SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. EL EMBARGO COACTIVO ES JURÍDICAMENTE APTO PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL Y, POR ENDE, PARA LA CONSECUCIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR, SI COLMA LOS EXTREMOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 274/2008.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los agravios son ineficaces, los que se estudiarán de forma conjunta dada su estrecha vinculación.
Previamente a sustentar este aserto, se precisan los siguientes antecedentes:
Mediante resolución de cinco de marzo de dos mil ocho, el administrador local de recaudación de Puebla Sur requirió de pago de los créditos fiscales 678227, 678226, 678225 y 678224 a la ahora quejosa, por haber promovido un medio de defensa sin garantizar el interés fiscal, apercibiéndola que de no hacerlo se procedería al embargo de bienes (fojas 20 a 22).
Toda vez que la quejosa no comprobó haber realizado el pago requerido, el veintidós se trabó formal embargo sobre diversos bienes a fin de garantizar los créditos fiscales 678227, 678226, 678225 y 678224; se designó como depositario a ********** artículo 153 del Código Fiscal Federal (fojas 23 a 27).
El doce de mayo de dos mil ocho, la quejosa, por conducto de su representante legal**********, con el propósito de que se suspendiera el procedimiento administrativo de ejecución, presentó un escrito en el que exhibió una póliza de fianza a fin de garantizar los créditos fiscales a su cargo (fojas 28 a 32).
Por oficio 400-66-D-2008-7142, de quince de mayo de dos mil ocho, el administrador local de recaudación de Puebla Sur aceptó la póliza de fianza otorgada para garantizar los créditos fiscales a cargo de la quejosa (fojas 33 y 34).
Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el veintisiete de mayo de dos mil ocho la quejosa solicitó lo siguiente: La sustitución del embargo efectuado por la propia Administración Local de Recaudación de Puebla Sur el veintidós de abril de dos mil ocho por el diverso medio de garantía consistente en la póliza de fianza que fue aceptada por esa Administración Local de Recaudación y, como consecuencia de ello, se cancelara el embargo efectuado en la vía coactiva y dejara sin efectos la designación de ********** como depositario de los bienes embargados; asimismo, solicitó la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución como consecuencia de la aceptación de la fianza como garantía de los créditos fiscales (fojas 38 a 43).
En respuesta a lo anterior, el administrador local de recaudación de Puebla Sur, mediante oficio 400-66-D-2008-8506, de veintitrés de junio de dos mil ocho, resolvió por una parte, que no era procedente la solicitud de sustitución de garantía toda vez que el embargo, cuya cancelación se pretende, se realizó en la vía coactiva, no en la vía administrativa y, por otra, suspendió el procedimiento administrativo de ejecución al encontrarse garantizados los créditos fiscales mediante póliza de fianza.
Esta última resolución constituye el acto reclamado en el juicio de amparo.
Ahora, de la sentencia impugnada se advierte que el Juez de Distrito, previamente a desestimar las causales de improcedencia esgrimidas por la autoridad responsable, negó el amparo y la protección constitucional del acto reclamado por lo siguiente:
1. La autoridad responsable sí fundó y motivó el acto reclamado, dado que la responsable citó los artículos 141, fracción V, y 151, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y consideró improcedente la solicitud de la quejosa, con base en que el embargo de bienes fue realizado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 151, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en aplicación al procedimiento administrativo de ejecución y no a través del embargo en la vía administrativa previsto en el diverso numeral 141, fracción V, de ese ordenamiento.
2. Por otra parte, señaló que de los artículos 141, fracción V, 144, párrafo primero, 145 y 151 del Código Fiscal de la Federación, así como del 66 del reglamento de éste, se advierte que el embargo en la vía administrativa y el practicado en el procedimiento administrativo de ejecución son totalmente distintos entre sí, ya que el primero sólo constituye una forma de garantizar el interés fiscal, pues no obstante que se ha determinado un crédito fiscal a cargo de un contribuyente, éste aún no es exigible, por lo que su finalidad es precisamente que no se haga efectivo el adeudo, en tanto que el segundo tiene como propósito cobrar un crédito fiscal que ya es exigible porque su pago no fue cubierto ni se garantizó dentro de los términos establecidos por la ley.
3. Luego, concluyó que tratándose del embargo efectuado por la autoridad en uso de sus facultades discrecionales no puede hablarse de una sustitución de garantía, en cambio en el embargo administrativo a que se refiere la fracción V del artículo 141 del citado ordenamiento legal, sí se surte la hipótesis de sustitución de garantía por la fianza exhibida, en virtud de que ese numeral establece entre otros medios garantizar el interés fiscal para el embargo en la vía administrativa, el que conforme a lo dispuesto por el artículo 66 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación es aquel que se practica a solicitud del contribuyente, en donde éste señala los bienes en que debe trabarse el embargo y en su caso, se hace su inscripción en el Registro Público correspondiente.
Por tanto, señaló que si en el caso el embargo se practicó por la autoridad en uso de sus facultades discrecionales para asegurar el interés fiscal de la Federación, en términos de lo previsto por el artículo 151, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, lo resuelto por la autoridad responsable en el sentido de no acordar procedente la sustitución de la garantía solicitada por la aquí quejosa, no es violatorio de garantías puesto que el embargo llevado a cabo dentro del procedimiento administrativo de ejecución tiene como finalidad el cobro del crédito exigible y no garantizarlo de modo que se impida su ejecución.
4. Finalmente, estimó que la autoridad responsable no viola la garantía de seguridad jurídica de la quejosa, en virtud de que ésta no cuenta con un derecho legítimamente tutelado que se derive de la aceptación de la fianza, que obligue al administrador local de recaudación de Puebla Sur a acceder a sus peticiones en virtud de la inexistencia de disposición expresa en la ley aplicable.
En contra de las anteriores consideraciones la recurrente expresa en su primer agravio, en síntesis, que el Juez de Distrito no analizó adecuadamente los argumentos expresamente vertidos en el concepto de violación ni los apreció correctamente.
Lo anterior, toda vez que, señala la quejosa, se adujo que el embargo realizado por la autoridad en el procedimiento administrativo de ejecución en esencia garantiza el interés fiscal en atención a lo dispuesto por el artículo 144, párrafo séptimo, del Código Fiscal de la Federación, ya que expresa "... si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal", de lo que se advierte que el legislador identifica al embargo practicado en la vía coactiva como un medio para garantizar el interés fiscal y que, ante ello, el acto reclamado es violatorio de garantías pues sí es procedente la sustitución de garantía solicitada, ya que, tanto el embargo en la vía administrativa como el realizado en el procedimiento administrativo de ejecución garantizan el interés fiscal.
Sin embargo, desde la perspectiva de la recurrente, el Juez de Distrito fue omiso en analizar ese aspecto toral de los motivos de disenso pues sostuvo que sólo el embargo en la vía administrativa constituye una garantía del interés fiscal, sin tener en cuenta lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, pues de haberlo hecho hubiera considerado que el embargo en la vía coactiva sí garantiza el interés fiscal y, por ende, que el acto reclamado es ilegal al negarse la sustitución de la garantía solicitada.
Asimismo, expone que en forma incorrecta el juzgador no atendió a los argumentos expresados en el sentido de que el acto reclamado es violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal al obligarse a la quejosa a garantizar los créditos fiscales por dos veces, pues la fianza exhibida fue aceptada por la responsable como suficiente para garantizar los créditos fiscales determinados, con lo que se afecta a la quejosa en sus derechos y posesiones en forma exagerada y sin justificación constitucional válida.
Por otra parte, en su segundo motivo de inconformidad, la recurrente sostiene que contrariamente a lo considerado por el Juez de Distrito el embargo realizado en el procedimiento administrativo de ejecución es una forma de garantizar el interés fiscal.
Lo anterior porque considera que conforme a lo expresado por el artículo 144, séptimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación en la parte que dispone que: "si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargo bienes suficientes para garantizar el interés fiscal ...", con independencia que se refiere a la improcedencia de exigir garantía adicional, se advierte que el legislador identifica y reconoce expresamente al embargo de bienes realizado en el procedimiento administrativo de ejecución como un medio de garantía del interés fiscal, por lo que de esa forma, el embargo que se realiza en la vía coactiva tiene jurídicamente, en esencia, el carácter de garantizar ese interés, pues con su traba la autoridad fiscalizadora asegura que tendrá bienes que en su caso podrá enajenar para obtener con su producto la satisfacción de los créditos fiscales.
Por tanto, concluye la recurrente, es ilegal la resolución del Juez de Distrito, pues con independencia de los preceptos que citó, perdió de vista que existe un precepto legal, a saber, el artículo 144, párrafo séptimo, del Código Fiscal de la Federación, que identifica y señala el embargo efectuado en un procedimiento administrativo de ejecución como un medio de garantía del interés fiscal, sin que constituya un obstáculo lo señalado por el Juez del conocimiento en el sentido de que el embargo en la vía coactiva tiene como propósito el cobro de un crédito fiscal exigible, pues el mencionado precepto lo reconoce como un medio de garantía del interés fiscal.
Por otra parte, la recurrente afirma que lo resuelto por el Juez de Distrito es absurdo e incongruente pues la autoridad responsable aceptó la póliza de fianza exhibida como garantía del interés fiscal, ya que bajo el razonamiento que se hace en la sentencia recurrida no habría sido posible que la autoridad aceptara esa fianza, pues al haberse realizado el embargo ya se estaría en actos de ejecución del crédito fiscal no cubierto ni garantizado, y no obstante lo anterior, la autoridad aceptó un medio de garantía del interés fiscal aun cuando ya existía un embargo realizado en el procedimiento administrativo de ejecución.
Agrega que lo que pasó por alto el juzgador de amparo al sostener que la quejosa no cuenta con un derecho legítimamente tutelado que se derive de la aceptación de la fianza que obligara a la autoridad a acceder a la solicitud hecha, fue que la autoridad responsable aceptó un medio de garantía como lo es la fianza con la finalidad de que se encontrara garantizado el interés fiscal, siendo que para el caso la fianza cubre la totalidad de los créditos fiscales y sus accesorios y si esa fianza fue aceptada, es patente que el diverso medio de garantía del interés fiscal a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 144 del Código Fiscal de la Federación ya no debe subsistir, por lo que el elemento toral que justifica la procedencia de la sustitución del embargo realizado en la vía coactiva fue el hecho de que se exhibió un medio de garantía que cubre en exceso los créditos fiscales, a saber, la póliza de fianza.
Asimismo, señala la recurrente que fue incorrecto que el Juez de Distrito por una parte, atendiera a las diferencias que existen entre el embargo en la vía administrativa y el diverso realizado en el procedimiento administrativo de ejecución, pues las destacadas en la sentencia recurrida no significan que ambos embargos no sean medios de garantía del interés fiscal, pues el séptimo párrafo del artículo 144 del Código Fiscal de la Federación reconoce al embargo en la vía coactiva como un medio de garantía del interés fiscal; y, por otra, que invocara el artículo 66 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, pues según la opinión de la quejosa, los requisitos de ese precepto aplican para el caso de que el contribuyente sea quien solicite el embargo en la vía administrativa, pero ello no significa que el practicado en el procedimiento administrativo de ejecución no constituya una garantía del interés del fisco.
Como se adelantó, los anteriores argumentos son ineficaces.
La razón toral que dio sustento a la negativa del amparo fue que a consideración del Juez de Distrito, el embargo practicado en la vía coactiva no constituye un medio de garantía del interés fiscal que suspenda el procedimiento administrativo de ejecución.
Al respecto, la recurrente señala que contrariamente a su dicho, una parte del séptimo párrafo del artículo 144 del Código Fiscal de la Federación lo reconoce como garante del interés fiscal, lo que, aduce, incluso se señaló en los conceptos de violación y no se tuvo en cuenta en la sentencia recurrida.
Ahora, con independencia de que como lo sostiene la recurrente, en la sentencia impugnada no se mencionó expresamente lo alegado por la impetrante respecto de lo dispuesto por el séptimo párrafo del artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, lo relevante del caso es que ese aspecto se reitera en esta instancia como un motivo por el cual la decisión del Juez de Distrito no encuentra justificación, por lo que este tribunal se pronunciará sobre dicho tópico.
Como se puede apreciar la posición de la quejosa, ahora recurrente, gira en torno a un punto central: la parte específica del séptimo párrafo del artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, que dispone "si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal" reconoce al embargo en la vía coactiva como un medio que garantiza el interés fiscal.
Carece de razón la quejosa.
Lo anterior, porque el embargo coactivo, por sí sólo, no es jurídicamente apto para tener por garantizado el interés fiscal ante la autoridad exactora.
En efecto, no está en discusión que el veintidós de abril de dos mil ocho, se practicó un embargo de bienes a la hoy quejosa y que dicho embargo se realizó dentro del procedimiento administrativo de ejecución.
Así, se pone de manifiesto que lo que practicó la autoridad responsable para hacer efectivo el crédito fiscal fue el embargo coactivo, previsto en los artículos 145, primer párrafo y 151 del Código Fiscal de la Federación, los cuales establecen que:
"Artículo 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución."
"Artículo 151. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue: I. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco."
Ahora, es cierto que el embargo, por excelencia, es un medio de aseguramiento del interés fiscal que tienen a su disposición las autoridades, pudiendo realizarlo de manera coactiva, es decir, aun en contra de la voluntad del destinatario.
Bajo estas condiciones, debe anotarse que si un contribuyente pretende la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, se ve obligado a acreditar la impugnación del respectivo crédito, para que se justifique trabar el embargo administrativo, cuando el deudor, obviamente, opte por dicha medida para garantizar el interés fiscal, en términos del artículo 141, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, el cual establece lo siguiente:
"Artículo 141. Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en alguna de las formas siguientes: I. Depósito en dinero u otras formas de garantía financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general que se efectúen en las cuentas de garantía del interés fiscal a que se refiere el artículo 141-A. II. Prenda o hipoteca. III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y excusión. IV. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia. V. Embargo en la vía administrativa. VI. Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este periodo y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes. El reglamento de este código establecerá los requisitos que deberán reunir las garantías. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación o procederá al secuestro o embargo de otros bienes. En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía. La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiere notificado por la autoridad fiscal correspondiente la resolución sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal, salvo en los casos en que se indique un plazo diferente en otros preceptos de este código."
En este contexto, a través del embargo el deudor administrativo puede garantizar el interés fiscal ante la autoridad exactora a fin de cumplir con uno de los requisitos que exige el artículo 144 del código tributario federal, esto es, para la consecución de la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución y a la vez, lograr satisfacer la necesidad jurídica de que el fisco tenga asegurado el cumplimiento cabal del crédito fiscal.
El mencionado precepto 144 del Código Fiscal de la Federación dispone:
"Artículo 144. No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales. Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación, o de quince días, tratándose de la determinación de cuotas obrero-patronales o de capitales constitutivos al seguro social. Si a más tardar al vencimiento de los citados plazos se acredita la impugnación que se hubiere intentado y se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución.
"Cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación o, en su caso, el procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación de los que México es parte, el plazo para garantizar el interés fiscal será de cinco meses siguientes a partir de la fecha en que se interponga cualquiera de los referidos medios de defensa, debiendo el interesado acreditar ante la autoridad fiscal que lo interpuso dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a esa fecha, a fin de suspender el procedimiento administrativo de ejecución.
"Cuando en el medio de defensa se impugnen únicamente algunos de los créditos determinados por el acto administrativo, cuya ejecución fue suspendida, se pagarán los créditos fiscales no impugnados con los recargos correspondientes.
"Cuando se garantice el interés fiscal el contribuyente tendrá obligación de comunicar por escrito la garantía, a la autoridad que le haya notificado el crédito fiscal.
"Si se controvierten sólo determinados conceptos de la resolución administrativa que determinó el crédito fiscal, el particular pagará la parte consentida del crédito y los recargos correspondientes, mediante declaración complementaria y garantizará la parte controvertida y sus recargos.
"En el supuesto del párrafo anterior, si el particular no presenta declaración complementaria, la autoridad exigirá la cantidad que corresponda a la parte consentida, sin necesidad de emitir otra resolución. Si se confirma en forma definitiva la validez de la resolución impugnada, la autoridad procederá a exigir la diferencia no cubierta, con los recargos causados.
"No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal o cuando el contribuyente declare bajo protesta de decir verdad que son los únicos que posee. En el caso de que la autoridad compruebe por cualquier medio que esta declaración es falsa podrá exigir garantía adicional, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. En todo caso, se observará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 141 de este código.
"También se suspenderá la ejecución del acto que determine un crédito fiscal cuando los tribunales competentes notifiquen a las autoridades fiscales sentencia de concurso mercantil dictada en términos de la ley de la materia y siempre que se hubiese notificado previamente a dichas autoridades la presentación de la demanda correspondiente."
Establecido lo anterior, es de señalar que si bien el embargo coactivo, como el que nos ocupa, puede asimilarse en sus efectos al embargo administrativo y conducir, por ende, a la paralización de la etapa de ejecución, dada su naturaleza jurídica, no debe perderse de vista que aquél también ha de reunir los requisitos exigidos por el artículo 66 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, que dispone lo siguiente:
"Artículo 66. Para los efectos de la fracción V del artículo 141 del código, el embargo en la vía administrativa se sujetará a las siguientes reglas: I. Se practicará a solicitud del contribuyente, quien deberá acompañar los documentos que señale la forma oficial correspondiente.-II. El contribuyente señalará los bienes en que deba trabarse, debiendo ser suficientes para garantizar el interés fiscal, siempre que en su caso se cumplan los requisitos y porcientos que establece el artículo 62 de este reglamento. No serán susceptibles de embargo los bienes que se encuentren en el supuesto a que se refiere el inciso c) de la fracción II del artículo 156 del código.-III. Tratándose de personas físicas el depositario de los bienes será el propietario y en el caso de personas morales el representante legal. Cuando a juicio del jefe de la autoridad recaudadora exista peligro de que el depositario se ausente, enajene u oculte sus bienes o realice maniobras tendientes a evadir el cumplimiento de sus obligaciones, podrá removerlo del cargo; en este supuesto los bienes se depositarán en un almacén general de depósito y si no hubiera almacén en la localidad, con la persona que designe el jefe de la oficina.-IV. Deberá inscribirse en el registro público que corresponda, el embargo de los bienes que estén sujetos a esta formalidad.-V. Deberá cubrirse, con anticipación a la práctica de la diligencia de embargo en la vía administrativa, los gastos de ejecución señalados en la fracción II del artículo 150 del código. El pago así efectuado tendrá el carácter de definitivo y en ningún caso procederá su devolución una vez practicada la diligencia."
Luego, no es suficiente la simple traba de embargo para la satisfacción de la garantía del interés fiscal y para alcanzar la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, en virtud de que se requiere, ineludiblemente, acreditar que se han cubierto los requisitos exigidos por el transcrito artículo 66, como correctamente lo sostuvo el Juez Federal, pues sólo de esta manera es legalmente posible asemejar el embargo coactivo al administrativo.
En esta perspectiva, es patente que la diligencia de embargo coactivo, por sí sola, no es jurídicamente apta para tener por acreditado que el quejoso ha constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, dado que en el caso la quejosa simple y sencillamente no lo ha solicitado así -ya que su petición de paralizar el procedimiento administrativo de ejecución la realizó junto con la exhibición de una póliza de fianza- ni demostró ante la autoridad responsable haber cumplido los requisitos del numeral 66 de referencia, por lo que dicho embargo coactivo, por cuanto hace a este asunto en particular, no puede paralizar el procedimiento de ejecución y, en esa medida, tampoco puede cancelarse por haberse sustituido por la fianza exhibida ante la autoridad administrativa.
Cobra aplicación al caso la tesis VI.3o.A.98 A, sustentada por este tribunal, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, septiembre de 2002, página 1364, que dispone:
"EMBARGO COACTIVO. ES JURÍDICAMENTE APTO PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL SI COLMA LOS EXTREMOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-Es cierto que el embargo, por excelencia, es un medio de aseguramiento del interés fiscal que tienen a su disposición las autoridades y puede realizarse de manera coactiva. Así, la esencia de las diligencias de embargo se reduce, en principio, a asegurar los adeudos, tanto principales como accesorios, que los particulares tuvieran respecto del fisco, resultando una forma de garantía, inclusive forzosa, ya que es factible que la autoridad la practique aun en contra de la voluntad del destinatario. Luego, a través del embargo el deudor puede garantizar el interés fiscal a fin de cumplir con uno de los requisitos que exige el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, esto es, para la consecución de la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución y, a la vez, satisfacer la necesidad jurídica de que el fisco tenga asegurado el cumplimiento cabal del crédito fiscal; empero, si bien el embargo coactivo puede asimilarse en sus efectos al embargo administrativo y conducir, por ende, a la paralización de la etapa de ejecución, dada su naturaleza jurídica, no debe perderse de vista que para tal fin ha de reunir los requisitos exigidos por el artículo 66 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, como son, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y que se cubran, previo a la realización de la diligencia respectiva o a que surta los efectos que se pretenden, los gastos de ejecución, pues sólo de esta manera es legalmente posible asemejar el embargo coactivo al administrativo, para efectos de alcanzar la suspensión del procedimiento."
Por tanto, es infundado lo aseverado por la quejosa de que la sentencia impugnada es ilegal, porque el Juez de Distrito pasó por alto que el interés fiscal se encuentra garantizado con el propio embargo practicado por la autoridad exactora el veintidós de abril de dos mil ocho.
Lo anterior, dado que la recurrente parte de la interpretación aislada del séptimo párrafo del artículo 144 del Código Fiscal de la Federación que reconoce el embargo practicado en la vía coactiva, en la parte que dispone "si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal", en tanto que el verdadero sentido de ese precepto no se obtiene de su interpretación aislada, sino de su interpretación sistemática y armónica con las normas con que convive dentro del ordenamiento jurídico, lo que se hace en la conclusión a la que se ha arribado, pues aun cuando el embargo en la vía coactiva es jurídicamente apto para garantizar el interés fiscal, ello sólo es así si colma los extremos del artículo 66 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, el que resulta aplicable de la relación que previamente se realizó de los preceptos 141, 144, 145 y 151 del Código Fiscal de la Federación.
De ahí que tampoco asista razón a la recurrente a que es incorrecta la invocación por parte del Juez de Distrito del artículo 66 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, así como la mención de las diferencias que existen entre un tipo de embargo y otro, dado que como previamente se ha mencionado en esta ejecutoria, si bien el embargo efectuado en la vía coactiva puede asimilarse en sus efectos al embargo administrativo y conducir, por ende, a la paralización de la etapa de ejecución, dada su naturaleza jurídica, no debe perderse de vista que aquél también ha de reunir los requisitos exigidos en aquel precepto con el fin de que sea apto para suspender el procedimiento administrativo de ejecución.
Ahora, no es verdad que el Juez de Distrito no atendió a los argumentos expresados en el sentido de que el acto reclamado es violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal al obligarse a la quejosa a garantizar los créditos fiscales por dos veces, pues la fianza exhibida fue aceptada por la responsable como suficiente para garantizar los créditos fiscales determinados, con lo que se afecta a la quejosa en sus derechos y posesiones en forma exagerada y sin justificación constitucional válida, pues al respecto en la sentencia reclamada se consideró que al negarse la sustitución de garantía no se violó su garantía de seguridad jurídica, en virtud de que la ahora inconforme no cuenta con un derecho legítimamente tutelado que se derive de la aceptación de la fianza, que obligue al administrador local de recaudación de Puebla su
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21298-56243258/suspension-del-procedimiento-administrativo-de-ejecucion-el-embargo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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