamente corresponde intervenir por la vía de la conciliación, consideramos que existen pocas posibilidades de solución, en virtud de que hasta hoy se han llevado múltiples pláticas conciliatorias sin resultados positivos; por ello, estamos convencidos de que será por la vía judicial como se pueda hacer respetar nuestro ámbito de jurisdicción municipal. 8. Es importante recalcar que la actitud del Municipio de Santa María Petapa ha obstaculizado, en forma grave, el buen funcionamiento de nuestro Municipio, retrasando la ejecución de la obra pública y causando molestia a nuestra ciudadanía, como se demuestra con los actos que han realizado desde que se generó este conflicto, cuyas documentales, anexo al presente, exhibimos. 9. Al tenor de lo expuesto en estos últimos hechos, al declararse incompetente el Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado y al estar facultada la Legislatura Local de nuestra entidad federativa, únicamente para intervenir en la vía conciliatoria, es incuestionable que es competente esta Suprema Corte de Justicia, para conocer y resolver la controversia que, por jurisdicción municipal, sostiene nuestro Municipio con el Municipio de Santa María Petapa. 10. El suscrito tiene personalidad para interponer la presente controversia, en atención a que el artículo 51, fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, otorga a los síndicos, la representación legal del Municipio, sin que para ello requieran acuerdo previo del Ayuntamiento. Este criterio ha sido corroborado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 22/97 que, por analogía, se cita a continuación: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS SÍNDICOS TIENEN LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO, SIN REQUERIR SU ACUERDO PREVIO (LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA).’. De igual modo, el suscrito, presidente municipal, tengo legitimidad (sic) para interponer la presente controversia, en atención a que, en términos del artículo 48 de la Ley Municipal, soy el representante político del Municipio."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son los siguientes:
"VIII. Conceptos de invalidez. Primer concepto de invalidez. La determinación emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el 4 de abril de 2006, en el que determinó su incompetencia para conocer de la controversia por el ámbito de jurisdicción entre nuestro Municipio y el Municipio de Santa María Petapa, es violatoria de los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 106, fracción IV y 113, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Es así, atendiendo a las siguientes consideraciones jurídicas: El artículo 17 de la Constitución Federal establece: ‘Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes ... ’. Por su parte, el artículo 16 constitucional dispone: ‘Nadie puede ser molestado ... sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento ... ’. Finalmente, el artículo 106, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece: ‘Corresponde al Tribunal Superior de Justicia: ... IV. Resolver las controversias de carácter contencioso que se susciten entre los Municipios, entre sí y entre éstos y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado; ...’. Frente a este marco jurídico, tanto el acuerdo emitido por el Tribunal Superior de Justicia, el día 4 de abril de 2006, como el acuerdo emitido por el H. Ayuntamiento de San Juan Petapa, el día 2 de octubre de 2002, devienen anticonstitucionales, por las siguientes razones: a) Competencia constitucional, por disposición expresa de nuestra Constitución Local, en el artículo 106, fracción IV, invocado, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, la competencia exclusiva para resolver de las controversias que se suscitan por conflicto de jurisdicción entre dos Municipios del Estado de Oaxaca, como en el caso concreto que sometimos a su consideración. Esta competencia constitucional no puede ser anulada ni tácitamente derogada por la falta de una ley reglamentaria que regule su procedimiento, como lo intenta argumentar el referido Tribunal Superior, en el acuerdo que se combate. Por una parte, porque es de explorado derecho que, para que una norma constitucional se derogue, es decir, pierda su validez, es necesario que se cumpla el procedimiento previsto por la propia Constitución, en su artículo 141 y, por otra parte, en el caso concreto planteado, de ninguna manera se requiere un procedimiento especial, pues basta con que se sigan los principios generales internacionalmente aceptados del debido proceso, cumpliendo la garantía de audiencia de la parte demandada y sustanciando dicho procedimiento a través de un Magistrado instructor, para dejar el asunto en estado de resolución. b) Reiteración de la competencia en la Ley Municipal, la competencia constitucional aludida se encuentra reiterada en el artículo 226 de la Ley Municipal, misma que, en su último párrafo, expresamente dispone: ‘Los convenios que celebren los Municipios para resolver sus conflictos de límites y sus conflictos políticos, serán aprobados por el Congreso del Estado. En los conflictos que surjan entre los Municipios y los Poderes Ejecutivo y Judicial, el Congreso del Estado, mediante citación de las partes, procurará un arreglo conciliatorio; en caso de ser avenidos, se expedirá el decreto correspondiente. Cuando dichos conflictos tengan carácter contencioso, corresponderá resolverlos al Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.’. De esta suerte, no puede eludirse, en forma alguna, la competencia que la ley confiere al Tribunal Superior de Justicia del Estado y el trámite debe sustanciarse en los términos previstos por la ley orgánica de dicha autoridad. c) Garantía de administración de justicia, existiendo la competencia constitucional y legal exclusiva a favor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, es incuestionable que es este órgano jurisdiccional el único competente para satisfacer nuestra garantía de impartición de justicia, tutelada por el artículo 17 constitucional, habida cuenta que, concatenando esta disposición con el artículo 105 constitucional, del que se desprende la incompetencia de la Suprema Corte de Justicia, para conocer este tipo de controversias entre dos Municipios de un mismo estado, tenemos que, en forma exclusiva, corresponde al referido tribunal, conocer y resolver la situación que le planteamos. Y al haberlo considerado así el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, deviene inconstitucional su acuerdo del 4 de abril de 2006, por lo que esta Suprema Corte de Justicia debe declarar fundado el presente concepto de invalidez y suficiente para declarar la inconstitucionalidad de dicho acuerdo, ordenando se admita y se sustancie nuestra demanda, como en derecho corresponde. Segundo concepto de invalidez. El acuerdo emitido por el H. Ayuntamiento del Municipio de Santa María Petapa, Distrito de Juchitán, Oaxaca, es violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las siguientes razones: El artículo 14 de la Constitución Federal dispone: ‘... Nadie podrá ser privado de la ... sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho ...’. Por su parte, el artículo 16 de dicho ordenamiento, señala: ‘... Nadie podrá ser molestado en su persona ... sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. a) En el presente caso, no existe disposición alguna, constitucional o legal, que faculte al H. Ayuntamiento de Santa María Petapa, para que modifique el ámbito territorial de competencia jurídica, política y administrativa, habida cuenta que dicha facultad corresponde a la Legislatura de nuestro Estado, al tenor de lo dispuesto por el artículo 29, fracciones VII y VIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, interpretado por mayoría de razón. De esta forma, al no existir disposición alguna que lo faculte para realizar la modificación a su ámbito jurisdiccional territorial y, no obstante ello, ha fijado nueva jurisdicción, afectando la jurisdicción de nuestro Municipio, es claro que dicho acto viene de una autoridad que no es competente; asimismo, este acto de autoridad no cuenta con el fundamento ni la motivación necesarias, en los términos exigidos por el artículo 17 (sic) constitucional, invocado. b) De igual modo si, en su caso, el Municipio de Santa María Petapa pretende privar a nuestro Municipio de una parte de nuestro ámbito de jurisdicción territorial, era necesario que previamente nos hubiera seguido un juicio, ante autoridad competente que, en el caso, lo constituye el Congreso Local del Estado de Oaxaca, por vía conciliatoria y el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, para que, previo procedimiento legal, en que se nos diera oportunidad de ser oídos y vencidos en juicio, se procediera a modificar la jurisdicción de nuestros Municipios. Al no haberlo hecho así y, por el contrario, haber emitido un acuerdo a todas luces ilegal, es evidente la violación al artículo 14 constitucional, invocado. c) Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al no haber apreciado la ilegalidad de la determinación del Ayuntamiento de Santa María Petapa, declarándose incompetente para conocer de esta controversia, por omisión, afecta gravemente a nuestro Municipio. En mérito de lo anterior, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar fundado el presente concepto de invalidez y suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la determinación emitida por el Ayuntamiento de Santa María Petapa, ordenándole se esté y se sujete a la delimitación territorial que le fue señalada por el Congreso del Estado, desde su creación, o bien, por Decreto Número 108, emitido por la propia legislatura, como en derecho corresponde.
CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que el actor considera violados son 14, 16 y 17.
QUINTO. Por acuerdo de treinta de junio de dos mil seis, el presidente en funciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 116/2006 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
Mediante proveído de cuatro de julio siguiente, el Ministro instructor desechó la demanda, por considerar que, respecto del acto impugnado al Municipio de Santa María Petapa, Estado de Oaxaca, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, toda vez que la controversia constitucional no puede suscitarse entre dos Municipios de un mismo Estado, al igual que la prevista en la fracción VI del propio artículo 19, pues si bien el actor no plantea una controversia limítrofe, lo cierto es que el acuerdo combatido guarda estrecha relación con el problema de límites que, como antecedente, se menciona y, por tanto, debe definirse este último, previamente, ante el Congreso Local.
Asimismo, respecto del acto impugnado al Tribunal Superior de Justicia Estatal consideró desechar la demanda, por tratarse de una resolución jurisdiccional y no constituir en sí misma una invasión a la esfera de facultades de un nivel de gobierno respecto de otro, al no ser la controversia constitucional la vía idónea para demandar su invalidez, ya que, de admitirse lo contrario, se haría de ésta un ulterior recurso en contra de sentencias dictadas por órganos judiciales, lo anterior, con apoyo en la tesis de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES."
En contra de la anterior determinación el Municipio actor interpuso recurso de reclamación, al que correspondió el número 216/2006-PL, del que conoció la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que mediante sentencia de ocho de septiembre de dos mil seis determinó que dicho recurso era procedente y parcialmente fundado, confirmando el desechamiento de la demanda respecto de la resolución de dos de octubre de dos mil seis, emitida por el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santa María Petapa, Estado de Oaxaca, pero revocándolo por cuanto a la resolución de cuatro de abril del mismo año, dictada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Dicha determinación se apoyó, esencialmente, en las siguientes consideraciones:
"... En cambio, son esencialmente fundados los agravios que combaten el desechamiento de la controversia constitucional respecto de la resolución emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca antes precisada, que declaró su incompetencia para conocer de la controversia planteada por el Municipio ahora recurrente, en contra del Municipio de Santa María Petapa del Estado de Oaxaca, por invasión a su ámbito jurisdiccional. En efecto, los agravios esgrimidos por parte de la recurrente, suplidos en su deficiencia en términos de los artículos 39 y 40 de la ley reglamentaria de la materia, son sustancialmente fundados en cuanto aduce que, contrariamente a lo establecido en el acuerdo recurrido, la resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia que declaró su incompetencia para conocer de la controversia legal sometida a su conocimiento, sí es impugnable a través de la controversia constitucional prevista en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria de la materia, de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, supuesto en el que encuadra el caso de la recurrente al demandar la invalidez de un acto emitido por uno de los Poderes del Estado de Oaxaca -Poder Judicial-. No pasa inadvertido para esta Segunda Sala lo determinado por el Tribunal Pleno en la jurisprudencia número P./J. 117/2000 de rubro: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES.’, en el sentido de que la controversia constitucional no es la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo, porque éstos al dirimir los conflictos sometidos a su conocimiento, ejercen facultades de control jurisdiccional, por lo que de admitirse la controversia constitucional en contra de esa clase de resoluciones convertiría a ese medio extraordinario de defensa en un recurso o ulterior medio de defensa para someter la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural. Dicha jurisprudencia es del tenor siguiente: (se transcribe). La jurisprudencia antes transcrita derivó de la controversia constitucional 16/99, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Sonora y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esa entidad, en la que se demandó la invalidez, entre otros, de la resolución dictada por este último en el juicio de nulidad promovido por diversos servidores públicos municipales en contra de la resolución dictada en un recurso de revocación interpuesto en contra de una resolución emitida por la Contraloría Municipal del Estado de Sonora, en un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, que los sancionó por incumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de dicha entidad. En la ejecutoria dictada en la mencionada controversia constitucional, el Tribunal Pleno determinó que la controversia constitucional no es la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo aunque se aleguen cuestiones constitucionales ‘porque dichos tribunales al dirimir conflictos que han sido sometidos a su conocimiento, ejercen facultades de control jurisdiccional, razón por la cual por este medio no puede plantearse la invalidez de una resolución dictada en un juicio, máxime que en dichos procedimientos no se dirimen conflictos entre los órganos, poderes o entes a que se refieren los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal y 10 de la ley reglamentaria de la materia, sino que tienen como objeto salvaguardar los intereses de los gobernados. A mayor abundamiento y sin perjuicio de lo anterior, no puede sostenerse que la controversia constitucional constituya la vía idónea para impugnar las sentencias judiciales que recaigan en los juicios de los que conocen los órganos jurisdiccionales, toda vez que haría de esta vía un recurso o ulterior medio de defensa para someter a la revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural, siendo que esta vía está reservada para preservar el orden constitucional entre órganos, entes o poderes en sus actos ordinarios y no para someter al control constitucional mecanismos de carácter jurisdiccional’. Lo anterior pone de manifiesto que las razones fundamentales que tuvo en cuenta el Tribunal Pleno para estimar improcedente la controversia constitucional en contra de aquella resolución jurisdiccional fue que los tribunales contenciosos administrativos no dirimen conflictos entre órganos, poderes o entes a que se refieren los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal y 10 de la ley reglamentaria de la materia, y que la vía de la controversia constitucional está reservada para preservar el orden constitucional entre órganos, entes o poderes en sus actos ordinarios y no para someter al control constitucional mecanismos de carácter jurisdiccional. En aquel asunto, la improcedencia de la controversia constitucional para impugnar la mencionada resolución jurisdiccional se encontraba plenamente acreditada, porque dicho acto derivó de un procedimiento seguido ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el que se dirimió un conflicto entre servidores públicos municipales y un Municipio, en su carácter de autoridad demandada, por lo que se pretendía a través de esa vía, salvaguardar los intereses de dichos gobernados. Cuestión distinta ocurre con la resolución impugnada en la controversia constitucional a que corresponde el presente recurso, emitida por el aludido Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, ya que ésta derivó de un procedimiento accionado por la ahora recurrente con apoyo en los artículos 113, fracción VI, de la Constitución y 226 de la Ley Municipal, de la citada entidad, que establecen un medio de defensa estatal del que pueden prevalerse los Municipios de ese Estado para dirimir sus conflictos de límites de carácter contencioso ante el citado órgano jurisdiccional; por ende, si la controversia constitucional prevista en el artículo 105, fracción I, de la Norma Fundamental, está reservada para preservar el orden constitucional entre órganos, poderes o entes, es inconcuso que la controversia constitucional es la vía idónea para combatir las resoluciones dictadas en los procedimientos previstos en las legislaciones estatales para resolver los conflictos señalados. Lo anterior es congruente con el espíritu de la reforma del artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que le reconoció a los Municipios capacidad jurídica para defenderse jurisdiccionalmente de otros Municipios, de los Estados, del Distrito Federal y del Gobierno Federal, facultándolos, por primera vez en la historia legislativa, para ejercer la acción de controversia constitucional. Además, no debe soslayarse el hecho de que contra las resoluciones que se dicten en los procedimientos instituidos a nivel estatal para la solución de conflictos de límites entre Municipios de una misma entidad federativa, no procede el juicio de amparo, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales, como los Municipios, sólo están legitimados para promoverlo cuando el acto o la ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales, esto es, sus derechos privados, no así para protegerse de una ley o acto que lesione sus derechos públicos, que son los que podrían resultar vulnerados con aquellas resoluciones derivadas de un conflicto de límites entre Municipios. Lo anterior encuentra apoyo en las tesis siguientes de jurisprudencia y aisladas: (se transcriben). Atento a lo anterior, de estimarse improcedente la controversia constitucional en contra de la citada resolución pronunciada en el procedimiento de conflicto de límites ventilado ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, no sólo se contravendría lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, que prevé la procedencia de la controversia constitucional para solucionar los conflictos suscitados entre un Municipio y el Estado (en el caso uno de los Poderes del Estado de Oaxaca -el Poder Judicial-), sino que quedaría también fuera de control constitucional el mencionado conflicto de límites, dada la imposibilidad de promover el juicio de amparo en contra de aquella resolución, en virtud de lo dispuesto por el artículo 9o. de la ley de la materia."
En cumplimiento a lo resuelto en el citado recurso de reclamación, el Ministro instructor, en auto de treinta de octubre de dos mil seis, tuvo por presentado únicamente al síndico procurado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20963-b611d60a/controversia-constitucional-el-acuerdo-de-4-de-abril · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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