AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS FORMULADOS CONTRA EL FONDO DEL ASUNTO, SI IMPLICAN EL ANÁLISIS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA QUE OMITIÓ LA SALA FISCAL, Y DICHA VIOLACIÓN FORMAL NO ES IMPUGNADA EXPRESAMENTE.
REVISIÓN FISCAL 220/2007. SUBDIRECTORA DE LO CONTENCIOSO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Los agravios son inoperantes.
En efecto, para así considerarlo, cabe decir que del expediente relativo se aprecia que el actor, en el libelo que lo originó, reclamó, entre otras autoridades, del delegado en la entidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la nulidad de la resolución negativa ficta de su escrito de seis de febrero de dos mil cinco (fojas 8 a 12), por el cual le solicitó la revisión y modificación de su pensión por cesantía en edad avanzada, y las diferencias derivadas de su incorrecta fijación, ya que no incluyó "los conceptos de 06 compensación garantizada; H3 E.P.R. operativo (compensación específica de estímulo por productividad en la recaudación); 77 apoyo para el desarrollo y capacitación y finalmente la clave 46 de ayuda para servicios, las que me eran depositadas quincenalmente en la cuenta número 00105736293, que la propia dependencia a la que prestaba mis servicios abrió a mi nombre en el Banco Inverlat, S.A. y que ascendieron en el último año de servicio a las cantidades promedio de $1,050.00; $80.00; $2,229.16 y $200.00 mensuales respectivamente, haciendo un total de $3,559.16 y que se integraban a mi salario" (fojas 8, 9); que al contestar el libelo, esa delegación estatal hizo valer las causas de improcedencia previstas por el artículo 8o., fracciones I, IV y XVI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las cuales dicen que "Es improcedente el juicio ante el tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante ... IV. Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el tribunal, en los plazos que señale esta ley.-Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de ella no impugnada, cuando derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente impugnada ... XVI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley o de una ley fiscal o administrativa", a virtud, según afirmó, que el oficio, a través del cual se concedió la indicada pensión al referido actor, no fue impugnado por algún medio de defensa, y porque no existe esa negativa ficta, ya que por oficio número 1.4.3.174/2005, de veintitrés de marzo de dos mil cinco, dio respuesta a su petición (fojas 16, 33); que el propio actor amplió su libelo, mediante escrito de diecinueve de septiembre de dos mil seis, y reiteró que la referida delegación estatal demandada no contestó su solicitud, dado que el citado oficio únicamente contenía un requerimiento para que exhibiera la documentación que se precisó (fojas 42 a 48); que ésta, al contestar dicha ampliación expresó argumentos en contra de los conceptos de anulación que planteó el repetido actor en su precitado libelo (fojas 55 a 76), y que la Sala Regional en la sentencia recurrida desestimó las causas de improcedencia que planteó dicha revisionista, agregando que al contestar este último no manifestó "los fundamentos y motivos de fondo en los cuales se basó para negar lo que se le solicitó", por lo que procedió a analizar el fondo del asunto, concluyendo que el actor probó su pretensión y declaró la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, por lo que condenó a la autoridad disconforme "a resolver su solicitud de incremento de pensión", en los términos que dispuso.
Ahora bien, cabe decir que resultan inoperantes los motivos de inconformidad, en los que se aduce, que la Sala Fiscal infringió en perjuicio del instituto disconforme, lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, habida cuenta que "no realizó una debida valoración de las constancias de autos, y obliga al instituto a emitir una nueva resolución, en la que se incremente la pensión, cuando el pensionista en ningún momento demostró que este instituto haya incumplido con lo dispuesto en el precepto en cuestión", esto es, que "el pensionista tuvo que haber probado que estas autoridades recurrentes no han concedido los incrementos a su cuota pensionaria", que la "supuesta falta de incremento", en su pensión, no puede advertirse, "con la comparación de lo que el pensionista percibe como cuota pensionaria y el sueldo básico de la plaza de la trabajadora (sic) en activo", que "la hoja única de servicios", no era idónea para "acreditar la supuesta falta de incremento, por lo siguiente: a) No acredita la plaza en que causó baja para pensionarse, en tanto que no exhibió el ‘aviso oficial de baja’, a que se refiere el artículo 49 de la Ley del ISSSTE, y por tanto, no puede considerarse la categoría de la plaza que menciona la constancia de evolución salarial. b) Dicha constancia fue expedida por una unidad administrativa que no es competente para hacer constar los incrementos de las categorías de un empleo, cargo o comisión, remunerados por las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, ni señala la fuente oficial de los incrementos", que "la cuota que inicialmente se le asignó por concepto de pensión a la actora fue correctamente calculada, ya que ... se tomó en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a su baja", que de acuerdo con en el citado artículo 57, "las cuantías de las pensiones se aumentarán en la misma proporción que los sueldos básicos de los trabajadores en activo, lo cual no significa que los profesionistas tendrán un sueldo equivalente al de dichos trabajadores", y que dicho precepto "prevé supuestos específicos, como son que se hayan dado incrementos al sueldo básico de los trabajadores en activo, que se trate de la plaza o categoría en la que haya causado baja para pensionarse, que se hayan dado en determinada proporción y tiempo", pues estos argumentos se refieren a los hechos y al derecho, en que supuestamente se sustentó la negativa ficta que se le atribuyó a la autoridad recurrente, sin que los hubiere expresado en su oficio, mediante el cual contestó la demanda, como estaba obligada a hacerlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 del Código Fiscal de la Federación, lo que es acorde con la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito que bajo el número III.3o.A.12 A y epígrafe "REVISIÓN FISCAL, AGRAVIOS DE FONDO INOPERANTES EN LA, SI LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO EXPRESÓ LOS HECHOS Y EL DERECHO EN QUE SE APOYÓ LA NEGATIVA FICTA AL CONTESTAR LA DEMANDA." es consultable en la página un mil ciento ochenta y siete del Tomo XVI, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, editado en noviembre de dos mil dos, cuya sinopsis reza: "De una recta interpretación de lo dispuesto por el artículo 215, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se colige que una vez que se ha configurado la negativa ficta, la autoridad está obligada a expresar los hechos y el derecho en que se apoya la misma; pero, por otra parte, el numeral 212 del código de referencia prevé, en su primer párrafo, la circunstancia de que si la demanda no es contestada o si la contestación no se refiere a todos los puntos demandados, como sucedió en el caso, en que la autoridad fiscal, al contestar la demanda, en vez de argumentar sobre la legalidad de la resolución ficta, se limitó a hacer valer causales de improcedencia tanto del recurso de revocación, como del juicio anulatorio, entonces, la consecuencia inmediata es que se tengan por ciertos los hechos que se imputen de manera precisa a la demandada, salvo prueba en contrario. Así, ante la falta de manifestación de los hechos y del derecho en que se apoyó la negativa ficta, ello, como se dijo, por no haberse formulado el respectivo pronunciamiento, condujo a que la Sala Fiscal se pronunciara sobre las cuestiones de fondo que quedaron integradas por el fincamiento del crédito fiscal y por las razones y fundamentos legales expuestos por la actora en el recurso de revocación interpuesto en contra del propio crédito fiscal, pues de no considerarlo así se permitiría que la suerte del juicio principal quedara al arbitrio de la autoridad demandada al decidir si en su contestación de demanda expresa o no los hechos y el derecho en que se apoya la negativa ficta; de ahí que la inconforme no pueda alegar en la revisión sobre esas cuestiones de fondo que no fueron materia de la litis en el juicio natural, estando el Tribunal Colegiado impedido para resolverlas de primera mano, por lo que los agravios correspondientes devienen inoperantes."
Por último, lo argüido acerca que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la invocada ley que regula al instituto disconforme, "para determinar el monto correspondiente a las pensiones se toma en consideración el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de su baja", y que la sentencia recurrida le causa agravios, pues "con la sola manifestación de la quejosa de que no se encuentra debidamente calculada la cuota pensionaria, condena a la autoridad a emitir una nueva resolución, cuando se desprende de autos que se determinó tomando en cuenta el sueldo presupuestal, sobresueldo y compensaciones, como se encuentra establecido en el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", son cuestiones que expuso en el punto cuarto del oficio, mediante el cual contestó la ampliación del libelo y que la Sala no estudió, siendo de advertirse que esta omisión no la combate la disconforme, como era menester, a través de sus agravios, o sea, controvertir, mediante ellos, esa violación formal en que incurrió la Sala, a fin que de trascender el resultado del fallo, éste sea revocado y, por ende, a virtud de la ejecutoria respectiva, se le obligue a analizar tales argumentos, lo que no hizo, como ya se apuntó y, por tanto, tampoco puede aquí hacerlo este tribunal, lo que es acorde con su tesis que con el número VII.1o.A.T.70 A y rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS FORMULADOS CONTRA EL FONDO DEL ASUNTO, SI IMPLICAN EL ANÁLISIS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA QUE OMITIÓ LA SALA FISCAL, Y DICHA VIOLACIÓN FORMAL NO ES COMBATIDA EXPRESAMENTE.", aparece publicada en la página un mil cuatrocientos ocho del Tomo XXII de la época y Semanario antes citados, correspondiente a septiembre de dos mil cinco, que a la letra dice: "En virtud de que en el juicio de nulidad rige el principio de congruencia contenido en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, el cual estriba en que al resolver la controversia el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sus Salas Metropolitana o Regionales se sujeten a lo planteado por las partes en la demanda, su ampliación si la hubo, y en la contestación a una y otra, sin omitir nada, ni añadir cuestiones jurídicas no propuestas en forma oportuna por aquéllas, resulta inadmisible que en el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia relativa, se tomen en consideración los argumentos expuestos por la autoridad al contestar el libelo, cuyo estudio omitió su emisora, ya que en tal caso corresponde a dicha autoridad disconforme combatirla expresamente, al través de los agravios que formule, o sea, impugnar, mediante ellos, esa violación formal en que hubiere incurrido la Sala, a efecto de que, de trascender al resultado de esa sentencia recurrida, ésta sea revocada y, por tanto, en virtud de la ejecutoria respectiva, se le obligue a analizar tales argumentos, lo cual si no se hace por la autoridad revisionista, mediante la expresión del correspondiente agravio, a lo cual está obligada, precisamente, por tener esa calidad y ser la revisión fiscal de estricto derecho para ella, es innegable que el Tribunal Colegiado no puede atender esas argumentaciones que versan sobre la legalidad de la resolución impugnada.", atento a lo cual se desestima lo demás que se alega en torno a ese tema, siendo de advertirse que igual criterio se sostuvo al resolver las revisiones fiscales 27/2005, 9/2006, 3/2007 y 127/2007.
Sentado lo anterior, debe confirmarse la sentencia que se revisa.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:
ÚNICO.-Se confirma la sentencia definitiva dictada el veintiocho de febrero de dos mil siete por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Xalapa, Veracruz, en el juicio de nulidad número 950/06-13-0-9, promovido por Aquilino Rivera Luna, mediante la cual se declaró la nulidad de la resolución negativa ficta del delegado en la entidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, inherente a su petición de modificación de pensión por cesantía en edad avanzada.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Manuel Francisco Reynaud Carús, Eliel E. Fitta García y Graciela Guadalupe Alejo Luna, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. Fue ponente la tercera de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20978-d7b0008f/agravios-inoperantes-en-la-revision-fiscal-lo-son · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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