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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. PROCEDE ÉSTE Y NO EL DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE UN RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE DESECHA LA DEMANDA DE NULIDAD FISCAL, DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE UNA RECLAMACIÓN ANTERIOR.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 445/2007. · Registro digital (IUS): 20980
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: LUISA LÓPEZ HERNÁNDEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, , Pág. 1179.

AMPARO DIRECTO 445/2007. LUISA LÓPEZ HERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

ÚNICO. Este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para resolver el presente juicio, pues el acto reclamado no es una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio.

Al efecto, es necesario narrar los antecedentes del acto reclamado y que se advierten del expediente relativo al juicio de nulidad, siendo los siguientes:

1. El veinticuatro de noviembre de dos mil seis, Luisa López Hernández, promovió demanda de nulidad contra la resolución contenida en el oficio sin número, de once de septiembre de dos mil seis, emitido por el jefe de la oficina recaudadora de Zacatelco de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala que acordó el cambio de depositario y extracción de bienes de depósito, referente a los créditos fiscales 4496 CO y 4524 CO (foja 01).

2. El veintisiete de noviembre de dos mil seis se admitió a trámite la demanda (foja 25).

3. Inconforme con lo anterior, el director jurídico de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en representación de la autoridad demandada, interpuso recurso de reclamación (fojas 31 a 38); el cual fue admitido mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil siete, dándose vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera (foja 44).

4. Mediante escrito de dos de febrero de dos mil siete, la actora desahogó la vista relativa al recurso de reclamación de la autoridad demandada (fojas 52 a 55).

5. Por sentencia interlocutoria de doce de febrero de dos mil siete, la Sala Fiscal resolvió la reclamación de mérito, en el sentido de revocar el auto admisorio de demanda (auto recurrido), toda vez que el acuerdo de remoción de depositario y extracción de bienes impugnado, no causa afectación al interés jurídico de la actora (fojas 57 a 62).

6. En cumplimiento a lo anterior, mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil siete, el Magistrado instructor desechó la demanda de nulidad (foja 63).

7. El siete de marzo de dos mil siete, fueron notificados a la parte actora la interlocutoria y el proveído referidos en los dos puntos anteriores (fojas 65 y 66).

8. Inconforme con el auto que desechó la demanda de nulidad, la actora interpuso recurso de reclamación (fojas 99 a 104), el cual fue desechado por la Sala Fiscal mediante acuerdo de tres de abril de dos mil siete, en los siguientes términos:

"Puebla, Puebla, tres de abril de dos mil siete. Se da cuenta con el escrito recibido en esta Sala el día treinta de marzo de dos mil siete, a través del cual, la parte actora, interpone recurso de reclamación contra el proveído de fecha 27 de febrero de dos mil siete, en el que se tuvo por desechada la demanda; en tal virtud, debe señalarse que el acuerdo recurrido, mediante el cual, el C. Magistrado instructor, desechó la demanda, fue dictado en cumplimiento a la sentencia interlocutoria de fecha 12 de febrero del año 2007, habiéndose limitado la instrucción a cumplir lo resuelto por la Sala, lo que conlleva a que en el auto recurrido se hayan adoptado las consideraciones expuestas en tal fallo y con el estricto alcance de un análisis de esa naturaleza, por lo que, no puede controvertirse mediante un diverso medio de defensa ordinario como lo es el recurso de reclamación, toda vez que, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el recurso de reclamación procede, entre otros, contra las resoluciones del Magistrado instructor que desechen la demanda; sin embargo, dicho recurso es improcedente cuando se interpone contra un auto que acata una sentencia interlocutoria que al resolver diverso recurso de reclamación, determinó revocar el auto recurrido en el que se tuvo por admitida la demanda, lo que trajo como consecuencia que la instrucción emitiera el acuerdo de fecha 27 de febrero del año 2007, que ahora pretende recurrir el actor, por lo que el recurso que intenta la demandante es improcedente; en virtud de que el acto que realmente determinó tener por no admitida la demanda, lo es la referida sentencia interlocutoria de fecha 12 de febrero de dicha anualidad y no el auto recurrido. Así pues, resulta evidente que de entrar al estudio de los agravios planteados por la recurrente en el recurso de reclamación, se estaría permitiendo un segundo análisis de una cuestión que ya es cosa juzgada, lo cual no sólo sería incongruente, sino además dilatorio del procedimiento contencioso administrativo, lo que no es su finalidad; de ahí que sea improcedente entrar al análisis de los agravios expuestos en el recurso de reclamación intentado por la recurrente. Cobra aplicación la tesis V-TASR-XXXV-2032, Quinta Época, Año VI, No. 66, junio 2006, página 245, de rubro: ‘RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO EN CONTRA DEL AUTO QUE DESECHA LA DEMANDA, SI ÉSTE FUE EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA INTERLOCUTORIA.’; por tanto esta juzgadora considera que no es procedente el recurso intentado, en contra del auto del Magistrado instructor, que tuvo por desechada la demanda; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aplicado a contrario sensu, se desecha por improcedente el recurso de reclamación, ante las consideraciones expuestas. Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a las autoridades demandadas. Así lo resolvieron los CC. Magistrados integrantes de la Primera Sala Regional de Oriente licenciados Dora Luz Campos Castañeda, presidente, Erika Elizabeth Ramm González, instructora en el presente juicio, y Gilberto Luna Hernández, ante el C. Secretario de acuerdos licenciado Francisco Antonio Aguirre Gutiérrez, quien da fe."

Pues bien, la promovente reclama de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el acuerdo de tres de abril de dos mil siete, que tuvo por desechado el recurso de reclamación interpuesto contra el proveído que tuvo por desechada la demanda de nulidad, dictado este último en cumplimiento a la sentencia interlocutoria que resolvió revocar el auto admisorio de demanda de veintisiete de noviembre de dos mil seis.

Ahora bien, como se adelantó, este órgano colegiado carece de competencia para conocer del presente asunto, toda vez que el acto que se pretende reclamar no es susceptible de impugnarse en el juicio de amparo en la vía directa, al no constituir, como se dijo, una sentencia definitiva o una resolución que haya puesto fin al juicio, sino un acto dictado después de concluido el juicio, cuya competencia, como a continuación se justifica, corresponde a un Juez de Distrito en amparo indirecto.

El artículo 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:

"...

"b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal."

Por su parte, el numeral 158 de la Ley de Amparo previene:

"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

"Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.

"Cuando dentro del juicio surjan cuestiones que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio."

Las disposiciones transcritas establecen como hipótesis de procedencia del juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado, que se reclame una sentencia definitiva o laudo y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones; y en la materia administrativa de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio.

En relación con los términos "sentencia definitiva" y "resoluciones que ponen fin al juicio", el precepto 46 de la Ley de Amparo, dispone:

"Artículo 46. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.

"También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia.

"Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas."

En el caso particular, como se precisó, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo que desechó el recurso de reclamación interpuesto contra el proveído que desechó la demanda de nulidad en cumplimiento a una sentencia interlocutoria que revocó el auto admisorio de demanda.

Luego, conforme a las disposiciones constitucionales y legales antes reproducidas, no se está en presencia de un acto que guarde la calidad de una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, en atención a lo siguiente:

Es menester analizar la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y uno, que resolvió la contradicción de tesis 10/89, que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 5/91, de rubro: "DEMANDA FISCAL, DESECHAMIENTO DE LA. EL AMPARO DIRECTO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO CONFIRMA.", pues ello nos permitirá definir qué resolución puso fin al juicio contencioso administrativo que nos ocupa, y constatar que el acto reclamado es una resolución dictada después de concluido el juicio.

Tal ejecutoria es del tenor siguiente:

"TERCERO. De las tesis en contradicción debe prevalecer la que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

"La resolución mediante la cual se confirma el auto en el que se ha desechado una demanda, es de aquellas a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo; esto es, de las que si bien no deciden el problema planteado por el actor en su demanda, dan por terminado, empero, el juicio relativo. Por este motivo, su reclamación debe hacerse en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 44 y 158 de la ley citada.

"Lo anterior es así en virtud de que el juicio, para efectos estrictamente del amparo, debe entenderse que se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente y concluye con la sentencia definitiva. Por tanto, cualquier determinación que se produzca después de presentada la demanda (sea en el sentido de admitirla, rechazarla, mandarla aclarar, declarar la incompetencia del órgano, etcétera), hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva, en su caso, será un acto dentro de juicio y desde luego habrá algunos que, como el aludido en el párrafo precedente, ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal.

"Esta noción de juicio, en cuanto a sus límites, difiere ciertamente de la que algunos procesalistas sustentan, ya que éstos, al igual que los integrantes de los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Sexto en Materia Administrativa del Primer Circuito, consideran, entre otros conceptos, que sólo puede hablarse de la existencia de un juicio cuando se ha producido la relación jurídica procesal entre las partes y el órgano jurisdiccional, con la finalidad de obtener una resolución vinculativa, lo cual, dicen, no puede acontecer cuando ni siquiera se ha admitido la demanda ni emplazado a la demandada.

"Sin embargo, la falta de coincidencia entre ambas concepciones se justifica en la medida en que la noción que de juicio tiene esta Sala la ha deducido de lo que la Constitución y la Ley de Amparo prevén para efectos exclusivamente del juicio de amparo.

"En primer término, se considera que asiste la razón al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al señalar que no necesariamente debe encontrarse una definición doctrinaria del concepto de juicio, sino una que resulte congruente con los términos del artículo 107 constitucional y de la Ley de Amparo, y sobre todo con la intención de sus reformas en vigor a partir de enero de mil novecientos ochenta y ocho.

"De los datos que arroja el proceso de reformas, a los que alude el Tercer Colegiado, efectivamente se llega a la conclusión de que cuando no se requieren pruebas no allegadas a la responsable para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto procesal proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no se justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio, sino la de un juicio constitucional que normalmente se tramita en una sola instancia y no requiere de la celebración de una audiencia con términos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Lo anterior, por evidentes motivos de economía procesal.

"En el caso de la resolución que confirma el desechamiento de la demanda, los elementos para juzgar si éste es o no procedente ya debieron ser aportados ante la autoridad de primera instancia o ante la responsable, pues en amparo no sería jurídico estimar inconstitucional ese acto atendiendo a situaciones diversas a las probadas en el procedimiento ordinario, en el cual la parte actora pudo presentar todos los elementos necesarios para que la demanda estuviera en situación de ser admitida.

"Por otra parte, el artículo 114 de la Ley de Amparo al señalar los casos en que el amparo debe pedirse ante un Juez de Distrito, da la pauta para determinar cuáles actos quedan comprendidos dentro del juicio y, por ende, permite determinar los límites de éste, pues en sus fracciones III y IV, dispone:

"‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.

"‘Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.

"‘IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. ...’

"La fracción III catalogó como actos después de concluido el juicio a los efectuados en el periodo de ejecución de sentencia; por tanto, es lógico concluir que para efectos del amparo el juicio termina con la sentencia definitiva.

"En cambio, la fracción IV permite deducir que el juicio (para efectos del amparo), se inicia con la presentación de la demanda pues a partir de ese momento podrá producirse una diversidad de actos en relación con los cuales será factible examinar, para la procedencia del amparo, si tienen o no una ejecución de imposible reparación.

"De estimar que el juicio se inicia con el auto admisorio de la demanda o con posterioridad, se llegaría a la situación de considerar procedente el amparo contra cualquier acto efectuado por el Juez o tribunal después de la presentación de la demanda y antes de su admisión, lo cual no se estima correcto pues no todos los actos procesales afectan de igual manera a las partes, ya que si no se tratara de actos en juicio sino fuera de él, no sería posible examinar el tema de la reparabilidad o irreparabilidad de la ejecución, por quedar comprendidos en diversa fracción que no contempla esos supuestos (específicamente la III del artículo 114 de la Ley de Amparo).

"En este orden de ideas, no resultaría lógico, por ejemplo, que una cuestión de nulidad de actuaciones permitiera el amparo indirecto de inmediato si se produjo antes de la admisión de la demanda, y no si se presenta después de esa admisión.

"En esa circunstancia, es, entre otros, el análisis de la reparabilidad o irreparabilidad, lo que determina que, para efectos de la procedencia del amparo, el juicio se inicie con la presentación de la demanda. Consecuentemente, el auto o resolución que confirma el desechamiento de la demanda, que antes de las reformas a la Ley de Amparo (que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho) se impugnaba ante los Jueces de Distrito por ser un acto dentro de juicio que pone fin a éste sin decidirlo en lo principal, debe reclamarse en amparo directo, como acertadamente lo consideró el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito."

Como se precisó, la anterior ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 5/91, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, noviembre de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, página cuarenta y siete, que dice:

"DEMANDA FISCAL, DESECHAMIENTO DE LA. EL AMPARO DIRECTO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO CONFIRMA. La resolución de una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación que confirma el auto que desecha una demanda es de aquellas a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo, que si bien no deciden el problema planteado por el actor en su demanda, dan por terminado el juicio relativo. Por tal motivo, su reclamación debe hacerse en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional, así como 44 y 158 de la ley citada, de acuerdo con sus textos reformados vigentes a partir del 15 de enero de 1988, y no en amparo indirecto como procedía antes de las referidas reformas. Esto es así, porque, para los efectos del amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, pues independientemente de las concepciones doctrinarias del concepto genérico de juicio, éste debe entenderse atendiendo a la intención de las reformas constitucionales y legales citadas. Cuando no se requieren pruebas no allegadas a la responsable para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto procesal proveniente de tribunales administrativos, no se justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio, sino la de un juicio constitucional que normalmente se tramita en una sola instancia y que no requiere de la celebración de una audiencia con términos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Lo anterior, por motivos de economía procesal. En el caso de la resolución que confirma el desechamiento de la demanda, los elementos para juzgar si ésta estaba o no en condiciones de ser admitida, ya debieron ser aportados ante la autoridad de primera instancia o ante la responsable."

De la ejecutoria y jurisprudencia transcritas, se destacan los siguientes puntos medulares:

1. Que la resolución que confirma el auto que desecha una demanda de nulidad, es de las que se refiere el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo; esto es, de las que si bien no deciden el problema planteado por el actor en su demanda, dan por terminado el juicio relativo; y que por este motivo, su reclamación debe hacerse en amparo directo, de conformidad con los artículos 44 y 158 de la ley citada.

2. Que lo anterior es así, ya que el juicio, para efectos estrictamente del amparo, debe entenderse que se inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia definitiva.

3. Que cualquier determinación que se produzca después de presentada la demanda, hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva, en su caso, será un acto dentro de juicio y desde luego habrá algunos que, como el aludido, ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal.

4. Que no necesariamente debe encontrarse una definición doctrinaria del concepto de juicio, sino una que resulte congruente con los términos del artículo 107 constitucional y de la Ley de Amparo, y sobre todo con la intención de sus reformas en vigor a partir de enero de mil novecientos ochenta y ocho.

5. Que de los datos que arroja el proceso de reformas en comento, se llega a la conclusión de que cuando no se requieren pruebas no allegadas a la responsable para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto procesal, no se justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio, sino la de un juicio constitucional que normalmente se tramita en una sola instancia y no requiere de la celebración de una audiencia con términos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Lo anterior, por evidentes motivos de economía procesal.

6. Que en el caso de la resolución que confirma el desechamiento de la demanda, los elementos para juzgar si ésta es o no procedente ya debieron ser aportados ante la autoridad de primera instancia o ante la responsable, pues en amparo no sería jurídico estimar inconstitucional ese acto atendiendo a situaciones diversas a las probadas en el procedimiento ordinario, en el cual la parte actora pudo presentar todos los elementos necesarios para que la demanda estuviera en situación de ser admitida.

7. Que el artículo 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, al señalar los casos en que el amparo debe pedirse ante un Juez de Distrito, da la pauta para determinar cuáles actos quedan comprendidos dentro del juicio y, por ende, permite determinar los límites de éste.

8. Que de estimar que el juicio se inicia con el auto admisorio de la demanda o con posterioridad, se llegaría a la situación de considerar procedente el amparo contra cualquier acto efectuado por el Juez o tribunal después de la presentación de la demanda y antes de su admisión, lo cual no se estima correcto, pues no todos los actos procesales afectan de igual manera a las partes, ya que si no se tratara de actos en juicio sino fuera de él, no sería posible examinar el tema de la reparabilidad o irreparabilidad de la ejecución, por quedar comprendidos en diversa fracción que no contempla esos supuestos (específicamente la III del artículo 114 de la Ley de Amparo).

9. Que consecuentemente, el auto o resolución que confirma el desechamiento de la demanda, que antes de las reformas a la Ley de Amparo (que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho) se impugnaba ante los Jueces de Distrito por ser un acto dentro de juicio que pone fin a éste sin decidirlo en lo principal, debe reclamarse en amparo directo.

Como se advierte, la razón por la que una resolución que confirma el desechamiento de la demanda es impugnable en amparo directo, es que dicha resolución es de las que pone fin al juicio, sin decidirlo en lo principal, dado que éste da inicio al momento de presentarse la demanda, y en la resolución de mérito, los elementos para juzgar si la demanda estaba o no en condiciones de ser admitida, ya debieron ser aportados ante la autoridad responsable, por lo que no se justifica la promoción de un amparo indirecto que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio, sino la de un juicio constitucional que se tramita en una sola instancia y que no requiere de la celebración de una audiencia con términos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, por motivos de economía procesal.

Precisado lo anterior, se destaca que las ideas anteriores pueden ser aplicables, en forma análoga, al caso que nos ocupa, pues en el juicio natural se dictó una resolución con similares efectos a la que confirma el desechamiento de la demanda, como lo es aquella que revocó el auto admisorio de demanda.

En efecto, conforme a las ideas expuestas de nuestro Máximo Tribunal en el país, el juicio de nulidad que nos ocupa dio inicio con la presentación de la demanda de nulidad el día veinticuatro de noviembre de dos mil seis (foja 01).

Dicha demanda de nulidad no fue desechada inicialmente por el Magistrado instructor, sino que se admitió (foja 25), pero dicha determinación fue impugnada por la enjuiciada vía recurso de reclamación (fojas 31 a 38), el cual fue resuelto por la Sala responsable mediante sentencia interlocutoria de doce de febrero de dos mil siete, en el sentido de revocar el auto admisorio de demanda, por las consideraciones ahí vertidas (fojas 57 a 62), lo que jurídicamente se traduce en un desechamiento de demanda.

Luego, los alcances jurídicos de una resolución que confirma el desechamiento de la demanda y una resolución que revoca al auto admisorio de demanda, son los mismos, pues en ambas la Sala Fiscal determina en forma definitiva la no procedencia de la acción de nulidad.

Entonces, en este caso, la sentencia interlocutoria de doce de febrero de dos mil siete que revocó (en su totalidad) el auto admisorio de demanda, constituye la resolución que puso fin al juicio, pues sin decidirlo en lo principal, lo dio por concluido en forma definitiva, ya que contra dicha determinación de la Sala, no existe algún medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, en términos de lo dispuesto por el artículo 46, último párrafo, de la Ley de Amparo.

No es óbice que en el presente caso, el Magistrado instructor de la Sala responsable, en cumplimiento a la interlocutoria de mérito, haya dictado con posterioridad el proveído de veintisiete de febrero de dos mil siete, que tuvo por desechada la demanda, pues este último sólo es una consecuencia de lo resuelto en aquélla, y donde realmente se concretizó la afectación jurídica, fue en la sentencia interlocutoria y no en el auto del Magistrado instructor, pues en aquélla es donde se dieron a conocer las razones jurídicas y de hecho para revocar el auto admisorio de demanda y, por consecuencia, su desechamiento.

Por tanto, se insiste, la resolución que culminó el juicio natural, lo constituye la multicitada sentencia interlocutoria.

Así, lo acordado con posterioridad debe considerarse como un acto dictado después de concluido el juicio.

En el presente juicio de garantías, la interlocutoria de mérito no es el acto reclamado, ni lo es el proveído dictado en cumplimiento a ella, que en todo caso sería parte integrante de dicha sentencia; pues como se ha señalado, en el presente caso se reclama el acuerdo que desechó el recurso de reclamación interpuesto contra el proveído que tuvo por desechada la demanda de nulidad en cumplimiento a la sentencia interlocutoria que revocó el auto admisorio de demanda.

No es óbice que en términos del artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el recurso de reclamación sea procedente contra las resoluciones del Magistrado instructor que desechen la demanda, y que la resolución dictada a virtud de ese medio de defensa, en el sentido de confirmar el desechamiento, sea considerada como una resolución que pone fin al juicio susceptible de impugnarse vía amparo directo, según criterio jurisprudencial 2a./J. 5/91 de nuestro Máximo Tribunal en el país (antes transcrito), pues en este caso en particular, el desechamiento de la demanda no se dio primero por el Magistrado instructor, sino por la Sala responsable, y en contra de dicha determinación, como se precisó, no procede medio ordinario de defensa alguno, por lo que esta resolución fue la que puso fin al juicio.

En ese te

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20980-d5cd650a/amparo-indirecto-procede-este-y-no-el-directo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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