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APELACIÓN CONTRA LA NEGATIVA DE LIBRAR UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE RESOLVERSE POR LAS SALAS PENALES DE MANERA COLEGIADA Y NO UNITARIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 25, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, YA QUE LA MATERIA DE DICHO RECURSO ESTÁ ÍNTIMAMENTE VINCULADA CON LA RECLUSIÓN DEL INCULPADO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 386/2006. · Registro digital (IUS): 20981
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, , Pág. 1197.

AMPARO EN REVISIÓN 386/2006.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Acuerdo del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, correspondiente a la sesión de veintinueve de marzo de dos mil siete.

Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo en revisión 386/2006, relativo al amparo indirecto ... del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por ocurso presentado el trece de marzo de dos mil seis ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Quinto y Sexto, y Primero y Segundo de Procesos Penales Federales del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad ... promovió juicio de amparo indirecto, por violación a las garantías tuteladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra las autoridades y por el acto transcritos a continuación:

"III. Autoridades responsables: C. Juez Primero, Juez Segundo, Juez Tercero y Juez Cuarto del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en el Municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas; al director de la Policía Judicial del Estado; al coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado; al jefe de grupo habilitado de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado; al director de la Policía Sectorial del Estado. Las cuatro primeras autoridades tienen el carácter de ordenadoras y las restantes de ejecutoras. Todas con domicilio bien conocido en el Estado.

"IV. Acto reclamado: Reclamo de las primeras autoridades señaladas como responsables, la orden de aprehensión que se giró en mi contra. ..."

SEGUNDO. Por razón de turno tocó conocer al Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y tramitó el juicio bajo el número ...

En proveído de veintiséis de mayo de dos mil seis, el Juez de Distrito mencionado, tuvo como autoridad responsable a la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Finalmente, celebrada la audiencia constitucional, el Juez dictó resolución, la que firmó el veinticinco de agosto de dos mil seis, en la que resolvió negar el amparo y protección de la Justicia Federal a ...

TERCERO. Inconforme con el sentido de dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión; medio de impugnación que fue admitido por auto de presidencia de este órgano colegiado de dieciocho de septiembre de dos mil seis.

El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito omitió formular pedimento.

Los autos en estado de resolución fueron turnados al Magistrado relator por acuerdo de presidencia de doce de febrero de dos mil siete, para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito Judicial es legalmente competente para conocer el presente juicio, con fundamento en los artículos 85, fracción II, de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 57/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil seis, en vigor el cinco de ese mismo mes y año, según su artículo primero transitorio, porque se impugna una resolución emitida por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional, residente dentro de la circunscripción territorial de este cuerpo colegiado.

SEGUNDO. El recurso planteado se interpuso oportunamente, en razón de encontrarse dentro del plazo que para tal efecto prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución se notificó personalmente al autorizado de la parte quejosa el veintiocho de agosto de dos mil siete, acto procesal que surtió sus efectos al día siguiente hábil, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la ley de la materia, y el recurso de revisión se interpuso el seis de septiembre del mismo año, por lo que el plazo de diez días transcurrió del treinta de agosto al doce de septiembre del año citado, sin contar los días dos, tres, nueve y diez, por ser sábados y domingos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 23 del ordenamiento legal invocado y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de ahí que la revisión se presentó ante el Juez de Distrito dentro de dicho plazo.

TERCERO. Resulta innecesario transcribir las consideraciones jurídicas que sustentan la sentencia reclamada, así como los agravios expuestos, por las razones que a continuación se expondrán.

Para una mejor comprensión de la causa penal de origen, es pertinente establecer una secuencia cronológica de las etapas procesales en los términos siguientes:

1. Se inició proceso penal contra el recurrente por el delito de fraude específico, previsto en el artículo 200, fracción III, y sancionado en el 199, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chiapas, cometido en agravio de ... iniciado con motivo de la querella que dio origen a la averiguación previa ... ante el agente del Ministerio Público titular de la mesa "A" especializada en delitos patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de uno de diciembre de dos mil dos.

2. Dentro de la indagatoria en comento se realizaron diversas diligencias tendientes al conocimiento y esclarecimiento de los hechos, y una vez que el representante social consideró satisfechos los requisitos exigidos por el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el treinta de agosto de dos mil tres ejerció acción penal contra el recurrente ... por el citado delito.

3. De dicha consignación le correspondió conocer al Juez Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, quien el veintitrés de octubre de dos mil tres resolvió negar la orden de aprehensión solicitada contra el aquí recurrente, así también, devolvió la indagatoria al procurador general de Justicia del Estado, a través del representante social adscrito.

4. Desahogadas nuevas pruebas, el dieciocho de mayo de dos mil cuatro, el representante social ejerció nuevamente acción penal contra el recurrente ... por el delito de fraude específico.

5. Nuevamente la consignación le correspondió conocer al Juez Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, quien el veintiséis de mayo de dos mil cuatro resolvió negar la orden de aprehensión solicitada contra el aquí recurrente.

6. Inconforme con lo anterior el agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación.

7. Medio de impugnación que correspondió conocer a la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, quién a través de su Magistrado presidente el once de junio de dos mil cuatro emitió el acuerdo siguiente:

"... Por recibido el oficio de cuenta número ... de 8 ocho de junio del año 2004 dos mil cuatro, del Juez Tercero del Ramo Penal de este Distrito Judicial de Tuxtla, con el que remite el expediente original número ... constante de 188 fojas utilizadas, para sustanciar el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público, contra el auto de 26 veintiséis de mayo del año 2004 dos mil cuatro, que negó la orden de aprehensión solicitada contra ... por el delito de fraude específico, en agravio de ... Acúsese recibo. Con fundamento en los artículos 385, 386, fracción II y 387 del Código de Procedimientos Penales, se admite en el efecto devolutivo la apelación interpuesta. Fórmese el toca correspondiente y regístrese en el libro de gobierno con el número ... Con fundamento en el artículo 391 del ordenamiento antes citado, se señalan las 10 diez horas con 30 treinta minutos del día 24 veinticuatro de junio del año 2004 dos mil cuatro, para que tenga lugar la celebración de la audiencia de vista. Asimismo notifíquese al Ministerio Público que deberá estar presente en la audiencia de vista que se indica y que bajo ninguna circunstancia podrá dejar de concurrir, tal y como lo establecen los artículos 330, 333 y 398 del Código de Procedimientos Penales. Hágase del conocimiento a las partes que esta Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, queda integrada por los ciudadanos Magistrados licenciado Arturo Solís Yañez, Elí de los Reyes Castillo y Clara Guadalupe Domínguez Suárez, siendo presidente el primero de los nombrados, correspondiente en razón del turno observado resolver este asunto de manera unitaria a la Magistrada licenciada Clara Guadalupe Domínguez Suárez, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. ..."

8. El dos de julio de dos mil cuatro, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro de los autos del toca ... resolvió "en forma unitaria" a través de la Magistrada Clara Guadalupe Domínguez Suárez, integrante de ese cuerpo colegiado, revocar la resolución del Juez de origen y en su lugar decretó el libramiento de la orden de aprehensión contra ... por considerarlo probable responsable del delito de fraude específico, previsto y sancionado en el artículo 200, fracción III, en relación al 199, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chiapas, cometido en agravio de ...

9. El ahora recurrente, contra la anterior determinación, promovió juicio de amparo indirecto, que por razón de turno tocó conocer al Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, que tramitó el juicio bajo el número ...

10. Celebrada la audiencia constitucional, el Juez de amparo dictó resolución, la que firmó el veinticinco de agosto de dos mil seis, en la que resolvió negar el amparo y protección de la Justicia Federal a ... determinación que ahora se impugna.

Ahora bien, este tribunal de garantías advierte que la Sala colegiada responsable, al resolver el acto reclamado "en forma unitaria" violó, en perjuicio del recurrente, el principio de legalidad regulado por los artículos 14 y 16 constitucionales, lo cual se analiza con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.

El artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en lo conducente, establece:

"Artículo 25. Corresponde a las Salas Penales, dentro de su jurisdicción, conocer:

"I. De los recursos de apelación, queja y denegada apelación en materia penal en contra de las resoluciones dictadas por los Jueces de primera instancia; así como de las determinaciones relativas a incidentes que surjan en los procedimientos respectivos; así como de los recursos de reposición que procedan, conforme a la ley respectiva;

"II. De los impedimentos, excusas y recusaciones en contra de los Jueces de primera instancia cuando se trate de asuntos penales;

"III. De los conflictos de competencia que se susciten en materia penal entre juzgados de primera instancia;

"IV. De los juicios de responsabilidad penal en contra de los servidores públicos;

"V. Del cumplimiento de las obligaciones del personal adscrito; y

"VI. De las demás que le señalen esta ley y otras disposiciones legales aplicables.

"Estas Salas resolverán colegiadamente cuando se trate de apelaciones contra sentencias definitivas, autos de término constitucional, o de cualquier resolución en la que se determine la libertad o reclusión del inculpado; en todos los demás casos, las resoluciones se dictarán en forma unitaria conforme al turno correspondiente."

Ahora bien, en el caso se infringe el principio de legalidad apuntado, regulado, entre otros, en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, porque del estudio integral de la causa penal de origen se advierte que la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resolvió de forma unitaria el recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público contra el auto de veintiséis de mayo de dos mil cuatro, que negó la orden de aprehensión solicitada contra ... por el delito de fraude específico, en agravio de ... dentro del toca penal ... cuando lo correcto era que resolviera tal recurso de manera colegiada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 25, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chiapas, que establece, entre otros supuestos, que las Salas Penales resolverán colegiadamente cuando se trate de apelaciones contra sentencias definitivas, autos de término constitucional, o de cualquier resolución en la que se determine la libertad o reclusión del inculpado, y sólo en los demás casos se dictarán unitariamente por los Magistrados que integren la Sala conforme al turno correspondiente, ya que al advertirse que el auto apelado negó la orden de aprehensión solicitada, en esa virtud, resulta evidente que la materia del recurso está íntimamente vinculada con la "reclusión del inculpado" a que alude el artículo 25 invocado, como aquellos casos que "resolverán colegiadamente las Salas" precisamente porque el recurso de apelación es susceptible de tener por efecto la revocación de la orden de aprehensión negada y el dictado de una de captura, cuya consecuencia sería la reclusión del inculpado, tal como se desprende del contenido de los artículos 382 y 136 del Código Penal del Estado de Chiapas, que a la letra indican:

"Artículo 382. La apelación tiene por objeto que en la segunda instancia se confirme, revoque o modifique la resolución en contra de la cual se haya interpuesto el recurso."

"Artículo 136. Siempre que se lleve a cabo una aprehensión en virtud de orden judicial, quien la hubiere ejecutado deberá poner al aprehendido, sin dilación a disposición del Juez respectivo, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que se efectúo, y dando a conocer al aprehendido el derecho que tiene para designar defensor.

"Antes de trasladar al probable responsable al centro de readaptación social, se le identificará debidamente.

"En caso de que la detención de una persona exceda de los plazos señalados en el artículo 16 de la Constitución Federal, se presumirá que estuvo incomunicada y las declaraciones que haya emitido el detenido no tendrán validez."

En concordancia con lo anterior, es oportuno acotar que el sentido del legislador para reservar a la integración colegiada de las Salas la resolución exclusiva de asuntos tales como sentencias definitivas, autos de término constitucional, o de cualquier resolución que determine la libertad o reclusión del inculpado, debe entenderse que se finca en una política legislativa que tiende a brindar mayores garantías al inculpado en la resolución de asuntos de significativa relevancia, tales como los descritos, y que ameritan analizarse por todos los integrantes del cuerpo colegiado y no sólo por uno de ellos, ya que la reflexión, discusión, debate, deliberación y resolución de asuntos por parte de un grupo de Magistrados tiende a brindar un mayor grado de certidumbre jurídica en la adopción de decisiones, de manera comparativa con la determinación de uno solo de ellos.

En tales condiciones, al advertirse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 382 del Código de Procedimientos Penales del Estado, la apelación tiene por objeto que en la segunda instancia se confirme, modifique o revoque la resolución en contra de la cual se haya interpuesto el recurso, y por ello la analizada en el caso particular era susceptible de revocar la orden de aprehensión negada y ordenar la aprehensión del inculpado (como de hecho así se resolvió), por ello es evidente que el recurso de apelación estudiado por la Sala responsable debió resolverlo de manera colegiada y no de manera unitaria, atendiendo a que si bien es cierto que la resolución apelada, en estricto sentido, no determina la libertad o reclusión del inculpado, no menos cierto es que la materia del recurso de apelación es susceptible de generar una determinación que sí afecte su libertad personal y que propicie su reclusión, por lo que atendiendo al espíritu garantista que subyace en el último párrafo del artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chiapas, de una interpretación teleológica del mismo, y sistemática, en relación con el diverso 382 del Código de Procedimientos Penales del Estado, se considera que el recurso de apelación interpuesto contra la negativa de la orden de aprehensión, debió resolverse de manera colegiada por la Sala responsable y no de manera unitaria, dada la significativa entidad de la libertad personal que estaba bajo su jurisdicción y al no considerarlo así violó garantías, máxime que sería un contrasentido que las Salas resolvieran colegiadamente, en apelación, sobre las determinaciones de reclusión del inculpado, tales como órdenes de aprehensión y, por otra parte, resolviera de manera unitaria respecto de determinaciones de negativa de esas órdenes de aprehensión, a pesar de que en ambos casos su decisión es susceptible de generar la reclusión del inculpado, además de que la eventual revocación de una orden de aprehensión negada, decidida por un sólo integrante de la Sala, sin el necesario concurso de sus compañeros del cuerpo colegiado, se traduciría en una determinación unitaria de reclusión en detrimento de los derechos del inculpado, porque al no participar los otros integrantes del cuerpo colegiado en la decisión, se vedaría a dicho inculpado de la posibilidad de que éstos ponderaran la litis planteada y en su caso contrastaran sus opiniones con la asumida por el Magistrado resolutor, lo cual evidencia aún más el incorrecto proceder de la Sala responsable.

Asimismo, es oportuno destacar que el artículo 16, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado."

Del precepto constitucional invocado se advierte como garantía para el gobernado que los actos de molestia, como son las órdenes de aprehensión, deben dictarse por autoridad competente y además indica que dichas órdenes sólo pueden librarse con motivo de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad, y en esa virtud, atendiendo a las razones antes invocadas, se colige que el acto reclamado dictado de forma unitaria por la Sala responsable fue emitido por autoridad incompetente, ya que de una correcta interpretación de lo dispuesto en el artículo 25, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chiapas se desprende que dicho asunto debió resolverse de manera colegiada, además que resulta ilustrativo que el precepto constitucional en cita reconoce que la pena privativa de libertad es una consecuencia punitiva inherente de la orden de aprehensión, y en este tenor, genera la reclusión del inculpado, pues al ser sujeto de prisión preventiva debe estar recluido en un establecimiento a disposición de la autoridad judicial competente.

Apoya lo antes considerado, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 26/99, visible en la página 267, Novena Época, del Tomo IX, mayo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE.-El artículo 16, segundo párrafo constitucional, establece respecto de la orden de aprehensión, entre otros requisitos, que debe ser emitida por autoridad judicial; a su vez, el primer párrafo del citado precepto constitucional, garantiza la protección de la persona, al exigir que todo acto que implique una afectación a ésta, debe provenir de autoridad competente, es decir, aquella que esté facultada legalmente para emitir el acto de que se trate. Por ello, si la orden de aprehensión es un acto que afecta a la persona, pues tiene por efecto restringir de manera provisional su libertad personal o ambulatoria, con el objeto de sujetarla a un proceso penal, el juzgador que la emita, también debe ser legalmente competente para conocer del proceso penal que en su caso llegare a instruirse por el o los delitos por los que la libra, atendiéndose desde luego, a los criterios para fijar la competencia esto es, por territorio, materia, cuantía o conexidad."

Con vista en lo anterior, es patente que la Magistrada responsable debió limitar su actuación a formular el proyecto de resolución respectivo y someterlo a la consideración del Pleno del órgano jurisdiccional de su adscripción, situación que inadvirtió el Juez de garantías y evidencia lo fundado de los agravios, con su debida suplencia, para demostrar el incorrecto proceder del Juez de Distrito a quo para negar la protección de la Justicia Federal solicitada, por lo que procede revocar y se revoca la sentencia que se revisa, para conceder al quejoso ... la protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente la sentencia emitida el dos de julio de dos mil cuatro, en los autos del toca ... y en su lugar, previo turno al Magistrado ponente, discuta y resuelva de manera colegiada el recurso de apelación planteado, a fin de que con plenitud de jurisdicción resuelva lo que legalmente proceda.

Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados del Juez Tercero en Materia Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, director de la Policía Judicial del Estado, coordinador general de la Agencia Estatal de Investigación, jefe de grupo habilitado de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, y director de la Policía Sectorial del Estado, todas con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en términos de la tesis de jurisprudencia 89, publicada en la página 71, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice:

"AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS.-La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional."

Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Para los efectos precisados en la parte final del considerando tercero de esta resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a ... contra las autoridades y por los actos señalados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; anótese, con testimonio autorizado de esta resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron los Magistrados, presidenta Ma. Carmen Pérez Cervantes y Luis García Sedas, integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, mediante la ponencia del segundo de los nombrados, contra el voto particular del Magistrado J. Jesús Contreras Coria, el cual se inserta a continuación.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20981-981793a9/apelacion-contra-la-negativa-de-librar-una-orden · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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