CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 53, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 26 DE DICIEMBRE DE 2006, QUE ESTABLECE QUE LA DURACIÓN EN EL CARGO DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ESTATAL SERÁ DE SIETE AÑOS, Y QUE PUEDEN SER REELECTOS POR UN PERIODO IGUAL, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, QUINTO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 55, FRACCIONES I, SEGUNDO PÁRRAFO Y III, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 53, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 26 DE DICIEMBRE DE 2006, QUE ESTABLECE QUE EN CASO DE TENER DERECHO A UNA PENSIÓN DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA LOCAL DE QUE SE TRATE DEBERÁ OPTAR POR ÉSTA O POR EL HABER DE RETIRO QUE LE CORRESPONDA, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA SIMPLE SOLICITUD DEL HABER DE RETIRO REPRESENTA LA OPCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO BÁSICO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTENIDO EN EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN XI DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 53, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 26 DE DICIEMBRE DE 2006, AL ESTABLECER QUE POR CADA DOS CONCURSOS A LAS PLAZAS DE JUECES UNO SERÁ LIBRE, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 148, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 53, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 26 DE DICIEMBRE DE 2006, AL ESTABLECER QUE NO PODRÁN EMPLEARSE LOS RECURSOS DEL FONDO AUXILIAR PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS A LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, NI PARA EL PAGO O CONTRATACIÓN DE PERSONAS, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 53, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 26 DE DICIEMBRE DE 2006, QUE ESTABLECE QUE PARA LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DEL HABER DE RETIRO CORRESPONDIENTE, LOS MAGISTRADOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL SEÑALADO APORTARÁN MENSUALMENTE UN 8.33% DE SU SALARIO INTEGRADO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 6/2007. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIO: GUSTAVO RUIZ PADILLA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de junio de dos mil ocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el dos de febrero de dos mil siete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mario Gutiérrez Covarrubias, quien se ostentó con el carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, promovió en representación del Poder Judicial de la entidad, controversia constitucional en la que demandó, de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guanajuato, la invalidez de las leyes que adelante se precisan:
Actos impugnados:
Las reformas realizadas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno de la referida entidad, correspondiente al veintiséis de diciembre de dos mil seis, concretamente sus artículos 10; 48; 48-A, fracción II; 55, fracciones I, II y III; 55-L; 96; 148, último párrafo y tercero transitorio.
Como consecuencia de lo anterior, por adolecer de vicios de anticonstitucionalidad, dejar sin efectos, en su parte relativa, el marco normativo general que deriva de las reformas introducidas al artículo 87, fracción II y demás partes relativas al retiro forzoso de los CC. Magistrados, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, publicadas con fecha 7 de noviembre de 2006.
SEGUNDO. Los antecedentes del caso, narrados en la demanda son los siguientes:
1. Con fecha siete de noviembre de dos mil seis, se publicó el decreto en virtud del cual el gobernador del Estado de Guanajuato ordenó se imprimiera, publicara y circulara el decreto de fecha dos de noviembre de dicho año, del Congreso Constitucional del Estado, por el cual se reformaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado.
2. La iniciativa relacionada con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, fue formulada y presentada ante el Congreso del Estado, por el Poder Judicial Estatal en ejercicio del derecho de iniciar que le corresponde y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo tercero transitorio del decreto de reformas a la Constitución del Estado.
Dicha iniciativa de ley formulada por el Poder Judicial del Estado se limitaba a regular el retiro forzoso, las causas de separación de los Magistrados, la evaluación de su desempeño y reelección. Sin embargo, fue cambiada por el Congreso del Estado para introducir las reformas que ahora se impugnan.
3. El Congreso del Estado de Guanajuato, como titular del Poder Legislativo de la entidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo tercero transitorio del decreto de reformas a la Constitución del Estado, mediante Decreto 53, aprobó las adiciones y reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, las que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato Número 206, correspondiente al día veintiséis de diciembre de dos mil seis, en virtud de un decreto que así lo ordena, de fecha veintidós de diciembre emitido por el gobernador del Estado.
TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son, en síntesis, los siguientes:
1. El artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, que hace una remisión expresa al artículo 87 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, atenta contra los principios fundamentales de la estructura de gobierno y de administración de justicia de dicho Estado, consagrados en los artículos 17, 41 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 17 de la Constitución Federal prescribe que tanto las leyes federales como las locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
Con tal propósito se erigieron principios tendentes a garantizar la plena consecución del proveído dogmático de nuestra Carta Magna, los cuales consisten esencialmente en preservar la autonomía y permanencia de los juzgadores que integran dichos tribunales.
Lo anterior garantiza la independencia judicial en la administración de la justicia local que es indispensable para la consecución de la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución General.
En ese orden de ideas, es claro que la permanencia no sólo es un derecho de los servidores públicos, sino que es una garantía para la sociedad de que contará con servidores idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, completa e imparcial.
El primer párrafo del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato que establece que "Los Magistrados perderán el cargo en los supuestos del artículo 87 de la Constitución Política Local.", parece únicamente hacer una remisión al contenido del artículo 87 de la Constitución Local, que establece no sólo la posibilidad de que los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia sean electos, sino que también, en violación abierta a la Constitución General y a la interpretación que de la misma ha hecho esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala como uno de los supuestos para que los Magistrados lleguen a perder su cargo, el retiro forzoso por haber tenido el carácter de Magistrado propietario por un lapso continuo de 14 años.
Así, la ley orgánica no sólo hace una remisión expresa a una norma de carácter general a todas luces anticonstitucional, sino que le está dando ejecución, es decir, que al entrar en vigor la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, están continuando los efectos anticonstitucionales de la Constitución Local a la que se adecua, por lo que pueden analizarse cuestiones de constitucionalidad referidas tanto a la primera como a la segunda.
Es claro que el hacer una remisión expresa a un texto anticonstitucional, implica que el texto remitente esté igualmente viciado por contener indirectamente un texto que viola nuestras disposiciones e instituciones fundamentales de forma de gobierno, ordenamiento jurídico y administración de justicia, entre otras.
Así las cosas, de atenderse únicamente la acción contra el ordenamiento secundario, se estaría validando implícitamente un texto anticonstitucional que de cualquier manera no será ejecutable, puesto que la ley que habrá de detallarla y hacerla aplicable en forma, adolece de anticonstitucionalidad y, por ende, de validez.
Tanto el artículo 87 de la Constitución del Estado de Guanajuato como el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial local, violatorios de los principios consagrados en los artículos 17, 41 y la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyen una base para el desarrollo y complemento previsto en los artículos 48 y 48-A de la citada ley orgánica que, por ende, son igualmente inválidos por contravenir los principios enunciados en este primer concepto de invalidez.
2. Los artículos 48 y 48-A de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, atentan contra el principio de permanencia o inamovilidad judicial consignado en la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Constitución Federal establece como principio rector de la naturaleza, de la organización y funcionamiento de la función judicial de los Estados, la independencia e imparcialidad de los Magistrados y Jueces. Lo anterior se logró al incorporar en su texto el requisito de la inamovilidad judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la existencia del principio de la inamovilidad judicial y establecido los principios que lo regulan, determinando los alcances, fijando los límites y enumerando las excepciones.
El párrafo quinto de la fracción III del artículo 116 constitucional dispone que los Magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidad de los Servidores Públicos de los Estados.
a) Del precepto anterior se desprenden los siguientes principios de naturaleza fundamental y obligatoria para todos, incluyendo a los Constituyentes Locales y a los legisladores ordinarios de los Estados.
Por aparecer en la Constitución Federal, la inamovilidad judicial es un principio de naturaleza fundamental, por serlo es un mandamiento imperativo tanto para los Poderes Federales como para los de los Estados.
La inamovilidad judicial se logra a través de cubrir el simple expediente de la ratificación en el cargo después de que concluya el periodo inicial que señale la Constitución del Estado.
Por mandamiento de naturaleza suprema, quien es ratificado en su cargo de Magistrado por el Congreso del Estado, en forma automática se convierte en inamovible.
b) Los Constituyentes Locales únicamente les es dable:
(i) Establecer el plazo de duración de los Magistrados al Tribunal Superior de Justicia cuando ellos son designados o electos para un primer periodo.
(ii) Hacer operante en el nivel local el principio de inamovilidad que establece la Constitución Federal.
(iii) Establecer en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos los supuestos en los cuales un Magistrado inamovible puede ser privado de su puesto cuando incurre en responsabilidad.
c) No es dable a los legisladores locales:
(i) A través de las leyes, desvirtuar o hacer nugatoria la inamovilidad que los Magistrados logran mediante reelección.
(ii) Pretender regular la inamovilidad bajo principios diversos a los previstos en la Constitución Federal.
(iii) Establecer excepciones a la regla general que establece la inamovilidad judicial.
(iv) Establecer, en diversos cuerpos normativos de la Constitución Política del Estado o de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, otras causas en virtud de las cuales un Magistrado inamovible puede ser privado de su puesto.
El legislador del Estado de Guanajuato ha dispuesto que los Magistrados que integren el Supremo Tribunal de Justicia durarán en su cargo siete años y podrán ser reelectos sólo por un periodo más, así como que el cargo de Magistrado se pierde por retiro forzoso al haber tenido el carácter de Magistrado por un lapso continuo de catorce años o por haber cumplido setenta y cinco años de edad; entendiéndose por lapso continuo, haber sido reelecto en el cargo de Magistrado.
Es evidente que el legislador del Estado de Guanajuato, con su reforma a la ley, contraviene lo dispuesto por la Constitución Federal y lo resuelto por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. El precepto de la ley orgánica no incorpora la inamovilidad, la desvirtúa.
3. La actuación de la Legislatura del Estado al haber reformado la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en su artículo 48 y en la fracción II del artículo 48-A, para adecuarla al artículo 87 de la Constitución Política del Estado, ha violado la obligación implícita que para ella deriva de los artículos 41, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 41 de la Constitución Federal establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la referida Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
De lo anterior, resulta evidente que el Constituyente del Estado de Guanajuato, al hacer una Carta Magna para el Estado o al reformar la existente, no puede establecer normas o instituciones que sean contrarias a la Constitución Federal.
Como se ha afirmado, el artículo 87 de la Constitución del Estado de Guanajuato es contrario a lo dispuesto por la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal, por lo que independientemente de ese vicio, es atentatorio de lo dispuesto por el artículo 41 antes referido.
No obstante lo anterior, el Congreso del Estado de Guanajuato, al haber emitido el artículo 48-A de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en cumplimiento de los artículos 128 y 133 constitucionales, debió haberse atenido a lo que dispone el artículo 116, en su fracción III.
4. La actuación de la Legislatura del Estado al haber reformado la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en su artículo 55, fracciones II y III, violó la esfera de competencia del Poder Judicial Local, así como los principios de división y separación de poderes, permanencia judicial y seguridad social, consagrados en los artículos 41, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Congreso del Estado, a través de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, no puede establecer obligaciones adicionales al Supremo Tribunal de Justicia, a los Magistrados y Jueces que lo integran, tal como ocurrió en el caso de las fracciones II y III del artículo 55, que señala:
"El Consejo del Poder Judicial tomará en consideración los siguientes criterios para definir los términos, cuantía y condiciones del haber de retiro:
"...
"II. El Magistrado que habiendo concluido el periodo de ejercicio para el que fue nombrado y no fuere reelecto en su cargo en términos de ley, separándose definitivamente del Poder Judicial, recibirá un haber de retiro equivalente a tres meses de su última percepción neta más un mes de su percepción neta por cada año de servicios prestados como Magistrado, y se hará en una sola exhibición.
"En el caso de los Magistrados supernumerarios, al término de su encargo, se hará la sumatoria correspondiente al tiempo en que se haya desempeñado como Magistrado y recibirá el haber de retiro proporcional de acuerdo a lo establecido en esta fracción en una sola exhibición.
"En ningún caso el monto a que se refiere esta fracción podrá exceder del equivalente a diez meses de su percepción neta.
"III. Los Magistrados que por retiro forzoso se separen por cumplir catorce años en el cargo, por cumplir setenta y cinco años de edad, o por enfermedad o incapacidad que le impida ejercer el cargo, recibirán el haber de retiro en la modalidad de prestación económica mensual equivalente al sesenta por ciento de la percepción neta, hasta por siete años, a partir del día de su retiro.
"El haber de retiro a que se refiere esta fracción se suspenderá si el interesado se reintegra al servicio público y mientras dure éste, con excepción de la docencia.
"En caso de tener derecho a una pensión por cotización al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, deberá optar por ésta o por el haber de retiro que le corresponda según esta fracción.
"Quienes tengan derecho al haber de retiro a que se refiere esta fracción, deberían nombrar beneficiarios para que en caso de fallecimiento, la pensión se entregue en los términos establecidos a quienes tengan tal carácter o en su defecto a sus legítimos herederos."
De lo anterior se desprende lo siguiente:
1. Tal precepto no sólo viola la multicitada fracción III del artículo 116 constitucional, por sujetar la vigencia del cargo de Magistrado a un retiro forzoso, sino que el ordenar la disminución de la percepción de un Magistrado para destinar un por ciento de su sueldo para constituir un haber de retiro, el legislador atenta contra los principios de autonomía e independencia del Poder Judicial, toda vez que el haber de retiro es un concepto creado con el propósito de alcanzar el principio de independencia de los Jueces y Magistrados, que en todo caso debe integrarse de conformidad con lo proveído por el artículo 54 de la mencionada ley orgánica, siendo el Consejo del Poder Judicial al que le corresponde determinar las bases para constituirlo y no al Poder Legislativo.
2. Asigna a la carga a la que sujeta la remuneración de los Magistrados el carácter de ahorro forzoso en unos casos y de contribución al haber de retiro del Poder Judicial, en otros, siendo que como Poder Legislativo Local está impedido para establecer unos u otros, menos aún sobre otro Poder Estatal, porque al hacerlo, violenta la esfera de competencia que tiene cada uno atribuida en virtud del Texto Constitucional Fundamental.
Lo anterior contraría el principio de remuneración adecuada e irrenunciable y el precepto constitucional que impide que la remuneración de los Magistrados y Jueces pueda disminuirse durante su encargo.
Además, atenta en contra del principio básico de seguridad social a que se refiere el inciso a) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los preceptos de la Ley de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado de Guanajuato.
Lo anterior es así, ya que en el caso de que el Magistrado optare por el haber de retiro, perdería la pensión a que tiene derecho por haber cotizado al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato como servidor público del Poder Judicial o de otros Poderes del Estado antes de ser Magistrado y en el caso de que opte por recibir la pensión a que tiene derecho por haber cotizado ante dicho Instituto de Seguridad Social, perderá el haber de retiro a que tiene derecho por haber desempeñado el cargo de Magistrado durante catorce años.
Con estas obligaciones, los cargos que conforman el Poder Judicial Local sufren no sólo una afectación en cuanto al principio de inamovilidad del cargo, sino también una repercusión en su esfera de competencias que repercute directamente con su independencia y autonomía.
5. El artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato atenta contra la independencia del Poder Judicial del Estado, contraviniendo el principio de debido acceso a la justicia y de división de poderes.
De conformidad con el párrafo segundo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal, la independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados.
De acuerdo con la interpretación de este Máximo Tribunal, una justicia completa debe garantizar en todo el ámbito nacional, la independencia judicial al haberse incorporado estos postulados en el artículo 17 constitucional, que consagra el derecho a la jurisdicción y en el artículo 116, fracción III, de la propia Ley Fundamental, cuyo propósito es el establecimiento de principios en los que se respalde la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales de los Estados.
La independencia y autonomía de los Poderes Judiciales de los Estados sólo se puede alcanzar cuando los Jueces son jerárquicamente independientes de los demás órganos del Estado, teniendo como única norma rectora de su actuación, la ley.
El reformado artículo 96 dispone:
"El Consejo del Poder Judicial convocará a concursos de oposición libre e internos, atendiendo a las necesidades del servicio y a la naturaleza de la categoría que se concursa.
"Por cada dos concursos a las plazas de Jueces y secretarios uno será libre, emitiéndose para tal efecto convocatoria pública, en la cual podrán participar todos los ciudadanos que no pertenezcan al Poder Judicial, que reúnan los requisitos exigidos por esta ley para la categoría que se concursa y que hayan aprobado el curso de especialización judicial, que para tal efecto imparta de manera previa y anticipada el Consejo del Poder Judicial. ..."
La reforma anterior atenta contra la Norma Fundamental que establece que los nombramientos de Jueces serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia, además de no existir fundamento que prevea o permita la posibilidad para que en el concurso a las plazas de Jueces y secretarios, participen los ciudadanos que no pertenezcan al Poder Judicial.
Lo anterior, debido a que no puede otorgarse la categoría de Juez de partido sino manteniendo previamente la de Juez menor y para adquirir esta última categoría, haber sido secretario de juzgado de partido y antes actuario, tal como se desprende de la concepción de carrera judicial prevista en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
Legislar en contrario transgrede lo dispuesto en la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al excluir la preferencia expresamente prevista en el mismo, respecto de aquellas personas que hubieran prestado sus servicios con eficacia y probidad en la administración de justicia.
Asimismo, implícitamente se está excluyendo la posibilidad de participar en un concurso que les es propio a quienes pertenecen a los Poderes Judiciales de la Federación y Locales, que no ocuparán una de las dos plazas abiertas en concurso, teniendo el derecho constitucional y el deber de la función misma, para hacerlo.
6. La reforma recaída al artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, viola la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado, contraviniendo principios de debido acceso a la justicia y de división de poderes.
En el último párrafo del artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se establece que "No podrán emplearse los recursos del fondo auxiliar para el otorgamiento de estímulos y recompensas a la calidad y productividad, ni para el pago o contratación de personas."
La disposición anterior va más allá de las atribuciones naturales del Poder Legislativo Local, transgrediendo la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado, derogando además las posibilidades a las que podían destinarse los recursos del fondo auxiliar, que estaban contenidas en las fracciones IV, V y VI, hoy derogadas, del artículo 148 que señalaban que los recursos del fondo auxiliar se destinarían a capacitación y especialización profesional de los servidores públicos del Poder Judicial; al otorgamiento de estímulos y recompensas a la calidad y productividad y a los demás que a juicio del Consejo del Poder Judicial se requirieran para la mejor impartición de justicia.
En tal virtud, tal reforma atenta en contra del principio de independencia judicial que se traduce, en este caso, en una independencia financiera.
Impedir que el Consejo del Poder Judicial destine los recursos del fondo auxiliar para el cumplimiento de una de las funciones más importantes que desarrolla a través del Instituto de Formadores de los Servidores Públicos del Poder Judicial, contraviene los principios fundamentales de autonomía y correcta administración de justicia, además de los postulados inherentes a su consolidación bajo un esquema de división de poderes.
Con lo anterior, los recursos del fondo sólo podrán destinarse a la inversión de capital físico pero no a la inversión en capital humano, que resultará en el perjuicio directo de la impartición de justicia y eficacia del órgano judicial estatal.
7. El artículo tercero transitorio del Decreto Número 53 que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, viola la esfera de competencia del Poder Judicial Local, así como los principios de división y separación de poderes, permanencia judicial y seguridad social.
Este artículo se encuentra directamente relacionado con el artículo 55, adoleciendo de los mismos vicios que éste, por lo que resulta necesario que se declare la nulidad del mismo, en atención a que viola el principio de separación de poderes y estructura de los Estados.
El texto de artículo tercero señala:
"Artículo tercero. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, y para efectos de constituir el haber de retiro a que se refiere la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y esta ley, los Magistrados aportarán mensualmente un ocho punto treinta y tres por ciento de su salario integrado, para dar suficiencia al pago de su haber de retiro, dichas aportaciones se integrarán en su totalidad a la cuenta del fondo del haber de retiro del Poder Judicial.
"Los Magistrados que cumplan siete años y no sean reelectos, recibirán el total de sus aportaciones sin perjuicio de lo establecido por la fracción II del artículo 55 de la presente ley. En el caso de los Magistrados que se separen de manera definitiva por causa justificada, antes de concluir su cargo, recibirán el total de sus aportaciones sin perjuicio de lo establecido en la fracción IV del artículo 55 de la presente ley.
"Los Magistrados que por retiro forzoso se separen del cargo, por cumplir catorce años en el cargo, por cumplir setenta y cinco años de edad o por enfermedad o incapacidad física que le impida desempeñar el cargo, recibirán únicamente lo establecido en la fracción III del artículo 55 de la presente ley.
"Los Magistrados que reciban el haber de retiro en el supuesto de la fracción III del artículo 55 de esta ley, aportarán mensualmente el ocho punto treinta y tres por ciento de la prestación económica a que se refiere dicha fracción al fondo del haber de retiro del Poder Judicial."
Es claro que las reformas que sufrió el texto de la ley orgánica son inválidas e inoperantes por contravenir a la Constitución General y por ser, asimismo, incongruentes con nuestro sistema jurídico, además de serlo con las propias disposiciones contenidas en la legislación orgánica, como lo es respecto del artículo 54 de la misma, que establece que corresponde al Consejo del Poder Judicial (que no al Poder Legislativo o ningún otro) determinar las bases para la constitución del fondo de haber de retiro, mismo que resulta inoperante a la luz de esta disposición anticonstitucional.
CUARTO. Se señalaron como preceptos violados en su perjuicio los artículos 41, 17, 115, 116, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Por acuerdo de seis de febrero de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 6/2007 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
Mediante proveído de siete de febrero siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a los que ordenó emplazar para que formularan su respectiva contestación y ordenó dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El Poder Legislativo, al contestar la demanda, manifestó esencialmente lo siguiente:
1. La Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 19 las causales de improcedencia que afectan a las pretensiones de la parte actora dentro de un procedimiento de controversia constitucional. Aunque dichas causales deben estudiarse de oficio, no sobra señalar que en el caso particular se actualiza de forma evidente y obvia la causal de improcedencia establecida en la fracción VII del citado precepto, que señala que las controversias constitucionales son improcedentes cuando se haya promovido fuera de los plazos legalmente establecidos por el artículo 21 de la ley reglamentaria de referencia.
En el caso que nos ocupa, la parte actora pretende demostrar la invalidez de dos conjuntos normativos: uno compuesto por una reforma constitucional a partir de la que se modificaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y otro integrado por diversas normas contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del mismo Estado. El primero de ellos fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el siete de noviembre de dos mil seis. A partir de esa fecha comenzó a correr el plazo señalado por el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para promover una controversia constitucional. Sin embargo, la parte actora promovió fuera de tiempo la controversia a la que se viene a dar contestación, la cual fue recibida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el dos de febrero de dos mil siete, cuando la acción a cargo del actor ya había precluido por haber fenecido el plazo que la ley le otorga para su interposición.
Contrariamente a lo afirmado por la actora, las normas constitucionales establecen su propio sistema de entrada en vigor, a través de una norma reguladora de vacatio legis o incluso atendiendo a su mera publicación en el órgano oficial de divulgación normativa correspondiente. Esto es, una norma constitucional no puede quedar supeditada ni por lo que respecta a su entrada en vigor ni por lo que hace a su eficacia a que el legislador ordinario haga o no su trabajo. En consecuencia, la afirmación de la parte actora de que la reforma constitucional publicada el siete de noviembre carecía de eficacia es total y completamente falsa.
Ahora bien, al haberse configurado una causal de improcedencia respecto de la reforma constitucional referida, es obvio que dicha improcedencia se proyecta a la legislación ordinaria que es consecuencia directa de tal reforma a la Norma Suprema del Estado de Guanajuato.
Lo anterior es así, ya que el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato no tiene, en rigor, un contenido propio, sino que simplemente remite a lo que disp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21097-d5152f18/controversia-constitucional-el-articulo-48-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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